La represión estatal contra los sindicatos continuó en todos los frentes del arco político asiático.

Muchtar Pakpahan, presidente del sindicato independiente de Indonesia, el SBSI, pasó todo el año en la cárcel acusado falsamente por las autoridades de estar involucrado en un disturbio, aunque no pudieron probar nada en su contra. Su verdadero delito fueron sus actividades sindicales. Para el gobierno indonesio las relaciones de trabajo son un tema de seguridad por lo que insiste que debe controlar los sindicatos a fin de mantener la ley y el orden y, para hacerlo, infringe y manipula la ley provocando la violencia contra sus propios ciudadanos.

El régimen chino adopta un punto de vista diferente para llegar a las mismas conclusiones: la función principal de su central sindical severamente controlada es hacer lo que el gobierno decide. Su papel en los conflictos no es representar a los trabajadores/as sino hacer que vuelvan al trabajo. Cualquier ley que exista para proteger a los trabajadores/as es ignorada, tanto por los empleadores cuanto por el gobierno. La agencia gubernamental más implicada en las relaciones de trabajo es la Oficina de Seguridad Pública.

No obstante, las reformas económicas que están arrojando millones de trabajadores/as a la calle están provocando huelgas. Y, a falta de un canal legítimo que represente a los trabajadores/as, estas huelgas son cada vez más enconadas. Como resultado de una huelga en la provincia de Sichuan, se decretó prácticamente la ley marcial para toda la ciudad, con toque de queda y tropas armadas en la calle. La presión se está intensificando y no se sabe cuanto tiempo las tácticas represivas del gobierno podrán controlar la situación.

El gobierno de Australia se merece el premio por el acto más extraño en el frente laboral. No contento con sus nuevas leyes antisindicales, ha gastado un millón de dólares para contratar asesores que le ayuden a liquidar el sindicato de trabajadores portuarios, MUA. Luego apoyó un plan secreto para contratar mercenarios para trabajar en los muelles, en reemplazo de los miembros del MUA.

Se reclutaron sesenta hombres, incluso 18 de las Fuerzas de Defensa de Australia, que fueron enviados (¡no se escatimó ningún gasto! ) para su entrenamiento a Dubai, donde los sindicatos están prohibidos. El plan fue abandonado cuando MUA se enteró. Lo único aún más extraño que este plan es que el gobierno no renunciara en masa cuando se destapó la maniobra.

La ley enfatiza las relaciones directas entre el empleador y el empleado en el lugar de trabajo. En particular, promociona acuerdos individuales llamados Acuerdos en los Lugares de Trabajo Australianos (AWA) por encima de los convenios colectivos. El contenido de estos acuerdos es confidencial y es imposible verificar infracciones de salarios mínimos y condiciones de empleo.

Los AWA tienen primacía sobre las adjudicaciones federales y las adjudicaciones estatales o acuerdos y sobre los convenios colectivos certificados a menos que el acuerdo ya esté en vigor. Una vez que un AWA está en vigor no puede ser desplazado por un acuerdo certificado. Es más fácil lograr que un AWA tenga vigencia legal que hacerlo con un convenio colectivo. Rio Tinto es una de las empresas que ha utilizado esta nueva legislación, que ayudaron a elaborar, para tratar de destruir los sindicatos, promocionando los AWA en varias de sus plantas.

La ley coloca los convenios colectivos sindicales y no sindicales en pie de igualdad y da preferencia a la negociación a nivel de lugar de trabajo o de empresa. Encomienda además a la Comisión de Relaciones de Trabajo que estimule los acuerdos a nivel de empresa por encima de los acuerdos con varios empleadores e indica que los acuerdos en varias empresas sólo pueden ser certificados si son en el "interés público", después de haber examinado si un acuerdo de una sola empresa no sería más apropiado.

La ley reduce el rol de la Comisión que actuaba como un organismo independiente de conciliación y arbitraje.

La ley dispone su extensión al Estado de Victoria y especifica que cuando un convenio colectivo deja de estar en vigor es reemplazado por un acuerdo de empleo individual en los mismos términos.

El subsidio de huelga no puede ser tema de negociación y la mayoría de la fuerza de trabajo debe aprobar un convenio colectivo.

La ley parece permitir a un empleador que abre una nueva empresa elegir con qué sindicato va a negociar antes de emplear el personal.

Aunque en general la ley protege a los trabajadores en contra de la discriminación antisindical, ciertos grupos pueden ser excluidos de la protección ante el despido injusto. Las enmiendas propuestas en 1997, por ejemplo, excluyen de tal protección a los nuevos empleados/as de las pequeñas empresas.

La ley limitó las posibilidades de huelgas legales e incrementó las sanciones por infringir la ley. Los huelguistas cubiertos por los acuerdos colectivos multiempresarios no están protegidos frente al despido u otras sanciones.

Se hizo mucho más difícil la entrada a los lugares de trabajo para los organizadores sindicales. A nivel estatal, en Queensland en 1997 se promulgó una legislación similar a la ley sobre las Relaciones en el Lugar de Trabajo federal que además promocionaba Acuerdos de Lugares de Trabajo de Queensland.

En New South Wales, la ley de Relaciones de Trabajo de 1996 excluía a ciertos grupos de empleados de las disposiciones de despido injusto y resulta ambigua en cuanto a la protección de los trabajadores frente a actos de discriminación antisindical. Estipula un sistema de acuerdos de empresa, sin especificar que se pueden alcanzar convenios colectivos a cualquier otro nivel. Un acuerdo de empresa debe estar aprobado por un 65% de los trabajadores/as en la empresa.

En South Australia, las enmiendas a la ley de Relaciones de Trabajo y Empleo de 1994 estipulaban un sistema de acuerdos de empresa y no especificaban si se podían negociar convenios colectivos a otro nivel.

En Western Australia, las nuevas disposiciones de la ley de Enmienda de la Legislación de Relaciones de Trabajo de 1997 privaron a los trabajadores/as de la protección contra la discriminación por actividades sindicales, aunque aún no pueden ser despedidos solamente por pertenecer a un sindicato. La ley establece un sistema de contratos de empleo entre empleador y empleado o grupo de empleados, pero permite que los acuerdos individuales estén por encima de los convenios colectivos y del sistema de adjudicaciones. Cuando hay un acuerdo con un grupo de empleados los sindicatos tienen un papel muy limitado y no pueden determinar qué se inscribirá en el acuerdo.

Las nuevas enmiendas contienen además otras violaciones de derechos sindicales que incluyen la restricción del acceso de los representantes sindicales a los lugares de trabajo, restricciones significativas al derecho de huelga, inclusive formas de terminar las huelgas, una prohibición a las huelgas de solidaridad y regulaciones largas y complejas para la votación del preaviso de la huelga.

A comienzos de septiembre, el Gobierno anunció planes para permitir que el Ejército y trabajadores no sindicados interrumpieran las huelgas del Sindicato Marítimo de Australia (MUA); ya había gastado más de un millón de dólares en informes de consultoría que examinaban formas de liquidar el MUA.

En diciembre, mientras que el MUA discutía con las autoridades productividad y costos en los puertos australianos, se enteró del plan secreto sustentado por el Gobierno, para reclutar y entrenar personal militar a fin de que trabajara en los muelles para reemplazar a los miembros del MUA y liquidar el sindicato. El reclutamiento y formación estaba organizado por ex personal militar de la unidad militar especialmente entrenada de Australia, la SAS. Los avisos en búsqueda de mercenarios aparecían en el periódico para el personal militar The Army.

El entrenamiento preliminar de más de 60 reclutas, que incluían a 18 miembros del personal en servicio de las Fuerzas de Defensa Australianas, se realizó en el puerto de Rashid en Dubai, uno de los Emiratos Árabes Unidos donde están prohibidos los sindicatos. Los mercenarios recibirían pingües bonos después de cada fase de entrenamiento. Dicho entrenamiento sería continuado en Australia donde los mercenarios reemplazarían a los trabajadores de los muelles y serían utilizados como rompehuelgas.

Tras las protestas nacionales e internacionales, en particular de parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, los Emiratos Árabes Unidos cancelaron las visas de los mercenarios así como su contacto con las autoridades portuarias de Dubai.

Miembros del grupo de Dubai ulteriormente participaron en un programa no sindical de formación portuaria establecido por la Federación Nacional de Agricultores (NFF) con apoyo gubernamental de Webb Dock en el puerto de Melbourne.

El personal profesional y de dirección y los empleados/as públicos, fuera de aquellos que trabajan para los ferrocarriles, el correo y telecomunicaciones, no pueden formar sindicatos o sindicarse. Los sindicatos están prohibidos en las zonas francas industriales. Si bien algunos de estos trabajadores/as han constituido asociaciones o sindicatos no registrados, no pueden negociar colectivamente.

(En noviembre el Gobierno anunció que Bangladesh establecería otras tres zonas francas industriales en los próximos dos años que se sumarán a las dos en Chittagong y Dhaka. El número de personas que trabaja en las zonas aumentará de 60.000 a 106.000).

En el sector público los salarios y las condiciones de trabajo son usualmente dictaminados por comisiones salariales nombradas por el Gobierno.

En el sector privado, la negociación colectiva es poco frecuente y la sindicación se desestimula. La ley impide la negociación colectiva en el sector de las pequeñas empresas.

Los candidatos para puestos sindicales deben ser empleados actuales o ex empleados de un establecimiento o grupo de establecimientos.

El Registro de Sindicatos tiene amplios poderes para interferir en los asuntos sindicales internos. Puede entrar en los recintos sindicales e inspeccionar documentos. Los sindicatos además indican que sus actividades se ven obstaculizadas por decisiones administrativas tomadas por las autoridades.

El registro de los sindicatos es obligatorio y los trabajadores/as pueden ser castigados por no registrar un sindicato o por llevar a cabo actividades sindicales sin registro. Treinta por ciento de los trabajadores en cualquier lugar deben pertenecer a un sindicato antes de que pueda registrarse y el sindicato puede ser disuelto si el número de afiliados cae por debajo de esa cifra.

Los sindicatos no están protegidos en contra de actos de interferencia de empleadores.

La protección legal en contra de la discriminación sindical es inadecuada. Los trabajadores sospechosos de actividades sindicales son intimidados y pueden ser transferidos arbitrariamente. No existe la protección en contra de la discriminación antisindical en las zonas francas.

Tres cuartos de los miembros sindicales deben estar de acuerdo con una huelga. El Gobierno puede prohibir una huelga que dura más de 30 días y referirla al fallo de un tribunal laboral. Se puede prohibir una huelga en cualquier momento si se considera que perjudica el interés nacional o involucra un servicio público. Los trabajadores/as pueden ser encarcelados por participar en una huelga ilegal.

La ley sobre Poderes Especiales de 1974 puede ser utilizada por las autoridades para detener sin cargo a los sindicalistas.

En 1992 se estableció una Comisión Nacional de Legislación Laboral para revisar la ley laboral además de elaborar un proyecto de código; no obstante, el Gobierno ha indicado a la OIT que está volviendo a examinar las recomendaciones de la Comisión.

En mayo, el Banco Mundial sugirió que Bangladesh debía reformar su sector bancario e incluyó la prohibición de prácticas sindicales "escandalosas" en los bancos. El 29 de julio, el Gobierno nombró una unidad de trabajo de cinco miembros, para poner a punto un plan de acción a fin de reducir "la interferencia de los sindicatos en la gestión del banco central y de otros bancos, tanto en los sectores público como privado y sugerir soluciones".

En marzo, el Departamento de Trabajo rechazó una solicitud de registro de un sindicato en el molino Dulamia Cotton, en el pueblo de Dagan Bhuya, a unas 130 millas de Dhaka. La empresa es propiedad del Sr. A.A. Minto, presidente de la Asociación de Empleadores. Previamente, cuando los trabajadores/as habían tratado de sindicarse, algunos habían sido torturados y despedidos. Dos trabajadores habían fallecido después de negárseles atención médica.

Cuando Minto se enteró que se había formado un sindicato, contrató matones para atacar a los trabajadores/as la noche del 3 de mayo y varios trabajadores resultaron con contusiones graves.

El 5 de mayo, más matones contratados atacaron a los dirigentes sindicales y trabajadores/as que asistían a una reunión de conciliación convocada por la dirección de la fábrica. Un oficial de policía y dirigentes políticos que también habían asistido a la reunión, se mantuvieron apartados observando la violencia desatada. Se levantaron falsas acusaciones criminales contra 33 dirigentes sindicales y seis de ellos fueron arrestados: el Secretario General, Kairul Baset, y Md. Hanif, Shahidullah, Abdul Kuddus, Siraj y Shanjahan, miembros del comité.

En julio se informó que la policía había atacado a los trabajadores en la empresa de propiedad coreana Youngone, una zona franca de Dhaka conocida por la forma en que reprime cualquier intento de formar sindicatos. Nueve trabajadores fueron arrestados, 97 despedidos y 300 lesionados cuando los trabajadores exigieron la liberación de dos compañeros arrestados unos días antes y presentaron una lista de reclamos de 11 puntos.

En septiembre y octubre los activistas del partido gobernante lanzaron una serie de viciosos ataques contra los dirigentes de la central sindical nacional, BJSD. La policía no protegió a los trabajadores; en su lugar, arrestó y acusó falsamente a los dirigentes de la BJSD.

El 18 de septiembre, B.M. Bakir Hossain, secretario de la juventud de la BJSD y presidente de la Federación de Empleados Bancarios y la Asociación de Empleados Bancarios de Sonali fue arrestado durante una marcha legal y liberado bajo fianza el 30 de septiembre.

El 21 de septiembre, el sindicato en la empresa de abastecimiento eléctrico de Dhaka (DESA), afiliada a la central sindical nacional, JSL que está vinculada con la liga Awami, atacó a miembros de la BJSD que es el agente de negociación colectiva en DESA. Varios líderes de la BJSD resultaron heridos. La policía no arrestó a los atacantes sino que arrestó al secretario de organización del Comité Metropolitano de Dhaka de la BJSD, M.A. Hai y a otro sindicalista.

El 22 de septiembre la policía levantó falsas acusaciones en contra del Secretario General de BJSD, Nazrul Islam Khan, diciendo que había ordenado a los trabajadores que tiraran una bomba desde la oficina de la BJSD que está en el edificio del Partido Nacionalista de Bangladesh a un coche policial. Nazrul Islam Khan no estaba en la oficina en ese momento.

La policía acusó falsamente al presidente y al secretario de publicidad del comité de la zona de Mirpur de la BJSD y a algunos líderes del comité local de Gulshan de la BJSD.

El 5 de octubre, Rafiqul Islam Kamal, líder del comité metropolitano de Dhaka de la BJSD fue atacado cuando encabezaba una procesión en el área de Sadarghar de Dhaka y sufrió serias heridas en la cabeza. Además fue arrestado cuando estaba inconsciente. El más antiguo Vicepresidente de la BJSD, Gazi Bhuiyan, se contaba entre los dirigentes y sindicalistas de la BJSD heridos en este ataque.

El 6 de octubre, frente a la comisaría hombres armados atacaron y golpearon a Abdullah Al Noman, el Presidente en ejercicio de la BJSD y Secretario del Partido Nacionalista de Bangladesh. También tuvo que ir al hospital.

Hacia fines del año, 1.657 trabajadores/as en la empresa Prime Textiles decidieron formar un sindicato. La dirección respondió contratando pistoleros armados para atacar a los dirigentes y organizadores del sindicato. Estos hombres fueron arrestados y se comprobó que portaban armas ilegales.

El gerente de la empresa luego hizo que su propia oficina fuera saqueada y culpó del ataque a los organizadores sindicales. La policía arrestó al organizador sindical, Kawser Ahmed Polash. La empresa gastó un montón de dinero para desacreditar al sindicato y a los trabajadores a través de los medios de comunicación. Cerró y volvió a abrir después de despedir a 551 activistas sindicales.

El 29 de diciembre, una banda de hombres armados con fierros y armas cortantes atacaron una manifestación de unos 2.000 trabajadores/as del vestido en Keraniganj, cerca de Dhaka, matando a una persona y lesionando por lo menos a treinta. Se cree que la banda había sido contratada por los propietarios locales de la fábrica de ropa. Los trabajadores/as habían estado en huelga durante dos días en el reclamo de salarios y condiciones de trabajo. Alrededor de 30.000 trabajadores y trabajadoras están empleados/as por subcontratistas en la industria textil en Keraniganj. En su mayoría trabajan 20 horas diarias, siete días a la semana por salarios bajísimos.

La Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB) se ve forzada a operar desde afuera del país. La FTUB fue creada en 1991 por ex dirigentes y miembros sindicales despedidos de sus empleos y perseguidos por el régimen de SLORC a causa de sus actividades sindicales. La FTUB coordina sus actividades con la prohibida Liga Nacional para la Democracia (LND) que, aunque ganó las elecciones en 1990, no pudo asumir el gobierno. La dirigenta de la NLD, Aung San Suu Kyi ha expresado su apoyo a la FTUB y al sindicalismo independiente en Birmania.

La FTUB mantiene estructuras clandestinas que están en contacto con lugares de trabajo del interior del país y cuyos activistas están bajo constante vigilancia de parte de la policía y de la inteligencia militar y viven en un temor permanente de ser arrestados y torturados.

Asimismo, la FTUB trabaja con grupos étnicos en regiones fronterizas. En enero, varios campos de refugiados en zonas fronterizas fueron quemados por tropas del SLORC. Los miembros de la FTUB que vivían en estos campos perdieron todas sus pertenencias y se vieron obligados a huir.

El Sindicato de Marinos de Birmania que forma parte de la FTUB opera en el exilio asistiendo a los marinos birmanos. El régimen controla el empleo de los marinos a través de la División de Control del Empleo de Marinos y ha habido muchos casos de abuso e intimidación de marinos que se quejaron de malos salarios y malas condiciones de trabajo en barcos extranjeros.

El 13 de junio, los funcionarios de la Oficina Nacional de Inteligencia (NIB) arrestaron a U Khin Kyaw y a U Myo Aung Thant, dos miembros del Comité Ejecutivo de la FTUB.

U Myo Aung Thant, miembro del All Burma Petro-Chemical Corporation Union fue arrestado al volver de Bangkok, Tailandia en el aeropuerto de Mingaladon en Rangún. Su esposa e hijos fueron también detenidos.

Los oficiales de la NIB arrestaron a U Khin Kyaw, dirigente del Sindicato de Marinos de Birmania y a su esposa en su domicilio. Había sido detenido por actividades sindicales en 1993 y torturado durante su detención.

El 15 de agosto, después de un juicio secreto, U Myo Aung Thant recibió una sentencia de prisión perpetua por "alta traición", además de diez años de cárcel por otros cargos. Fue acusado de tratar de contrabandear explosivos en Birmania pese a que los explosivos fueron encontrados a cientos de kilómetros al sur de Rangún y él fue arrestado en el aeropuerto de Mingaladon. Fue encarcelado en una celda aislada en la prisión de Insein. Su esposa seguía detenida sin cargo a fin de año. U Khin Kyaw está detenido en paradero desconocido. No ha sido ni juzgado, ni condenado.

Se recibieron más informes sobre el descontento de los trabajadores/as en empresas conjuntas extranjeras y del régimen, así como en fábricas que recientemente han pasado a manos del gobierno y son dirigidas por personal militar.

En febrero, en la fábrica militar de textiles y del vestido, propiedad del régimen y de un inversor de Singapur, los trabajadores solicitaron una reunión con la dirección porque la fábrica había cambiado y ya no era solamente propiedad del gobierno. Al día siguiente de la reunión, que había sido sumamente difícil, más de cincuenta trabajadores/as que habían participado fueron despedidos. Un trabajador, Soe Thein, que había iniciado la reunión fue despedido por "agitación en contra de la dirección y organización de elementos indeseables".

El 19 de noviembre, más de mil trabajadores/as en la fábrica textil Hong Kong UMEH (Empresas Económicas de la Unión de Myanmar), una empresa conjunta propiedad del régimen militar y de una empresa del Hong Kong, Yan Xi Kyan, en Pegu, fue a la huelga en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo. La protesta estaba encabezada por un comité de once miembros elegidos por los trabajadores. El 2 de diciembre, la dirección se reunió con los trabajadores/as y aceptó sus exigencias. El mismo día, tres asesores chinos de la empresa se reunieron con el gerente, el acuerdo quedó sin efecto y se les dijo a los trabajadores que sus exigencias no habían sido aceptadas. Los trabajadores volvieron a la huelga y organizaron un piquete.

Al día siguiente, los once miembros del comité de trabajadores fueron llevados a la oficina local del SLORC e interrogados individualmente por la inteligencia militar, la rama especial de la policía y la policía local. Fueron despedidos. Pocos días después, otros cinco dirigentes huelguistas fueron despedidos. El 8 de diciembre, la dirección de la fábrica aceptó las exigencias de los trabajadores y el 12 de diciembre los trabajadores despedidos fueron reintegrados.

El nuevo código, que entró en vigor en marzo, dio a los trabajadores del sector privado el derecho de sindicación, de negociación colectiva y de huelga. Los empleados públicos están cubiertos por la ley de la administración pública y no pueden constituir sindicatos o sindicarse. En la nueva ley no se hace mención de la afiliación internacional.

Para los efectos de estar legalmente registrado un sindicato tiene que presentar a las autoridades una solicitud, una lista de dirigentes del sindicato y copia de sus Estatutos. El registro es automático al cabo de 60 días.

El ministro de Trabajo sumó un nuevo requisito que no figuraba en la ley, a saber, que todos los dirigentes sindicales deben obtener certificado de buena conducta de la policía, aprobados y sellados por el Ministerio de Justicia que son difíciles de obtener.

Con este pretexto se rechazó el registro a tres sindicatos. Al mismo tiempo, los funcionarios del gobierno animaron a los trabajadores/as en las fábricas donde había habido huelgas y se habían formado sindicatos a establecer y registrar los sindicatos patrocinados por el gobierno. Se informó sobre elecciones sindicales obligatorias en varias fábricas en donde los gerentes fabriles se aseguraron de que sus candidatos ganaran.

El Sindicato Democrático Independiente y Libre de los Trabajadores del Vestido y del Textil (FIDU) en la fábrica textil de propiedad coreana, Ham Sam fue oficialmente constituido el 2 de marzo. La fábrica se negó a reconocer el sindicato. En su lugar, la administración organizó "elecciones de delegados" sin aviso previo, e intimidó a los trabajadores/as a firmar votos en blanco.

La dirección luego informó al Ministerio de Trabajo sobre las elecciones y puso avisos en la prensa diciendo que se habían llevado a cabo elecciones sindicales democráticas. Los dirigentes y miembros de FIDU fueron hostigados y amenazados. La dirección amenazó con matarlos "si continuaban manteniendo sus vínculos políticos". A los miembros del sindicato se les dijo que rompiesen sus carnés. El presidente y el tesorero fueron transferidos a otro lugar de trabajo y más adelante el presidente fue despedido por negarse a divulgar una lista de efectivos sindicales.

El sindicato solicitó el registro en el Ministerio de Trabajo en marzo. La solicitud fue devuelta unas semanas después diciendo que no se habían completado ciertas condiciones.

El Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUW), que había sido constituido el 15 de diciembre de 1996, solicitó el registro, pero, las autoridades dijeron que los funcionarios sindicales no habían cumplido con los requisitos porque no habían acompañado la solicitud con certificados de la policía aprobados y sellados por el Ministerio de Justicia. El Sindicato Democrático y Libre en la fábrica de Ming Cheong también se vio denegado el registro.

El nuevo código laboral es bastante confuso. No tiene mecanismos de aplicación apropiado y no se dilucidan correctamente las quejas sobre abusos a las autoridades. Hubo informes de que se les negaba la entrada a las fábricas a los escasos inspectores laborales gubernamentales y que algunos empleadores tenían guardaespaldas que amenazaban a los inspectores.

Una ola de huelga -que empezó a finales de 1996 en la industria emergente del vestido, de propiedad principalmente extranjera, continuó en 1997. Las fábricas más importantes están en la capital, Phnom Penh, y exporta textiles al Reino Unido, a otros países de la UE y a Singapur.

Los trabajadores/as en la industria son en general mujeres jóvenes sin experiencia que trabajan largas jornadas, (que incluyen horas extras obligatorias) por bajos salarios y sufren abusos físicos, insultos, golpizas y deben desnudarse en público para que las registren. No tienen licencia por maternidad y las trabajadoras embarazadas son despedidas sin aviso o indemnización, al igual que los trabajadores que se enferman o que se quejan o que organizan a otros trabajadores/as.

En la fábrica Gennon Manufacturing, los trabajadores/as hicieron huelga a fin de 1996 después que la dirección se negó a negociar con ellos y dijo que los sindicatos eran organizaciones ilegales. Una trabajadora fue despedida después de elevar una queja ante un tribunal municipal de Phnom Penh, el 2 de enero porque la dirección de la fábrica la había forzado a desnudarse frente a otro empleados para ser registrada.

Los trabajadores de la fábrica de Hong Kong Tack Fat Garments, que emplea alrededor de mil personas, declararon una huelga el 3 de enero en rechazo de las largas jornadas y los bajos salarios, recortes salariales, pago tardío de salarios, despido de trabajadores que se quejaban y detención de trabajadores que se negaban a hacer horas extras. La dirección trató de romper la huelga deteniendo a 200 huelguistas.

El 4 de enero, el sindicato en la fábrica organizó una manifestación pacífica para avanzar sus reclamos. La dirección amenazó con no pagar los sueldos de diciembre. El ministro del Interior ordenó que la policía se apersonara en la fábrica con el jefe de policía de Phnom Penh a la cabeza. La policía utilizó mangueras de agua y golpeó a varios trabajadores/as, muchos resultaron lesionados y algunos fueron arrestados. Una mujer tuvo que ser transportada al hospital.

Dos días más tarde, 500 trabajadores/as se reunieron frente a la fábrica y exigieron sus salarios de diciembre. Llegaron más de cien policías antidisturbios y ordenaron a todo el mundo que volviera al trabajo. Tiraron tiros al aire y asaltaron a los huelguistas. Un trabajador que repartía una lista de exigencias sindicales fue dejado inconsciente a golpes. Otras siete personas resultaron heridas, a una le sangraba la cabeza.

El 10 de enero se informó que los trabajadores que volvieron seguirían bajo vigilancia de la policía militar, muchos de los cuales estaban armados.

La huelga terminó el 17 de enero. Al día siguiente, 13 trabajadores fueron despedidos después de haber sido intimidados para que firmaran confesiones. Otros fueron despedidos bajo distintos pretextos falsos.

En marzo, la policía utilizó mangueras de agua para dispersar una manifestación sindical en la fábrica Supreme Garment en Phnom Penh.

El 30 de marzo la policía atacó la manifestación pacífica de la FTUW frente al edificio del parlamento en Phnom Penh a pesar de que había recibido aprobación oficial. Tres mujeres sindicalistas fueron asesinadas y 150 heridas cuando la policía arrojó granadas a la multitud.

En mayo, cuatro policías y un representante de la dirección allanaron el dormitorio de los empleados de la fábrica textil en Phnom Penh y los trabajadores fueron amenazados, cuatro fueron arrestados, supuestamente por robar propiedad de la empresa. Uno de ellos fue golpeado. Todos fueron posteriormente liberados.

Después del golpe militar a principios de julio algunos dirigentes sindicales entraron en la clandestinidad o abandonaron el país. Hubo informes de que algunas fábricas habían cerrado. Otras abusaban con total impunidad de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores/as -especialmente los activistas sindicales- eran despedidos sin aviso o indemnización. El FTUW dijo que las autoridades habían confiscado la propiedad sindical.

En septiembre, un dirigente sindical fue golpeado y herido repetidas veces en la cabeza con un destornillador por personal de seguridad de la empresa durante una huelga en una fábrica textil. La policía detuvo a los guardias de seguridad que fueron posteriormente dejados en libertad sin cargo alguno.

La ley sindical de l992 de China estipula que el objetivo de los sindicatos es reglamentar el trabajo a fin de mejorar la productividad laboral y la eficiencia económica, como así también desempeñar un papel activo en la modernización socialista bajo el Partido Comunista de China. En caso de producirse un conflicto laboral, los sindicatos han de actuar como intermediarios entre los trabajadores y la dirección.

En la revisión de los estatutos de la ACFTU, efectuada en l993, se definió a los sindicatos como "vínculos y puentes entre el Partido Comunista de China y las masas trabajadoras y como representantes de los intereses de los trabajadores afiliados y no afiliados".

En 1995 entró en vigor el primer código laboral nacional de China. El gobierno manifestó que el cometido de la legislación es prevenir abusos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en las empresas extranjeras y empresas conjuntas. Dijo además que la misma apunta a estandarizar los principios y las condiciones de empleo en todo tipo de empresas.

La ley no menciona el derecho de huelga. Este derecho fue eliminado de la constitución china en l982 con el argumento de que el sistema político "había erradicado el problema entre el proletariado y los propietarios de empresas".

El nuevo código incluye cuatro principios:

contratos laborales para los trabajadores de todo tipo de empresa;

arbitraje laboral y establecimiento de unidades de inspección en todos los niveles del gobierno provincial y local a fin de resolver conflictos laborales y asegurar el cumplimiento de las disposiciones laborales;

participación de los trabajadores de todo tipo de empresas en la negociación colectiva cuando se negocien contratos de trabajo;

por razones económicas las empresas pueden despedir a trabajadores o trabajadoras sin necesidad de la aprobación estatal.

Se pueden concluir contratos colectivos a través de negociaciones entre la patronal y los funcionarios sindicales de la empresa o, cuando no hubiera sindicato, con los representantes electos de los trabajadores. Los contratos pueden ser relativos a salarios, jornadas laborales y días francos. Tienen que ser aprobados por el gobierno local en un plazo de l5 días.

En realidad no se lleva a cabo prácticamente ninguna negociación colectiva. Los contratos de empleos no establecidos por la ley son elaborados por los empleadores.

Los gerentes de empresa ignoran muchas de las nuevas leyes y su aplicación es mínima. La fábrica Quality Clothes en Guangzhou por ejemplo forzó a los trabajadores/as a firmar compromisos para hacer horas extras ilimitadas cuando se les pidiera y trabajar 12 horas al día.

Por ley, la ACFTU tiene que establecer sindicatos en las empresas de capital extranjero o en las empresas mixtas en un plazo de seis meses. A fin de año se informó que había unos 153.000 sindicatos en el sector privado, en empresas rurales y en empresas de capital extranjero y mixtas.

Los sindicatos en las empresas de capital extranjero y mixtas son en gran medida simbólicos, algunas veces es la mera apertura de una oficina de la ACFTU en un distrito industrial. Están bajo el control ya sea del Partido Comunista o de los directores de la fábrica. Muchas de estas oficinas se convierten en clubes sociales; a menudo los trabajadores ignoran su existencia.

En prácticamente todos los casos, los miembros del comité del sindicato local son personas nombradas por el Partido Comunista o miembros de más alto nivel de la ACFTU. En general, los trabajadores sindicados se benefician de importantes prestaciones y obras sociales.

Tanto los empleados como la dirección son miembros de los sindicatos. El presidente del sindicato local es con frecuencia el director de la planta. En Shekou Guandgdong, Hanyang y Shanxi se llevó a cabo en años recientes una encuesta que concluyó que el 60% de las ramas sindicales locales están encabezadas por directores de empresas.

Por más que la maquinaria para resolver conflictos que impliquen mediación, arbitraje y un dictamen de un tribunal laboral existe, las huelgas en las empresas son en general espontáneas y casi siempre reprimidas. Los sindicatos de la ACFTU no inician huelgas; por el contrario a menudo son llamados por los empleadores y por las autoridades locales para que hagan que los huelguistas vuelvan al trabajo. La Oficina Laboral también da un trato preferencial a los empleadores durante la mediación de conflictos laborales ya que a menudo hay una superposición de la patronal de la empresa, el partido local y el personal gubernamental.

La mayoría de las huelgas se origina en la no implementación de la ley laboral; salarios impagos y bajos; malas condiciones de trabajo; normas insatisfactorias de salud y seguridad; largas jornadas y horas extras obligatorias; una disciplina patronal irrazonable y un incremento del abuso físico de los trabajadores de parte de la dirección. Las fuentes oficiales indicaron que el número de conflictos laborales aumentó en 59% en la primera mitad de 1997, en comparación con el mismo período en 1996. Han aumentado constantemente los conflictos desde 1992 creciendo anualmente en torno al 50%, a excepción de 1995 cuando alcanzaron un aumento de un 73%.

En la provincia de Guangdong, la Oficina de Trabajo Provincial aprobó en l994 una política relativa a las huelgas que estipula que cuando se produzca una movilización de treinta o más participantes sus oficinas locales le deben informar dentro de las cuatro horas subsiguientes y enviarle un informe detallado en un plazo de ocho horas. En "casos y amenazas graves para la estabilidad" los funcionarios del gobierno local deberán presentarse en el lugar de los hechos en un lapso de dos horas a fin de evitar que se produzca una escalada de la medida de fuerza. Si las circunstancias así lo exigieran, las autoridades pueden recurrir a la fuerza o a las amenazas para que los trabajadores y trabajadoras reanuden la producción.

En algunas plantas grandes se crearon comités de trabajo integrados por responsables de las sucursales locales de la ACFTU, de las oficinas locales de Trabajo y de la Oficina de Seguridad Pública para supervisar y evitar de antemano las medidas de fuerza de los trabajadores. En muchas empresas medianas y grandes existen locales de detención y los guardias de seguridad pueden detener y condenar a los trabajadores/as que protestan a penas de tres años en un campo de trabajo (laogai).

La ley sobre seguridad nacional, las disposiciones relativas a la reeducación a través del trabajo y las disposiciones sobre la reforma a través del trabajo permiten detener y encarcelar a los militantes que intenten llevar a cabo una medida de fuerza sindical independiente. La reeducación a través del trabajo (laojiao) se utiliza cada vez más como forma de detención administrativa porque evita ir a juicio y permite que la policía local dicte sentencias de un máximo de tres años a cumplir en un campo de trabajo forzoso. Las sentencias ocasionalmente son prolongadas hasta un año por mala conducta u otras razones.

En 1997 hubo muchas manifestaciones que involucraron a varios cientos -y a veces varios miles- de trabajadores y trabajadoras en rechazo de la reestructuración y los despidos masivos en las empresas estatales, muchas de las cuales estaban en bancarrota. Millones de trabajadores/as perdieron sus empleos. Muchos trabajadores protestaron porque no recibían las primas de desempleo y otros beneficios.

A principios del año, un documento emitido por el comité central del PCCH señaló un incremento en las manifestaciones, disturbios y peticiones organizadas contra las autoridades locales. Poco tiempo después, el jefe de la Oficina de Seguridad Pública pronunció un discurso ante el personal de esta oficina en el cual supuestamente advirtió que las huelgas, protestas colectivas, peticiones y manifestaciones estaban perturbando seriamente el orden público. Exigió que el partido, el Gobierno y el PSB cooperaran para eliminar todos los factores que pudiesen conducir a la "inestabilidad social", indicando, además, que todos los disturbios iban a ser tratados con firmeza y que no había lugar a compromisos con gente que organizaba o dirigía cualquier forma de protesta colectiva.

La Oficina de Seguridad Pública (PSB) emitió una directiva sobre el mantenimiento del orden social para los sindicatos que decía que durante los conflictos laborales el sindicato debe asistir a los directores de empresa y al partido y líderes gubernamentales en la promoción de la seguridad pública. Dijo que los sindicatos deben coordinar con dicha Oficina.

En marzo hubo manifestaciones en Nanchong, Sichuan, a causa de los atrasos en el pago de salarios. Los trabajadores tomaron de rehén a un gerente de fábrica porque sospechaban que había malversado los fondos de la empresa. Más tarde varios trabajadores fueron arrestados.

En marzo, los trabajadores en Xing Bao Electronics, una empresa conjunta de Hong Kong y China en Zhongshan, Guangdong, hizo huelga porque la empresa se negaba a pagarles el aguinaldo. Apenas comenzó la huelga la dirección recurrió a la sucursal sindical local y a la policía. Llegaron unos 20 oficiales. La dirección siguió negándose a pagar el aguinaldo completo y amenazó con despedir a los trabajadores que no se presentaran al día siguiente.

El 1 de mayo, ocho trabajadores migrantes hicieron una protesta frente a la fábrica de plástico dirigida por gerentes de Hong Kong en Dongwan, Guandgdong, porque habían sido despedidos por hacer huelga a causa del impago de salarios. Indicaron que se habían visto forzados a trabajar entre 11 y 15 horas al día.

El 15 de mayo se inició un conflicto en la empresa mixta taiwano-china, una empresa de guantes en Houjie, Dongwan, Guandgdong, a causa de una patronal dictatorial, a jornadas extras obligatorias y bajos salarios. Al día siguiente, se recurrió a los guardias locales de seguridad y a los funcionarios de la oficina laboral y la dirección les dijo que arrestaran a los dirigentes de los trabajadores. Los trabajadores rodearon el auto del oficial. El gerente de la fábrica luego golpeó varias veces a una trabajadora en la cabeza y la tiró al suelo. Los oficiales de seguridad y los funcionarios laborales empezaron también a golpear a las trabajadoras que rodeaban el auto. Diez trabajadores fueron golpeados.

El 14 de junio, doce representantes de los trabajadores fueron arrestados por presentar una petición en Chengdu Sichuan sobre desempleo, despidos masivos y explotación. Se envió la policía armada para dispersar a los trabajadores.

El 10 de julio, una protesta de trabajadores de alrededor de 10.000 personas tuvo lugar en Mianyang, provincia de Sichuan, a causa de la falta de subsidios de desempleo y a la corrupción. Las fábricas estatales de Mianying Silk Spinning, Silk Cloth Factory y Xin Bian Factory habían cerrado porque estaban en bancarrota y trascendió que los responsables habían malversado el dinero de los subsidios de desempleo.

Las autoridades llamaron al Ejército que arremetió contra los manifestantes dejando a más de cien con contusiones. Alrededor de 80 fueron arrestados. Se decretó el cese de fuego en la ciudad. Se informó que la policía había indicado a los hospitales que no trataran a ningún manifestante herido. El periódico local acusó a fuentes internas y extranjeras hostiles de provocar los "disturbios".

El militante veterano defensor de la democracia, Li Bifeng entró en la clandestinidad a principio de julio, después de haber informado sobre las protestas y la supresión de los medios extranjeros (fue formalmente arrestado en marzo de 1998).

En diciembre, cuatro activistas pro democráticos -entre ellos Qin Yongmin en Wuhan y Xu Wenli en Pekín- publicaron una carta abierta a las autoridades en la cual indicaban que los trabajadores/as deberían poder formar sindicatos independientes para bregar por sus intereses en el momento en que las empresas públicas eran reestructuradas y cerradas. Asimismo exhortaban al Gobierno a permitir las libertades civiles. Qin Yongmin dijo que la policía posteriormente había cortado su línea telefónica, incautado su correo y obligado a sus vecinos a que lo espiaran. Qin Yongmin pasó ocho años en la cárcel en la década del ochenta y dos años en un campo de trabajo, después de ser arrestado en 1993 por actividades pro democráticas. Xu Wenli había pasado doce años en prisión.

El activista Wang Hongxue en Bengbu apoyó el llamamiento. Las autoridades trataron de forzar a su esposa y padres a declararlo esquizofrénico y trasladarlo a un hospital. Hongxue había escrito cartas abiertas críticas al Gobierno al año anterior, exhortándolo a una mejor protección de los derechos de los trabajadores.

En un llamamiento aparte, el activista Leng Wanbao ex trabajador automovilístico instó a las autoridades a no acusar a los trabajadores/as que participaban en protestas, diciendo que las reformas a las empresas estatales iban sin duda a resultar en muchos despidos y que los trabajadores desempleados debían poder organizarse independientemente.

Durante el año permanecieron en la cárcel activistas sindicales independientes. Zhou Guoqiang, un activista sindical y abogado laboral siguió encarcelado en el campo de trabajo Shuanghe, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. Había sido arrestado en 1994 y sentenciado a tres años de "reeducación a través del trabajo" por trabajar con la Liga para la Protección de los Derechos de la Clase Trabajadora" (LPRWP). La Liga había solicitado el registro oficial y publicado una carta de fundación y un memorándum a las autoridades. En 1995 había sido sentenciado a un año adicional en la cárcel, supuestamente por tratar de escapar.

Liu Nianchun, activista de la Liga, fue sentenciado a tres años de trabajo forzado en 1995. Originalmente fue detenido en el campo de trabajo Shuanghe, en la provincia de Heilongjiang, pero luego lo trasladaron a la granja de trabajo Tuanhe, cerca de Pekín. Había sido detenido varias veces desde marzo de 1994 antes de que la policía de Pekín lo detuviese en 1995 durante una serie de arrestos para evitar conmemoraciones de la masacre de la Plaza de Tianenmen. En 1997, estaba muy enfermo, tenía un tumor en el pómulo. Había sido golpeado durante su detención. Su salud se había resentido seriamente y se le había negado toda atención médica. Hizo una huelga de hambre en mayo y posteriormente fue torturado con picana eléctrica, privado de agua y colocado en una celda de castigo. Su sentencia no incluía el año que ya había transcurrido en la cárcel.

En junio, las esposas de Zhou Guoqiang y Liu Nianchun, Wang Hui y Chu Hailan solicitaron atención médica para sus esposos y protestaron ante la extensión de sus sentencias de 72 días y seis meses respectivamente porque no se "arrepentían de sus crímenes".

Otros activistas de LRPWP, Xiao Biguang y Zhang Lin cumplían tres años de trabajo forzoso después de ser arrestados en marzo de 1994. Zhang Lin cumplió su sentencia en una prisión en una mina de carbón, en la provincia de Anhui. Fue liberado en junio de 1997 y se le permitió abandonar el país. Yuan Hongbin, arrestado en 1994, fue puesto bajo detención administrativa y supuestamente estaba detenido en una biblioteca en Guiyang; presumiblemente habría sido liberado en 1997.

En noviembre de 1996, Li Wenming y Guo Baosheng fueron a juicio en Shenzen. La acusación en su contra fue cambiada a subversión, una acusación más seria, pasible de la pena máxima de prisión perpetua con trabajo forzoso. Originalmente, habían sido acusado de propaganda contrarrevolucionaria e incitación.

Habían sido detenidos en mayo de 1994 junto con Liao Hetang, Fang Yipin, He Fei, Zeng Jiecheng, Lan Chunquan, Wu Chun, Zheng Wuyan y Wan Xiaoying que se creía estaban cumpliendo trabajos forzados después de haber sido administrativamente sentenciados por crear una organización independiente de trabajadores/as en la zona económica especial de Shenzen. Habían publicado un boletín "Workers Forum" criticando las condiciones de trabajo en las fábricas.

En enero de 1997 la salud de Li Wenming se había deteriorado seriamente. En abril, Li Wenming y Guo Baosheng recibieron sentencias de tres años y medio, más cortas de lo que habían esperado. Las sentencias eran retroactivas al momento de sus arrestos. Li Wenming fue liberado el 11 de noviembre y Guo Baosheng el 4 de diciembre.

Varios activistas de derechos humanos y sindicales conocidos como los "16 de Pekín" cumplían sentencias de prisión en 1997, después de haber sido arrestados en 1992 y sentenciados en 1994 por su participación en el Sindicato Libre de China (FLUC). Hu Shigen estaba en un instituto de trabajos forzados después de haber sido sentenciado a 20 años por participar en el comité preparatorio de fundación del FLUC y haber escrito un panfleto "Sobre los sindicatos libres".

Kang Yuchun, Liu Jingsheng y Wang Guoqi fueron sentenciados a 17, 15 y 11 años respectivamente por organizar el FLUC. Se supo que Liu Jingsheng estaba en la prisión N° 2 de Pekín y sufría problemas de salud. Wang Guoqi estaba en la misma prisión. Sus visitas familiares fueron suspendidas en mayo porque no había memorizado los reglamentos de la cárcel. Lu Zhigang, Wang Tiancheng, Chen Wei y Zhang Chunzhu, habían sido sentenciados a cinco años de cárcel por actividades relacionadas con la fundación del FLUC y Rui Chaohuai recibió tres años de cárcel. Chen Wei fue liberado en mayo de 1997 pero desde entonces ha sido detenido e interrogado.

Zheng Shaoqiang y Chen Rongyan, taxistas de Zhuhai, fueron arrestados en enero de 1996 y recibieron dos años de reeducación a través del trabajo por haber organizado una huelga de medio día de 200 taxistas en protesta por las altas multas impuestas a los conductores que cometían violaciones menores de tránsito.

En 1997 muchos activistas sindicales seguían en prisión y en campos de trabajo forzado porque habían participado en la creación de las Federaciones Autónomas de Trabajadres (WAF) durante el movimiento pro democrático de 1989. Ésta fue la primera tentativa abierta desde 1949 de organizar sindicatos independientes y fue reprimida con violencia.

Han Dongfang, cofundador de la WAF seguía en Hong Kong en 1997 con una visa de trabajo temporaria después de haber sido deportado desde China en 1993. En teoría no tiene ciudadanía, ya que las autoridades Chinas anunciaron que su pasaporte había sido invalidado. Lo acusaban de "pronunciar discursos antigubernamentales y antichinos" en la conferencia de 1993 de la Organización Internacional del Trabajo.

Wang Miaogen de la WAF de Shanghai seguía detenido en un hospital psiquiátrico en Shanghai dirigido por la Oficina de Seguridad Pública después de haber sido internado a la fuerza en 1993. También había sido detenido en 1989 y había cumplido una sentencia de tres años de cárcel. Hu Nianyou y Yao Guisheng de la WAF de Changsa cumplían sentencias de prisión perpetua y de 15 años respectivamente en la prisión de Hunan Longxi.

Los activistas Chen Gang, Peng Shi y Liu Zhihua de Hunan cumplían sentencias en la prisión de Hunan Longxi. Habían recibido prisión perpetua por supuestamente incendiar la oficina de seguridad de la fábrica para protestar en contra de las golpizas a los estudiantes en 1989. La sentencia de pena de muerte de Chen Gang había sido conmutada tras apelación.

Los miembros de la WAF de Hunan seguían en la cárcel en 1997. Wang Changhuai y Zhang Jingsheng cumplían sentencias de 13 años de cárcel; Mao Yuejin cumplía 15 años y Wang Zhaobo, Huang Fan, Huang Lixin, Pan Qiubao y Yuan Shuzhu cumplían entre 7 y 15 años de cárcel. Guo Yunqiao fue sentenciado a muerte en 1989 pero obtuvo un aplazamiento de dos años de la ejecución. Posteriormente recibió una sentencia de un mínimo de 15 años de cárcel y estaba en la prisión N° 2 de Hengyang.

Hu Min y Wan Yuewang de la WAF de Yueyang cumplían penas de cárcel de 15 años y de entre 7 y 15 años respectivamente en la prisión N° 2 de Hengyang. En 1997, Leng Wanbao de la WAF de Jilin -que había sido liberado por razones médicas en 1994- apeló contra su propia sentencia, la de Tang Yuanjuan y de Li Wei. En mayo, Tang Yuanjuan, que sufría tuberculosis y hepatitis y era obligado a hacer trabajos forzosos, obtuvo que su sentencia fue acortada de 20 a 8 años. La de Li Wei fue reducida de 13 a 8 años y la de Leng Wanbao de 8 a 5. Tang Yuanjuan y Li Wei fueron liberados en junio de 1997.

Li Xiaodong y Li Wangyang de la WAF de Shaoyang cumplían sentencias de 13 años. El Gobierno niega que Li Xiaodong haya sido detenido. Zhu Fangming de la WAF de Hengyang había recibido prisión perpetua. Wang Ning de la WAF de Tianjin cumplía una sentencia de 8 años y presumiblemente fue liberado durante el año.

Un ex marino chino Miao Qi Hai fue encarcelado en China en 1993 después de quejarse por el trato dado a los marineros en su primer viaje. Trató de ponerse en contacto con la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) después de su liberación y fue encarcelado una vez más. Cuando fue liberado otra vez fue mantenido bajo vigilancia. Las autoridades lo amenazaron con acción legal por revelar secretos de Estado porque había informado a la ITF acerca de los salarios y condiciones de trabajo de los 150.000 marineros de China.

Después de escapar de China fue detenido como inmigrante ilegal en la prisión de Pik Uk de Hong Kong en octubre de 1996, fue liberado el mes siguiente y solicitó asilo en Hong Kong. Fue trasladado a un centro de detención de inmigración de baja seguridad que abandonó en marzo de 1997. Su solicitud de asilo fue denegada aunque se le permitió quedarse en Hong Kong hasta que encontró un país de asilo en junio.

La Federación General de Sindicatos, controlada por el Estado, es la única organización sindical y existe para movilizar a los trabajadores/as en relación con objetivos de producción establecidos por el estado y suministrar servicios de salud, educación, culturales y de bienestar a los trabajadores/as.

La negociación colectiva y la huelga están prohibidas. El estado asigna todos los puestos de trabajo y establece los salarios. Las empresas conjuntas y las empresas extranjeras deben contratar su personal a partir de listas de trabajadores/as investigados y aceptados por su pureza ideológica establecidas por el partido gobernante.

Corea del Norte estableció una zona franca industrial en el norte del país y está estableciendo dos más en los puertos de Wonsan y Nampo.

Las leyes suprimieron las restricciones que permitían sólo un sindicato en el lugar de trabajo, a nivel sectorial y nacional a partir del año 2000 para los sindicatos de la industria, federaciones y centrales nacionales y del 2002 para los sindicatos a nivel de empresa.

La central sindical nacional KCTU, que se había visto confrontada con el rechazo del Gobierno a otorgarle el registro en noviembre de 1995, seguiría siendo ilegal hasta el 2000 y la FKTU sería la única central reconocida legalmente.

Otras cláusulas permitían que las empresas reemplacen a los/las huelguistas por otros trabajadores transferidos de la misma empresa o sucontratando mano de obra. Asimismo, podían contratar a trabajadores/as ajenos a la empresa como rompehuelgas temporarios -si existía la obligación de contratar personal sindicado- si no podían encontrar reemplazantes adecuados dentro de la empresa o cuando se preveía que el conflicto podía ocasionar pérdidas considerables.

Durante las huelgas, se prohibe a los trabajadores/as que ocupen las líneas de producción o que obstaculicen la circulación de los demás trabajadores o que les impidan trabajar.

Se prohibió el pago de salario durante una huelga y los trabajadores/as despedidos ya no podían pertenecer a un sindicato. Los delegados sindicales a tiempo completo no podían recibir el salario, ni parcial ni total, de su empleador.

Se redefinió la prohibición de la intervención de terceras partes en virtud de la cual, más de 2.000 sindicalistas habían sido encarcelados. Anteriormente, se prohibía que los sindicalistas no directamente relacionados con un determinado conflicto, asesoraran o proporcionaran cualquier tipo de ayuda o solidaridad a los sindicatos, y se descartaba cualquier esfuerzo de mediación de personas ajenas al conflicto. Las nuevas disposiciones especificaban quién podía prestar ayuda a los sindicatos durante un conflicto y enumeraba requisitos detallados para su registro ante el Ministerio de Trabajo.

Se levantó la prohibición a los sindicatos de participar en actividades políticas y de dar apoyo financiero -o de otro tipo- a partidos políticos.

Cuando se promulgaron las leyes, el KCTU lanzó un programa de huelga escalonadas y la central sindical FKTU declaró una huelga general para los días 14 y 15 de enero de 1997.

El Gobierno declaró las huelgas ilegales y el 10 de enero emitió órdenes de arresto para 20 líderes del KCTU. Diecisiete de ellos fueron acusados de "interferencia empresarial" bajo el código penal que sólo permite huelgas relacionadas con términos y condiciones de empleo en contra de un empleador específico. Más de 200 sindicalistas ya habían recibido convocatorias para interrogatorios.

Varios líderes del KCTU, entre ellos el presidente Kwon Young-kil, acamparon en la esplanada de la catedral católica en el distrito de Myongyang en el centro de Seúl y pronto se encontraron cercados por la policía de disturbios.

Las autoridades arrestaron a dos de los 20 sindicalistas cuyas órdenes de arresto habían emitido y a otros tres sindicalistas. El 11 de enero, Kim Jong-il, sindicalista de la planta Manda Machinery en Taejun, fue arrestado. Kim Byung-soo, Presidente de la federación de metalúrgicos, KMTU fue arrestado el 14 de enero. El 16 de enero, tres dirigentes sindicales del mismo sindicato -Oh Hyung-kun, Choo In-sang y Joo Ki-seung- fueron arrestados en la ciudad de Mokpo cuando abandonaban la oficina del sindicato de Halla Heavy Industry. En la ciudad de Ulsan, la policía envió una partida de rescate especial en búsqueda de seis sindicalistas de Hyundai ofreciendo una gran recompensa por información para su captura.

Las autoridades liberaron a estos cinco sindicalistas el 23 de enero y también retiraron sus órdenes de arresto.

No obstante, otros dos sindicalistas arrestados durante la huelga de enero -Jeung Young-hoon, auditor en la empresa ABC Boiler, arrestado el 18 de enero y Kim Eui-kwon, delegado sindical en Kia Motors, arrestado el 10 de enero- fueron acusados de violar las leyes de reunión y de obstrucción de la ley y el orden. Este último fue también acusado de violencia.

Varias confrontaciones violentas tuvieron lugar entre manifestantes y la policía de disturbios, a saber los días 11 y 15 de enero cuando la policía detuvo a los participantes en manifestaciones del KCTU que marchaban hacia la catedral. Hubo muchos arrestos y lesionados. Los días 14 y 15 de enero la FKTU celebró su huelga general.

Las autoridades hostigaron a una misión CIOSL/SPI/TUAC que fue a Seúl a mediados de enero y emitieron órdenes de restricción a sus actividades. Las órdenes decían que su participación en actividades de huelga perturbaría la paz y violaría la ley de inmigración y amenazaron con deportarlos. Funcionarios de seguridad siguieron a la misión por todos lados.

El KCTU indicó que 129 trabajadores/as habían estado sujetos a acción disciplinaria en distintas empresas en relación con las huelgas, entre ellos la Shamon Cosmetic, donde cuatro trabajadores habían sido despedidos, la Hyundai Heavy Industry, Duk Bu Jin Heung y Dong Bank.

Asimismo, los empleadores patrocinaban la violencia contra los huelguistas. En la empresa Hanra Gong Jo, los supervisores golpearon a los funcionarios sindicales y destruyeron el equipo de oficina. En el hospital An-Yang Central, los guardias de seguridad amenazaron con hacer fuego sobre los funcionarios sindicales. Unos matones hirieron a 13 trabajadores en la empresa textil Sam Pung. Los trabajadores fueron golpeados en Korea Hukoko y, en la empresa Shamon Cosmetic, los sindicalistas que se negaban a firmar un acuerdo "sin trabajo no hay salario" recibieron una golpiza.

Hubo también informes sobre violencia policial contra los huelguistas, con 35 trabajadores/as heridos cuando la policía irrumpió una manifestación. Cho Young-hyung, un trabajador en UI San Hyundai Automobile se prendió fuego el 10 de enero en respuesta a la violencia policial y seguía en el hospital varias semanas después.

Los empleadores también demandaron a los dirigentes sindicales por daños y perjuicios masivos y les iniciaron juicio por "interferencia empresarial". El 21 de enero, el Gobierno indicó que prepararía un proyecto revisado de ley para el debate parlamentario a fin de enmendar la ley, que iba a entrar en vigor el 1 de marzo. Las huelgas continuaron.

El 8 de marzo se llegó a un acuerdo y las enmiendas a la ley de 1996 fueron promulgadas el 10 de marzo.

La nueva ley permitía un pluralismo sindical inmediato a nivel industrial y nacional.

Las empresas sólo podían reemplazar a los trabajadores/as huelguistas transfiriendo trabajadores de la misma empresa.

A partir del 2001, los servicios bancarios (a excepción del banco central) y de autobuses ya no serían considerados servicios esenciales en los cuales se aplica el arbitraje obligatorio.

La prohibición del pago de subsidio de huelga fue levantada pero el empleador no tiene obligación de pagarlo.

En teoría, los cambios permitían que el KCTU se convirtiera en una central sindical nacional legal; no obstante, el KCTU temía que las autoridades invocaran otras leyes para impedir que esto sucediese.

El 6 de mayo, el KCTU presentó un aviso de establecimiento al Ministerio de Trabajo.

El 8 de mayo, el Ministerio rechazó el aviso aduciendo que funcionarios electos del KCTU, entre ellos el Presidente Kwon Young-kil no eran elegibles según la ley porque habían sido despedidos y que las organizaciones sindicales que son partes constituyentes del KCTU -la Federación Coreana de Sindicatos Metalúrgicos, el Sindicato de Docentes y de Trabajadores de la Educación de Corea y la Federación Sindical del Grupo Hyundai- no son consideradas por ley, organizaciones sindicales.

El Ministerio solicitó al KCTU que quitara los escollos legales antes del 28 de mayo. El KCTU se negó y el Ministerio devolvió el aviso de establecimiento del sindicato el 30 de mayo. El KCTU interpuso un recurso administrativo el 4 de junio. El caso fue referido a la Comisión de Apelación Administrativa bajo el poder del primer ministro el 14 de junio para ser rechazado el 4 de septiembre. El KCTU entabló el 28 de septiembre un pleito administrativo ante el Tribunal de Apelación. A fin de año seguía sin obtener el registro.

Los empleados/as públicos y los docentes de escuelas públicas y privadas aún no podían afiliarse, negociar colectivamente o hacer huelga. Se hicieron excepciones para los trabajadores/as manuales en los ferrocarriles, telecomunicaciones y servicios de salud. El Gobierno mantuvo la prohibición del Sindicato Coreano de Docentes y Trabajadores/as de la Educación (CHUNKYOJO) aduciendo que los docentes tenían una categoría y papel especiales en la tradición y en la sociedad coreana y que el público no consideraba apropiado que los docentes perteneciesen a sindicatos.

Los dirigentes de CHUNKYOJO presentaron los resultados de los sondeos de opinión indicando que el 70% de la opinión pública y el 90% de los docentes en todo el país apoyaban la legislación de los sindicatos docentes. A fin de año seguía siendo ilegal.

Los conflictos pueden ser referidos al arbitraje y las huelgas pueden ser prohibidas y las empresas públicas consideradas "servicios esenciales" y que incluyen el transporte público y los ferrocarriles, el abastecimiento de agua, electricidad y gas, refinería y distribución de petróleo, salud pública y hospitales, la banca, las finanzas, la radio, televisión y las comunicaciones. La ley de 1996 extendía esta lista para cubrir el abastecimiento de petróleo y la Casa de la Moneda. También se pueden prohibir las huelgas si son una amenaza para el interés público o la economía nacional.

Las autoridades pueden cambiar los reglamentos y decisiones sindicales, designar convocadores de congresos sindicales extraordinarios, conducir investigaciones en asuntos internos del sindicato y anular o modificar convenios colectivos.

No se preveía ninguna otra revisión de la legislación laboral durante el año debido a las elecciones presidenciales en diciembre.

El 31 de agosto, la federación de trabajadores del automóvil, KAWF y el sindicato de trabajadores metalúrgicos, KMTU organizaron una manifestación en rechazo de los despidos y de la pérdida de las jubilaciones y otros beneficios en el grupo de empresas Kia.

La cúpula directiva de KAWF anunció una huelga de hambre frente a la empresa Kia. La policía dispersó la huelga y arrestó el Presidente de KAWF, Jo Joon-ho, y a otros 11 sindicalistas.

A fines de 1997, 29 dirigentes y activistas del KCTU seguían en prisión habiendo sido arrestados por sus actividades sindicales. El Ministerio de Justicia estaba investigando a otros 152 miembros del KCTU. Dos funcionarios del sindicato de telecomunicaciones, KTTU afiliado a la FKTU, que habían estado en prisión a comienzos del año, fueron luego liberados: uno bajo fianza y el otro con cargos pendientes.

En julio, ambas cámaras aprobaron los cambios en la Constitución de 1990 de Fiji que entraran en vigor en julio de 1998. La Constitución había asegurado el predominio político de la etnia fijiana.

La versión enmendada incluye una Declaración de Derechos global que incluye la libertad sindical, el derecho de sindicación y la negociación colectiva. La legislación laboral, así como otras leyes que no están en sintonía con la nueva Constitución, deben ser cambiadas y aprobadas por el Parlamento antes de julio de 1998.

A comienzos del año, el gobierno se seguía negando a enmendar las leyes de 1991 a pesar de que la central sindical nacional, FTUC había alcanzado un acuerdo con el Ministro de Trabajo respecto a los cambios tras cuatro años de difíciles negociaciones.

Las leyes de 1991, promulgadas por decretos gubernamentales después de los golpes militares de 1987, dividieron a los trabajadores según su raza y cultura y prácticamente imposibilitaron la organización sindical y regularon minuciosamente la actividad sindical. Un gobierno posterior realizó cuatro enmiendas menores a los decretos de 1993, dejando las cláusulas más ofensivas.

Las asociaciones sindicales a las que pertenecen muchos de los trabajadores y trabajadoras de Fiji no pueden hacer huelga y ciertos grupos de trabajadores, entre ellos el personal de supervisión, no puede afiliarse a sindicatos.

Los procedimientos obligatorios de reconocimiento están digitados por funcionarios del gobierno, lo que resultaba en la promoción de sindicatos patrocinados por empleadores y en el registro de sindicatos según lineamientos políticos y raciales. Sólo los sindicatos que representaban un 50% de la mano de obra en una empresa podían ser reconocidos como agentes de negociación.

Los decretos prohibían las huelgas que exigían reconocimiento sindical, lo que permite a los empleadores despedir a los efectivos sindicales o intimidarlos para que dejen el sindicato antes de que sea reconocido, una táctica común en la industria textil y en las zonas francas. Los empleadores también demoran y frustran las órdenes de reconocimiento obligatorio a través de revisiones judiciales durante las cuales los trabajadores/as no son protegidos contra despidos y traslados y no pueden hacer huelga. Aunque la ley proporciona protección contra la discriminación antisindical, las empresas no tienen que reincorporar a los trabajadores/as despedidos por actividades sindicales.

Los decretos impusieron procedimientos restrictivos y muy poco razonables para las votaciones de huelga. En los cambios de 1993 se canceló el período de seis semanas de validez para las votaciones sindicales de huelga pero el gobierno conservó su poder de supervisión de dichas votaciones. Fue retirado el derecho legal de efectuar retenciones en nómina de las cotizaciones sindicales y se impusieron procedimientos prolongados, onerosos y minuciosamente detallados para la recaudación de las mencionadas cotizaciones. El procedimiento impuesto para las elecciones de funcionarios o funcionarias sindicales pasó también, a su vez, a ser largo y costoso.

Toda persona que viole los decretos es pasiva de elevadas multas o de penas de cárcel.

Además, la legislación laboral no protege a los sindicatos frente a actos de interferencia de los empleadores.

En abril, tras una sostenida presión sindical nacional e internacional, se constituyó un Comité de Selección del Gabinete para hacer recomendaciones sobre cambios a las leyes. En una reunión con el FTUC, se acordaron cuatro grandes cambios y el FTUC decidió cancelar una manifestación nacional de protesta planificada para el 26 de abril.

El 19 de junio, el Gabinete aprobó el acuerdo. Los cambios permitirían a los sindicatos llevar a cabo votaciones secretas sin supervisión del gobierno. La oficina de registro de sindicatos podría negarse a registrar sindicatos organizados según consideraciones raciales y/o religiosas. Cuando haya más de un sindicato que cubre el mismo grupo o clase de trabajadores sólo el grupo más representativo gozará de derechos de negociación, aunque los empleadores podrían reconocer voluntariamente a otros sindicatos en las negociaciones. Los sindicatos no reconocidos podrían declarar conflictos en torno a temas de reconocimiento si el sindicato había solicitado el registro; si el conflicto era respecto a despidos o si la información sobre el conflicto era iniciada por los trabajadores demandantes.

A fin de año, el FTUC estaba participando en la elaboración de una nueva legislación laboral.

El FTUC ha dicho que es imposible sindicalizar en las zonas francas. Además de la prohibición de huelga sobre reconocimiento sindical, los empleadores impiden que los sindicatos organicen y se niegan a reconocer los sindicatos que se han constituido. Los trabajadores/as pueden ser instantáneamente despedidos. Las condiciones de empleo son malas y las trabajadoras son hostigadas sexualmente, son obligadas a desnudarse para ser registradas y obligadas a marcar reloj cuando van y vuelven del baño. Los trabajadores/as en las zonas francas no tienen licencia por maternidad y muy pocos tienen vacaciones anuales.

Una huelga que surgió de un conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Fiji (BWUF) y una empresa conjunta Downer-Hill, propiedad neozelandesa, fue declarada ilegal por el ministro de Trabajo el 28 de mayo que adujo que el sindicato no había llevado a cabo apropiadamente una votación secreta de sus miembros. El conflicto era sobre la negativa de la empresa a negociar un aumento de salario y mejores condiciones de salud y seguridad.

Un funcionario del gobierno había sido testigo de la votación y la había aprobado y el sindicato pudo suministrar prueba escrita al respecto.

El mismo día, la empresa le dijo a BWUF que iba a iniciar un pleito contra ellos y varios de sus funcionarios. Además, los huelguistas fueron intimidados por la policía y no tuvieron más remedio que retomar el trabajo.

La empresa trató de quebrar la representación sindical en el lugar e implementó una serie de medidas antisindicales. El presidente del sindicato y otros miembros fueron bajados de categoría y otros dos fueron despedidos. Asimismo la empresa canceló la retención en nómina de la cotización sindical.

El Gobierno dijo que había elaborado un anteproyecto de ley que limitaba este poder a las huelgas en los servicios esenciales, pero no se adoptó durante el curso del año y, de cualquier manera, dio al presidente poderes ilimitados para intervenir en las huelgas.

Los dirigentes sindicales pueden ser despedidos y encarcelados por un máximo de tres años por participar en huelgas ilegales.

Los trabajadores/as del sector público no tienen derecho a negociar colectivamente ni pueden hacer huelga. El Gobierno dijo que estaba pendiente en el Congreso un anteproyecto de ley que daba a los trabajadores en las reparticiones públicas el derecho de huelga en ciertas circunstancias.

Un sindicato sólo puede ser registrado si representa por lo menos un 20% de los trabajadores/as en una unidad de negociación. La ley requiere un número excesivamente alto de sindicatos antes de poder formar una federación o central nacional. Los extranjeros no pueden formar sindicatos o sindicarse a menos que exista un acuerdo recíproco con su país de origen.

Los dirigentes sindicales deben estar empleados en las empresas cuyos trabajadores representan. Ha habido muchos informes de empleadores que se resisten a los pedidos sindicales de convocar elecciones de certificación para establecerse como agentes de negociación colectiva. Una vez que están pendientes las elecciones de certificación los trabajadores a menudo han sido despedidos para destruir los sindicatos.

La empresa electrónica de propiedad japonesa Uniden Philippines Inc. suspendió casi cien trabajadores en su complejo FTI en represalia por sus actividades sindicales, que incluyeron un piquete de protesta de un día el 10 de febrero. El sindicato SMU-ALU protestaba contra los despidos ilegales, suspensiones ilegales, horas extras obligatorias, altos cupos de producción, negación de licencia por enfermedad y prohibición del uso del baño durante las horas de trabajo. La empresa además demoró las elecciones de certificación durante más de cuatro años.

El 16 de abril la empresa anunció su cierre temporario después de una huelga en protesta contra el despido de 54 trabajadores/as, entre ellos 18 dirigentes sindicales y sindicalistas. Dos días antes del cierre, los guardias de seguridad armados de la empresa arremetieron contra los piquetes. Muchos de los trabajadores -en su mayoría mujeres- resultaron con contusiones y tuvieron que ser tratados por conmoción. Un guardia de la empresa golpeó a un trabajador en la cabeza con un escudo de fibra de vidrio y otro fue atropellado por un vehículo de la empresa.

Un día antes del cierre, el Departamento de Trabajo trató de mediar. La empresa indicó que prefería cerrar antes que reintegrar a los trabajadores/as despedidos, anunciando que se trasladaría a China si el Departamento insistía en volverlos a emplear.

Hay muy pocos sindicatos en las zonas francas industriales y en el creciente número de zonas especiales y de centros industriales regionales.

Unas 175.000 personas trabajan en las zonas. La legislación laboral se aplica pero en la práctica las políticas "sin sindicato, sin huelgas" existen en general y son aplicadas por los inversores extranjeros, los funcionarios gubernamentales locales y los administradores de las zonas. Los trabajadores/as en las zonas, y en otras partes, son cada vez con mayor frecuencia empleados con contratos a corto plazo.

El intento de liquidar los sindicatos en las zonas en general se hace a través de la intimidación de la mano de obra y las amenazas de despido y cierre de fábricas. A menudo las empresas prefieren abandonar las zonas antes que permitir los sindicatos. Los dirigentes y organizadores sindicales son despedidos y discriminados e incluidos en listas negras por las otras empresas. Los trabajadores/as a menudo no pueden reunirse entre ellos a excepción de durante las horas de trabajo.

La inspección de parte de las autoridades es mínima. El Departamento de Trabajo se ha mostrado poco dispuesto o incapaz de aplicar la ley en las zonas. Sólo en la zona de Bataan ha tenido éxito la sindicación.

En la zona franca de Cavite cerca de Manila, a pesar de su política "sin sindicatos, sin huelgas" se llevaron a cabo tres elecciones de certificación y en 1996 se firmaron por primera vez en la historia dos convenios colectivos. Ahora existen nueve sindicatos registrados. La zona emplea unos 35.000 trabajadores de los cuales un 75% son mujeres jóvenes, principalmente en fábricas coreanas, japonesas, taiwanesas y alemanas. Los trabajadores/as deben firmar un documento que estipula que el empleador los puede despedir si contraen matrimonio. Es común el despido masivo de los trabajadores/as que se afilian a sindicatos, las horas extras obligatorias y las malas condiciones de trabajo. En la zona franca de Mactan, donde trabajan alrededor de 21.000 personas, no hay sindicatos. Los trabajadores/as son supervisados y no pueden reunirse en grupos. Los organizadores no tienen acceso a las zonas. No hay sindicatos en la zona de Baguio City.

En la zona franca de Subic Bay, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Subic Bay y el administrador de la zona declaró la zona "libre de sindicatos" y estableció un "centro laboral" específicamente para manejar conflictos laborales y asistir a los trabajadores con sus derechos. Los trabajadores/as dijeron que el centro existía para promocionar los sindicatos de empresa. Los guardias impedían la entrada de los inspectores del Departamento de Trabajo que venían a hacer inspecciones independientes de la fábrica.

El 4 de diciembre de 1997, cuatro cooperativas de trabajadores, DARBCO, SEARBMPCO, DARBMUPCO y CFARBMPCO dejaron de producir bananas para Stanfilco, una subsidiaria filipina de la empresa Dole Food de EE.UU. porque el precio que Dole estaba pagando era inferior al del costo de producción.

El 22 de diciembre, 500 guardias de la empresa fuertemente armados, matones a sueldo, policías y soldados del 432° batallón de infantería destrozaron las barricadas levantadas por DARBMUPCO y ocuparon la cooperativa y cubrieron con alambre de púa la entrada a la calle. Decenas de trabajadores que hacían piquetes fueron baleados y golpeados y sus refugios y enseres quemados. Dirigentes y miembros de la Junta de Directores de la cooperativa se ven confrontados a acusaciones penales por incendio provocado aunque fueron los intrusos los que iniciaron los incendios.

El conflicto entre los trabajadores/as en la zona y Dole y su subsidiaria Stanfilco comenzó en 1989 cuando una huelga organizada por la Federación Nacional del Trabajo (NFL) fue declarada ilegal y la NFL fue forzada a pagar a Stanfilco enormes sumas por daños. En 1977 Dole intentó conseguir el pago del saldo pendiente -unos cuatro millones de pesos- confiscando las cotizaciones sindicales y todos los haberes, inclusive un centro de educación construido con fondos donados por sindicatos suecos.

Esta amenaza a los haberes sindicales tenía en parte como objetivo forzar al sindicato a dejar de apoyar las cooperativas de productores de bananas que negociaban el precio de las bananas con las subsidiarias locales de Dole.

Las ordenanzas fueron suspendidas hasta el 31 de octubre "para su revisión", a pesar del hecho que el gobierno chino había indicado oficialmente a la OIT que aplicaría aquellas normas de la OIT vigentes en Hong Kong antes del retorno a China.

Lee Cheuk-yan, Secretario General de la central sindical HKCTU, hizo una huelga de hambre de cinco días, en señal de protesta a partir del 9 de julio.

Él había introducido las ordenanzas en un anteproyecto de ley como miembro privado del Consejo Legislativo en abril de 1997. El anteproyecto de ley tenía como objetivo proveer de un marco legal satisfactorio a los sindicatos en el período posterior a julio de 1997 porque la ley de Hong Kong no protegía adecuadamente los derechos sindicales.

La ordenanza sobre el Derecho de los Empleados a la Representación, Consulta y Negociación Colectiva promulgada en junio de 1997 reconocía los derechos de negociación a los sindicatos registrados con una membresía de más de un 15% de la mano de obra en un lugar de trabajo de más de 50 empleados y la autorización de más de la mitad de la mano de obra. Los sindicatos con más de 15% de la mano de obra en las empresas con más de veinte empleados serían reconocidos como representantes en los procesos de consulta.

La ordenanza sobre el Empleo (enmendada) daba a los trabajadores/as despedidos por actividades sindicales el derecho a la reintegración.

La ordenanza Sindical (enmendada) daba a los sindicatos el derecho a afiliarse a federaciones y confederaciones en todos los sectores de la industria y a afiliarse a nivel internacional sin la aprobación previa del gobierno. Retiraba la restricción sobre el uso de fondos sindicales con propósitos políticos y la necesidad de que el ejecutivo en jefe aprobara donaciones a organizaciones sindicales extranjeras. Aquéllos fuera de la empresa o sector podían postular en las elecciones a los comités ejecutivos de los sindicatos y federaciones y la edad límite para los dirigentes sindicales se bajó de 21 a 18.

El 1 de julio, el primer día de la nueva administración, el Consejo Legislativo fue disuelto y reemplazado por el Consejo Legislativo provisional. Los miembros de este último eran seleccionados por Pekín. Se fijaron para mayo de 1998 las elecciones para un nuevo consejo legislativo.

La ley básica, adoptada en 1990 por el Reino Unido y China, como la Constitución de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) garantiza que las disposiciones de los convenios de la OIT, tal cual son aplicadas en ese momento en Hong Kong, serán mantenidas en vigor después del traspaso. Pero la Legislación Fundamental no es totalmente democrática y China podrá interpretarla e implementarla según su parecer. Los sindicatos independientes dicen que presenta un peligro directo a su existencia y funcionamiento. El 30 de septiembre el Consejo Ejecutivo de la RAEHK presentó un anteproyecto de ley que abrogaba la ordenanza sobre Negociación Colectiva y la ordenanza sobre el Empleo (enmienda).

El anteproyecto de ley también enmendaba la ordenanza Sindical (enmienda) reinstaurando la prohibición del uso de fondos sindicales con propósitos políticos, así como el requisito de que el ejecutivo en jefe debe aprobar la donación de fondos a cualquier sindicato extranjero. Si bien la aprobación del gobierno ya no era requerida para la afiliación internacional, la enmienda introducía el requisito de que los sindicatos debían notificar al registro de sindicatos y obtener una mayoría de votos en una elección secreta para afiliarse internacionalmente.

Reinstaló además la restricción en el sentido que los dirigentes sindicales (no de las federaciones) debían provenir de la misma empresa o sector. La enmienda no cambió el derecho de los sindicatos a afiliarse a federaciones y confederaciones en los distintos sectores de la industria, ni tampoco la edad límite para los responsables sindicales bajada de 21 a 18. El Consejo Legislativo Provisional aprobó la ley el 29 de octubre. Con excepción de cambios menores, la legislación laboral de Hong Kong sigue siendo la misma que en años anteriores al traspaso.

Es decir, no protege adecuadamente los derechos sindicales, no existe un marco institucional ni para el reconocimiento sindical ni para la negociación colectiva. Esto significa que los sindicatos, en cierta medida, sólo pueden actuar como grupos de presión y organizadores o asesores de los trabajadores/as.

Los sindicalistas corren el peligro de intimidación y despido por organizar sindicatos y llevar a cabo actividades sindicales. Los sindicatos a menudo mantienen secretas las listas de miembros para evitar toda intimidación. Si bien la ley los protege ante la discriminación antisindical, el peso de la prueba está en los trabajadores. No hay ninguna disposición de la ley respecto a la reintegración, sólo menciona la multa de los empleadores y la compensación de los trabajadores.

En Hong Kong no existe la negociación colectiva o derechos de reconocimiento y las autoridades no promueven o estimulan la negociación. Los convenios colectivos cubren menos del 1% de los trabajadores y trabajadoras y no son legalmente vinculantes. Los empleadores en general se niegan a reconocer los sindicatos. En el sector público no existe la negociación colectiva aunque la administración anterior consultaba a los empleados públicos respecto a sus salarios y condiciones.

La ley no protege el derecho de huelga. En el marco de la práctica legal ordinaria los empleadores pueden despedir a los empleados que hacen huelga por violación de sus contratos de empleo. Asimismo los empleadores pueden reclamar daños de los trabajadores/as y blandir amenazas de acción disciplinaria, recortes en el salario y descenso de categorías para desestimular las huelgas. Los sindicalistas en los piquetes pueden ser obligados a dispersarse en virtud de la ordenanza de Orden Público.

El Jefe Ejecutivo de Hong Kong tiene autoridad para suspender o despedir a los empleados públicos "con causa suficiente". Esta autoridad fue utilizada para intimidar a los trabajadores del correo a fin de que no hicieran huelga en 1990.

Las centrales sindicales "nacionales" son consideradas como asociaciones civiles y no tienen ninguna protección en la ley; están registradas bajo la ordenanza de Sociedades. La ordenanza de Sociedades y la ordenanza de Orden Público han sido enmendadas desde el traspaso para restringir la libertad de asociación y de reunión introduciendo el concepto de seguridad nacional en ambas leyes. La policía fue autorizada a negar los permisos para manifestaciones si creía que la seguridad nacional se vería amenazada. La ordenanza de Sociedades fue enmendada para volver a introducir el registro de partidos políticos y prohibir las relaciones entre las organizaciones políticas y los grupos políticos extranjeros.

La policía usó gases lacrimógenos y cachiporras para tratar de dispersar la manifestación antes de abrir fuego.

Los efectivos sindicales en antiguas plantas industriales y de manufacturación se ven cada vez más confrontados con despidos masivos. En muchos casos se subcontrata la producción a plantas no sindicadas y al sector informal. Existen siete zonas francas en la India. En teoría, los trabajadores y trabajadoras en las zonas tienen derecho a sindicarse y a negociar colectivamente. No obstante, en la práctica, los sindicatos son raros. Los organizadores sindicales no pueden entrar a las zonas que están rodeadas por cercos de seguridad. Las empresas tienen autobuses en los que llevan y traen directamente los trabajadores hasta la puerta de la fábrica.

Muchos de los trabajadores en las zonas son mujeres que, en general, son jóvenes y temerosas de formar sindicatos. Las condiciones de trabajo son malas y las horas extras obligatorias. Los trabajadores/as temen la intimidación de parte de la dirección y aquellos que protestan son con frecuencia despedidos. Es común que los trabajadores/as estén empleados con contratos temporarios por subcontratistas ficticios y no directamente por la empresa en cuestión.

En la zona franca de Noida, los trabajadores/as fueron despedidos por exigir el cumplimiento de las leyes laborales.

El Tribunal Superior del Estado sureño de Kerala declaró el 28 de julio que todas las huelgas generales eran ilegales y que quien organizara protestas sería responsable de las pérdidas causadas por los cierres. Si bien se promulgó la ordenanza relacionada con las huelgas políticas, siguió siendo una amenaza potencial para las actividades sindicales.

Continuaron los debates en torno a la formulación de un nuevo anteproyecto de ley global sobre las relaciones de trabajo. En abril, los representantes de los empleadores se retiraron del comité paritario sindical-patronal establecido por el gobierno negándose a entablar discusiones conducentes.

La ley de 1993 restringe la libertad sindical de los empleados/as administrativos y regula muy detalladamente los reglamentos y actividades de las asociaciones de empleados públicos. Si no cumpliesen los criterios inscritos en la ley, se les podría retirar el reconocimiento existente. No hay informes de que esto haya sucedido.

La ley limitaba la libre elección de representantes de asociaciones, sometía sus constituciones a una aprobación previa del gobierno y les prohibía publicar cualquier revista o periódico sin la aprobación del gobierno.

La ley no mencionaba el reconocimiento de federaciones con el propósito de negociación colectiva.

El sistema de relaciones de trabajo de Indonesia está supeditado al Pansasila, la ideología nacional patrocinada por el Gobierno que reivindica la consolidación del consenso, la unidad nacional y la justicia social.

La FSPSI es la única central sindical legal y fue establecida en 1973 en una reestructuración de sindicatos ordenada por el Gobierno y está controlada y dirigida por el Gobierno.

El Gobierno considera las relaciones de trabajo como un tema de seguridad y justifica su control de la FSPSI por la necesidad de mantener la ley y el orden.

Oficiales militares retirados ocupan cargos de dirigencia en la FSPSI y en las secciones de las regiones y distritos de los sindicatos afiliados. Esto se justifica por la ideología oficial de "doble funcionamiento" que proporciona a los militares un papel en el desarrollo social y económico del país, y además en el ámbito de la defensa. Las autoridades declararon asimismo que los trabajadores no cuentan con la educación, la experiencia de mando o la competencia necesarias.

Hubo indicios de que el Congreso de 1995 de la organización fue el primero que se celebró sin la abierta interferencia del Gobierno o de los militares. La FSPSI en su Congreso adoptó nuevos estatutos que estipulaban que un candidato debía haber desempeñado tareas en el movimiento sindical durante cinco años para poder ser electo a un cargo sindical, suministrando así la base para la reducción y eventual eliminación del personal militar en la FSPSI, aunque no se destituyó al personal militar que ya ostentaba cargos.

La FPSI también se reestructuró como federación con sindicatos de industria. Anteriormente había estado organizada según una estructura unitaria.

En 1997, la FSPSI comenzó a recaudar las cotizaciones sindicales de conformidad con los cambios estatutarios de 1995. Anteriormente, el Departamento de Mano de Obra recaudaba las cotizaciones y las asignaba a la FSPSI. El nuevo sistema no ha reforzado hasta el momento la situación financiera de la FSPSI, sobre todo, porque muchos empleadores no le transfirieron las cotizaciones.

Las organizaciones sindicales ajenas a la FSPSI son objeto de represión. Sus actividades son obstaculizadas por agentes de seguridad y sus funcionarios son hostigados y con frecuencia arrestados y encarcelados.

El SBSI fue constituido en l992. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Mano de Obra se habían negado en repetidas oportunidades a otorgarle su personería jurídica, incluso a pesar de que el sindicato ya había satisfecho los criterios necesarios. La OIT también ha recomendado enérgicamente que se registre el sindicato.

El SBSI ha sufrido constante hostigamiento e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad. Se supo que durante el período transcurrido entre l992 y l996 más de 5000 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos e incluidos en una lista negra por ser miembros del SBSI. Existe la amenaza permanente de una irrupción militar en las reuniones del SBSI y la policía o los militares con frecuencia se presentan en sus oficinas. Muchos dirigentes de secciones han sido intimidados por las fuerzas de seguridad al punto de hacerlos renunciar al sindicato.

A partir de mediados de l995, el SBSI dijo que estaban en condiciones de llevar a cabo sus actividades con menos hostigamiento, pero aclararon que esto dependía de la actitud del comandante militar local. En 1997 la situación parecía haber empeorado.

Los empleados/as públicos y los trabajadores en las empresas estatales no pueden afiliarse a sindicatos, deben pertenecer al Cuerpo Indonesio de Empleados/as Públicos (KORPRI) que el Gobierno creó en 1971. KORPRI no se considera un sindicato, no es independiente del Gobierno ni tampoco puede llevar a cabo tareas sindicales. El Consejo Central de Desarrollo de KORPRI está presidido por el Ministerio del Interior.

Los docentes pueden pertenecer tan sólo al PGRI, controlado por el gobierno y que obtuvo su categoría de sindicato en l990. No lleva a cabo una función sindical sino que desempeña actividades en el ámbito social y tiene un importante papel en la administración del sistema educativo.

La negociación colectiva está severamente restringida. Las exigencias para que un sindicato sea reconocido como agente negociador establecidas por la regulación N° 3, 1993 del Ministerio de Mano de Obra sobre los sindicatos registrados hacen que la FSPSI mantenga su monopolio: los sindicatos deben contar con el 50 por ciento de los trabajadores de la empresa, con por lo menos l00 unidades a nivel de planta, con 25 organizaciones a nivel de distrito y 5 organizaciones a nivel provincial o, caso contrario, debe tener por lo menos l0.000 miembros en toda Indonesia. Además, la FSPSI debe dar su aprobación. La regulación también estipula que una federación debe, para registrarse, congregar por lo menos 10 sindicatos.

Un decreto promulgado en enero de l994, confirmado por el Director General de Mano de Obra en abril de l995, estipulaba que se podían establecer sindicatos independientes a nivel de empresa y que no debían afiliarse a la FSPSI. Dichos sindicatos podrían negociar convenios colectivos en empresas que contaran con por lo menos 25 empleados/as y donde por lo menos la mitad de la mano de obra apoyara la creación del sindicato. Si un sindicato de empresa independiente quería afiliarse a una federación sólo podía afiliarse a un sindicato sectorial afiliado a la FSPSI y debía tomar esta decisión en un plazo de dos años. Los responsables del Departamento de Mano de Obra o los agentes de seguridad a menudo asesoraban a los sindicatos en el lugar de trabajo para que se afiliaran a la FSPSI

Este decreto contradecía los requisitos establecidos por ley para el reconocimiento de un agente negociador.

La directiva N° 348, promulgada en 1995, establecía que ya no se necesitaba el permiso del empleador para formar un sindicato de empresa. A fines de 1997, alrededor de 1.200 sindicatos no afiliados a la FSPSI se habían establecido de acuerdo a las cifras oficiales.

Se recibieron nuevamente informes sobre la creación de nuevos sindicatos controlados por las empresas, formados por empleadores con la complicidad del Ministerio de Mano de Obra y de sus representantes provinciales, sobornados por empleadores. Si los trabajadores/as trataban de formar sindicatos de empresa independientes, generalmente se los amenazaba con el despido.

A menudo funcionarios estatales o representantes de las fuerzas de seguridad participan en las "negociaciones colectivas" entre trabajadores y empleadores de las empresas. Los empleadores con frecuencia hacen caso omiso de los convenios firmados, y en la mayoría de los casos, los convenios no hacen más que repetir las disposiciones respecto al salario mínimo.

La ley no protege adecuadamente a los trabajadores/as contra las medidas de discriminación antisindical. Los empleadores pueden invocar la "falta de armonía en las relaciones de trabajo" para justificar el despido de trabajadores que se afilian a sindicatos. Aunque la legislación de l992 eliminó la posibilidad de injerencia de los empleadores en los asuntos sindicales, no se dieron casos en los que se aplicara la ley.

Los complicados procedimientos de mediación y de arbitraje obligatorio hacen que las huelgas legales sean prácticamente imposibles. Se pueden realizar huelgas en empresas privadas que no sean consideradas vitales para el interés nacional. Casi todas son breves huelgas salvajes a las que la policía o la intervención militar ponen inmediatamente término a pedido de la empresa. La FSPSI y sus federaciones sectoriales nunca hacen huelgas ni se solidarizan con ellas. En general, cuando hay un conflicto los sindicatos del lugar de trabajo pertenecientes a la FSPSI toman partido por la patronal. Existen numerosos ejemplos de sindicatos de empresa de la FSPSI que hacen huelga por el pago del salario mínimo y que no cuentan con el apoyo de las sucursales sindicales de la FSPSI.

La mayoría de las huelgas tiene lugar porque los empleadores pagan salarios inferiores al mínimo. En muchos casos, cuando pagan el salario mínimo, recortan otras prestaciones. Asimismo, surgen conflictos en torno al reconocimiento de los sindicatos de la FSPSI en las empresas. En 1996 los huelguistas presentaron algunos reclamos políticos.

El ejército continuó interviniendo en las huelgas. La intervención militar en conflictos laborales se intensificó aún más en 1997. La mayoría de los empleadores mantiene estrechos vínculos con la policía local y con unidades del ejército. En enero de l994, el gobierno revocó una serie de disposiciones que permitía la intervención militar en conflictos industriales; no obstante, el ejército puede seguir interviniendo en virtud de un decreto que data de l986 "especialmente en casos relacionados con huelgas, contratos de trabajo, despidos y con cambios de categoría o de propiedad de una empresa".

Un decreto promulgado en l990 estipula que la agencia de seguridad interna, Bakorstanas, puede intervenir en huelgas de ser necesario para preservar la estabilidad política y social.

Los funcionarios del gobierno local y los agentes de seguridad continuaron vigilando a los trabajadores y trabajadoras durante las huelgas, participando en las negociaciones y deteniendo, arrestando e interrogando a los activistas.

Durante el año la unidad de tareas controlada por los militares, Lemhanas indicó que el Ejército se retiraría de los sindicatos. En 1996 también había publicado un documento que sugería que el movimiento sindical indonesio debía reestructurarse en dos federaciones, una para los empleados/as del sector privado y una para los empleados/as del sector público que formarían una confederación nacional. Esto quedó en la nada.

Muchtar Pakpahan, que había sido arrestado a fines de julio de 1996 acusado de manipular los disturbios del 27 de julio que habían tenido lugar cuando la policía había atacado la oposición, seguía en la cárcel.

Fue acusado bajo dos secciones de la ley antisubversiva pasibles de una sentencia de ocho años de cárcel o la pena de muerte y bajo el código penal por esparcir el odio contra el Gobierno, pasible de una sentencia de siete años de cárcel.

El Gobierno parecía determinado a asegurar que recibiera una larga sentencia y a hacer desaparecer el SBSI en lo que fue ampliamente considerado como parte de un intento de sofocar la oposición antes de las elecciones de 1997 y 1998.

En octubre de 1996, la Corte Suprema, si bien parecía incapaz de preparar una acusación sólida contra Pakpahan, volvió a imponer su sentencia de cuatro años de cárcel en relación con las huelgas de Medan en 1994. Pakpahan no había estado en Medan en ese momento.

El dictamen de la Suprema Corte no tenía precedentes, viciado desde el punto de vista del procedimiento, se logró gracias a la manipulación política. La Corte había anulado la sentencia en septiembre de 1995. (El vicepresidente de la Corte que había anulado la sentencia fue posteriormente despedido).

El juicio de Pakpahan empezó en diciembre de 1996 y continuó dos días a la semana en 1997. Era claramente un show. El juez violó la ética judicial, no fue imparcial y trató de intimidar a la defensa a la que se le prohibió que interrogara a los testigos. Un testigo fue amenazado y aislado. Hubo evidencia clara de que los testigos habían sido coercionados. Varios admitieron que se les había dicho qué decir para incriminar a Pakpahan durante los interrogatorios en el despacho del fiscal general.

En la lista de acusaciones no figuraban los disturbios del 27 de julio y quedó claro que a Pakpahan se lo juzgaba por ser el líder del SBSI y por sus opiniones políticas. La evidencia en su contra incluía un poema sobre la sindicalista Marsinah que había sido asesinada en 1993, discursos pidiendo un incremento del salario mínimo y una declaración que favorecía un referéndum en Timor Oriental.

A principios de marzo, la salud de Pakpahan se deterioró seriamente; estaba demasiado enfermo para continuar con el juicio. Se desmayó durante la audiencia. No se le había permitido ver a un médico del Comité Internacional de la Cruz Roja ni tampoco que su médico de familia lo acompañara durante un examen en el hospital de la cárcel.

Fue llevado al hospital. Después de análisis médicos se le diagnosticó un tumor benigno en el pulmón derecho y un coágulo en el cerebro. Más tarde se descubrió que el tumor era tejido cicatrizado de una tuberculosis pasada. Pakpahan solicitó poder recibir tratamiento médico en el extranjero pero el Ministerio de Justicia se negó a darle la autorización.

Se aplazó el juicio. Oportunamente se le permitió ir a un hospital de su elección aunque tuvo que pagar la cuenta del hospital y el costo de una escolta permanente de seis policías. Se lo operó del apéndice a principios de abril.

Pakpahan siguió pidiendo tratamiento médico en el extranjero. El 21 de julio, el Gobierno rechazó el pedido diciendo que no era necesario, aunque los médicos en el hospital Cikini donde había sido atendido, dijeron que el tratamiento que necesitaba no se podía hacer en Indonesia.

El fiscal general anunció que el Tribunal Superior había decidido que se podía reanudar el juicio y que Pakpahan podía ir acompañado de un médico a las audiencias. Pakpahan solicitó una tercera opinión médica.

El 7 de agosto Pakpahan interpuso ante la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad pidiendo una revisión de su acusación por los disturbios de Medan de 1994. La Corte se negó. Los abogados de Pakpahan habían indicado a la Corte que tenían 11 testigos que testimoniarían que habían recibido una circular del SBSI diciendo que las huelgas debían ser aplazadas de abril a octubre.

El 28 de agosto se reanudó el juicio. Pakpahan estaba demasiado enfermo y se lo aplazó. Posteriormente se reanudó pero el 10 de octubre Pakpahan se desplomó en la sala de audiencia.

El 23 de noviembre se anunció que el Gobierno había accedido a que un equipo médico canadiense con un equipo de diagnóstico pudiese tratar a Pakpahan en Indonesia.

Pakpahan recibió este año el Premio de Derechos Humanos George Meany.

A fines de 1997 el Estado no había probado las acusaciones en su contra. El juicio iba a reanudarse cuando lo permitiese la salud de Pakpahan.

En abril hubo muchas huelgas, tras la introducción de un nuevo salario mínimo, particularmente en las fábricas de calzado, que a veces involucraban a varios miles de huelguistas en demanda del pago del nuevo salario. Más de 10.000 trabajadores/as hicieron huelga en PT Hardaya Aneka Shoes Industry y otros 10.000 en PT Hasi, una fábrica que confecciona zapatos para Nike. En PT Farmindo, en Tangerang, el segundo día de la huelga en reclamo de subsidios de alimentos, los trabajadores atacaron algunos de los edificios de la fábrica porque dos dirigentes sindicales habían sido despedidos el día anterior. La dirección llamó al ejército del comando militar local.

El 22 de abril, Dita Sari, dirigenta del PPBI, una organización de estudiantes que coopera con los trabajadores para ayudarlos a organizar huelgas y manifestaciones fue sentenciada a seis años de prisión por subversión.

Dita Sari había sido arrestada tras una manifestación masiva organizada por el PPBI en Surabaya, Java Oriental, el 8 de 1996 que pedía un aumento del salario mínimo, precios más bajos y observadores del extranjero durante las elecciones de 1997-98. Fue mantenida en la cárcel en aislamiento y no se le permitió tener sus libros o estudiar. Se culpó del desasosiego al nuevo partido político el PRB que a juicio de las autoridades es marxista. Sus líderes fueron acusados de subversión. El PPBI está ligado al PRD.

Coen Husein Pontoh, dirigente de la organización de agricultores vinculada al PRD -que también había sido acusado de subversión por planear y organizar la huelga- fue sentenciado a cuatro años de cárcel por no acatar, manipular y menoscabar las directivas de la policía estatal. Fue encarcelado bajo las mismas condiciones que Dita Sari. Ambos dijeron que apelarían contra sus sentencias y que sus juicios estaban arreglados.

El 3 de mayo, Aries Hia, Vicepresidente de la sucursal de Binjai del SBSI fue detenido por el comando militar local durante 10 días y se confiscaron todos los documentos de la oficina de la sucursal del SBSI. En 1994 había estado encarcelado durante 18 meses en relación a las huelgas de Medan. Los militares dijeron que el SBSI en Binjai era ilegal. Asimismo querían arrestar al secretario general de Binjai, Masihari Nahampun que entró en la clandestinidad.

El 20 de junio, la autoridad local de mano de obra envió una carta al SBSI en Binjai diciendo que estaba prohibido en la región. Hacía referencia a la regulación N° 3 de 1993 del Ministerio de Mano de Obra diciendo que el Gobierno sólo reconocía a la FSPSI.

En junio, el comando militar local intentó irrumpir en un curso de capacitación del SBSI en Jambi, Sumatra del Sur.

El 11 de julio, 18 trabajadores contratados fueron despedidos de PT Pelangi Selaras Indonesia en Medan por afiliarse al SBSI. Habían solicitado sus derechos legales, como por ejemplo un bono anual. La empresa se negó y refirió el caso a la oficina local de mano de obra que estuvo de acuerdo en que los trabajadores podían ser despedidos porque pertenecían a un sindicato ilegal.

El 18 de julio, una mujer miembro del SBSI en Lampung empleada en PT Andatu, fue golpeada por un militar durante una huelga en la empresa en reclamo de los derechos legales.

El Ministerio de Información prohibe que los medios de comunicación empleen miembros del sindicato independiente de periodistas AJI que sigue siendo hostigado, sus miembros golpeados e intimidados.

El 21 de julio, Andreas Harsono, miembro fundador de AJI logró escapar cuando dos hombres en motocicletas, martillo en mano, detuvieron su auto, rompieron sus ventanillas y trataron de abrir las puertas a la fuerza.

El 23 de julio, miembros de AJI, Ahmad Taufjk y Eko Maryadi fueron liberados de la cárcel después de haber sido arrestados en marzo de 1995 y sentenciados a tres años. Habían cumplido dos tercios de sus sentencias y se los había elegido para ser dejados en libertad condicional.

El 29 de julio, efectivos del Ejército y de la policía irrumpieron en un taller organizado por la sucursal de Lampung del SBSI del 27 de julio al 5 de agosto en Kalianda, Sumatra. Los 23 participantes fueron interrogados durante varias horas. Posteriormente ese mismo día, cuando llegaron tres educadores, fueron llevados a la comisaría de Kalianda y detenidos sin orden judicial durante tres días. Sus familias no fueron informadas respecto a los arrestos ni a sus razones. El jefe de policía de Kalianda supuestamente habría dicho que fueron arrestados por celebrar una reunión sin permiso.

El 19 de septiembre, la policía obligó al segundo Congreso del SBSI, celebrado en Jakarta, a terminar antes de lo previsto y dijo que era ilegal. Dos dirigentes y nueve guardias del SBSI fueron detenidos e interrogados. Fueron liberados después de 24 horas. Cuatro sindicalistas extranjeros y dos periodistas fueron detenidos, interrogados y mantenidos en la comisaría de Jakarta. Fueron liberados más tarde ese mismo día. Los sindicalistas extranjeros fueron acusados de participar en una reunión ilegal y dos de ellos fueron expulsados.

Más de mil trabajadores/as de dos fábricas de calzado PT Sindoll Pratama y su subsidiaria P1 Mega Beta Pertiwi, en el norte de Jakarta, que manufactura calzado para Reebok y para Starmont hicieron huelga el 23 de septiembre después de que se les impusiera un recorte salarial. Manifestaron frente a la Cámara de Diputados y luego fueron al Ministerio de Mano de Obra. Los guardias de seguridad atacaron con palos de rattan cuando los huelguistas se negaron a subir a los camiones suministrados por la policía y el Ejército. Diez activistas sindicales fueron arrestados y llevados a la comisaría y al comando militar para ser interrogados.

El 29 de septiembre el PRD, sus organizaciones asociadas, inclusive el PPBI y otras organizaciones, fueron prohibidas. El ministro del Interior que anunció la prohibición dijo que más organizaciones, inclusive el SBSI, probablemente serían prohibidas en un futuro cercano.

El 10 de octubre unos 15.000 trabajadores/as en la empresa aerospacial IPTN que maneja proyectos financiados por el Estado hizo huelga y forzó la fábrica a cerrar durante una semana. Las demandas eran sobre aumentos salariales, costos médicos y otras prestaciones.

Se pensó que la huelga era especialmente significativa porque resultaba directamente de la crisis económica y porque afectaba a la empresa considerada la más prestigiosa del país.

El 28 de diciembre, la policía irrumpió en una velada cultural en las oficinas del SBSI en Jakarta porque se estaba celebrando sin permiso. (No se requiere permiso para actividades culturales.) Ocho personas fueron llevadas para interrogarlas y luego liberadas la tarde siguiente. Se confiscaron los documentos y los instrumentos musicales.

A principios de 1997, el Gobierno había presentado propuestas para cambiar las leyes laborales existentes. La FSPSI dijo que había sido consultada en 1995 respecto al cambio de las disposiciones básicas de la ley de Mano de Obra de 1969 y se había preparado un proyecto. No obstante, el proyecto actual iba mucho más allá de la ley de 1969 y había sido elaborado sobre la base de las discusiones entre el ministro de Mano de Obra y los miembros del gabinete.

Se informó que el proyecto de ley había sido elaborado por funcionarios elegidos especialmente en los Ministerios de Economía, Finanzas, Interior, Comercio e Industria. La FSPSI expresó sus reservas respecto al proyecto de ley que, indicó, restringía aún más la libertad sindical. El Gobierno aplazó el debate parlamentario del proyecto de ley porque fue ampliamente criticado.

El 16 de junio, el Gobierno presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que abrogaba o enmendaba seis ordenanzas y ocho leyes e incluía cierta protección a los derechos básicos de los trabajadores, además de regulaciones más restrictivas, dándole al Gobierno un control amplio sobre prácticamente todos los aspectos de las relaciones de trabajo.

El proyecto de ley fue entregado a un comité parlamentario para su examen. Durante el receso parlamentario, el ministro de Mano de Obra organizó discusiones informales entre los parlamentarios y funcionarios gubernamentales en torno al proyecto de ley. Esto fue ampliamente criticado y visto como poco ético porque los temas en discusión en el parlamento no pueden ser discutidos durante el receso.

También salió a la luz que el ministro de Mano de Obra había recibido una gran cantidad de dinero de un banco donde había depositado los fondos de la seguridad social nacional. Los fondos habían estado en otro banco. El ministro construyó un hotel con este dinero y además pagó generosos subsidios diarios y cenas caras a los parlamentarios en el comité que discutía el proyecto de ley.

El proyecto de ley fue enmendado después de una fuerte indignación pública. La FSPSI eventualmente aceptó la versión final diciendo que la mayoría de sus enmiendas había sido aceptada. El proyecto final de ley enmendaba seis ordenanzas y cinco leyes. Fue aprobado en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre en medio de una protesta frente al edificio. La ley debe entrar en vigor el 1 de octubre de 1998.

La ley restringe seriamente los derechos sindicales. No cumple con ninguna de las tres recomendaciones principales de la misión de contacto directo de la OIT a Indonesia en 1993 para sintonizar la ley con los convenios de la OIT. La ley además es vaga y confusa.

La ley estipula que se pueden formar sindicatos a nivel de planta así como a nivel de federación pero deben ser registrados por las autoridades de conformidad con las regulaciones legales prevalecientes. Esto hacía referencia a la regulación N° 3, 1993 del Ministerio de Mano de Obra que no fue abrogada y que consolida el monopolio de la FSPSI.

Los convenios colectivos sólo pueden negociarse a nivel de planta y sólo pueden participar en un acuerdo los sindicatos registrados. La ley parecía estipular que los sindicatos no podían ir a la huelga en pos de un convenio colectivo.

Estipulaba además largos procedimientos de preaviso de huelga y prohibía las huelgas en toda una industria, las protestas masivas de trabajadores, los encuentros de trabajadores y las huelgas de solidaridad. Sólo se podían llevar a cabo huelgas en la empresa concernida. Un sindicato debe dar preaviso de huelga al empleador y al departamento local de mano de obra. Las huelgas no podían perturbar "el orden y la seguridad públicos".

El papel de los sindicatos fue restringido a negociar un convenio colectivo y a participar en un conflicto laboral.

La ley no protegía adecuadamente a los trabajadores/as contra la discriminación antisindical ni tampoco contra la interferencia de los empleadores.

En varios tramos, la ley estaba sujeta a la aplicación de otras regulaciones, como por ejemplo, sobre sindicatos; relacionadas con procedimientos para establecer, extender y enmendar un convenio colectivo; con procedimientos para ir a la huelga y detalles respecto a los contratos temporales de empleo.

Los derechos de negociación colectiva de los empleados/as públicos en el gobierno nacional y local, incluidos los docentes, están substancialmente limitados. El gobierno establece los niveles de pago en el sector y las huelgas están prohibidas. La Corte Suprema de Japón estipuló que la prohibición del derecho de huelga es constitucional. Los empleados públicos que hacen huelga pueden ir a la cárcel.

Los trabajadores/as en las empresas estatales no pueden hacer huelga ni pueden negociar temas relacionados con la dirección o el funcionamiento de las empresas.

La central sindical nacional, RENGO, afirma que es común que los empleadores despidan a los huelguistas y varios empleados/as del gobierno, incluso los docentes, han entablado pleitos judiciales por despido injusto.

El 6 de enero, la NSA lanzó una investigación penal en contra de Leonid Solomin, Presidente del Centro Independiente de Sindicatos (ITUCK) que supuestamente había violado las leyes cambiarias al pagarle al personal sindical en dólares y había violado la disposición constitucional de 1995 que impedía que los sindicatos recibieran fondos del extranjero, tampoco de organizaciones sindicales internacionales.

No obstante, la creencia general era que la razón de las acusaciones eran porque Solomin había encabezado una protesta a fines de 1996 a causa de la crisis económica.

La cuenta bancaria de Solomin y las cuentas del sindicato fueron congeladas y los funcionarios de la NSA interrogaron al personal sindical. Su domicilio fue allanado y se confiscaron documentos.

El 18 de marzo, las autoridades formalmente acusaron a Solomin y le prohibieron que dejara la ciudad capital, Almaty. El personal de la NSA lo interrogó a él y a otros miembros de su familia y le advirtió que emigrara antes de que fuera demasiado tarde. Asimismo, la NSA intentaba incentivar un odio racial en contra de Solomin, que es judío.

El Gobierno retiró los cargos en septiembre debido a la falta de evidencia.

La ley no protege los derechos de negociación colectiva ni tampoco protege a los trabajadores/as en contra de la discriminación antisindical.

Los sindicatos independientes indicaron que las autoridades y los empleadores seguían obstruyendo sus actividades y hostigando a sus miembros. Las autoridades locales interpusieron numerosos escollos administrativos al registro sindical y los sindicatos deben pagar una suma para lograr el registro.

Hubo huelgas y protestas a causa del cese de pago de salarios. Más de 200 empleados/as en la fábrica de fertilizantes Karatau en Janatas iniciaron una huelga de hambre a principios de noviembre en protesta por dos años de cese de pago de salarios.

En octubre varios cientos de empleados/as de una planta metalúrgica en Kentau que hacían huelga en protesta de diez meses de salarios impagos, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad durante una marcha de protesta a Almaty. Aunque se pagaron los salarios a fines de mes, en noviembre, el procurador general acusó a cinco líderes sindicales de organizar una marcha ilegal. A fin de año, estaba pendiente una decisión de la Suprema Corte.

El ministro de Recursos Humanos puede ordenar la suspensión, por un período máximo de seis meses, de cualquier sindicato que, en su opinión, "se utilice o sea utilizado con propósito perjudiciales o incompatibles con los intereses de la seguridad o del orden público en Malasia o en cualquier parte de su territorio".

Otras leyes tales como la ley de Seguridad Interna, la ley de Secretos Oficiales, la ley de la Prensa Escrita y Publicaciones y la ley de Sedición pueden ser invocadas para restringir el ejercicio de los derechos sindicales. El Código Penal requiere permiso policial para reuniones públicas de más de cinco personas.

La ley Sindical de 1959 y la ley de Relaciones Laborales de 1967 y enmiendas ulteriores restringen el derecho de sindicación y permiten una fuerte injerencia en los asuntos sindicales.

En virtud de la ley Sindical, un sindicato sólo puede representar a los trabajadores/as en "un determinado establecimiento, oficio, ocupación o industria o en oficios, ocupaciones o industrias similares". Una central nacional está obligada a registrarse conforme a la Ley de Sociedades, en lugar de hacerlo como sindicato en virtud de la ley Sindical.

La ley confiere al director general de Sindicatos poderes de largo alcance, inclusive el derecho a "supervisar, dirigir y controlar los sindicatos". Todos los sindicatos están obligados a inscribirse y deben registrar su fecha de establecimiento "a fin de tomar medidas legales contra aquel sindicato que no solicite la inscripción".

El director general puede negarse a registrar un sindicato si considera que existe un sindicato similar y puede tomarse todo el tiempo que quiera para procesar una solicitud de registro. Debe, además, dar su aprobación antes de que un sindicato pueda afiliarse internacionalmente.

En virtud de esta legislación se les niega desde comienzos de los años setenta a 160.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, empleados por las empresas multinacionales de la electrónica, el derecho a formar un sindicato nacional de la industria de la electrónica. Sólo pueden afiliarse a sindicatos de empresa.

Los trabajadores/as que constituyen sindicatos de empresa en el sector habitualmente se confrontan con la hostilidad de la dirección, inclusive con amenazas de despido.

Los trabajadores/as de los servicios públicos sólo pueden formar sindicatos en ciertos ministerios, departamentos, ocupación u oficio. Los sindicatos pueden afiliarse a federaciones pero no pueden negociar colectivamente o hacer huelga. Un sistema de consejo los limita a "dar su opinión" sobre principios que rigen salarios y otros términos y condiciones de servicio. Es prácticamente imposible hacer huelga. Los empleados/as de organismos estatutarios sólo pueden afiliarse a sindicatos de empresa, aunque estos pueden afiliarse a la federación de servicios públicos.

El gobierno y los empleadores estimulan la formación de estos sindicatos de empresa, tanto en el sector público como privado. Los sindicatos informan que siguen confrontados con dificultades para organizar. Muchos empleadores -inclusive algunas empresas multinacionales- hacen lo imposible para negar el reconocimiento sindical y eludir la negociación colectiva. A menudo desafían directivas del gobierno de otorgamiento del reconocimiento sindical y se niegan a acatar los pronunciamientos del tribunal laboral de reintegrar a trabajadores/as injustamente despedidos.

Los sindicatos no pueden usar sus fondos con propósitos políticos. La ley incluye una lista exhaustiva de temas que pueden ser considerados "temas políticos". El ministro de Recursos Humanos puede extender esta lista.

El derecho de huelga está seriamente restringido. Dos tercios de la mano de obra debe votar a favor de una huelga en votación secreta y la votación debe contener una resolución que establezca la "índole de los actos que serán realizados u omitidos en el curso de la huelga en cuestión". Se ha informado que incluso cuando un sindicato había llevado a cabo una votación secreta y recibido un mandato de huelga, el director general de Sindicatos había desautorizado el resultado, aduciendo que no estaba satisfecho con la resolución. El ministro tiene poderes para obligar a las partes involucradas en un conflicto a ir al arbitraje.

Los sindicatos no pueden hacer huelga a causa de conflictos relacionados con el reconocimiento sindical, despidos ilegales, intimidación y discriminación.

La ley de Relaciones Laborales de 1967, enmendada en 1980, restringe el alcance de la negociación colectiva, en particular en el sector público y en las empresas "pioneras". De la negociación colectiva se excluyen áreas específicas relacionadas con la contratación y el despido, traslado y promoción, despido y reincorporación; los trabajadores/as tampoco pueden ir a la huelga por estos temas.

El gobierno indicó hace dos años que había aprobado formalmente la supresión de las disposiciones relacionadas con la condición de "pionero" de la Ley de Relaciones Laborales y que estaba tomando medidas para abrogar las disposiciones.

El ministro de Recursos Humanos ha indicado que los trabajadores/as extranjeros no pueden afiliarse a sindicatos aunque la ley sólo dispone que únicamente los ciudadanos malayos pueden ostentar cargos sindicales. A pesar de esto, las autoridades siguen estipulando condiciones en los permisos de trabajo que niegan a los trabajadores y trabajadoras extranjeros el derecho a sindicarse.

En 1994 la OIT concluyó que la ley era incompatible con la libertad de asociación y con la promoción y estímulo de la negociación colectiva y recomendó que se volviera a redactar después de celebrar discusiones tripartitas. También recomendó que se legalizaran las huelgas que reivindicaban convenios colectivos con múltiples empleadores, prohibidas por la ley. La OIT repitió sus recomendaciones al gobierno de Nueva Zelandia en 1996.

La ley de Contratos de Empleo fue uno de los principales instrumentos de las políticas de desregulación del mercado laboral del gobierno, reemplazó el proceso de negociación colectiva con contratos de empleo individuales y dispuso que las relaciones de empleo deberían ser establecidas a través de contratos -aplicables por la ley- entre los trabajadores y sus empleadores, a menos que se decidiese otra cosa.

Si los trabajadores deseaban estar cubiertos por un contrato negociado colectivamente deben indicarlo explícitamente y pueden elegir ser representados por un agente negociador que puede, o no, ser un sindicato. El empleador está obligado a reconocer este agente negociador pero no tiene necesariamente la obligación de negociar.

La ley de Contratos de Empleo redujo a la mitad el número de trabajadores/as cubiertos por los convenios colectivos y mermaron los salarios reales. El impacto fue peor en los lugares de trabajo de menor magnitud.

El Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) informó que los trabajadores/as habían sido presionados a firmar contratos individuales elaborados unilateralmente por los empleadores, inclusive cuando los trabajadores concernidos habían autorizado a un sindicato a negociar en su nombre.

La ley también limitó el derecho a la huelga, sobre todo a través de la prohibición de huelgas dirigidas a concluir convenios colectivos para varias empresas. Esto dio un respaldo legal a la imposición patronal de negociar solamente a nivel de empresa.

En ciertas circunstancias, los trabajadores/as que tienen prohibido afiliarse a sindicatos pueden formar asociaciones. Pero o no gozan de derechos de negociación colectiva o estos derechos son mínimos, y no pueden hacer huelga o afiliarse a federaciones.

El 2 de julio la Suprema Corte revocó una ley de 1978 que prohibía que los empleados de la Televisión y de la Avisión Civil de Pakistán se sindicaran y negociaran colectivamente, declarando que la prohibición era inconstitucional. No obstante, la Suprema Corte indicó también que estos trabajadores no podían hacer huelga.

Los empleadores han promocionado artificialmente a los trabajadores/as en sectores tales como la industria del acero, los ferrocarriles y el sector bancario y financiero a fin de que sean considerados personal directivo y no puedan afiliarse a los sindicatos.

La ley de Mantenimiento de Servicios Esenciales (ESMA) de 1952 prohibe las huelgas y niega o restringe la negociación colectiva. El Gobierno puede declarar cualquier servicio o empresa de servicio público y colocarlo bajo las restricciones de la ESMA, lo que significa también que los trabajadores/as no pueden dejar sus empleos y los trabajadores despedidos no pueden recurrir a los tribunales. Una amplia gama de servicios gubernamentales y de empresas estatales han sido cubiertos por la ESMA y el Gobierno indicó que ocho servicios estaban aún bajo las restricciones de dicha ley.

Hacer huelga en una industria o servicio cubierto por la ESMA es pasible de una sanción de hasta un año de cárcel.

Los trabajadores/as en los bancos e instituciones financieras se ven negados el derecho a la negociación colectiva.

Las enmiendas a la ordenanza Bancaria de 1997 prohibía todas las actividades sindicales durante horario de banco y estipulaba que un trabajador no puede ser miembro o dirigente sindical en un banco a menos que esté empleado en ese banco. Quien infrinja la ley se ve confrontado a una multa o hasta tres años de prisión o ambos. El sindicato de trabajadores bancarios, afiliado a la central nacional APFTU, desafió la prohibición en el Tribunal Superior diciendo que era inconstitucional.

Los trabajadores en las zonas francas no pueden negociar colectivamente o hacer huelga y no están protegidos en contra de actos de interferencia de empleadores o de discriminación antisindical. Las zonas industriales especiales están excluidas de la legislación laboral bajo el "programa de inversores extranjeros". La ley de Finanzas de 1992 excluye de la legislación laboral a las industrias que exportan más del 70% de sus productos.

Las autoridades detentan amplios poderes para interferir en los asuntos sindicales internos.

Los sindicatos tienen que cumplir con procedimientos largos y engorrosos antes de poder convocar una huelga. En consecuencia, la mayoría de las huelgas son espontáneas e ilegales y a menudo son dispersadas por la policía y utilizadas por los empleadores como un justificativo de los despidos. El Gobierno puede poner fin a cualquier huelga que haya cumplido 30 días.

Los sindicatos dicen que los tribunales laborales son deficientes y a menudo corruptos; que las leyes laborales no son efectivamente implementadas y que ciertos políticos, autoridades locales y la comunidad empresarial colaboran para reprimir los derechos de los trabajadores. La intimidación y la violencia son utilizados para impedir que los trabajadores se sindiquen.

El proceso de registro sindical y de apelación puede llevar muchos años si un empleador está en contra de la formación de un sindicato. Durante ese tiempo, los organizadores sindicales son hostigados e intimidados y los empleadores pueden implicar a los sindicatos en litigios prolongados y onerosos.

Los empleadores evaden las leyes laborales registrando varias pequeñas empresas en lugar de una grande aún cuando los trabajadores están empleados en el mismo lugar. Asimismo, contratan trabajadores/as con contratos temporarios sucesivos.

Las leyes laborales se aplican en los 72 polígonos industriales aunque ofrecen escasa o ninguna protección. El polígono industrial Gadoon Amazi es conocido por sus políticas antisindicales. Los guardias de seguridad de la fábrica están equipados con rifles de asalto. La mayoría de los esfuerzos de organización sindical han sido aplastados con el apoyo activo de las autoridades locales, la policía y el Departamento Laboral. Los sindicalistas despedidos son incluidos en listas negras. Las condiciones de trabajo y de salud y las condiciones de seguridad son sumamente malas.

El Gobierno estableció una Unidad de Trabajo tripartita sobre política laboral en 1993 debido a una crítica nacional e internacional generalizada de la legislación laboral pakistaní. La Unidad de Trabajo finalizó sus recomendaciones en 1994, el Gobierno sigue "considerando" dichas recomendaciones, aunque en agosto el Gobierno estableció un nuevo comité con los sindicatos para examinar la legislación laboral.

A principios del año, el Gobierno se negó a permitir que los controladores de tráfico aéreo se afiliasen y los dirigentes del sindicato de empleados de la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán fueron intimidados.

Los sindicatos protestaron por la privatización y las subsecuentes pérdidas de empleo durante el año. El gobierno además anunció que alrededor de 200.000 empleados públicos perderían sus puestos de trabajo.

La PNFTU protestó ante el programa "de gratificación" en Habib Bank Ltd. y por varios programas en otras instituciones en virtud del cual miles de empleados/as eran despedidos con ínfimas indemnizaciones.

Una nueva ley prohibió que los trabajadores/as en empresas estatales llevaran sus quejas a los tribunales laborales o a la Comisión Nacional de Relaciones de Trabajo, en particular cuando estaban relacionadas con la intimidación de sindicalistas. En su lugar eran obligados a acudir a un Tribunal de Servicios.

En septiembre, altos ministros gubernamentales, entre ellos el primer ministro y el ministro de Trabajo, interfirieron en las elecciones sindicales en la Compañía Aérea Internacional de Pakistán prometiendo a los empleados beneficios y otros incentivos para que votasen por un sindicato específico.

Tras numerosos despidos y litigios, se registró un sindicato afiliado a la central sindical APFOL en una obra de construcción de una enorme usina hidroeléctrica sobre el río Indus en 1996 de Ghazi Barotha Contractors, una empresa mixta con mayoría de capital italiano.

Asimismo, la dirección registró un sindicato patrocinado por la empresa. Las elecciones para elegir el agente negociador, el sindicato de APFOL consiguió el 90% de los votos y presentó sus reclamos de negociación a la dirección. La empresa empezó a despedir a los trabajadores/as y a hostigar a los activistas sindicales y a quienes ostentaban cargos sindicales y en connivencia con las autoridades intentó que el proyecto fuera declarado servicio esencial, es decir que los trabajadores no podrían negociar colectivamente ni hacer huelga.

El sindicato logró la reincorporación de los trabajadores/as despedidos pero la dirección nuevamente se negó a negociar y amenazó con despedir a los trabajadores/as. El sindicato obtuvo una orden judicial para evitar esta situación.

El 26 de agosto la policía atacó una manifestación organizada por el sindicato en rechazo de las tácticas antisindicales de la empresa frente al Parlamento en Islamabad. Unas 200 personas fueron arrestadas.

En octubre, la empresa despidió a 600 trabajadores/as. Los dirigentes sindicales iniciaron una huelga de hambre frente a la empresa.

En virtud de la ley de Seguridad Interna de 1993, el Gobierno puede mandar gente a la cárcel y prohibir las organizaciones que se considera contravienen el interés público. La policía tiene poderes ilimitados para arrestar a los ciudadanos sin cargo y mantenerlos detenidos sin juicio además de allanar sus propiedades sin permiso. La ley asimismo revirtió el peso de la prueba, por lo que una persona acusada tiene que probar su inocencia. La central sindical de PNG ha descrito la ley como una amenaza directa a la democracia y a los derechos sindicales.

En octubre, Vanimo Forest Products Pty Ltd. despidió a 207 trabajadores/as aduciendo que estaba cerrando sus operaciones debido a un incremento de los impuestos a la exportación de madera y a otros factores económicos.

La empresa había primero pensado en despedir 500 trabajadores/as y los supervisores habían advertido que los sindicalistas serían los primeros en la calle. El sindicato pudo negociar y reducir el número de despidos a 200. Estos trabajadores fueron dejados cesantes el 13 de octubre. Al día siguiente la empresa despidió directamente a otros siete trabajadores, sin advertir al sindicato y amenazó al sindicato con "terribles consecuencias si seguían agitando". El sindicato creía que la empresa solamente quería transferir producción a su empresa principal y liberarse de paso de los sindicalistas.

El Tribunal de Arbitraje Industrial puede negarse a inscribir un convenio colectivo que no sea considerado del interés público, aunque no hay informes en el sentido de que esto haya ocurrido.

La central sindical, NTUC siguió pidiendo al gobierno que enmiende este requisito legal según el cual las nuevas empresas, los convenios colectivos no pueden estipular condiciones más favorables que las mínimas legales especificadas por la Ley del Empleo., El NTUC afirmó que era anticuado porque se han hecho siempre excepciones y los convenios colectivos en las nuevas empresas han excedido el mínimo legal.

Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Islas Solomón (SINUW) hicieron una huelga cuando la empresa Earth Movers (Solomons) se negó a renegociar su convenio colectivo.

La empresa obtuvo un mandamiento del Superior Tribunal en contra de los huelguistas y luego los echó a todos. También obtuvo una orden judicial en la que se prohibía que los huelguistas: tuvieran acceso a sus lugares de trabajo, hicieran piquetes en los alrededores de los locales de la empresa, u obstruyeran vehículos o empleados de la empresa en cualquier parte del país, se acercaran a cualquier empleado de la empresa o trabajador de reemplazo o interfirieran con las operaciones de la empresa, de cualquier manera que fuera.

El 15 de octubre, George Kame, un organizador sindical fue arrestado y encarcelado, supuestamente por violar el mandato judicial. Fue liberado de la cárcel un día más tarde pero siguió bajo custodia policial. La empresa trató de desalojar a los trabajadores/as de sus hogares en siete campos madereros e inició procedimientos legales en contra del sindicato.

El gobierno respondió a la presión sindical internacional solicitando una conciliación entre el sindicato y la empresa en el Panel de Disputas Profesionales.

A principios de diciembre, después de las audiencias iniciales de conciliación, la empresa obtuvo una decisión del Superior Tribunal que volvía a referir el tema al Superior Tribunal. La empresa luego comenzó a aplicar tácticas dilatorias para posponer la decisión hasta después de Navidad, esperando que los trabajadores/as se sintieran presionados para volver a trabajar a fin de tener dinero para sus familias durante las vacaciones navideñas.

Algunos empleadores se oponían a la implementación de la Carta, especialmente a la cláusula sobre reconocimiento sindical. Aunque los cambios a la legislación laboral habían sido presentados al Parlamento para incorporar la mayoría de las disposiciones de la Carta, las enmiendas siguieron pendientes y se estableció un subcomité del gabinete para hacer recomendaciones respecto al contenido de la Carta.

La legislación laboral no obliga a los empleadores a reconocer los sindicatos con el propósito de negociar colectivamente. Las leyes que protegen a los trabajadores contra discriminaciones antisindicales y actos de interferencia de parte de los empleadores, son inadecuadas e insatisfactoriamente aplicadas.

Las huelgas están prohibidas en las industrias designadas por el presidente como servicios esenciales. Los empleados públicos no pueden hacer huelga, aunque algunos la hacen.

La oposición de parte de la central sindical CMU a la privatización de la Terminal Queen Elizabeth en el puerto de Colombo, la capital, hizo que las autoridades portuarias comenzaran a aplicar políticas antisindicales.

Cuatro activistas sindicales, entre ellos el subsecretario de la sucursal portuaria de la CMU salieron en "licencia obligatoria"; otros fueron transferidos al puerto de Galle a más de cien millas de Colombo y el asesor sindical se vio negada la entrada al puerto y retirado su permiso de entrada.

La legislación laboral no se aplica en las zonas francas que emplean alrededor de 96.000 trabajadores, en su mayoría mujeres. Cualquiera que trate de afiliarse o de formar un sindicato es despedido y se le prohibe la entrada a las zonas y la policía impide que los trabajadores/as se reúnan en las zonas o en sus alrededores. Las zonas francas están estrictamente vigiladas y los organizadores sindicales no tienen entrada. Los empleadores contratan guardias de seguridad para supervisar a los trabajadores/as y, según informes, operarían en el lugar fuerzas de seguridad paramilitares privadas.

Los salarios y las condiciones de trabajo en las zonas son fijadas por la Junta de Inversiones del gobierno. Esta Junta también preside reuniones obligatorias de comités paritarios de trabajadores y empleadores, sus funcionarios intervienen en los conflictos industriales a pedido de los empleadores y a menudo entran en connivencia con la policía en el caso de que se declare una huelga.

En virtud de esta ley, promulgada por el gobierno militar, los sindicatos en el sector estatal fueron reemplazados por Asociaciones de Empleados en Empresas Estatales que no pueden negociar colectivamente o hacer huelga. Tienen apenas un rol limitado de asesoramiento. Los bienes de los sindicatos fueron transferidos a las asociaciones.

Las asociaciones no pueden constituir federaciones nacionales o afiliarse a centrales sindicales existentes o a sindicatos en el sector privado. No obstante, pueden establecer una entidad de enlace con el Comité de Relaciones Laborales de los Empleados Estatales, que tampoco puede realizar funciones sindicales. A fin de formar estas asociaciones se requiere un número mínimo alto de trabajadores/as. Puede existir sólo una asociación por sector.

En 1997 no se reformó la ley.

Un anteproyecto de ley presentado al parlamento en diciembre de 1996 que hubiera restablecido parcialmente los derechos sindicales en el sector de las empresas estatales, fue aprobado en la cámara baja para ser fuertemente enmendado por el senado. Las enmiendas del senado habrían erosionado aún más los derechos de los trabajadores de las empresas públicas.

La cámara baja rechazó esta versión y se alcanzó un compromiso a través de un comité parlamentario conjunto a principios de noviembre que reconciliaba las versiones del anteproyecto de ley de ambas cámaras. Los sindicatos se opusieron al anteproyecto enmendado que estipulaba numerosas restricciones de los derechos sindicales.

El anteproyecto de ley fue rechazado por la cámara baja el 7 de enero de 1998.

En el sector privado, si bien la ley protege a los trabajadores en contra de actos de discriminación antisindical, no protege a los trabajadores/as que organizan nuevos sindicatos que aún no han sido oficialmente registrados. A los efectos de establecer un sindicato se requieren diez sindicatos "promotores". En la práctica, los sindicalistas en empresas privadas sufren discriminaciones y son despedidos. Los empleadores pueden emplear a nuevos trabajadores para reemplazar a los huelguistas.

El decreto N° 54, también emitido por el gobierno militar en 1991, obliga a los sindicatos del sector privado a registrar a sus asesores ante el Estado y estipula que un sindicato puede tener dos asesores que deben contar con un permiso gubernamental renovable cada dos años. El gobierno puede negarse a otorgar ese permiso y toda persona que desempeñe funciones de asesoramiento sin autorización puede verse confrontada con un año de cárcel.

El decreto también establece estrictos requisitos de votación.

La ley da una amplia definición de los "servicios esenciales" en los cuales están prohibidas las huelgas. El Ministerio de Trabajo puede emitir una orden para evitar una huelga u ordenar a los huelguistas que vuelvan al trabajo si una ley "afecta la seguridad nacional o causa repercusiones severas y negativas a la población en general".

Según la ley de Relaciones Laborales de 1975, todos los funcionarios sindicales deben ser trabajadores/as a tiempo completo en la fábrica en la cual él o ella ha sido elegido/a, lo que significa que el sindicato no puede emplear funcionarios electos a tiempo completo.

La ley prohibe que los funcionarios formen sindicatos.

En mayo, durante una huelga del sindicato en Karat Sanitaryware Co. Ltd. del grupo Siam City Cement en Kaeng Koi, Saraburi, pistoleros desconocidos tiraron contra los trabajadores que estaban afuera, hiriendo a los dirigentes de la huelga. Viendo que la policía en Kaeng Koi no hacía nada, los trabajadores/as se dirigieron a Bangkok en una caravana de motocicletas.

Alrededor de 1.000 empresas, muchas en el sector textil, cerraron en los primeros cuatro meses del año debido a la recesión económica. Muchas cerraron sin aviso y sin pagar indemnizaciones a los trabajadores/as. A comienzos de junio, el gobierno estableció un sistema de alerta en contra de posibles disturbios, anticipándose a cualquier problema en la segunda mitad de 1997, cuando se preveía el despido de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.

El 5 de junio, el Ministerio de Trabajo en la capital Bangkok fue bloqueado por trabajadores/as despedidos por dos grandes empresas, Thai American Textile y Thai Melon Textiles. La producción de ambas fábricas que empleaban un total de 8.500 trabajadores/as se detuvo el 2 de mayo pues las empresas se negaban a pagar sus cuentas de electricidad. Las plantas permanecieron cerradas durante dos semanas en medio de rumores según los cuales las empresas estaban tratando de despedir a los trabajadores/as sin pagarles indemnización. Las empresas reabrieron sus puertas el 16 de mayo pero alrededor de 800 empleados fueron despedidos, entre ellos muchos dirigentes sindicales.

Durante la protesta frente al Ministerio de Trabajo, Chin Thapplee, Vicepresidente de la recién establecida Asamblea Nacional de Congresos Laborales, fue arrestado con una orden emitida hace cuatro años en relación con una disputa en Kobe Wire.

Ese mismo día, el Ministerio del Interior acusó a dirigentes sindicales de estar a sueldo de poderes extranjeros para sabotear la economía tailandesa, indicando que había una lista negra.

En septiembre, el sindicato en Par Garments presentó sus exigencias a la dirección, incluidas un bono de desempeño, un bono de antigüedad y espacio de oficina para el sindicato. La dirección reaccionó recordando los derechos y prestaciones que había logrado el sindicato y amenazó con reducir el personal. Un mes después no se había llegado a ningún acuerdo y la empresa dijo que iba a hacer juicio al sindicato. La empresa rechazó la mediación de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Cinco días después les impidió la entrada a los trabajadores/as.

Los trabajadores manifestaron fuera de la fábrica. La dirección amenazó con atacarlos. En un esfuerzo por liberarse de los trabajadores/as, la empresa dijo que reintegraría a los trabajadores/as si aceptaban los términos de la empresa y aceptaban trabajar en subsidiarias lejanas. La empresa empezó a sacar maquinaria de la planta.

La empresa ya había comenzado a desplazar la producción a subsidiarias en regiones remotas donde pagaba salarios inferiores al mínimo, siempre tarde y obligaba a los trabajadores a pagar un depósito de seguro equivalente a cinco días de salario. En una de estas fábricas, la Monthinee Garment, en la provincia de Nakhom Rachasima, la empresa suspendió sus operaciones después de las quejas de los trabajadores. Tras una larga contienda la mayoría de los trabajadores/as fueron reincorporados con la excepción de los dirigentes sindicales.

Sólo se permite una federación sindical nacional. El Gobierno se negó a registrar una segunda federación en 1994 y no permitió una apelación en contra de la decisión. La ley no permite más de un sindicato en cualquier área geográfica.

La legislación laboral requiere que los reglamentos y constituciones del sindicato sean presentados para su revisión a las autoridades. Las autoridades pueden disolver los sindicatos si estos no cumplen con los requisitos de certificación o si sus actividades "perturban el orden público".

Existen muchas restricciones al derecho de huelga lo que dificulta la celebración de una huelga legal y lo que debilita la negociación colectiva. Las autoridades pueden imponer la mediación o el arbitraje impidiendo así que los trabajadores hagan huelga.

La protección contra la discriminación antisindical es inadecuada ya que no existen disposiciones en la ley para sancionar a los infractores. Se informó que uno 20 dirigentes sindicales fueron despedidos durante el año.

No hubo más noticias respecto a un anteproyecto de ley del Gobierno publicado en 1996 para enmendar la ley de Sindicatos y permitir que los funcionarios y docentes constituyeran sindicatos y que se establecieran sindicatos en varias empresas. Se había esperado que el anteproyecto fuera presentado al Parlamento antes de fines de 1996.

La ley de Reunión de Taiwan prohibe las manifestaciones que no han sido aprobadas por las autoridades. Los trabajadores/as pueden ser llevados a juicio y encarcelados si organizan sin permiso protestas a causa de conflictos laborales.

Las enmiendas constitucionales de 1995 habían abierto el camino a estos cambios. Éstas hacían referencia a que "los empleados públicos podrían por ley crear sindicatos y organizaciones de más alto nivel". Asimismo, otorgaban el derecho a negociar a los empleados públicos aunque cualquier acuerdo negociado estaría sujeto a la aprobación del Consejo de Ministros.

La ley N° 657 sobre empleados públicos fue sintonizada con la Constitución en junio para dar a los trabajadores designados como empleados/as públicos el derecho a formar sindicatos y a afiliarse a ellos. Aquí están incluidos muchos trabajadores/as manuales, los trabajadores/as municipales, docentes, enfermeros/as, policía y fuerzas armadas y personal contratado. No obstante, no les garantizaba los derechos a negociar colectivamente o a hacer huelga.

En la práctica, desde 1990 existen sindicatos no oficiales de empleados públicos y unos 500.000 trabajadores/as están ahora agrupados en cuatro organizaciones. Varios dictámenes judiciales han estipulado que los empleados/as públicos pueden negociar colectivamente por lo que han firmado una serie de acuerdos con autoridades municipales (aunque muchos de ellos no han sido aplicados).

La ley de Sindicatos fue también enmendada en junio para abrogar prácticamente todas las restricciones y prohibiciones a la actividad política de los sindicatos, en sintonía con las enmiendas constitucionales de 1995.

No hubo otros cambios en la legislación laboral de Turquía que continúa conteniendo restricciones a los derechos sindicales básicos.

La ley estipula que el primer nivel de organización sindical sólo puede ser a nivel industrial o sectorial y prohibe los sindicatos de empresa u ocupaciones.

Los empleadores pueden ser multados por discriminación antisindical pero las multas son demasiado bajas para actuar como disuasivos y el peso de la prueba le corresponde al trabajador que debe probar la discriminación.

La ley no requiere que los sindicalistas despedidos sean reintegrados excepto por los delegados sindicales y la falta de seguridad en el empleo socava también la protección legal. Los sindicatos de Turquía estiman que alrededor de 40.000 sindicalistas han sido despedidos por actividades sindicales entre 1992 y1996.

Un sindicato debe representar más de la mitad de los empleados/as en un lugar de trabajo y un 10% de todos los empleados en el sector para ser reconocido como agente negociador. Ha habido informes según los cuales las autoridades han manipulado las cifras de efectivos para impedir que los sindicatos adquieran derechos de negociación y para negarles sus derechos, pretendiendo que había irregularidades en las cifras.

La negociación de industria está prohibida y sólo se permite un acuerdo a nivel de organización.

Antes de una huelga deben cumplirse procedimientos largos y engorrosos. Las huelgas están prohibidas en un amplio abanico de sectores que incluyen el bancario, escribanos públicos, transporte, exploración, producción, refinería y distribución de agua, gas, electricidad, carbón, lignito, gas natural y petróleo.

También están prohibidas las huelgas por solidaridad, huelgas generales y huelgas de brazos caídos.

La Constitución de Turquía permite que el Gobierno interrumpa las huelgas por un período de hasta 60 días por razones de seguridad nacional o salud pública y seguridad e impone arbitrajes vinculantes al cabo de dicho período. La OIT ha criticado al Gobierno por aplicar la ley de una manera demasiado general.

La ley sobre las Zonas Francas prohibe las huelgas en las nueve maquilas de Turquía durante un período de diez años desde el establecimiento de una zona e impone el arbitraje obligatorio.

La ley de Sindicatos sigue siendo excesivamente prescriptiva y regula minuciosamente los reglamentos internos y las constituciones de los sindicatos.

La Suprema Corte prohibió el sindicato afiliado de DISK en el sector del cuero, Deri-Is debido a un artículo en la ley sindical que estipula que los fundadores de un sindicato deben haber trabajado por lo menos 10 años.

El programa de privatización y de regulación del Gobierno sigue en marcha. Los sindicatos indicaron que continuaba aumentando el empleo precario, incluso la subcontratación, además de la inseguridad en el empleo y que esta situación debilitaba los sindicatos. El empleo decayó en el sector formal y aumentó en el sector informal donde no se aplican las regulaciones laborales. Nuevamente hubo ciertos atrasos en el pago de salarios y los empleadores no hicieron sus aportes a la seguridad social.

Los empleadores en el sector privado siguieron tratando de liberarse de los sindicatos, en particular, subdividiendo empresas o suspendiendo sus actividades en forma temporal.

Hubo menos informes de violencia en 1997. En 1995-96 las autoridades y las fuerzas de seguridad habían intervenido de parte de los empleadores durante campañas de organización y huelgas sindicales. Los trabajadores y trabajadoras fueron atacados violentamente por la policía y por matones contratados y fueron despedidos con la complicidad de las autoridades locales.

Halil Cabir Karacadagli, Presidente de la sucursal de Diyarbakir de Tes-Is, el sindicato de la energía, el agua y el gas en el sudeste del país recibió amenazas de muerte en 1997. Había sido detenido y torturado a fines de 1996 cuando la policía había tratado de obligarlo a que se convirtiera en un delator. Le cubrieron los ojos y le hicieron firmar una declaración según la cual estaba involucrado en el Partido de los Trabajadores Kurdos PKK, que está prohibido. El 3 de abril recibió un llamado telefónico en el que le decían que debía convertirse en un informador de la policía, o que sería asesinado.

El 1 de mayo, la policía en carros blindados y con escudos protectores de plástico acordonaron la plaza principal de Estambul en donde unos 150 dirigentes sindicales depositaban una corona en memoria de 37 personas asesinadas durante la marcha del 1 de mayo en 1977. Se desplegaron doce mil policías y más de 2.000 soldados. El 1 de mayo de 1996 habían muerto tres personas.

El 22 de mayo, Haydar Kilicoglu, Presidente de la sucursal de Diyarbakir del sindicato de docentes Egitim-Sen y los sindicalistas Ahmed M. Altindag y Yusuf Akgun fueron detenidos junto con varios miembros de la sucursal de Diyarbakir de la Asociación de Derechos Humanos. Las oficinas sindicales fueron allanadas. En virtud de la legislación de emergencia, los detenidos pueden ser mantenidos durante 30 días sin acusación y sin acceso a un abogado. Durante este período, la tortura durante la detención es de rutina.

El sindicato de trabajadores municipales y generales, Belediye-Is en Diyarbakir, indicó que era imposible aplicar cualquier derecho laboral en la región. Los salarios eran pagados con atraso; los sindicatos de trabajadores eran despedidos y hostigados por demandar sus derechos.

En mayo, Egitim-Sen indicó que sus funcionarios y efectivos sufrían un hostigamiento constante y eran detenidos y que la oficina de Diyarbakir había sido allanada.

El 4 de noviembre, en Urfa, seis miembros del sindicato SES del sector de salud pública fueron detenidos. Al día siguiente, tres de ellos, inclusive el Presidente de la sucursal de Urfa, Ihsan Avci, fueron arrestados y encarcelados. El 12 de noviembre la oficina de la sucursal sindical fue allanada y se incautaron documentos. El 17 de noviembre, el gobernador de Urfa hizo cerrar y sellar la oficina de la sucursal sindical y la oficina de la sucursal de Egitem-Sen porque, dijo, había publicaciones prohibidas en los locales.

La SES dijo que en septiembre el procurador público había elevado un caso en contra de las sucursales sindicales en Bolu y Diyarbakir a causa de sus actividades sindicales.

A fines de noviembre, el tribunal de seguridad del Estado de Ankara interpuso una acción judicial contra nueve miembros del Comité Nacional de Egitim-Sen por publicar documentos en los cuales se abogaba por una educación libre, democrática y laica en su lengua materna.

La Editorial Reslan en Estambul despidió a 45 trabajadores/as porque se habían afiliado al sindicato Basin-Is en el sector gráfico de DISK. La fábrica Frigo-Pak en Inego/Bursa, que produce fruta en conserva para el mercado europeo, despidió a 76 trabajadores/as por afiliarse al sindicato Gisa-Is de trabajadores/as de la alimentación de DISK.

La mayoría de los trabajadores/as en el Hotel Ciragan Kempinski -370 trabajadores/as- se afilió al sindicato Oley-Is de DISK. Aunque un tribunal local se pronunció a favor del derecho del sindicato a negociar con el empleador, la Suprema Corte revocó este dictamen aduciendo que los aprendices también son trabajadores/as. Esto incrementó el número de la mano de obra, razón por la cual, Oley-Is dejó de ser mayoría y perdió el derecho a negociar.

El 11 de diciembre miles de trabajadores y trabajadoras del sector público en toda Turquía hicieron paros de trabajo y protestas pidiendo aumentos de los bajos salarios y el derecho de negociación colectiva y de huelga. Se les había ofrecido a los sindicatos un aumento de salarios de 30% mientras que la inflación anual era de 95,8% en noviembre.

La Confederación de Trabajadores del Sector Público, KESK amenazó con convocar una huelga general si no había respuesta a sus demandas.

En Estambul, una manifestación en la plaza principal fue vigilada por varios cientos de policías muchos en uniforme "antidisturbio" y apoyados por vehículos blindados.

El primer ministro emitió un decreto el día antes de la protesta diciendo que aquellos que se unieran a la misma serían llevados ante los tribunales.

Los representantes del Gobierno nacional y local, o de los empleadores, forman parte de los comités ejecutivos a todos los niveles y ejercen poderes substanciales a la hora de tomar decisiones.

Los candidatos para los cargos directivos de los sindicatos son investigados por el departamento de gobierno que se ocupa de ese sector.

El Código de Trabajo de 1995 ordenó a las sucursales regionales de la VGCL que establecieran sindicatos en un plazo de cinco meses en todas las nuevas empresas y en todas las empresas sin sindicatos. La sucursal local de la VGCL debe aprobar cualquier sindicato formado por los trabajadores.

Desde que entró en vigor el Código de Trabajo se han promulgado varios decretos con instrucciones detalladas sobre su implementación, inclusive leyes en 1996 sobre el procedimiento para resolver conflictos laborales.

El Código estipula el reconocimiento sindical y la negociación colectiva y prohibe la discriminación antisindical. Existen muy pocos convenios colectivos. Si bien es cierto que el número de convenios ha aumentado, su campo de aplicación y su contenido son limitados.

El Código dio a los trabajadores/as derechos restringidos de huelga. Las huelgas habían sido previamente prohibidas aunque el crecimiento del sector privado en años recientes había traído aparejada la tolerancia de huelgas pacíficas en fábricas extranjeras. Se puede hacer huelgas pero sólo después de varias fases de largos procedimientos. El resultado es que la mayoría de las huelgas son ilegales ya que los trabajadores/as no conocen -o apenas conocen- estos procedimientos. La VGCL no inicia huelgas pero a menudo se inmiscuye para tratar de ponerles fin.

La no aplicación del Código produce muchas huelgas salvajes, en particular en las empresas extranjeras o conjuntas. Asimismo, surgen conflictos a causa del pago tardío de salarios o del cese de pago de salarios, reclamos salariales, violación de contratos, malas condiciones de trabajo, largas jornadas o abuso y humillación de los trabajadores/as de parte de los supervisores extranjeros.

El primer ministro puede suspender o poner fin a una huelga considerada como una amenaza para la economía o a la seguridad pública. Las huelgas están prohibidas en empresas que el gobierno define como empresas públicas y empresas esenciales para la economía nacional o a la seguridad y la defensa.

En 1996, se prohibieron las huelgas en 54 sectores ocupacionales y empresariales "claves". Los sectores en los cuales no puede haber huelgas incluyen los sectores del agua, la producción eléctrica, correo y telecomunicaciones, transporte público, transporte aéreo y marítimo, la banca, obras públicas, la industria del petróleo y del gas y la defensa y seguridad nacionales.

En 1997 aumentó una vez más el número de huelgas. A comienzo del año, la VGCL criticó a muchos pequeños inversores de países del este asiático por imponer a sus trabajadores y trabajadoras prácticas del siglo XIX. En julio, el gobierno culpó a las firmas extranjeras por los crecientes disturbios laborales y dijo que la investigación del ministro de Trabajo había demostrado que la mayoría de los conflictos laborales tenían lugar en empresas pequeñas que pertenecían, total o parcialmente, a empresas de Corea del Sur, Singapur y Taiwan.

La VGCL propuso una nueva legislación durante el año que daba a las autoridades el derecho a retirar concesiones a las empresas extranjeras cuyo personal abusara de los trabajadores/as locales.

El 21 de febrero, más de 25 trabajadores/as se desplomaron y 200 se sintieron mal o se desmayaron a causa del envenenamiento por acetona o por el trabajo excesivo en la fábrica de juguetes Keyhinge, propiedad de Hong Kong en la ciudad de Da Nang. La fábrica hace juguetes para la cadena de comida rápida McDonalds que son entregados con los menús para niños en los restaurantes McDonalds. Al día siguiente, otros 200 trabajadores/as en la fábrica fueron despedidos durante un conflicto a causa de las condiciones de trabajo. Los trabajadores/as pudieron volver al trabajo unos días después.

En marzo, un informe indicaba que alrededor de 35.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, en cinco fábricas propiedad de Corea del Sur y de Taiwan que hacían calzado deportivo para la empresa Nike tenían que trabajar 12 horas por día en un ambiente caldeado y ruidoso, sufriendo a menudo abuso verbal, acoso sexual y castigos corporales. Los trabajadores/as sólo tenían permiso para ir al baño una vez cada ocho horas y podían tomar sólo dos bebidas. Los supervisores humillaban a las mujeres forzándolas a quedarse de rodillas o de pie bajo el sol.

En una de estas plantas, un supervisor taiwanés fue suspendido en marzo por ordenar a 56 trabajadoras de la fábrica Pou Chen de Taiwan, en las afueras de Ho Chi Minh City, que abastece mercadería a Nike, a que corrieran dos kilómetros bajo el sol porque no llevaban el calzado obligatorio. Doce de estas mujeres tuvieron que ir al hospital. En junio, el supervisor recibió una pena de seis meses de prisión y se le ordenó pagar el hospital y otros gastos.

En otro incidente en junio, un supervisor extranjero golpeó a un trabajador con una zapatilla para que trabajara más rápido.

En octubre, la VGCL dijo que la empresa Dong Anh Shoe Manufacturing Co. que produce calzado para la empresa alemana Adidas había obligado a los empleados/as a trabajar entre 12 y 14 horas al día y había pagado aportes sociales a 441 de los 3.000 trabajadores/as.

El código laboral se aplica en seis zonas francas industriales que emplean a más de 160.000 trabajadores/as.