El nuevo Gobierno laborista del Reino Unido levantó la prohibición de 14 años sobre los sindicatos en el centro de inteligencia, GCHQ. Los trabajadores/as que habían sido despedidos por negarse a renunciar a su membresía sindical fueron reincorporados en lo que fue un triunfo para ellos y para el TUC. Sin embargo, el resto de las leyes antisindicales promulgadas bajo el anterior Gobierno conservador sigue en los libros estatutarios.

Los sindicatos belgas siguen confrontados al problema de lograr audiencias justas en los tribunales en relación con el derecho de huelga, pero hubo ciertos indicios de que algunos jueces estaban moviéndose para defender los derechos colectivos de los trabajadores/as en lugar de los derechos individuales de los empleadores. En Noruega, la Corte Suprema hizo caso omiso de la jurisprudencia de la OIT sobre el derecho de huelga, dictaminando que era válido un decreto gubernamental que prohibía las huelgas en la industria del petróleo e imponía el arbitraje obligatorio. En Alemania, el Gobierno ignora desde 1959 las críticas de la OIT negándose a permitir que los empleados/as públicos que tienen categoría administrativa hagan huelga.

En Europa Central y Oriental la transición ha tenido sus altos y bajos. Se lograron algunas mejorías en la práctica del tripartismo, pero queda todavía mucho por hacer en la defensa de los derechos a nivel de empresa. En Serbia, la situación fue de mal en peor con un profundo deterioro en la provincia de Kosovo, donde Serbia reprime duramente la población albanesa.

En la CEI, el Gobierno de Bielorrusia mantuvo su ignominioso estatus de principal violador de la región. Debido a la presión sindical internacional el Gobierno a fin de año reaccionó ante las acciones sindicales -para lograr la personería jurídica y defender a sus miembros- con una ola de represión que incluyó un torpe intento de impulsar el anterior sindicato oficial.

El cese de pago de salarios seguía siendo un enorme problema en Rusia y en muchos otros países, tanto en la CEI como en Europa Central y Oriental. Tres cuartos de los trabajadores y trabajadoras en Rusia no habían cobrado sus salarios durante meses, algunos durante más de un año. Los trabajadores/as -naturalmente- reaccionaron abandonando el trabajo. El Tribunal Constitucional de Rusia decretó que el pago de los impuestos de las empresas tenía igual prioridad que el pago de salarios, en la práctica esto significó que los impuestos recibieron prioridad, empeorando así la situación.

La OIT critica esta restricción desde 1959 y ha pedido al Gobierno que asegure la plena implementación de los derechos reconocidos en el Convenio Nº 87 incluido el derecho de huelga. La OIT también ha pedido que el Gobierno asegure que los docentes con categoría de funcionarios gocen el derecho de negociación colectiva.

Algunos empleadores elevaron los conflictos a los tribunales civiles en lugar de a los tribunales laborales, aduciendo violencia durante huelgas y piquetes. Los tribunales a menudo dictaminaron a favor de los empleadores sin dar una audiencia a los sindicatos. En algunos casos, los sindicatos fueron amenazados con multas masivas si continuaban haciendo huelga o piquetes.

No obstante, con respecto a la iniciativa de los sindicatos, algunos jueces que anteriormente habían adoptado el razonamiento de los empleadores revisaron su decisión y sostuvieron la posición sindical, favoreciendo los derechos colectivos sobre los derechos individuales (tales como, por ejemplo, la propiedad, la libre circulación de personas y mercancías) que habían sido defendidos por los empleadores.

Se presentó al Parlamento un nuevo anteproyecto de ley para remediar la confusión legal. Previos anteproyectos de ley parlamentarios elaborados para resolver el tema habían quedado en agua de borrajas.

El 11 de enero de 1997 el Ministerio de Justicia hizo saber a la central sindical BCDTU que iba a rechazar su solicitud de registro porque uno de sus sindicatos fundadores, el Sindicato Libre de Bielorrusia (SPB), había sido disuelto por un decreto presidencial en 1995.

El Ministerio de Justicia pasó por alto el hecho que en febrero de 1996 había vuelto a registrar el SPB.

El decreto presidencial 336 de septiembre de 1995 promulgado después de la huelga del metro de Minsk, suspendió todas las actividades del SPB y aquéllas de la sucursal del metro de Minsk del ex sindicato oficial, la FPB. El Presidente Lukashenko emitió una orden judicial confirmando el decreto en diciembre de 1995, en desacato de un dictamen judicial que establecía que el decreto era inconstitucional.

En virtud de este decreto, el SPB no podía firmar convenios colectivos o recaudar cotizaciones sindicales y no tenía derecho a tener oficinas o lugares de reunión en las empresas.

El decreto además prohibía que los sindicatos participaran en huelgas en aquellas empresas listadas en la ordenanza legal 158, promulgada en marzo de 1995, que prohibía las huelgas en el metro de Minsk y en otros servicios de transporte como los ferrocarriles; en la radio y televisión, el control de tráfico aéreo; las telecomunicaciones y las industrias del petróleo, la química y la alimentación. La ley ya requería que los sindicatos dieran un preaviso de huelga de 56 días.

El decreto 336 incrementó los obstáculos que dificultaban el funcionamiento de los sindicatos independientes. En muchos casos, los directores de empresa habían pagado las cotizaciones sindicales de los miembros del SPB al ex sindicato oficial. Los miembros del SPB recibían salarios más bajos y eran amenazados con el despido. Los empleadores se negaban a negociar con ellos. La FPB seguía controlando las funciones sociales en general desempeñadas por el Estado.

Una ley de negociación colectiva de 1993 había restringido los derechos de negociación de los sindicatos independientes y permitía que la dirección empresarial negociara acuerdos locales con los colectivos de trabajadores/as, a menos que el sindicato representase por lo menos la mitad de la fuerza de trabajo.

Los procedimientos de registro de los sindicatos siguieron siendo arbitrarios, complejos y onerosos.

A principios de febrero de 1997 el presidente y director ejecutivo del BCDTU se reunió con el ministro de Justicia para discutir su negativa de registrar la central nacional. A pesar de su insistencia de que sólo la Corte Suprema podía cambiar las leyes sobre el registro de organizaciones, el ministro no cedió.

El 11 de febrero el BCDTU comenzó con un piquete en el Ministerio en señal de protesta extendiendo el piquete al palacio presidencial y al edificio del Parlamento.

El 25 de febrero, diez miembros del piquete, entre ellos Pavel Moyseyevitch, Presidente del Sindicato Libre de Metalúrgicos, Maria Aliyeva, Presidenta en ejercicio del SPB y el Presidente del BCDTU, Gennady Bykov, fueron brevemente detenidos y multados con el equivalente del salario de un día al terminar el piquete de ese día. Otros dos dirigentes sindicales recibieron advertencias y el intendente prohibió el piquete.

El 21 de mayo, el Ministerio de Justicia notificó oficialmente al BCDTU por escrito que no obtendría el registro. El BCDTU apeló la decisión. En julio, la Corte Suprema se pronunció en contra de la apelación porque, explicó, la queja había sido presentada por personas que carecían de un mandato apropiado.

En septiembre, se promulgó un proyecto de decreto presidencial que estipulaba despidos sin consulta con los sindicatos y sanciones por infracciones de la disciplina laboral.

El 16 de diciembre, el Presidente Lukashenko emitió el decreto N° 639 con directivas para la política estatal sobre sindicatos.

El decreto N° 639 mencionaba específicamente a la FPB, incluso le encomendaba, que elaborara directivas sobre la implementación del decreto que serían adoptadas por la Asamblea Nacional. Entre ellas figuraba el establecimiento de criterios sobre representación sindical a nivel de sucursal, nacional, regional y local. El decreto restauraba de esa manera los viejos privilegios sindicales.

Sólo después de la promulgación del decreto N° 639 y gracias a la presión internacional, fueron registrados el 19 de diciembre el SPB y el BCDTU. El decreto 336 no fue anulado.

El 19 de diciembre, gracias a la presión internacional el SPB y BCDTU fueron registrados aunque no se anuló el decreto N° 336.

El BCDTU temía que, aunque había sido registrado, el requisito de tener un alto número de trabajadores para el reconocimiento sindical implicaría su constante exclusión de la negociación colectiva. Las propuestas presentadas en octubre por la FPB sobre criterios para el reconocimiento de las estructuras sindicales a nivel de sucursal, local, regional y nacional habían incluido el requisito de que una central nacional debía tener por lo menos 450.000 efectivos y, de hecho, excluía a los sindicatos independientes de la negociación colectiva. Los sindicatos que no alcanzaran la cifra requerida sólo participarían en la negociación colectiva si representaban por lo menos un tercio de los trabajadores y trabajadoras en una empresa.

Asimismo, el Gobierno redactó un nuevo anteproyecto de ley sobre servicios mínimos en industrias esenciales que revocaba la lista de empresas y servicios en los cuales estaban prohibidas las huelgas en la ordenanza legal 158.

Los líderes de los sindicatos independientes siguieron sufriendo intimidación y hostigación durante todo el año.

El 30 de abril, tres carros policiales cargados de policías atacaron a los miembros del sindicato minero independiente cuando estaban en una pausa durante una carrera de bicicleta de Soligorsk a Minsk para celebrar el primero de mayo. Cuando se reanudó la carrera fue nuevamente interrumpida y los participantes llevados a la policía.

El 28 de julio, el director de la planta Tsvetotron en Brest prohibió la entrada del Presidente de la sucursal local del SPB, V. Maley, a la planta y ordenó que los recintos sindicales fuesen cerrados y cortada la línea telefónica. El sindicato había realizado una huelga de protesta el 16 de julio en protesta por los salarios impagos, la demora en la transferencia de las cotizaciones sindicales y la negativa de la dirección a firmar un convenio colectivo. Maley fue también detenido y llevado a la policía por distribuir entre los miembros un periódico sindical.

El dirigente sindical independiente, Victor Elfimov, se vio prohibida la entrada a la planta Gomel Radioelectronics para reunirse con los efectivos sindicales.

En agosto, dos años después de la huelga en el metro de Minsk, la dirección seguía negándose a negociar con el sindicato. El sindicato independiente de trabajadores del transporte afirmó que la dirección se negaba a transferir las cotizaciones sindicales al sindicato a pesar de las solicitudes firmadas por los miembros.

El Presidente del BCDTU, Gennady Bykov, y el líder sindical, Serguey Obodovsky, fueron llevados a juicio y multados por actividades sindicales. El tribunal les embargó su propiedad para pagar la multa.

El 13 de octubre, el dirigente sindical independiente, Michael Marinich, fue multado el equivalente al salario de un día por organizar una reunión sindical en violación del decreto presidencial N° 5 que restringía las reuniones en la calle.

En diciembre, el sindicato del metro de Minsk indicó que no podía celebrar reuniones sindicales en el lugar, ni siquiera fuera de horas de trabajo, y sus miembros eran perseguidos. Tres sindicalistas iniciaron una huelga de hambre.

El 22 de diciembre, el Ministerio del Interior ordenó a la oficina de Soligorsk del sindicato independiente que presentara todos los documentos financieros del sindicato para su inspección. El sindicato se negó. El 30 de diciembre la policía allanó el domicilio del secretario tesorero de la sucursal e incautó los documentos.

La Corte Suprema se negó a ordenar la reincorporación de Vladimir Odynets, Presidente de la rama local del SPB e indicó que la decisión no estaba sujeta a una apelación. Los procedimientos judiciales para la reintegración habían llevado más de tres años.

Las centrales sindicales Podkrepa y KNSB convocaron huelgas y manifestaciones durante todo el año para protestar contra las políticas del Gobierno que, decían, habían conducido a Bulgaria al borde del colapso económico y social.

El programa había resultado en el cierre de 64 grandes empresas públicas y la negación de créditos a otras 70. Alrededor de 50.000 trabajadores y trabajadoras perdieron sus empleos. Los precios aumentaron dramáticamente y se desmoronó el sistema bancario. Sólo se pudo recuperar la mitad de los montos en las cuentas bancarias, lo que virtualmente paralizó las actividades de algunas federaciones sindicales.

En enero de 1997, los sindicatos y otros sectores de la sociedad celebraron manifestaciones en la capital, Sofía, así como en otros pueblos y ciudades reclamando una elección general. Los sindicatos convocaron una serie de paros de una hora en todo el país. El 10 de enero las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes hiriendo a más de 100 personas.

El 29 de enero, la KNSB y Podkrepa anunciaron una huelga general que continuó hasta el 4 de febrero, fecha en la que se anunciaron las elecciones para el mes de abril.

El Gobierno saliente había acordado cooptar varios sindicatos no representativos para el Consejo Tripartito. En abril, aunque el nuevo Gobierno aceptó la sugerencia de KNSB y de Podkrepa -a saber, que se debería llevar a cabo un inventario de la membresía sindical a fin establecer qué sindicatos eran realmente representativos- no se hizo nada. No hubo diálogo social en 1997 y el Consejo Tripartito no funcionó.

Las enmiendas al código laboral de 1996 afianzaron la negociación colectiva y sintonizaron más los procedimientos con las normas de la OIT. Un sindicato ya no necesita alcanzar el estatus de "representación nacional" para negociar a nivel de planta.

La legislación laboral prohibe las huelgas en los sectores de salud pública, energía, comunicaciones y abastecimiento de agua. Los sindicatos no pueden participar en actividades políticas y pueden ser disueltos si promocionan objetivos políticos.

Los sindicatos dijeron una vez más que los empleadores ignoraban las leyes laborales a todos los niveles y violaban los convenios colectivos. Muchos trabajadores/as eran despedidos ilegalmente y las autoridades no aplicaban las leyes laborales. En los tribunales laborales había un cúmulo de casos pendientes.

En noviembre, la KNSB y Podkrepa indicaron que tenían una lista de unas 246 empresas, en su mayoría de propiedad extranjera, que se aprovechaban de la crisis económica para explotar a los trabajadores/as y violar el código laboral.

Algunos trabajadores/as, en particular en el sector textil en la región de Sandanski, no tenían contratos de empleo y trabajaban entre 12 y 14 horas al día, a veces también sábados y domingos. Una empresa había obligado a sus trabajadores a trabajar 30 horas con dos pausas. Se les negaba a los trabajadores/as licencia por enfermedad y eran despedidos si trataban de constituir un sindicato, además de ser humillados y maltratados por la dirección.

En febrero, una sucursal de Podkrepa se constituyó en la empresa italiana Euroshoes Ltd. en Doupnitza. La dirección comenzó a intimidar a los sindicalistas llamándolos uno por uno y amenazándolos con el despido. El presidente del sindicato fue transferido y aislado. Después de forzar a la mayoría de los trabajadores para que abandonaran el sindicato, la dirección no renovó los contratos de empleo de tres meses de aquellos que no habían abandonado el sindicato.

Los trabajadores/as en la empresa Chaika en Plovdiv que confeccionan carteras de cuero para la exportación fueron llevados a juicio por una huelga ilegal en noviembre cuando dejaron de trabajar porque se les había reducido el salario. La dirección se negó a reconocer los dos sindicatos en la empresa y a dialogar con ellos. Trataron además ilegalmente de impedir que los trabajadores entraran en los lugares donde estaban haciendo huelga.

La empresa Stomana en Siliatra inició un juicio a los trabajadores en 1997 por haber hecho una huelga de advertencia de una hora después que la empresa había ignorado un pronunciamiento del Tribunal Laboral de reintegrar a Konstantin Kristov Kostov, un dirigente sindical suspendido en 1996. El sindicato había pedido empezar negociaciones colectivas con la dirección que se negó a darle la información requerida para iniciar la negociación.

Asimismo el Gobierno intentó debilitar y dividir el movimiento sindical democrático y utilizó los medios de comunicación estatales a este fin. Un ministro de Gobierno apeló a los trabajadores para que no confiaran en los sindicalistas y para que no pagaran sus cotizaciones sindicales.

En abril, el último borrador de un anteproyecto de ley sobre asociaciones, publicado por primera vez en 1996, iba a ser debatido por última vez en el Parlamento. Dicho anteproyecto violaba un acuerdo de 1993 sobre la distribución de los bienes de los sindicatos anteriormente controlados por el Estado.

Si bien se afirmaba que el borrador no se aplicaba a los sindicatos, les daba seis meses para distribuir ellos mismos los bienes. Si no llegaban a un acuerdo, los bienes pasarían a ser propiedad del Gobierno. El Parlamento podría entonces distribuirlos un año después de establecer sus propios criterios. El Parlamento no tenía un plazo limitado para establecer los criterios.

En mayo, después de las mediaciones de la OIT, se alcanzó un acuerdo provisorio válido por un año sobre el establecimiento del Consejo Económico y Social y la celebración de elecciones sociales a fin de determinar qué sindicatos eran los más representativos. La central sindical UATUC, que tiene en su poder el 50% de los haberes sindicales, pidió al Gobierno que aplazara la ley sobre Bienes Sindicales hasta después de las elecciones.

El 18 de junio, la ley sobre Asociaciones fue adoptada a pesar de que la UATUC había pedido que se excluyera a los sindicatos del anteproyecto y había hecho propuestas para la distribución de los bienes. La UATUC llevó el caso al Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Gobierno introdujo un anteproyecto de ley restrictivo sobre reuniones y protestas públicas que había ya sido debatido por primera vez en el Parlamento. Dicho proyecto de ley daba a la policía amplios poderes para aplazar y prohibir reuniones. La UATUC indicó que el anteproyecto de ley se aplicaba a las reuniones sindicales y a las huelgas y, en ciertas circunstancias, a las reuniones en recintos interiores. Después de una amplia oposición, el anteproyecto fue retirado.

En septiembre, la UATUC lanzó una campaña en torno a varios temas económicos y sociales, incluido el cese de pago de salarios, el proyecto de ley sobre reuniones, un proyecto de ley sobre pensiones, el alto índice del IVA y otros temas.

El impago de salarios se hizo cada vez más acuciante. Los atrasos afectaban a alrededor de un 14% de trabajadores/as durante períodos que oscilaban entre 1 y 40 meses. Las huelgas en protesta por el cese de pago de salarios son ilegales. Aunque los empleados podrían ser llevados a juicio en ciertas instancias, los casos podrían demorar años.

La UATUC inició la introducción de un proyecto de ley que enmendaba la legislación laboral a fin de permitir las huelgas si los empleadores no observaban las disposiciones de los convenios colectivos y si los trabajadores no cobraban sus salarios en un plazo de 45 días a partir del último día del mes. Esto quedó en aguas de borraja.

La UATUC siguió protestando por la negativa del Gobierno a registrar el sindicato de pensionados en 1996.

No se estimula para nada la negociación colectiva y la ley no es clara respecto a cuándo los sindicatos reúnen los requisitos para ser agentes negociadores. Los empleadores pueden evadir los convenios colectivos estableciendo sindicatos de empresa que se niegan a participar en negociaciones sindicales paritarias con los empleadores. Una decisión de la Suprema Corte de 1995 estableció que la ley puede modificar la substancia de un convenio colectivo concluido para todo el sector público.

Las huelgas han sido con frecuencia prohibidas por la Corte Suprema que interpreta restringidamente el alcance de los temas sobre los cuales se puede hacer huelga. La Corte dictaminó que una huelga era ilegal si se trataba del ejercicio de derechos ya definidos en la ley o en un convenio colectivo. Los sindicatos podrían ser obligados a pagar por daños y perjuicios y los trabajadores podrían ser despedidos por participar en una huelga ilegal. En 1997 se prohibieron las huelgas en Plobest, en Ploce, en Celik y en Krizevci.

Los tribunales laborales no existen. Los tribunales de Croacia se vieron sumergidos con miles de casos, en su mayoría en contra de empleadores que se negaban a negociar, ignoraban disposiciones de convenios colectivos o despedían ilegalmente a los trabajadores. Los casos llevaban unos cinco años. Los pleitos contra los empleadores por violar disposiciones a la legislación laboral han sido rechazados sobre la base de que los empleadores no son legalmente responsables por ofensas menores.

La UATUC indicó que era común que los empleadores se negaran a retener las cotizaciones sindicales, en nómina, aunque esto estaba estipulado en los convenios colectivos y era una práctica habitual. Esto sucedió en la gran empresa privatizada parcialmente Voce-Export-Import en Zagreb y en la empresa de transporte Cazmatrans en Bjelovar.

En la región de Viroviticko-Podravska, la UATUC fue a juicio después que su sucursal regional dijo que los empleadores en Ratarstvo en Slatina, Ratarstvo en Visnijica, uzor IMKO en Slatina y UKUS en Virovitica y Klasje, Slatina habían transferido las cotizaciones sindicales descontadas de los salarios a sus propias cuentas.

La UATUC dijo que cientos de sus miembros fueron despedidos o transferidos durante el año. Marijan Ljubic, en la empresa Mednika en Zupanja, fue despedido por actividades sindicales. Mirjana Tadic, delegado en Banija en Zagreb fue despedido después de recibir un documento que prohibía la actividad sindical; Mira Bunjevac fue despedida porque era delegada sindical en Dalmex en Split.

También fueron despedidos: Jadranko Bozim en la empresa Sirovina en Zadar, Bozidar Ticic en Croatia Zadar en Zadar-line, Zeljko Radosevic en Teksil d.d. en Karlovac y Slavko Milesic en VAMA d.d. en Varazdin.

Un delegado fue despedido en Konsum en Zagreb y dos fueron transferidos a empleos con salarios inferiores. Otros renunciaron después de sufrir un hostigamiento sin respiro. En la misma empresa, un delegado, Marijan Marsic, fue desalojado del lugar por un guardaespaldas después de un paro y despedido. Tras la presión sindical fue reintegrado.

La empresa CHROMOS-boje i lakovi d.d. en Zagreb estableció un consejo de empleados controlado por la empresa e imposibilitó el funcionamiento del consejo electo legalmente.

El presidente de la Asociación Croata de Empleadores prohibió los sindicatos en su propia empresa, la Jakopec Meat Industry. Las empresas Kovinoinstalacija y Jatra en Split prohibieron a sus empleados que se sindicaran y dijeron que serían despedidos si lo hacían. Aunque los trabajadores/as se han afiliado en secreto, no existe una estructura sindical en la empresa.

Dragutin Smerda del sindicato de metalúrgicos fue despedido y se le prohibió la entrada a la empresa después de que el sindicato Plamen-International en Pozega celebró una reunión sindical prohibida por la dirección.

Hubo múltiples ejemplos de empleadores que promocionaban ciertos sindicatos. El sindicato EKN en la industria de energía y química dijo que muchos empleadores en muchas empresas implementaban políticas antisindicales, como por ejemplo Kemika en Zagreb, Karbon en Zagreb y Meplast en Cakovec. En Labud, en Zagreb, el empleador favorecía otro sindicato y amenazó con despedir a los miembros de EKN a menos que se cambiaran al otro sindicato. El delegado de EKN había sido despedido en 1996 y el conflicto legal no había aún terminado. No podía desempeñar tareas sindicales.

El sindicato comercial STH dijo que la administración de la empresa Jadrantekstil en Split alquilaba los almacenes Prima a otro empleador que amenazó con despedir a los trabajadores a menos que se afiliaran a otro sindicato. Un delegado fue transferido a otro lugar de trabajo que quedaba a horas de distancia.

Las autoridades manifestaron una actitud hostil hacia KOZ y trataron de socavar y dividir la central nacional. Los empleados públicos, así como los trabajadores/as en grandes empresas en el sector privado, se vieron obligados a afiliarse al sindicato pro gubernamental o a confrontarse con el despido.

A principios de noviembre, el Gobierno indicó que comenzaría las negociaciones tripartitas a nivel nacional y las conversaciones salariales con un pequeño sindicato escindido tras las protestas de KOZ respecto a un nuevo anteproyecto de ley que limitaba los incrementos salariales. El Gobierno indicó que registraría el nuevo sindicato y que consultaría con ellos todos los asuntos económicos y sociales.

En empresas con menos de 50 trabajadores/as se pueden establecer sindicatos pero no hay facilidades para permitir el ejercicio efectivo de este derecho, tales como tiempo libre para actividades sindicales, oficinas, etc. Si bien las empresas con menos de 50 trabajadores/as no tienen derecho a tener un delegado sindical se puede elegir un delegado/a del personal si hay más de once trabajadores/as pero el/la delegado/a no tiene derecho a tiempo libre para realizar sus actividades sindicales.

Los tribunales interpretan el uso de tiempo libre de un delegado sindical de manera restrictiva. La jurisprudencia es restrictiva respecto al mandato de un delegado sindical o de un delegado del personal, lo que facilita el camino a los empleadores para oponerse al uso de horas de trabajo para las actividades sindicales. Los jueces no sancionan a los empleadores por cuestionamiento repetido del uso de este tiempo libre, incluso cuando contribuye al hostigamiento de un sindicalista.

Aunque se requiera la autorización de las autoridades laborales para despedir a un representante del personal, el índice de autorización es bastante alto. Las apelaciones contra las decisiones son engorrosas y costosas e incluso si la autorización de despido es revocada por un tribunal superior, el largo lapso de tiempo descarta la posibilidad de que un representante de personal despedido pueda ser reincorporado.

Aunque la discriminación contra los sindicalistas está prohibida, es difícil de probar y permite fácilmente que los empleadores desestimulen a los delegados/as sindicales o delegados potenciales en la consecución de las actividades sindicales, limitando o bloqueando sus carreras y salarios.

Serbia introdujo la discriminación sistemática contra los albaneses, que constituyen el 90% de la población de la provincia de Kosovo. El Parlamento serbio aprobó más de 36 leyes discriminatorias y 470 disposiciones legales de emergencia.

Una ley de l990, que autorizaba los despidos masivos de albaneses de los puestos públicos, de la docencia y de otros empleos, dejó sin trabajo a 150.000 personas con lo que quedaran trabajando solamente 40.000 albaneses de una población constituida por alrededor de dos millones de personas. Los trabajadores/as despedidos con frecuencia fueron expulsados también de sus casas y reemplazados en sus empleos y en sus hogares por serbios y montenegrinos y, más recientemente, por serbios procedentes de Krajina.

La administración serbia y sus fuerzas de seguridad continuaron persiguiendo a los dirigentes y miembros del sindicato independiente de las provincias, el BSPK, que había obtenido su personería jurídica en l99l. El BSPK no puede llevar a cabo reuniones en empresas o instituciones ni tampoco iniciar o firmar convenios colectivos. A sus dirigentes les fueron denegadas las visas para asistir a reuniones sindicales internacionales y se les confiscaron sus pasaportes.

La mayoría de los miembros del BSPK perdieron sus empleos y sus familias no disponían de protección social ni de obra social. Muchos abandonaron el país.

El 13 de mayo, las fuerzas de seguridad serbias confiscaron el pasaporte de Nexhmedin Shaquri, responsable internacional del sector del cuero y el textil del sindicato BSPK cuando iba a una reunión de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) sobre el sector del textil, vestido y cuero en Portugal. Fue detenido e interrogado el 20 de junio acerca de esta reunión.

La policía detuvo e interrogó a varios dirigentes del BSPK inmediatamente después de la 7a asamblea del BSPK celebrada el 18 de mayo, entre los que figuraban Behxhet Rushiti, Presidente del Consejo de Coordinación del BSPK y Haxhi Arifi, Presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas. El 20 de mayo, la policía interrogó a Esat Loshaj, Presidente del Sindicato de Comercio y Turismo, Deme Loxha, Presidente del Sindicato Forestal, Beke Zeka, delegado de la Asamblea Sindical de Artesanía y Pequeños Emprendimientos, Mehdi Uka, delegado del sindicato de mineros e Ismet Leka, activista sindical de Gjakove.

El 29 de mayo la policía interrogó el Presidente del Sindicato de la Energía, Sherif Fejzullahu. El 16 de junio guardias de seguridad detuvieron e interrogaron a Xhylbehar Ejupi, Presidente del sindicato del textil cuando volvía de la reunión textil de la CES. Se lo amenazó con arrestarlo.

Otros trabajadores/as fueron desalojados de sus hogares. Los departamentos de Enver Aliu de Mitrovice, Hysni Kryeziu de Prizren y Shaban Dreshaj de Pristina -que trabajaban en una fábrica de nutrición en Fushe-Kosove- fueron entregados a serbios. Fahredin Shabani de Prizren y Xhevrije Krasniqi, un trabajador de la fábrica textil Kosovka en Pristina fueron desalojados a la fuerza de sus hogares.

El sindicato de docentes SBASHK informó que las autoridades seguían persiguiendo a los docentes albaneses como parte de una campaña para terminar con la enseñanza del idioma albanés. El sindicato señaló que los arrestos esporádicos de docentes y la violencia en su contra eran endémicos. En diciembre de 1996 un docente murió en detención policial.

El 1 de octubre, la policía atacó una manifestación de estudiantes universitarios y docentes en Pristina que exigía educación en albanés y la devolución de los edificios escolares y universitarios incautados por los serbios. Muchos manifestantes fueron golpeados, incluso líderes del BSPK: Agim Hajrizi, Presidente de la asamblea de BSPK, Behxhet Rushiti, Presidente del Comité de Coordinación, Selman Rugova, Presidente del sindicato de policía y Deme Loxha, Presidente del sindicato forestal.

El 28 de noviembre, dos maestros y un niño fueron heridos cuando la policía abrió fuego en una escuela primaria en el pueblo de Loxha, a 70 km de Pristina.

Desde 1990 entre 3.500 y 4.000 agentes de la policía albanesa han sido despedidos por negarse a reconocer medidas introducidas por el régimen serbio. Sus empleos fueron dados a serbios y montenegrinos. Los policías albaneses crearon el Sindicato Independiente de ex Oficiales de la Policía que las autoridades serbias han tratado de destruir.

El BSPK indicó que continuaba el juicio a 174 policías arrestados en 1994. Más de 200 policías habían sido arrestados a fines de 1994 y comienzos de 1995. Muchos de ellos fueron torturados. En su mayoría fueron liberados en marzo de 1995, aunque 15 permanecían encarcelados.

Los empleadores se aprovecharon de la bancorrota para despedir a los dirigentes sindicales. Aquellos que se quejaban por el cese de pago de salarios y las licencias obligatorias a menudo eran enviados en licencia obligatoria sin goce de salario y dos tercios de estos trabajadores eran trabajadores sindicados. Los empleadores querían que renunciaran a fin de no tener que pagar indemnización.

Se promulgó una nueva ley para permitir que los empleados/as renunciaran si estaban en licencia obligatoria durante más de 30 ó 60 días al año o si los salarios se habían demorado durante más de dos meses.

Los sindicatos lituanos indicaron que la ley no protegía suficientemente del despido a los dirigentes sindicales. En la empresa conjunta Akmene concrete, los miembros de LWU, L. Digrilaite, A. Lapinas, B. Cinauskaite fueron despedidos porque no querían renunciar al sindicato.

Los empleadores siguieron obstruyendo la negociación colectiva y en algunas empresas crearon sindicatos con lo que firmaron convenios colectivos favorables. Los empleadores hostigaron a los sindicalistas y a menudo se negaron a permitirles que celebrasen reuniones. Las leyes y regulaciones laborales eran quebrantadas habitualmente y los inspectores laborales del Gobierno en general no podían o no querían aplicarlas.

No existe un sistema de tribunales laborales y hay enormes demoras en el tratamiento de casos en los tribunales ordinarios.

Los sindicatos dijeron que las autoridades locales a menudo demoraban los registros de los estatutos sindicales e incluso los cambiaban.

El código laboral data de 1972 y contradice las nuevas leyes adoptadas después de 1991. El Gobierno indicó que estaba elaborando un nuevo código de trabajo.

Según la ley, los empleados/as públicos no pueden negociar colectivamente.

Procedimientos de preaviso de huelga complejos y largos incluyen el establecimiento de una comisión de conciliación y de resolución por arbitraje/terceras partes antes de poder concretar una huelga. Dos tercios de los trabajadores/as deben votar a favor de una huelga en votación secreta. En algunos sectores de la economía los sindicatos deben dar 21 días de preaviso de huelga en lugar de los usuales siete.

En virtud de las leyes de 1991, un sindicato debe contar con 30 miembros fundadores, o por lo menos un 20% de los empleados, en una empresa para constituir un sindicato.

La cuestión de la distribución de los haberes de los sindicatos anteriormente dirigidos por el Estado no ha sido aún resuelto.

El Tribunal afirmó que la prohibición no violaba los principios constitucionales ni el derecho internacional. En el pronunciamiento, el Tribunal hizo gala de una actitud negativa hacia la jurisprudencia de la OIT sobre el derecho a la huelga.

Ulteriormente, el 3 de octubre, el Gobierno prohibió nuevamente una huelga de FOW.

El Gobierno Laborista también cumplió un compromiso electoral según el cual daría a los trabajadores el derecho al reconocimiento legal para la negociación colectiva si una mayoría votaba a su favor. Se esperaba para 1998 la publicación de un Documento Blanco sobre "Justicia en el trabajo" que esbozaría esta legislación.

No obstante, algunos empleadores estaban tratando de diluir la propuesta diciendo que una mayoría de la totalidad de la fuerza de trabajo debería ir a elecciones y que las abstenciones contarían como votos en contra en cualquier elección. Otra de sus exigencias era que las pequeñas empresas que emplean a menos de 50 trabajadores/as debían ser excluidas. Algunos directamente no querían la ley.

Se mantuvieron en vigor ocho leyes de empleo adoptadas entre 1980 y 1993. La OIT ha criticado muchas de sus disposiciones.

Las leyes han transformado el marco legal en el cual funcionan los sindicatos, son restrictivas, complejas y a menudo poco claras y es difícil para los sindicalistas saber si sus actividades son legales o no. Los sindicatos han indicado que la interpretación jurídica de las leyes ha sido incluso más restrictiva de lo que habían esperado.

La aplicación de la ley significa que los sindicalistas están en una posición de desventaja en sus empleos.

La ley sobre Reforma Sindical y sobre Derechos de Empleo estimula a los empleadores a discriminar contra los sindicalistas y desestimula la negociación colectiva.

Los empleadores pueden discriminar contra los sindicalistas a la hora de la contratación sobre la base de afiliación sindical y actividades sindicales en el pasado. Es legal que los empleadores y otros mantengan y circulen listas negras de sindicalistas que buscan empleo.

Asimismo, los empleadores pueden discriminar en contra de los efectivos sindicales en el salario y prestaciones. Pueden negarles a los sindicalistas incrementos salariales si se niegan a abandonar la negociación colectiva y a firmar contratos de empleo individuales.

La ley suprimió el objetivo de promocionar la negociación colectiva de la declaración de objetivos del servicio de conciliación y arbitraje patrocinado por el Gobierno, ACAS.

La ley y la actitud antisindical del Gobierno anterior, en particular durante la década del ochenta, y el hecho que los empleadores no están obligados legalmente a reconocer los sindicatos hizo que muchos empleadores pusieran fin a convenios colectivos de larga data.

Muchos de ellos unilateralmente dejaron de reconocer a los sindicatos imponiendo contratos individuales a sus empleados en lugar de los convenios colectivos existentes. Aquellos trabajadores que se negaban a aceptar tales contratos sufrían discriminación en promociones y salarios. Los recién llegados eran contratados con términos inferiores y, en ciertos casos, solamente después de haberse comprometido a no hacer huelga.

Otros aspectos de la ley interfieren extensamente en los asuntos internos de los sindicatos, por ejemplo impidiendo que los sindicatos, bajo amenaza o altas multas, disciplinen a los efectivos sindicales que se niegan a participar en huelgas legales o que tratan de persuadir a otros sindicalistas que no hagan huelga por más que una mayoría hubiera votado a su favor. Los sindicatos no pueden utilizar sus fondos para indemnizar a sus dirigentes por multas que se les han puesto durante el curso de su trabajo sindical.

Las huelgas están limitadas a conflictos que involucran efectivos sindicales y su empleador inmediato. Se suprimió la protección legal por participar en otras formas de acción industrial y los sindicatos pueden recibir multas altísimas. Es prácticamente imposible participar en acciones legales solidarias, huelgas de protesta u otras formas de boicots. Los sindicatos no pueden hacer huelga cuando están causadas por una multiplicidad de motivos industriales, sociales y políticos.

La ley define un conflicto sindical tan estrechamente que los sindicatos no pueden hacer huelga en situaciones en las cuales su empleador, con quien están en conflicto, se oculta detrás de un montón de empresas subsidiarias.

Los trabajadores no están protegidos contra el despido u otras medidas disciplinarias si hacen huelga o participan en cualquier otra forma de acción industrial. No tienen derecho a la apelación o a la reincorporación. Un empleador puede despedir legalmente a toda su mano de obra durante una huelga y reintegrar selectivamente a los huelguistas despedidos después de tres meses, por más que el empleador haya provocado la huelga con un comportamiento irrazonable.

En el caso de una huelga no oficial (que según la ley del Reino Unido incluye acciones industriales permitidas por los convenios de la OIT) los empleadores actúan dentro de la ley si despiden selectivamente a los huelguistas.

Los particulares pueden lograr órdenes para poner fin a una huelga sobre la base de que se ven privados o podrían verse privados de mercadería o de servicios por una huelga ilegal.

Asimismo, la ley requiere que los sindicatos entreguen al empleador una lista de quienes participan en una votación de una huelga y que posteriormente van a la huelga. Un empleador puede tramitar una orden para evitar una huelga aduciendo que la votación es inexacta y puede solicitar la reparación de daños después de una votación, incluso después de haberse iniciado la huelga. Esta disposición también constituye una amenaza a la confidencialidad de la membresía sindical y permite que los empleadores ejerzan presión directa sobre los efectivos sindicales. Muchas huelgas propuestas han sido frustradas por apelaciones exitosas en los tribunales respecto a la exactitud de las listas electorales.

La ley obliga a los sindicatos, con pocas excepciones, a admitir individuos o grupos de trabajadores como miembros, independientemente de su voluntad. Esto fragiliza las posibilidades del TUC y de sus afiliadas de tomar sus propias decisiones respecto a la demarcación sindical y perturba las pautas establecidas de las relaciones de trabajo. El Gobierno decretó que era ilegal que un sindicato excluyera efectivos de conformidad con decisiones del Comité de Conflictos del TUC. El Gobierno no pudo justificar esta legislación.

La ley regula en forma minuciosa el funcionamiento interno de los sindicatos, cuyo efecto cumulativo constituye una interferencia en los derechos de los sindicatos.

Los empleadores han podido explotar de muchas maneras la falta de derechos legales de los trabajadores. Hay muchos casos de trabajadores/as despedidos por sindicarse o negarse a abandonar su sindicato; empleados que son espiados porque asisten a reuniones sindicales; empleados/as que se ven negados el reconocimiento sindical, incluso cuando se ha llevado a cabo una elección independiente que ha demostrado el apoyo total del reconocimiento sindical y trabajadores/as que han sido despedidos, a menudo después de muchos años de leales servicios porque habían pedido una consulta en virtud del acuerdo de reconocimiento sindical.

Entre los numerosos ejemplos de este accionar podemos citar a la empresa Co-Steel Sheerness en Kent que espiaba las reuniones sindicales, le quitó el reconocimiento al sindicato a pesar de que el 80% de la fuerza de trabajo reclamaba la representación sindical, introdujo un "programa de terminación" del empleo para erradicar a los sindicalistas y mantuvo la disciplina a través de amenazas e intimidación.

La empresa Critchley Label Technology en el sur de Gales le quitó el reconocimiento al sindicato y despidió a los trabajadores/as que dijeron que iban a hacer huelga. Posteriormente, la empresa recurrió a trabajadores reclutados por una agencia con bajos salarios. La cadena minorista Dixons ignoró una votación en la cual la mayoría se había pronunciado por el reconocimiento sindical.

En septiembre empezó el trabajo preparatorio sobre el nuevo código laboral. La CMKOS quería un nuevo código -el código actual data de 1965 y ha sido enmendado 19 veces- y los sindicatos y empleadores fueron invitados a participar en grupos de trabajo con el Gobierno. Pero no hubo claros indicios respecto a los objetivos del código o incluso como iba a ser redactado, aunque el Ministerio de Trabajo dijo que la legislación estaría lista para su adopción en 1999.

En octubre, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley constitucional sobre emergencias regulatorias para tratar las amenazas a la seguridad nacional. La CMKOS se opuso rotundamente a ese proyecto que permitía al Gobierno proclamar el estado de emergencia en situaciones definidas con mucha amplitud y prohibir huelgas que amenazaban con "perturbar el curso normal de la economía" sin aprobación parlamentaria. El proyecto se estaba discutiendo en comités parlamentarios y se esperaba que estuviera finalizado en febrero de 1998.

En abril se adoptó una reglamentación sobre funcionarios de aduanas dejando sujeto los términos de empleo a las leyes que rigen el empleo de la policía. Prohibía el derecho de huelga y restringía otros derechos sindicales para todos los empleados/as en los servicios de aduana, personal administrativo y técnico. Estipulaba además que por lo menos un 40% del personal en cada unidad aduanera tenía que pertenecer a un sindicato para poder negociar colectivamente.

Se informó que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales seguía trabajando en un anteproyecto de ley antisindical sobre empleados estatales, que el Gobierno enviara al Parlamento por primera vez en 1993 y que había sido oficialmente retirado de la agenda del Gobierno en 1996. El anteproyecto original restringía los derechos sindicales de más de 60.000 empleados públicos.

La negociación colectiva seguía siendo un problema mayor. Algunos empleadores se negaban a negociar o recurrían a tácticas obstructivas para impedir que se concluyesen convenios colectivos. Al igual que en el pasado, empleadores y autoridades desestimulaban en particular la negociación a nivel de industria y CMKOS indicó que el número de empleados cubiertos por los acuerdos seguía mermando.

A pesar de los esfuerzos de CMKOS para promocionar la negociación a nivel de industria y de rama, sólo se concluyeron 30 convenios colectivos de rama que cubrían el 18% de los empleados/as. Tres sindicatos de rama no pudieron concluir un acuerdo. Los empleados públicos no pueden negociar sobre una base sectorial.

Se informó que algunos empladores -incluso algunas empresas extranjeras- seguían haciendo todo lo posible para que los trabajadores no se sindicaran e insertaban cláusulas prohibiendo la afiliación sindical en los contratos de empleo. No obstante, era difícil probar fehacientemente que se violaban los derechos sindicales debido a la creciente desocupación en el país. Esto hacía que los empleados/as temieran perder sus empleos y no osaran afirmar sus derechos de empleo.

Los días 3 y 4 de febrero la OSZ, el sindicato de trabajadores ferroviarios convocó una huelga de 48 horas en rechazo de los mal concebidos planes de reestructuración que iban a provocar pérdidas de empleos. La dirección de los ferrocarriles trató de contratar personal no sindicado y la huelga continuó hasta el 5 de febrero debido al fracaso de las negociaciones. El Tribunal Municipal de Praga emitió un mandato judicial en contra de la huelga aduciendo que no era sobre negociación colectiva. (Sólo las huelgas relacionadas con la negociación colectiva están permitidas.) El conflicto finalizó tres días más tarde cuando se alcanzó un acuerdo a través de negociaciones tripartitas.

Inmediatamente después de la huelga, el Ministerio de Trabajo emitió un documento que describía los planes para introducir una nueva ley que regularía las huelgas fuera de aquéllas relacionadas con la negociación colectiva. El proyecto de ley se hizo público en marzo. La CMKOS dijo que la ley ampliaría la definición de los sectores designados como esenciales en donde había que mantener servicios mínimos durante los conflictos y daría al Estado el poder de decidir cuál era el nivel mínimo de los servicios. Las autoridades podrían tomar una decisión de emergencia para posponer una huelga por un máximo de 60 días. Asimismo, la ley suprimiría una disposición de otra ley que prohibía la conscripción de funcionarios sindicales para ejercicios militares, servicio militar obligatorio o rendimiento de servicio civil durante huelgas o períodos de espera de una huelga.

Después de contundentes protestas de la CMKOS el Gobierno retiró el proyecto de ley y no fue presentado al Parlamento. El Ministerio de Trabajo dijo que pensaba incluir la regulación de huelgas
-fuera de aquéllas relacionadas con la negociación colectiva- en el nuevo código de trabajo.

En febrero, el Gobierno anunció duras reformas económicas inclusive la reestructuración industrial que conllevaría pérdida de empleos. La CNSLR-FRATIA lanzó una serie de acciones de protesta en marzo, en mayo y en noviembre. Los empleados/as dejados cesantes recibirían indemnización pero el Gobierno no tomó ninguna medida para crear empleos a pesar de las promesas y programas acordados con las instituciones internacionales.

La ley sobre sindicatos de 1991 ha provocado la fragmentación del movimiento sindical. Para constituir una confederación sindical sólo se requieren 60 trabajadores/as, lo que ha resultado en la creación de más de 20 confederaciones nacionales y ha acarreado grandes problemas a la administración colectiva a nivel de sucursal y nacional.

En agosto, se refrendó una nueva ley sobre convenios colectivos que establecía procedimientos para determinar el estatus representativo de los sindicatos de empresa, a nivel de rama y nacional. La ley indicaba que un sindicato debe probar en los tribunales su estatus legal, su independencia orgánica y financiera y el número de efectivos. A fin de obtener estatus representativo a nivel nacional un sindicato debe contar con estructuras en por lo menos la mitad de los condados y federaciones representativas y en por lo menos un 25% de los sectores de la economía nacional.

No hay sanciones en contra de los empleadores que infringen los convenios colectivos. En algunos casos, las autoridades se han negado a registrar convenios colectivos y han tratado de hacer que los sindicatos renuncien a los derechos allí recogidos.

En virtud de la ley de Sindicatos, la obligación de que haya 15 empleados para formar un sindicato impide la creación de sindicatos en gran parte del sector privado ya que la mayoría de las empresas privadas tienen menos de 15 trabajadores/as. Muchas empresas prohiben a los sindicatos que organicen y han incluido cláusulas en sus reglamentos internos para liberarse de los sindicatos, a pesar de que la ley y la Constitución garantizan la libertad sindical.

La ley interfiere en la elección libre de los efectivos sindicales requiriendo que estén empleados en la empresa.

Numerosas restricciones al derecho de huelga hacen que la organización de una huelga legal sea casi imposible. Procedimientos largos y engorrosos deben preceder una huelga, inclusive la presentación de quejas a los tribunales de conciliación patrocinados por el Gobierno.

El ministro de Trabajo puede imponer el arbitraje obligatorio si una huelga ha durado más de 20 días y su continuación "podría afectar los intereses de la economía en general o podría poner en peligro el interés humanitario".

Las autoridades pueden utilizar demoras burocráticas y lagunas administrativas para declarar ilegales las huelgas, lo que puede resultar en el despido de los dirigentes sindicales. Los empleadores pueden solicitar a la Corte Suprema una suspensión de 90 días de una huelga aduciendo "intereses de la economía nacional". La ley impone una responsabilidad financiera a los huelguistas y organizadores sindicales que no cumplan con las condiciones legales para iniciar una huelga. Los fallos judiciales sobre la legalidad de las huelgas son prácticamente siempre en contra de los sindicatos.

El Gobierno considera los sectores a continuación como esenciales al interés nacional: el sector de la salud, la enseñanza, la energía, el transporte, las telecomunicaciones y los sectores de radio y televisión, también el abastecimiento público que incluye el abastecimiento de pan, leche y carne. En estos sectores, se debe mantener un tercio de la actividad normal durante una huelga.

Se pueden imponer hasta seis meses de cárcel por convocar una huelga que no tenga en cuenta ciertos tramos de la ley.

Los sindicatos en el sector privado han informado que los gerentes de fábrica siguen utilizando el proceso de privatización para destruir los sindicatos, en muchos casos este proceso se saldó con la disolución de los sindicatos.

Los tribunales laborales no existen y los trabajadores/as que son despedidos injustamente, o que han sido víctimas de otras violaciones de los derechos sindicales, tienen pocas posibilidades de resarcimiento porque los pleitos en la justicia en general duran entre uno y dos años y las decisiones no son normalmente implementadas por los empleadores.

Aunque el Gobierno electo en 1996 indicó que discutiría una nueva legislación sindical para los sindicatos, establecería entidades tripartitas -incluso el Consejo Económico y Social- y elaboraría nuevas leyes de seguridad social y un nuevo código laboral, nada de esto se concretó.

Las deudas entre las empresas y los sistemas bancario y fiscal totalmente colapsados fueron la razón principal, pero la corrupción, la falta de voluntad política y las políticas defendidas por las instituciones financieras internacionales también fueron responsables.

El 27 de marzo, las centrales sindicales FNPR, KTR y VKT celebraron una jornada sindical panrusa de protesta en contra de los impagos de salarios y durante todo el año, y en todo el país, los trabajadores hicieron huelgas exigiendo el pago de sus salarios.

En diciembre, el Tribunal Constitucional dictaminó que un empleador tenía la misma obligación de pagar los salarios que de pagar los impuestos.

Esto implicó que los sindicatos no podían llevar a juicio a los empleadores a fin de asegurar el pago de salarios. En la práctica, el pago de impuestos tenía prioridad porque las demoras en el pago de impuestos acumulaban multas y puniciones substanciales mientras que no hay sanciones para el atraso en el pago de salarios.

El Tribunal revocó una sección del código civil ruso estipulando que los trabajadores tenían un derecho humano básico de recibir sus salarios contractuales. En consecuencia, el Gobierno podría reclamar los impuestos no pagados de las empresas privadas, incrementando así las demoras salariales para los trabajadores/as industriales en dichas empresas.

A fin de año, 20 millones de trabajadores, principalmente industriales, no habían cobrado, algunos durante más de 12 meses. Algunos sindicatos locales habían iniciado acción legal contra las empresas en virtud del código civil que estipula que los trabajadores tienen derecho a la primera opción sobre los activos de la empresa. En los primeros nueve meses de 1997 los sindicatos en Samara iniciaron 2.000 casos en contra de los empleadores y recaudaron 104 billones de rublos (casi 20 millones de dólares). No obstante, el Tribunal Constitucional dictaminó que esta medida ya no sería efectiva.

En la segunda mitad de 1997 el Gobierno tomó medidas para saldar sus deudas con los pensionados y pagar los salarios del personal militar y a los empleados estatales, federales y locales y utilizó el dinero del presupuesto federal, los gobiernos regionales y préstamos del Banco Mundial. Estas medidas resultaron en parte de acciones llevadas a cabo por los sindicatos rusos, la FNPR, VKT y KTR en el marco de la campaña panrusa para el pago total y oportuno de los salarios.

En algunas ciudades de Kuzbass los trabajadores/as no habían cobrado sus salarios completos desde noviembre de 1994. El cese de pago de salarios provocó agotamiento físico a causa de la desnutrición y en Belovo y en Kuzbass un médico prohibió a un equipo de seguridad en las minas que bajara a la mina porque estaban físicamente exhaustos. El sindicato de trabajadores del transporte en la ciudad de Tula dijo que los conductores del transporte público se estaban desmayando de hambre al volante de sus vehículos.

Mientras que los derechos colectivos de los trabajadores/as en Rusia siguen, en principio, protegidos, los problemas graves se plantean en relación con la infracción de los derechos individuales de los trabajadores/as, tales como la violación prácticamente universal de las precauciones de seguridad, así como el cese de pago de salarios.

A fin de año los sindicatos dijeron que la tendencia al trabajo por contrato que permitía contratos individuales a plazo fijo en reemplazo de los convenios colectivos en las empresas, se estaba haciendo más pronunciada. Esto reducía la seguridad en el empleo y minimizaba las posibilidades de que los sindicatos actuaran en su defensa, ya que las autoridades pueden resolver con mucha más facilidad los conflictos laborales con ventajas para ellos si los conflictos son individuales y no si son conflictos laborales colectivos.

Incluso los integrantes de la orquesta del teatro Bolshoi en Moscú se vieron obligados a renunciar a sus trabajos y firmar contratos individuales de tres años con condiciones inferiores.

Con frecuencia los contratos no tienen ningún contenido y consisten en condiciones que empeoran la situación legal de los trabajadores. Los empleadores pueden imponer cambios fundamentales en las condiciones de trabajo -semanas de trabajo reducidas, vacaciones obligatorias- mientras que los trabajadores/as no reciben sus salarios o los reciben parcialmente en violación de la ley.

Con el pretexto de cambios en las pautas de propiedad, reestructuración, de reorganización y de bancarrota, se llevan a cabo, en contravención de la ley, despidos masivos de trabajadores/as. Dichas prácticas se han hecho tan comunes que se pueden encontrar ejemplos en la inmensa mayoría de las empresas.

Si bien se promulgaron en 1995 tres nuevas leyes sobre el derecho de los sindicatos a organizar, negociar colectivamente y a la huelga que, en general, extendían los derechos básicos, aún no se ha adoptado un nuevo código de trabajo. La total ausencia de un sistema confiable de aplicación de la ley limitaba los efectos de las leyes.

Los trabajadores/as en el Ministerio del Interior, funcionarios de aduana, jueces y fiscales públicos, inspectores de impuestos, los militares y los servicios de seguridad y el transporte ferroviario no pueden afiliarse. Están prohibidas las huelgas de los empleados/as públicos.

Las nuevas centrales sindicales, la KTR y la VKT, indicaron que las leyes de 1995 desestimulaban su desarrollo y tendían a apoyar los sindicatos tradicionales y citaron como ejemplos los criterios para obtener estatus nacional y negociación colectiva, propiedad de los activos sindicales y la gestión de los fondos de seguridad social, apuntando que muchos trabajadores sólo pagaban sus cotizaciones sindicales a los sindicatos tradicionales para tener su obra social.

El Estado sigue ejerciendo un control rígido de las finanzas de los sindicatos. Las agencias estatales impositiva y de estadísticas requieren informes trimestrales y anuales; impuestos sobre los ingresos y los gastos y actividades financieras sindicales reguladas a través de numerosas leyes y documentos legales.

Durante el año los sindicatos dijeron una vez más que el Gobierno estaba haciendo lo imposible para dividir el movimiento sindical. Describieron la Comisión Tripartita como una entidad consultiva muy informal e indicaron que el Gobierno no cumplía las promesas realizadas en el marco de los convenios tripartitos y persistía en presentar anteproyectos de ley al Parlamento sobre relaciones de trabajo y temas sociales y económicos sin consultarlos con los sindicatos.

Los empleadores obstruyeron la sindicación, especialmente en las organizaciones comerciales recién creadas. Cuando contrataban trabajadores/as les decían que no podían sindicarse. Según transcendidos, los activistas sindicales eran transferidos a empleos de menor salario o se les daba licencia obligatoria.

Los gerentes de empresa a menudo pueden negarse a transferir las cotizaciones sindicales retenidas en nómina a los sindicatos y utilizar los fondos ellos mismos para solucionar sus propios problemas financieros.

Hubo informes en algunas plantas privatizadas según los cuales los trabajadores/as, incluso los miembros del comité sindical, eran despedidos por sus actividades sindicales. No obstante, la FNPR indicó que la acción judicial en general dictaminaba la restauración de los sindicatos y la reincorporación de los trabajadores/as ilegalmente despedidos.

En Rusia, no hay un sistema de tribunales laborales. Los sindicatos más nuevos criticaron a los tribunales por ser demasiado lentos, negándose a aceptar, o descartando, apelaciones y no aplicando las decisiones.

A pesar del cese de pago de salarios hubo nuevamente informes de trabajadores/as intimidados para que no hicieran huelga con promesas de pago de salarios y de bonos. A menudo los huelguistas fueron amenazados con el despido; la cesantía, la pérdida de vivienda y otras sanciones.

La FNPR informó que en una serie de casos los empleadores habían obligado a las mujeres que solicitaban empleo que firmaran declaraciones prometiendo no quedarse embarazadas durante el término del contrato de empleo y que firmaran una carta de renuncia sin fecha a la cual el empleador podía en cualquier momento agregar la fecha. Esto privaba a las mujeres de todo acceso a la obra social en caso de despido, incluso de los pagos de licencia por maternidad estatutaria.

Hubo una serie de casos de juicios por actividad sindical. En Moscú, un maestro en la escuela 1247, Dmitrii Pankin, que también es periodista para el periódico sindical, Solidarity, fue golpeado en el despacho del director de la escuela porque había tratado de organizar un sindicato en la escuela. La policía fue llamada y fue acusado de vandalismo. Después de ser liberado de la custodia policial se fue a hacerse ver por un médico que le diagnosticó una conmoción. El caso está bajo consideración del Tribunal regional de Moscú.

Asimismo, los sindicatos dijeron que la práctica de llevar los sindicatos a juicio por su participación en acciones de protesta se había convertido en bastante habitual. Como regla general, ya sea la víspera de las acciones colectivas, o tan pronto hubieran terminado, las autoridades locales iniciaban pleitos para decidir la legitimidad de la propiedad sindical de distintos tipos de propiedad. En la región de Moscú, la administración local inició una serie de casos para recuperar varios edificios de los sindicatos aduciendo que inesperadamente habían adquirido "valor histórico". Los representantes de la FNPR consideraban que las investigaciones sobre la pertenencia de la propiedad sindical dirigidas por las autoridades locales de las regiones de Astrakhan y Sverdlovsk eran represalias de las autoridades por las Jornadas de Acción Colectiva.

El cese de pago de salarios había llevado incluso a la central sindical controlada por el Estado, el Consejo de Federaciones Sindicales Serbias (SSS) a convocar huelgas hacia fines de 1996.

El sindicato de docentes, afiliado al sindicato independiente, Nezavisnost, hizo huelga en enero para protestar por los salarios impagos. El Gobierno utilizó distintas formas de presión para poner fin a la huelga, incluso amenazas de no pagarles los salarios!

La policía, las autoridades y los empleadores siguieron persiguiendo a los líderes y activistas de Nezavisnost, constituido en 1991.

En las empresas los activistas sindicales independientes se vieron confrontados con la suspensión de sus empleos y prohibiciones de entrar a las fábricas. A su vez fueron transferidos a trabajar a otros lugares o en trabajos con salarios inferiores; fueron obligados a tomar "licencia forzada" y estuvieron sujetos a procedimientos disciplinarios sin fundamentos e ilegales; fueron despedidos o arrestados. En las fábricas donde se habían organizado sindicatos independientes se establecieron sindicatos paralelos.

El SSS goza de los privilegios legales y puede monopolizar una negociación colectiva pues sólo los sindicatos de los lugares de trabajo con una mayoría de los miembros están facultados a negociar.

Los directores de las empresas automáticamente retenían en nómina las cotizaciones sindicales para la SSS, incluso si provenían de miembros de los sindicatos independientes. Las solicitudes de pago de cotizaciones a un sindicato independiente permitía a los directores ver la lista de miembros.

La ley de Relaciones Laborales de 1996 dio a los gerentes poderes ilimitados sobre los contratos de empleo, contratación y nombramiento para ciertos puestos de trabajo y terminación del empleo y privaba a los trabajadores/as del derecho de apelación en contra de las decisiones de la dirección en la empresa. El único recurso sería el tribunal o el arbitraje.

La ley federal de Huelga introdujo disposiciones restrictivas de huelga en "empresas de interés social general". Más del 60% de las empresas caen dentro de esta categoría.

La ley permite que los empleadores definan el servicio mínimo a mantener durante una huelga. Esto significa que las huelgas quedan prácticamente prohibidas en la mitad del sector económico.

Prohibe a los huelguistas reunirse fuera de los lugares de trabajo.

La ley estipula que los empleadores no pueden contratar nuevos trabajadores/as para reemplazar a aquéllos en huelga pero luego avanza ciertas circunstancias en las cuales se pueden contratar nuevos trabajadores/as, por ejemplo cuando sea necesario asegurar un servicio mínimo o cumplir con obligaciones internacionales.

Las enmiendas al código penal serbio de 1994 crearon un nuevo delito -"abuso del derecho de huelga"- pasivo de penas de hasta un año de prisión o una multa por una huelga ilegal.