Cincuenta años después que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptara el Convenio 87, que consagra la libertad sindical en el derecho internacional, es menester constatar que esta libertad sigue siendo alegremente infringida en todos los continentes.

Peor aún, las tendencias que se perfilan en el informe de 1998 sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo indican una intensificación de la represión que no deja de estar ligada al accionar de los sindicatos para denunciar los efectos perversos de la globalización de la economía.

Así la irrupción de las zonas francas de exportación en África, combinada al impacto social de los planes de ajuste estructural ha llevado a los sindicatos en numerosos países africanos a denunciar una explotación cada vez mayor de la mano de obra y, en muchos países, retrasos crecientes en el pago de salarios. Frente al descontento creciente, la mayoría de los gobiernos ha rehuido la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras y otros, como la dictadura militar que asola Nigeria, han intensificado su represión.

Hay también represión en América Latina donde las recetas neoliberales han acentuado las desigualdades y se han demostrado totalmente ineficaces en el tratamiento del problema del desempleo y del subempleo. Colombia sigue siendo el punto álgido del continente. 156 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 1997, víctimas en su gran mayoría de grupúsculos paramilitares, algunos en connivencia con los servicios oficiales del Gobierno colombiano. Muchos de estos crímenes se produjeron cuando los sindicatos estaban en negociación. Y prácticamente todos han quedado impunes.

La caída en cascada de los tigres asiáticos, presentados ayer aún como las locomotoras del crecimiento global, quedará en los anales de la globalización salvaje como el fracaso más terrible 1997. Por haber advertido esta crisis y haber denunciado la fragilidad de las economías fundadas en la especulación, el nepotismo y la corrupción, numerosos sindicalistas se han encontrado detrás de las rejas. En países como Indonesia, donde el sindicalismo independiente sigue sofocado, la crisis, que ha provocado masivos despidos y un empobrecimiento general de la población, ha sembrado los gérmenes de una explosión social sin precedentes.

Incapaces de resolver la crisis del desempleo que afecta a más de 18 millones de personas en Europa, ciertos gobiernos se han mostrado más hábiles para desmantelar los sistemas de protección social o revisar a la baja los derechos sindicales. En los países en transición de Europa Central y Oriental, así como en los países de la ex Unión Soviética, el pago de los salarios atrasados ha constituido una de las principales reivindicaciones de los sindicatos.

En un momento en que muchas voces se elevan aún contra la vinculación del comercio mundial y los derechos sociales, nuestro informe confirma el impacto de la globalización de la economía sobre la vida y los derechos de la clase trabajadora así como sobre la actividad de las organizaciones encargadas de hacer escuchar su voz. A medida que desaparecen las fronteras, las reglas establecidas a nivel nacional, a menudo al precio de importantes luchas sociales, pierden su eficacia y hasta su pertinencia. En este contexto, el concepto de libertad sindical, consagrado en la OIT como un derecho universal adquiere todo su valor. Al igual que la necesidad de inscribir las cláusulas sociales en los acuerdos de comercio internacionales a fin de poner la globalización al servicio de la justicia social, al servicio de los hombres y mujeres que crearon la riqueza.

Es animados por esta noble causa que todos los días los sindicalistas, hombres y mujeres, libran un combate arduo, arriesgando con frecuencia su vida o su libertad. Su valor debe inspirar a todos aquellos y aquellas que luchan por un mundo más justo.

Bill Jordan