En Europa también se están haciendo sentir las tendencias económicas. La mundialización es una verdadera realidad y junto a ella se desarrolla la liberalización, que ha tenido un efecto devastador en los países en transición de Europa Central y Oriental. Los resultados son empleos más precarios, menos negociación colectiva y más contratos individuales. La situación económica global no ha hecho sino agravar los problemas de la región.

El principal problema resultante de la precaria situación económica sigue siendo la falta de pago de los salarios. En países como Rusia y Ucrania esa situación ya es endémica. En Rusia están afectados unos 20 millones de trabajadores del sector público y privado. Durante los meses de abril y octubre hubo huelgas generales en las cuales se reclamaba principalmente el pago de los atrasos salariales, además de aumentos salariales y reformas sociales. Muchos trabajadores hicieron huelga de hambre para reclamar sus salarios. En Ucrania el problema es catastrófico. En Croacia, 30.000 trabajadores sufrían ese problema, con demoras en los pagos de sus salarios que variaban de 1 a 40 meses. En Kazajstán los trabajadores hicieron huelga de hambre para protestar por dos años de atrasos salariales. 200 de ellos fueron arrestados por protestar por atrasos que iban de los seis meses a los dos años.

En 1998 también se produjo un aumento de los ataques gubernamentales y empresariales a los derechos de los trabajadores y a los sindicatos. La tendencia hacia contratos individuales de plazo fijo en lugar de convenios colectivos continuó, al igual que los despidos masivos resultantes de reestructuraciones y bancarrotas. En Rumania, los sindicatos realizaron manifestaciones de protesta por la terrible situación económica, el desempleo y el temor de despidos dados los planes de cierre de las empresas estatales deficitarias, planes que afectarían a unos 70.000 trabajadores. El gobierno de Rusia preparó un proyecto de código laboral que amenazaba con erosionar los derechos sindicales.

En Bielorrusia y Serbia simplemente no hubo ningún tipo de imperio de la ley y se violaron sistemáticamente los derechos sindicales.

En Croacia y Lituania siguió sin resolverse la cuestión de los bienes sindicales. En Bielorrusia y Estonia las leyes obligaron a los sindicatos a volver a inscribirse o quedar disueltos.

También aumentó la cantidad de sindicatos que comunicaron violaciones de derechos sindicales por parte de empresas extranjeras. En Azerbaiyán, los sindicatos informaron que dichas empresas obstaculizaron la sindicación y despidieron a dirigentes sindicales. En Bulgaria, donde la situación económica continuó empeorando, la KNSB y Podkrepa dieron a conocer en mayo de 1998 un "libro negro" de las principales empresas de propiedad extranjera, incluyendo multinacionales, que aprovechan la crísis económica para explotar a los trabajadores/as. En algunos casos, especialmente en la industria del textil, los trabajadores ni siquiera tenían contrato.

El diálogo social se deterioró en Hungría cuando asumió el nuevo gobierno, mientras que en Kazajstán siguieron sin disminuir las violaciones de derechos sindicales. En Croacia, aumentó la discriminación antisindical y se acosó sistemáticamente a los delgados sindicales.

Desde el punto de vista positivo, a partir del cambio de gobierno en la República Checa, se reanudó el diálogo social y se adoptó una declaración tripartita.

En Europa occidental hubo mejoras en el Reino Unido cuando un libro blanco del gobierno estableció propuestas para restaurar el reconocimiento legal de la negociación colectiva a sindicatos representativos. Las propuestas también restauraron otros derechos fundamentales que habían sido anulados durante los años ochenta y noventa.

Entre tanto, en Francia, los trabajadores de empresas pequeñas y medianas tuvieron dificultades para crear sindicatos y desarrollar actividades sindicales. Se siguen prohibiendo las huelgas en la industria del petróleo de Noruega y Alemania continuó con su prohibición de larga data de la sindicación de muchas categorías de empleados públicos, a pesar de las repetidas críticas de la OIT.

La policía expulsa a un dirigente sindical

El 8 de diciembre de 1997, la policía entró en las oficinas de la central sindical nacional BSPSH con el propósito de expulsar a la ejecutiva encabezada por Xhevdet Lubani, debido a una decisión del Tribunal de Apelación del 18 de noviembre que reconoció a Fatmir Musaku como el dirigente legítimamente electo de la BSPSH.

En 1998, tanto el congreso de la BSPSH como un fallo del Tribunal Supremo, en julio, confirmaron a Lubani como dirigente legítimo de la central nacional.

La BSPSH protestó en mayo y junio en contra de la negativa del gobierno de discutir sobre la situación económica con los sindicatos. Las estructuras tripartitas de Albania no desempeñaron su función.

Dirigente sindical muerto a tiros

El 26 de octubre, Astrit Balluku, presidente de la Federación de Profesores en Tirana y un miembro del comité ejecutivo de la BSPSH, fueron asesinados a tiros al llegar a las oficinas de la BSPSH por la mañana. El grupo que había contestado antes los representantes de los órganos ejecutivos de la BSPSH había ocupado sus oficinas centrales.

En noviembre, la BSPSH y la central sindical nacional KSSH declararon que una decisión del Tribunal Supremo amenazaba con expropiar las oficinas sindicales, incrementando las dudas sobre la independencia del sistema judicial albanés.

El sector público carece de negociación colectiva

Huelga prohibida

Los funcionarios que tienen la categoría de empleados públicos no pueden hacer huelga. Esta categoría incluye a los docentes, a muchos trabajadores ferroviarios y a los carteros, empleados y telefonistas en los servicios postales.

Crítica de la OIT

Sigue socavándose el derecho de huelga.

Se debilita el derecho de huelga

Durante varios años, los empleadores han estado solicitando a los tribunales civiles que ordenen poner fin a las huelgas, motivándose en algunos actos cometidos en el curso de las huelgas, tales como los piquetes de huelga.

Los jueces a menudo dictaminaban en favor de los empleadores sin dar audiencia a los sindicatos. Al imponer enormes multas a los trabajadores si continuaban las huelgas, han estado socavando este derecho.

En 1997, la central sindical nacional FGTB declaró que algunos jueces que antes habían dictaminado en favor de los empleadores, habían reconsiderado su decisión y confirmado la posición del sindicato, haciendo prevalecer los derechos colectivos sobre los derechos individuales (tales como la propiedad de los bienes, la libre circulación de bienes y personas) que habían sido defendidos por los empleadores.

Aunque se habían presentado varios anteproyectos de ley al parlamento para remediar la confusión legal, durante 1998 no hubo ningún avance en este sentido.

Un proyecto de ley amenaza los derechos sindicales

En 1998, las actividades sindicales se vieron amenazadas por un anteproyecto de ley destinado a evitar que las organizaciones criminales tengan influencia sobre el funcionamiento de las autoridades públicas. Gracias a la presión sindical, el proyecto fue enmendado para excluir a las organizaciones sindicales de su ámbito de aplicación.

Decreto sobre la representación sindical

Hacia finales de 1997, el presidente Lukashenko expidió el decreto Nº 639 sobre las "Directivas para la política estatal sobre los sindicatos". En éstas se encomendaba al antiguo sindicato oficial, la FPB, redactar directivas que debía adoptar la Asamblea Nacional para la aplicación del Decreto. Entre estas se incluía el establecimiento de criterios sobre la representación sindical a nivel local, nacional y regional. Por tanto, el decreto restauró los privilegios sindicales de la FPB.

El Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia (BKDP) temía que a pesar de haber obtenido el registro, la introducción de elevados criterios numéricos para obtener el reconocimiento sindical significaría que seguiría siendo excluido de las negociaciones colectivas.

Los sindicatos debían volver a registrarse a finales de 1997

Aunque el BKDP se registró en diciembre de 1997 y el Sindicato Libre de Bielorrusia (SPB) fue registrado de nuevo, el Decreto Nº 336 de 1995 que había disuelto al SPB no había sido realmente revocado.

El Decreto Nº 336 significaba que el SPB no podía firmar convenios colectivos ni recibir las cuotas sindicales, tampoco tenía derecho a tener un espacio para sus oficinas o disponer de instalaciones para sus reuniones en las empresas.

Restricciones a las huelgas

El decreto también prohibía a los sindicatos que participaran en huelgas en las empresas enumeradas en la Ordenanza 158. Promulgada en marzo de 1995, la ordenanza prohibió las huelgas en el metro de Minsk y otros servicios de transporte, incluyendo los ferrocarriles, la radio y la televisión, el control del tráfico aéreo, las telecomunicaciones así como las industrias del petróleo, la química y alimentarias.

En 1998, se aprobó en el parlamento un nuevo proyecto de ley sobre los servicios mínimos en las industrias esenciales que revocaba la lista que figuraba en la Ordenanza 158.

Discriminación contra los sindicatos independientes

Los sindicalistas independientes continuaron siendo discriminados, e incluso despedidos. Los procedimientos judiciales para su reintegración pueden llevar tres años. Se disuadió a los trabajadores para que se afiliaran a sindicatos independientes y en muchos casos los directores de empresa entregaron las cuotas sindicales del SPB al antiguo sindicato oficial que seguía controlando las prestaciones sociales que corresponden por lo general al Estado. Los miembros del SPB recibieron salarios más bajos. Los empleadores se negaron a negociar con ellos. Los directores y gerentes de las empresas seguían siendo, en muchos casos, miembros de los antiguos sindicatos oficiales.

Una ley sobre la negociación colectiva de 1993 restringía los derechos de negociación de los sindicatos independientes y permitían que la dirección de la empresa negociara acuerdos locales con los colectivos de trabajadores/as, a menos que el sindicato representase por lo menos la mitad de la mano de obra. Por lo general, las condiciones que figuraban en los convenios de negociación colectiva fueron ignoradas por las empresas.

Los procedimientos de registro de los sindicatos siguen siendo arbitrarios, complejos y onerosos.

Amenazas y arrestos

El 5 de noviembre, nueve sindicalistas y otros cuatro trabajadores fueron arrestados durante una manifestación organizada por los sindicatos independientes en la capital, Minsk. Querían entregar al Presidente una demanda salarial y otras demandas en relación con mejores condiciones de trabajo. Los nueve fueron acusados de manifestar ilegalmente y se les impusieron sanciones administrativas. Se les dijo que la próxima vez irían a la cárcel. Uno de ellos fue multado con 1.000 dólares estadounidenses.

En la planta de automóviles Mogilev, que emplea a más de 4.000 trabajadores/as, los miembros del SPB fueron amenazados con el despido para hacerlos abandonar el sindicato.

En una de esas ocasiones se tomaron medidas disciplinarias en contra del chófer de trolebuses Victor Tarnovsjy, presidente del Sindicato Democrático de Trabajadores/as del Transporte en la Directiva de Trolebuses Mogilev. Después de haber sido elegido responsable sindical a tiempo completo y de renunciar a su empleo de conductor, fue despedido totalmente para que no pudiera ocupar su cargo sindical.

Nuevo registro

Determinar la representación sindical

En los últimos años, ha habido problemas para que los sucesivos gobiernos inviten a participar a varios sindicatos no representativos, a menudo cercanos a los partidos políticos, en el Consejo Tripartito. En marzo de 1998, el gobierno inició un censo o inventario de los efectivos sindicales para confirmar la "representación nacional".

El resultado demostró claramente que sólo las centrales sindicales nacionales KNSB y Podkrepa CL satisfacieron los criterios para la representación nacional adoptados por el Consejo de Ministros y, por tanto estaban calificadas para participar en los organismos tripartitos a nivel nacional.

Mejoras en el diálogo social

En 1998, hubo algunas mejoría con respecto al diálogo social y, en noviembre, se establecieron varios grupos consultivos tripartitos. En 1997, el gobierno se había negado a hablar con los sindicatos acerca de las duras medidas introducidas en 1996 por el programa de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Bulgaria había iniciado el año de 1997 en un estado de profunda crisis social, económica y política. La situación económica se deterioró aún más en 1998.

Restricciones a los derechos sindicales

Durante el año, el gobierno introdujo un proyecto de ley para los funcionarios en el que los excluía de la negociación colectiva y restringía otros derechos sindicales. Se esperaba que la ley fuera aprobada a principios de 1999.

Asimismo, en marzo de 1998 se enmendó una ley de 1990 que facilitaba al gobierno la posibilidad de declarar una huelga ilegal. Una vez que una huelga ha sido declarada ilegal, los sindicatos ya no tienen derecho a apelar.

La ley de 1990 requiere que la mayoría de trabajadores/as de una empresa voten en favor de una huelga. En los sectores en donde están prohibidas las huelgas, tales como la energía, las comunicaciones y el sector sanitario, no hay conciliación compensatoria, mediación ni procedimientos de arbitraje.

Se ignora la legislación laboral

Los sindicatos declararon una vez más que los empleadores ignoraban la legislación laboral a todos los niveles de organización y violaban los convenios colectivos. Muchos trabajadores/as fueron despedidos ilegalmente y las autoridades no aplicaron la ley. En los tribunales laborales había un cúmulo de casos pendientes; la resolución de los casos toma por lo menos un año.

En noviembre de 1997, la KNSB y la Podkrepa señalaron que tenían una lista de unas 246 empresas, en su mayoría de propiedad extranjera, que aprovechaban la crisis económica para explotar a los trabajadores/as y violar el código laboral. En mayo de 1998, publicaron un "libro negro" de las empresas que violaban los derechos sindicales y afirmaron que los casos de violaciones eran cada vez más frecuentes, incluso por parte de las multinacionales con filiales en Bulgaria. Las violaciones fueron más comunes en las regiones con un alto índice de desempleo, donde las empresas se valen del temor que despierta el cierre de empresas.

Algunos trabajadores/as, especialmente en el sector textil en la región de Sandanski, no tenían contratos de empleo y trabajaban entre 12 y 14 horas al día, a veces también sábados y domingos. Una empresa había obligado a sus trabajadores/as a trabajar 30 horas con dos pausas. Se niega a los trabajadores/as licencia médica y se les despide si tratan de constituir un sindicato, además de ser humillados y maltratados por la dirección.

Conductores de trenes en huelga suspendidos

El 17 de marzo de 1998, los conductores de trenes decidieron poner fin a una serie de huelgas de una hora durante un período de seis días para reclamar mejores salarios e iniciar conversaciones con el gobierno. El ministro de Transporte ya antes se había negado a hablar con ellos, amenazando con reemplazarlos y declarando que la huelga era ilegal.

Después de la primera huelga de una hora, las autoridades de los ferrocarriles suspendieron a 132 conductores de trenes mientras se espera una decisión de una comisión disciplinaria sobre su posible despido por violar las reglamentaciones de la empresa ferroviaria.

Negativa a negociar con los sindicatos

Los miembros del sindicato de trabajadores de la metalurgia SFMM, afiliado a Podkrepa CL, declararon que la empresa ITEM Engineering en la capital, Sofía, cerró una unidad de producción totalmente sindicada el 30 de marzo a pesar de haber pedidos pendientes. La empresa se negó a negociar con el sindicato.

El sindicato de servicios en el departamento de administración de impuestos del Ministerio de Finanzas, declaró que el ministro se negaba a negociar con ellos. El 19 de mayo -con el propósito de socavar el sindicato- expidió una reglamentación en la que se afirmaba que todas las administraciones de impuestos debían nombrar a un representante para comunicarse directamente con él.

Sindicalistas despedidos y hostigados y sindicatos prohibidos

El 19 de agosto, el fabricante de calzado Galia Tiankova, en Dolnoslav, en la región de Plovdiv, despidió a 19 trabajadores/as que exigieron sus derechos, argumentando de mala conducta. Durante las últimas dos semanas, el empleador no había podido dar trabajo a los trabajadores/as, sin embargo, tampoco les había pagado, tal como lo estipula la legislación. Durante 18 meses, los trabajadores/as habían estado tratando de formar un sindicato, pero la compañía saboteaba sus esfuerzos. Las condiciones en la fábrica son peligrosas e insalubres, se les obliga a trabajar horas extraordinarias sin paga. Podkrepa CL informó a los medios de comunicación locales sobre la situación y notificó la situación al servicio de inspección laboral.

Representación sindical

En mayo de 1997, después de las mediaciones de la OIT, se llegó a un acuerdo provisional válido por un año sobre el establecimiento del Consejo Económico y Social y la celebración de elecciones sociales a fin de determinar qué sindicatos eran los más representativos. La central sindical nacional UATUC pidió al gobierno que aplazara una ley propuesta sobre los bienes sindicales hasta después de las elecciones sociales.

Plan gubernamental para nacionalizar los bienes sindicales

El 18 de junio de 1997, se aprobó la ley sobre Asociaciones y entró en vigor el 15 de julio de 1997, a pesar de que UATUC, que posee el 50% de los haberes sindicales, había pedido que se excluyera a los sindicatos del anteproyecto y había dado propuestas para la distribución de los bienes. En julio de 1997, la UATUC llevó el caso ante el Tribunal Constitucional. A finales de 1998, todavía no había emitido un fallo.

Si bien la ley afirmaba no aplicarse a los sindicatos, les daba seis meses para distribuir entre ellos los bienes. Si no llegaban a un acuerdo, los bienes pasarían a ser propiedad del gobierno. El parlamento podría entonces distribuirlos un año después de establecer sus propios criterios y no tenía un plazo limitado para establecerlos.

El 12 de enero de 1998, el gobierno anunció su plan para nacionalizar los bienes sindicales de conformidad con ley de 1997.

Todo el mundo piensa que el gobierno está tratando de exacerbar las divisiones entre los sindicatos. La OIT dictaminó en marzo de 1998 que el gobierno debería aumentar el período de seis meses de negociación en la ley y negociar los criterios para la distribución con los sindicatos.

Posteriormente, el gobierno concedió a los sindicatos más tiempo para negociar la distribución de los bienes.

Falta de criterios sobre la representación

En 1998, continuaron los problemas con el desempeño del Consejo Económico y Social y otros organismos nacionales debido a la ausencia de criterios convenidos sobre la representación sindical.

La policía antidisturbios para manifestaciones sindicales

El 29 de enero de 1998, la UATUC inició una campaña de protestas en torno a varios temas económicos y sociales, incluido el cese de pago de salarios, la demanda de mayores pensiones, la elevada tasa de IVA y otros temas. La manifestación pacífica en la capital, Zagreb, fue detenida por la policía antidisturbios que bloqueó un estrecho pasaje que conducía al parlamento. Al cabo de una hora de bloqueo, la policía sólo permitió a algunos dirigentes sindicales ir a hablar con las autoridades.

Una manifestación que iba a tener lugar en la plaza principal de Zagreb, el 20 de febrero, por parte de los sindicatos y otras organizaciones sobre la deterioración de las condiciones sociales, fue prohibida por las autoridades municipales. Los sindicatos afirmaron que querían continuar. El gobierno declaró que la policía intervendría para detener la manifestación. Se desplegaron miles de policías regulares y antidisturbios equipados con cañones de agua y equipo antidisturbios. Se trajeron a Zagreb cientos de policías más. Varias personas resultaron lesionadas en los choques y una mujer fue llevada al hospital.

Problemas con la negociación colectiva

Los sindicatos afirmaron que continuaron los problemas con la aplicación de la ley respecto a la negociación colectiva, permitiendo a los empleadores evadir los convenios colectivos estableciendo sindicatos de empresa que se niegan a participar en las negociaciones sindicales conjuntas con los empleadores.

Las huelgas en protesta por el cese de pago de los salarios son ilegales

El impago de salarios sigue siendo un problema y afectó a alrededor de 30.000 trabajadores/as por períodos de 1 a 40 meses. Esta situación también significa que no se pagaron las cotizaciones a la seguridad social. Dos fallos del Tribunal Supremo en 1996 afirmaron que las huelgas en protesta por el cese de pago de salarios son ilegales. Aunque, en algunas circunstancias, los empleadores podrían ser llevados a juicio, los casos se demorarían años.

El derecho de huelga

El Tribunal Supremo, que interpreta de manera restringida los motivos por los que puede hacerse huelga, suele prohibir las huelgas. El Tribunal dictaminó que una huelga sería ilegal si se trataba del ejercicio de derechos ya definidos en la ley, o en un convenio colectivo. Los sindicatos podrían ser obligados a pagar daños y perjuicios y los trabajadores/as podrían ser despedidos por participar en una huelga ilegal.

El 15 de julio de 1998, el Tribunal Supremo invalidó las restricciones sobre el derecho de huelga en los ferrocarriles, correo y telecomunicaciones que permitían al gobierno establecer unilateralmente el nivel de servicios mínimos durante una huelga. El gobierno enmendó la legislación sobre ferrocarriles en diciembre, pero la UATUC declaró que todavía era insatisfactoria.

En octubre, el gobierno anunció que los docentes que no habían participado en una huelga en el mes de junio para pedir incrementos salariales recibirían una asignación financiera equivalente a tres semanas de sueldo. El ministro de Educación pidió a los directores de escuela que pidieran a los docentes una declaración de si estaban o no afiliados al sindicato. Cuando los sindicatos protestaron, retiró la orden. El 12 de noviembre, los sindicatos de docentes hicieron huelga de nuevo para exigir un aumento salarial. El gobierno la declaró ilegal.

No hay tribunales laborales

No existen los tribunales laborales y los tribunales civiles siguen sumergidos con miles de casos, la mayoría en contra de empleadores que se niegan a negociar, ignoran las disposiciones de los convenios colectivos, o despiden ilegalmente a los trabajadores/as. La resolución de los casos llevaba hasta cinco años. Los pleitos contra los empleadores por violar las disposiciones a la legislación laboral han sido rechazadas dando como razón que los empleadores no son legalmente responsables por ofensas menores.

Las violaciones se hacen más frecuentes

Las violaciones a los derechos sindicales y la discriminación en contra de los responsables y delegados sindicales fueron cada vez más frecuentes.

En 1998, continuaron las violaciones de los derechos sindicales en la empresa procesadora de carnes, PIK Vrbovec. El antiguo presidente de la empresa desempeñó brevemente el cargo de ministro de Agricultura y Pesca, en 1997, e hizo un llamamiento a los trabajadores/as para que no confiaran en los sindicalistas y no pagaran las cuotas sindicales. El 20 de junio de 1998, el presidente de la compañía escribió al Primer Ministro alegando que el delegado del sindicato de alimentación y agricultura PPDIV en la empresa, Stjepan Lebos, estaba tratando de perjudicar los intereses de la empresa, la sociedad y el país. Alegando que era anticroata, su vida se vio amenazada.

La empresa formó un sindicato controlado por la dirección. Dio al sindicato una oficina y pagó su delegado sindical. Puso fin a las negociaciones celebradas durante un año y medio con el sindicato auténtico. El 21 de julio, ordenó a la sección del PPDIV, al presidente del comité de empresa y al coordinador de los responsables de higiene y seguridad que abandonaran las instalaciones.

El 14 de agosto, la empresa prohibió que se retuvieran las cuotas sindicales en nómina y obligó a los miembros del sindicato a firmar un formulario cada mes. El 18 de agosto, prohibió al delegado sindical que entrara a las instalaciones de la fábrica y que se pusiera en contacto con los miembros sindicales durante las horas de trabajo sin permiso. Se dieron instrucciones al servicio de seguridad de la fábrica para que obstaculizaran todas las reuniones sindicales.

Delegados despedidos

El 17 de agosto, en la fábrica de calzado Astra, en Zagreb, se notificó a Marijan Marsic, una delegada del sindicato del textil, su despido extraordinario y cuando vino a trabajar fue físicamente atacada por el portero. La UATUC afirmó que el despido era ilegal. Ya había sido despedida en 1997, pero fue reincorporada de nuevo gracias a que los trabajadores/as protestaron y recurrieron al inspector laboral.

Los trabajadores/as afirmaron que estaban encerrados dentro de la fábrica durante más de seis horas diarias y que no se les había pagado desde hacía cuatro meses. Asimismo, se les amenazó con despedirlos si protestaban contra el despido de Marsic y otras dos delegadas, Djurdja Petrovic y Snjezana Ivanovic.

Condena de cárcel

El 27 de agosto, Bozica Jurec, delegada de la UATUC en el condado de Bjelovarsko-bilogorska, fue condenada a un mes de cárcel supuestamente por haber difamado a Mladen Stajduhar, el antiguo director de la empresa "Univerzal", en Bjelovar, en una carta sindical oficial. Ella había afirmado que era "injusto", "grosero" y "hostigador" y que "antes había sido un entusiasta miembro del Partido Comunista y hoy miembro de la HDZ".

Prohibición sindical

La UATUC informó que la empresa Mediator, en Dubrovnik, prohibió a los trabajadores que se afiliaran a un sindicato, la empresa Pan-Kartonaza, en Donji Andrijevci, y la fábrica de calzado TPS-Trgopromservis, de Sveti Ivan Zabno, prohibieron la formación de sindicatos y despidieron a varios miembros sindicales, y la empresa Vucedol se negó a reconocer una sección del sindicato de restauración y turismo, ignorando al delegado, Milan Babic, y exigiendo que se eligiera a uno nuevo.

Huelguista detenido

En la empresa Hidroput, en Sisak, el delegado sindical Ivica Spelic, vicepresidente del Sindicato de Estibadores de Croacia, fue detenido durante dos horas por la policía por orden del director como represalia por una huelga que había empezado un mes antes debido a la negativa del propietario a firmar el convenio colectivo. Ivica Spelic y otros huelguistas fueron despedidos y la empresa dejó de pagar las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores/as.

Cuotas retenidas

Un gran número de empleadores retienen las cuotas sindicales que han sido retiradas en nómina a los miembros sindicales. Esto se produjo en Velepromet y Jasinje, en Slavonski Brod, Strmac y Slavonija-Radinost, en Nova Gradiska, Ukus, en Virovitica, Zanatoopskrba, en Dakovo, MIO Standar y Obuca, en Osijek, etc. Algunos empleadores también se negaron a retirar en nómina las cuotas a pesar de los convenios colectivos, especialmente en Kindergarten Krizevci.

Amenazas

En agosto, el director de la empresa KTL, en Zagreb, amenazó a una trabajadora, Dijana Kustovic, con asesinarla y luego la despidió debido a que se había afiliado al sindicato.

En diciembre, el director del City Café, en Zagreb, amenazó con romper el cuello al delegado de la UATUC en Zagreb, Mario Ivekovic. También había sido objeto de amenazas, coerción y discriminación así como de amenazas contra sus hijos, visitas y vigilancia sin motivo por parte de la policía para tratar de obligarlo a poner punto final a sus actividades sindicales.

Discriminación contra los delegados sindicales

Entre los casos de discriminación en contra de los delegados sindicales se encuentra el de Ana Vadunec, delegada en la empresa textil Buducnost, en Ludbreg, el despido del delegado Zdravko Koscak, en la empresa Varazdinka, en Varazdin, al que también se le prohibió entrar a la fábrica, y el despido del delegado Marko Stojanov, en la empresa de construcción Zavrsnogradnje, en Zadar. Los delegados sindicales Meri Sokac y Rajna Saftic fueron ilegalmente puestos en una lista de despidos colectivos y se les despidió del Centro de Salud en Zadar, el delegado Mirko Hrgovic fue despedido por Agroservis, en Virovitica, Zdenka Boanjak, delegado en la empresa Dubrovkinja-Konavie, en Dubrovnik, fue despedido y la empresa Zitara, en Donji Miholjac despidió al delegado Nedjeljko Josic.

La central nacional amenazada con la liquidación

Hacia finales de 1998, la central sindical nacional EAKL informó que a menos que fuese registrada en el marco de la Ley de Asociaciones sin fines de lucro de 1996 para el 1 de marzo de 1999, podría ser objeto de una liquidación obligatoria.

Estrictas limitaciones jurídicas

Dificultades para llevar a cabo actividades sindicales en las PYME

La central sindical nacional CFDT informó acerca de las dificultades para formar sindicatos y llevar a cabo actividades sindicales en las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el sector privado y sobre los pronunciamientos judiciales restrictivos.

Es posible formar un sindicato en empresas con menos de 50 trabajadores/as, pero se carece de facilidades para permitir el ejercicio efectivo de este derecho, tales como tiempo libre para actividades sindicales, oficinas, etc. No tienen derecho a tener un delegado sindical, aunque puede elegirse un delegado/a del personal si hay más de once trabajadores/as. Sin embargo, el delegado/a del personal no tiene derecho a tiempo libre para realizar sus actividades sindicales.

Interpretaciones restrictivas por parte de los tribunales

Los tribunales interpretan el uso de tiempo libre de un delegado/a sindical de manera restrictiva. La jurisprudencia limita el mandato de un delegado/a sindical o de un delegado/a del personal, lo que facilita el camino a los empleadores para oponerse al uso de horas de trabajo para las actividades sindicales. Los jueces no sancionan a los empleadores por cuestionar repetidamente el uso de este tiempo libre, incluso cuando contribuye al hostigamiento de los sindicalistas.

Un delegado/a sindical no puede ser despedido sin el permiso de las autoridades. Pero a menudo se concede este permiso. Las apelaciones en contra de estas decisiones son engorrosas y onerosas e incluso, si la autorización de despido es revocada por un tribunal superior, el lapso de tiempo tan largo descarta la posibilidad de que un representante del personal que haya sido despedido pueda ser reincorporado a su puesto de trabajo.

Se disolvió el Ministerio de Trabajo

El gobierno disolvió el Ministerio de Trabajo, dividiendo sus tareas entre el Ministerio de Economía (que se ocupa de las políticas) y el recientemente creado Ministerio de Asuntos Sociales y la Familia (temas relativos al empleo y la elaboración de la legislación laboral).

Las propuestas de reforma al código laboral socavan el derecho de los trabajadores

El gobierno presentó propuestas para llevar a cabo una significativa reforma del Código Laboral de 1992 y no trató de entablar un diálogo auténtico con los sindicatos, ignorando sus propuestas y presentando un proyecto de ley al Parlamento a principios de 1999.

El proyecto de ley concede a los comités de empresa el derecho a concluir convenios colectivos de trabajo, en empresas donde no hay sindicatos. Los sindicatos temen que esta tendencia se extienda en el futuro a todos los lugares de trabajo. Otras enmiendas transfirieron a los trabajadores/as la responsabilidad por el daño o pérdida de los bienes y propiedades de los empleadores y facilita despedir a los trabajadores/as después de una licencia por enfermedad.

Cambios en el sistema de seguridad social

Represión serbia

Serbia continuó su represión de la población albanesa en Kosovo después de abolir la autonomía política de la provincia, en 1989.

Los serbios introdujeron la discriminación sistemática contra los albaneses, que representan el 90% de la población de Kosovo. El parlamento serbio aprobó más de 36 leyes discriminatorias y 470 disposiciones legales de emergencia.

Despidos masivos de albaneses

Una ley de 1990, que autorizaba los despidos masivos de albaneses de los puestos públicos, la docencia y otros puestos, dejó sin trabajo a 150.000 personas, con lo que quedaron trabajando solamente 40.000 albaneses. Los trabajadores/as despedidos a menudo también perdieron su vivienda. Fueron reemplazados en sus puestos de trabajo y viviendas por serbios y montenegrinos y, más recientemente, por serbios procedentes de Krajina.

Entre 3.500 y 4.000 policías albaneses fueron despedidos por negarse a aceptar y reconocer las medidas introducidas por el régimen serbio. Sus cargos fueron ocupados por serbios y montenegrinos. Los funcionarios albaneses formaron el Sindicato Independiente de Antiguos Oficiales de Policía, que las autoridades serbias trataron de suprimir.

El sindicato de docentes, SBASHK, declaró que las autoridades persiguieron a los docentes albaneses como parte de una campaña para suprimir la docencia en el idioma albanés. El sindicato informó de detenciones esporádicas de docentes y una violencia endémica en su contra.

Sindicatos independientes perseguidos

La administración serbia y sus fuerzas de seguridad continuaron persiguiendo a los dirigentes y miembros del sindicato independiente, el BSPK, de las provincias que había obtenido su personería jurídica en 1991. El BSPK no puede llevar a cabo reuniones en empresas ni instituciones, ni tampoco iniciar ni firmar convenios colectivos. A sus dirigentes les fueron negados los visados para asistir a reuniones sindicales internacionales y se les confiscaron sus pasaportes.

La mayoría de los miembros del BSPK perdieron sus empleos y sus familias no disponían de protección social ni de prestaciones sociales. Muchos abandonaron el país.

Lesiones, tortura y muerte

A mediados de febrero de 1998, el BSPK informó que se había incrementado el acoso de la policía y los malos tratos a los miembros de los sindicatos.

El 2 de marzo, entre los lesionados durante una marcha pacífica de protesta albanesa en la capital de la provincia, Pristina, contra la matanza en Drenica después de que las fuerzas serbias lanzaron un asalto militar masivo el 28 de febrero se encontraban dirigentes y afiliados del BSPK. La marcha fue atacada por las tropas serbias con cañones de agua, gases lacrimógenos y porras.

Los sindicatos corren el riesgo de que se confisquen sus bienes

Siguió sin resolverse la cuestión de la distribución de los bienes del antiguo sindicato dirigido antes por el Estado. Una ley de 1993 había establecido un fondo de inversiones que garantizaba la propiedad de los haberes y se encargaba de transferirlos a los nuevos sindicatos en el lapso de cinco años. La ley exigía a las centrales sindicales nacionales que presentaran una lista de sus miembros con nombres y direcciones, en el trabajo y privadas, así como sus números de pasaporte. La central sindical nacional, LWU se negó a presentar tal lista diciendo que podría ser utilizada para hostigar a sus afiliados.

En 1995, el fondo de inversiones fue suspendido y se creó uno nuevo. Sólo los sindicatos que han presentado las listas de sus afiliados podían ser miembros del fondo de inversiones.

El 21 de diciembre de 1998, se enmendó la ley sobre los haberes. En ella se afirmaba que el gobierno confiscaría los haberes sindicales el 1 de julio de 1999 a menos que los sindicatos estuviesen de acuerdo en su distribución. Los haberes serían devueltos a los sindicatos hacia 2006.

Convenio general tripartito

En 1998, se firmó un convenio general tripartito y se establecieron grupos de trabajo tripartito para preparar las enmiendas a la legislación de 1991 sobre convenios colectivos. En junio, las enmiendas a la legislación de 1991 sobre los contratos de trabajo aprobada en un consejo tripartita, protegían a los presidentes de los sindicatos del despido durante los cierres patronales.

Legislación contradictoria

El código laboral de 1972 contradice la legislación laboral aprobada a partir de 1991. A principios de 1999, en un fallo relativo a las contradicciones entre la constitución y la legislación sobre los sindicatos, el Tribunal Constitucional de Lituania decidió que la ley no contradice la constitución.

Se niega el registro a los sindicatos

En virtud de la legislación de 1991, un sindicato debe contar con 30 miembros fundadores o, por lo menos, un 20% de los trabajadores/as en una empresa para formar un sindicato. El LWU hizo propuestas al gobierno para modificar esta legislación afirmando que era discriminatoria y que permite a la dirección despedir a los miembros sindicales. En octubre de 1998, la administración local en Visaginas se negó a registrar los estatutos del sindicato de la escuela Ateities recién formado porque no había presentado una lista de sus miembros fundadores. Los sindicatos afirmaron que las autoridades locales a menudo aplazan el registro de los estatutos sindicales o incluso los modifican.

Restricción a las huelgas

Los largos y complejos procedimientos previos a la huelga incluyen el establecimiento de una comisión de conciliación y arbitraje/terceras partes antes de poder concretar una huelga. Dos tercios de los trabajadores/as deben votar a favor de una huelga en votación secreta. En algunos sectores de la economía, los sindicatos deben dar 21 días de preaviso en lugar de los usuales 7. Por tanto la mayor parte de las huelgas son ilegales.

Se obstruye la negociación colectiva

Los empleadores siguieron obstruyendo la negociación colectiva y en algunas empresas crearon sindicatos con los que firmaron convenios colectivos favorables. Los sindicalistas a menudo fueron hostigados y se les negó la posibilidad de celebrar reuniones. Las leyes y regulaciones laborales eran quebrantadas habitualmente y los inspectores laborales del gobierno en general no podían o no querían aplicarlas.

No existe un sistema de tribunales laborales y hay enormes demoras en el tratamiento de casos en los tribunales ordinarios.

Miembros sindicales perseguidos y despedidos

En 1998, un fallo judicial ordenó la reincorporación de la presidenta de la sección sindical del LWU, Laima Digrilaite, que había sido despedida durante los cierres patronales en la sociedad anónima, Akmenes Cementas, después de los cuales la empresa contrató a 30 nuevos empleados. Asimismo, le concedieron una indemnización. No obstante, un fallo judicial posterior y una resolución del tribunal de apelación anuló la decisión y afirmó que tenía que devolver la compensación. Embargaron su apartamento y se hicieron preparativos para rematarlo. En diciembre, el Tribunal Supremo se negó a dar audiencia al caso.

El 26 de mayo, Rosita Kazakiene, una trabajadora en la fábrica de muebles de capital mixto, Venta, en la región de Siauliai, fue despedida durante su período de prueba cuando la empresa se enteró de que se había afiliado al sindicato LWU. Un tribunal decidió que había sido despedida injustificadamente y ordenó el pago de una indemnización.

El tribunal va en contra de la jurisprudencia de la OIT

En 1997, el Tribunal Supremo de Noruega dictaminó que el decreto era válido y no violaba los principios constitucionales ni las leyes internacionales, ignorando con ello la jurisprudencia de la OIT sobre el derecho de huelga.

Propuestas para restaurar la negociación colectiva y otros derechos

En mayo, el gobierno publicó un Libro Blanco -Justicia en el trabajo- que trazó las líneas generales de las propuestas de legislación para restaurar a los sindicatos representativos los derechos legales al reconocimiento para efectos de la negociación colectiva. Asimismo, dio pasos para restaurar otros derechos básicos relacionados con la discriminación antisindical y la acción laboral que habían sido retirados en la década de los años 1980 y principios de los años 1990.

Estipula que un empleador estaría obligado a reconocer a un sindicato para negociar si vota en su favor por lo menos el 40% del conjunto de la mano de obra, así como una mayoría de los votantes en lugares de trabajo con más de 20 trabajadores/as.

El Libro Blanco también prevé retirar el registro a los sindicatos si no pueden demostrar su representatividad.

La reacción del TUC

La central sindical nacional TUC afirmó que el porcentaje del 40% era demasiado elevado. Asimismo, instó al gobierno a no insistir en el límite de 20 trabajadores/as puesto que negaría el derecho al reconocimiento sindical a varios millones de trabajadores/as. El reconocimiento sería automático en donde el 50% más uno de los trabajadores/as ya estuvieran afiliados al sindicato.

La reacción de los empleadores

En el transcurso del año, las organizaciones patronales siguieron haciendo campaña para atenuar las propuestas y hacer todavía más difícil el reconocimiento y debilitar otros derechos.

El anteproyecto de ley sobre Relaciones de Empleo

En enero de 1999 se publicó el Proyecto de ley sobre las Relaciones de Empleo. Contiene la mayor parte de las propuestas establecidas en el Libro Blanco, pero impone mayores dificultades para que los sindicatos obtuvieran el reconocimiento. Se espera que el proyecto sea aprobado en el curso de 1999.

La ruta automática para obtener el reconocimiento siguió siendo la misma el 50% más un miembros en la unidad de negociación. De lo contrario, un sindicato tiene que probar que cuenta con por lo menos el 10% de afiliados en la unidad negociadora para iniciar una votación. Tiene que ganar una mayoría en la votación, y el 40% de los trabajadores con derecho a voto también tienen que votar a favor.

Las propuestas en el proyecto de ley harían injusto despedir a los trabajadores/as que participaran en acciones laborales durante las primeras ocho semanas de un conflicto. Actualmente, es legal que un empleador despida a todos los trabajadores/as en el curso de una huelga y -después de un período limitado- vuelva a contratar selectivamente a los trabajadores/as que había despedido. Al cabo de ocho semanas, un despido sólo se justificará si el empleador ha tomado todas las medidas razonables para resolver el conflicto y no ha rechazado ofrecimientos de conciliación o mediación.

Protección contra la discriminación antisindical

Los miembros sindicales estarían protegidos contra la discriminación debido a su afiliación a un sindicato o por sus actividades sindicales a la hora de solicitar un empleo. Asimismo, estarían protegidos contra la discriminación por parte de empleadores que retienen los aumentos salariales u otras prestaciones de los miembros sindicales que se niegan a abandonar las condiciones negociadas colectivamente. Todavía será posible que un empleador concluya contratos individuales con los trabajadores/as, incluso en un lugar de trabajo donde se haya reconocido un sindicato para negociar colectivamente.

Las votaciones en favor de las acciones laborales se modificarían de modo que un sindicato ya no tendría que entregar al empleador una lista de los nombres y direcciones de los trabajadores/as que participaron en la votación. Los procedimientos de votación se simplificarían.

El actual requisito de un período de dos años para obtener la protección contra el despido injustificado será disminuido a la mitad y los empleadores ya no podrán obligar a los trabajadores/as a renunciar a sus derechos a la protección contra el despido injustificado en los contratos de empleo. Los trabajadores/as tendrán derecho a estar acompañados de un representante sindical en los procedimientos disciplinarios o conciliatorios.

Legislación restrictiva todavía en vigor

Se mantuvieron en vigor ocho leyes de empleo aprobadas entre 1980 y 1993. La OIT ha criticado mucho sus disposiciones por ser restrictivas, complejas y a menudo poco claras, y por dificultar que los sindicalistas sepan si sus actividades son legales o no.

La legislación de la década de los años '80 y '90 alentó a muchos empleadores a poner fin a acuerdos de negociación colectiva que databan de mucho tiempo atrás. Retiraron unilateralmente el reconocimiento a los sindicatos y algunos impusieron contratos individuales a sus trabajadores/as en lugar de los convenios colectivos existentes. Los trabajadores/as que se negaban a aceptar tales contratos sufrían discriminación en promociones y salarios. Los recién llegados eran contratados con condiciones inferiores y, en ciertos casos, solamente después de haberse comprometido a no hacer huelga.

Interferencia en los asuntos sindicales

Otros aspectos de la ley interfieren extensamente en los asuntos internos de los sindicatos, por ejemplo, impidiendo que los sindicatos, bajo amenaza de altas multas, disciplinen a los efectivos sindicales que se nieguen a participar en huelgas legales o que traten de persuadir a otros sindicalistas de que no hagan huelga a pesar de que una mayoría haya votado a su favor. El gobierno no tiene la intención de retirar esta disposición.

La legislación limita el sistema de inmunidad jurídica que concede la interposición de una acción judicial para los sindicatos que participan en una acción laboral legítima.

Limitaciones al derecho de huelga

Las huelgas están limitadas a los conflictos que afectan a los miembros sindicales y a su empleador inmediato. Se retiró la protección jurídica por participar en otras formas de acción laboral, abriendo la posibilidad de aplicar cuantiosas multas a los sindicatos. Es prácticamente imposible entablar una campaña legítima de solidaridad o simpatía, huelgas de protesta u otras formas de boicoteo.

La legislación define un conflicto comercial de una manera tan limitada que los sindicatos no pueden hacer huelga en situaciones en donde su empleador, con el que se encuentran en conflicto, se esconde detrás de sus filiales. El TUC afirmó que los empleadores han reestructurado sus empresas con el propósito de convertir la campaña de base en una campaña de solidaridad. El gobierno ha declarado que no planea legalizar las acciones de solidaridad. No hay protección legal para los huelguistas en el marco de la legislación británica.

300 huelguistas despedidos

Un reciente ejemplo de los empleadores que aprovechan la ausencia de protección para los huelguistas fue el conflicto salarial en Lufthansa Sky Chefs (LSG-Sky Chefs), la empresa de aprovisionamiento de comidas a aerolíneas más importante del mundo, en Heathrow, en noviembre de 1998. La sugerencia del sindicato de que el conflicto debería contar con un arbitraje independiente fue rechazada y el sindicato convocó a una huelga legal de 24 horas. La empresa despidió a 300 trabajadores/as afectados e impuso un plazo para que pudieran recuperar su puesto de trabajo si firmaban un nuevo contrato con condiciones inferiores y renunciaban a las reivindicaciones pendientes. Los trabajadores/as se negaron y levantaron un piquete de 24 horas diarias. La empresa trató de contratar rompehuelgas. El conflicto continuó en 1999.

Se socava el derecho a la sindicación

Mejoras

Por primera vez desde 1990, la entidad nacional tripartita adoptó una Declaración sobre el diálogo social y los derechos sindicales. Continuó la revisión del código laboral y la CMKOS participó plenamente en el proceso. Se espera que el código pueda ser adoptado a mediados del 2000.

Se llegó a un acuerdo en el sector público

A principios de junio de 1998, cientos de miles de trabajadores/as del sector público hicieron una huelga de preaviso de una hora para reclamar aumentos de salarios después de que el Ministerio congeló los salarios de 1998 del sector público a los niveles de 1997. Posteriormente, durante el año, se entablaron conversaciones entre los sindicatos y el nuevo gobierno, elegido en junio, y se acordó un incremento salarial para el sector público a partir de enero de 1999.

Los empleadores recurren a tácticas antisindicales

Aumentaron las tentativas por parte de los empleadores de restringir las actividades sindicales. El sindicato en el sector de los restaurantes, hoteles y turismo declaró que la dirección de la compañía FRENSSCH REST Obecni dum había afirmado que un sindicato no era necesario, que éste no se toleraría y que el convenio colectivo era un anacronismo socialista. Finalmente, todos los responsables sindicales fueron despedidos y se puso fin a las actividades sindicales en la empresa.

El sindicato de trabajadores de la metalurgia, KOVO, afirmó que en ISL s.r.o. Mohelnice, el empleador despidió al presidente y al vicepresidente del sindicato al enterarse de que se había formado un sindicato. Durante su preaviso se les concedió licencia con goce de sueldo y se les prohibió ponerse en contacto con los trabajadores/as.

En varias industrias, los sindicatos informaron de nuevo que las grandes empresas extrajeras prohibieron las actividades sindicales y se negaron a dar empleo a los miembros del sindicato. Entre estas empresas se encontraban la austroalemana Billa s.r.o., la belga Delvita a.s., la alemana Julius Meinl a.s., la japonesa Panasonic, en Plzen, Pruzina Schardell en Praha-Vzsocany y Bor u Tachova.

Asimismo, durante el proceso de reconversión industrial y despido colectivo se intimidó a los sindicalistas. El aumento del desempleo en el país hizo que los trabajadores/as tuvieran otra vez miedo de perder su empleo y de hacer respetar sus derechos.

Obstáculos a la negociación colectiva

La negociación colectiva siguió siendo uno de los principales problemas. Algunos empleadores se negaron a negociar o recurrían a tácticas obstructivas para impedir que se concluyesen convenios colectivos. Al igual que en épocas anteriores, los empleadores y las autoridades desalentaron especialmente la negociación a nivel de industria y CMKOS señaló que el número de empleados cubiertos por los acuerdos seguía disminuyendo. Los empleadores a menudo violaban las disposiciones de los convenios.

No se respeta el derecho de huelga

El gobierno pide una moratoria de huelga

Los sindicatos hicieron manifestaciones en marzo y en abril pidiendo al gobierno que renunciara y protestara en contra de la desesperada situación económica, el desempleo y los temidos cierres de empresas.

Las protestas continuaron en el transcurso del año. El nuevo Primer Ministro declaró a los sindicatos que necesitaba un período de seis meses sin huelgas ni protestas callejeras para aplicar fuertes reformas económicas, entre las que se incluía el cierre de 49 fábricas estatales que presentaban pérdidas y empleaban 70.000 trabajadores/as.

Los dirigentes sindicales rechazaron la moratoria de huelga, declarando que sólo se trataba de un intento más del gobierno por ganar tiempo y exigió que todos los temas relacionados con la privatización y la reestructuración se discutieran con ellos, incluyendo el establecimiento de prioridades para el desarrollo económico de Rumania.

Representación sindical

La ley sobre sindicatos de 1991 ha provocado la fragmentación del movimiento sindical. Sólo se requieren 60 trabajadores/as para constituir una confederación sindical, lo que ha tenido como resultado la creación de más de 20 confederaciones nacionales y ha planteado grandes problemas para la negociación colectiva a nivel local y nacional.

No obstante, en 1997, se aprobó una ley sobre convenios colectivos en la que se establecieron procedimientos para determinar la representatividad de los sindicatos a nivel de la empresa, local y nacional. La ley estipula que el sindicato tiene que dar prueba ante los tribunales de su estatus legal, independencia organizativa y financiera y el número de miembros. Para obtener la representatividad a nivel nacional, un sindicato debe tener estructuras en, por lo menos, la mitad de las regiones y federaciones representativas por ramo en, por lo menos, el 25% de los sectores de la economía nacional.

En virtud de la ley de sindicatos, se requieren 15 trabajadores/as para constituir un sindicato. Esta disposición impide que se creen sindicatos en la mayor parte del sector privado, puesto que la mayoría de las empresas privadas cuentan con menos de 15 trabajadores/as. Muchas empresas prohíben a los sindicatos organizar a los trabajadores/as y han incluido cláusulas antisindicales en sus reglamentaciones internas.

La legislación interfiere en la libre elección de los dirigentes sindicales exigiendo que sean ciudadanos rumanos empleados en la empresa y tengan 3 años de antigüedad.

Restricciones a las huelgas

Las restricciones al derecho de huelga hacen casi imposible la organización de una huelga legal.

El ministro de Trabajo puede imponer el arbitraje obligatorio si una huelga dura más de 20 días y si su continuación "podría afectar los intereses de la economía en general".

Las autoridades pueden utilizar demoras burocráticas y lagunas administrativas para declarar ilegales las huelgas, lo que puede resultar en el despido de los dirigentes sindicales. Los empleadores pueden solicitar al Tribunal Supremo la suspensión de una huelga durante 90 días aduciendo importantes intereses económicos.

La ley impone una responsabilidad financiera a los huelguistas y organizadores sindicales que no cumplan con las condiciones legales para iniciar una huelga. Les prohíbe ser elegidos delegados sindicales. Los dirigentes sindicales que contravienen la ley pueden ser condenados a seis meses de cárcel.

El gobierno ha definido como esenciales al interés nacional los siguientes sectores, en los que debe mantenerse un tercio de la actividad normal durante una huelga: el sector de la salud, la enseñanza, la energía, el transporte, las telecomunicaciones y la radio y televisión, también el abastecimiento público que incluye el suministro de pan, leche y carne.

No hay reparación a las violaciones

No existen tribunales laborales y los trabajadores/as que son despedidos injustamente, o han sido víctimas de otras violaciones de los derechos sindicales, tienen pocas posibilidades de resarcimiento porque los pleitos ante los tribunales en general duran entre uno y dos años y los empleadores no suelen aplicar las decisiones.

Marinos varados

Crecientes ataques a los derechos

En 1998, hubo un creciente número de ataques por parte del gobierno y de los empleadores a los derechos de los trabajadores/as y sindicatos. Tuvo lugar un número creciente de protestas, incluyendo huelgas masivas, en un contexto de salarios sin pagar, el descenso del nivel de vida, la disminución de los derechos legales de los trabajadores/as y de la capacidad de hacer oír sus demandas. En algunos casos, los trabajadores tomaron a los empleadores y representantes de las autoridades locales como rehenes, mientras que las líneas ferroviarias fueron bloqueadas en la "guerra de ferrocarriles".

Impago de salarios y protestas

El 9 de abril, la central sindical nacional FNPR celebró una jornada nacional de acción para pedir el pago de los salarios atrasados que continuaba afectando a cerca de 20 millones de trabajadores en los sectores público y privado. Las pensiones y otras prestaciones sociales también estaban atrasadas. A algunos trabajadores/as sólo se les pagaba en especies. El gobierno había declarado que los salarios atrasados se pagarían el 1 de enero de 1998 para los trabajadores/as del sector presupuestario, pero para abril de 1998 los salarios adeudados eran un 4% superiores al récord alcanzado en julio de 1997.

Los trabajadores/as del sector público en Yekaterinburg, región de Sverdlovsk, no habían recibido su salario desde hacía más de un año. En Kaliningrad, los trabajadores de los astilleros no habían recibido salario durante seis meses y en San Petersburgo más de 900 empresas tenían retraso en los pagos salariales. Muchos trabajadores/as hicieron huelga de hambre para reclamar sus salarios.

Las demoras fueron causadas por las deudas entre empresas y los fallos en los sistemas bancario y fiscal. La corrupción, la falta de voluntad política y la políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales también son responsables de la situación.

La legislación establece que el pago de los impuestos sea prioritario en relación con el pago de los salarios. Las demoras en los pagos de los impuestos significan que se imponen multas que se retiran de las cuentas de las empresas. Las demoras en los pagos de los salarios no implican pérdidas financieras adicionales para los empleadores.

El 7 de octubre, la FNPR organizó otra huelga general para protestar por los salarios atrasados y pedir reformas sociales, incrementos salariales, la anulación de la decisión de cobrar impuestos adicionales así como otras demandas.

Se niega el derecho de sindicación

Se niega el derecho de organizarse a los trabajadores/as en el Ministerio del Interior, los funcionarios de aduanas, jueces y fiscales públicos, inspectores fiscales, los servicios militares y de seguridad así como el transporte ferroviario. Se prohibieron las huelgas para los trabajadores de la salud pública.

La carencia completa de un sistema fiable de aplicación de la ley limita las disposiciones positivas de la legislación.

Nuevo código que puede debilitar a los sindicatos

A principios de 1998, el gobierno afirmó que planeaba introducir un nuevo código laboral que, entre otras cosas, establecería tribunales laborales. El nuevo código laboral debía haberse adoptado desde hace mucho tiempo.

Los sindicatos declararon que el nuevo código laboral reduciría su papel convirtiéndolos en un órgano de consulta para los empleadores sobre temas individuales y reduciría la protección contra la discriminación antisindical para los miembros de los órganos sindicales electos. Sobre todo, retira efectivamente el derecho de los sindicatos a defender a sus miembros.

El proyecto introdujo onerosos requisitos para el registro de los sindicatos y permitió a las autoridades supervisar e inspeccionar las actividades, acontecimientos y documentos sindicales. Asimismo, intentó transferir la función de representar los intereses de los trabajadores/as de los sindicatos a los que denomina "otros organismos".

Acciones judiciales

En 1997, se entablaron varias acciones judiciales por desempeñar actividades sindicales. La práctica de llevar a los sindicatos ante los tribunales por participar en acciones de protesta se ha difundido bastante. Como regla general, ya sea a la víspera de una acción colectiva, o en cuanto ésta ha llegado a su fin, las autoridades locales a menudo inician una acción judicial para decidir sobre la legitimidad de la propiedad sindical de diversas formas de propiedad.

Se hicieron procesos penales en contra de los organizadores de las huelgas de los trabajadores mineros. El día de la protesta de octubre de 1998, fueron secuestrados documentos financieros del sindicato en Nikolaevsk-na-Amure, mientras que en la región de Arkhangelsk la oficina local del fiscal consideró responsables de las condiciones de empleo así como de los aspectos relativos a la salud y la seguridad a los sindicatos y no a los empleadores.

Represalias contra los manifestantes

Los mineros que habían protestado por las demoras en el pago de los salarios en 1997, continuaron siendo víctimas de represalias. Muchos de ellos todavía no habían recibido su salario. Las autoridades han impuesto multas masivas, cárcel y otras medidas en su contra.

En enero de 1998, el Tribunal del Distrito de Nerchinsk condenó a 25 trabajadores, en su mayoría mujeres, a un año de cárcel en suspenso, así como a cuantiosas multas por haber bloqueado los ferrocarriles durante una protesta en la región de Chita. No se les había pagado durante más de un año y no habían recibido los subsidios familiares para sus hijos. Otros 16 trabajadores recibieron condenas parecidas.

En muchas otras regiones, los dirigentes de los trabajadores mineros se vieron confrontados a investigaciones penales por bloquear los ferrocarriles en 1998. Se informó que la Oficina del Fiscal General era el instrumento de los procesos y estaba tratando de hacer financieramente responsables a los trabajadores mineros por las pérdidas ocasionadas.

En las regiones de Kemerevo, Chelyabinsk y Chita así como en la República de Komy, los dirigentes de los sindicatos mineros fueron advertidos de que serían castigados por "actividad antisocial expresada en la organización de acciones de protesta en la forma de reuniones, piquetes, bloqueo de ferrocarriles y otros actos que alteran el orden público". Algunos de ellos recibieron "sanciones administrativas" acusándolos de "vandalismo" como en la región de Kemerovo, otros recibieron advertencias oficiales en contra de reuniones "ilegales", por ejemplo en la región de Chelyabinsk

En agosto, el Departamento de Asuntos Internos arrestó a Alexander Sergeiev, presidente del sindicato de mineros NPG, para interrogarlo sobre el papel desempeñado por el NPG en la acción colectiva llevada a cabo por los mineros. Las instalaciones del NPG fueron registradas y se secuestraron documentos.

Al mismo tiempo, llegaron informes de que el ministro de Justicia preveía modificar la legislación sobre sindicatos para "evitar confusión entre las acciones sindicales y los objetivos políticos". Se puso fin a las causas criminales contra los dirigentes mineros sólo cuando los diputados de la Duma los apoyaron.

Privatización

Con el pretexto de las modificaciones en el modelo de propiedad, la reestructuración, la reorganización y las bancarrotas, continuaron en la gran mayoría de las empresas los despidos masivos de trabajadores/as en contravención de la ley.

Contratos individuales con términos fijos

La tendencia a firmar contratos individuales con términos fijos para reemplazar los convenios colectivos continúa, disminuyendo la seguridad del empleo y reduciendo al mínimo las oportunidades de los sindicatos de defender a esos trabajadores/as. Los contratos a menudo carecen de contenido o consisten en condiciones que empeoran la situación legal de los trabajadores/as. Los empleadores pueden imponer modificaciones fundamentales en las condiciones de trabajo, reducir el número de semanas de trabajo, vacaciones obligatorias sin goce de sueldo o con un sueldo parcial violando las disposiciones de la ley.

Se intimida a las trabajadoras

En algunos casos, los empleadores obligan a las mujeres que solicitan trabajo a firmar declaraciones prometiendo no quedar embarazadas durante el término de un contrato de empleo, así como una carta de renuncia sin fecha. Este procedimiento priva a las trabajadoras de todos los pagos de la seguridad social en caso de despido, incluyendo el pago por el permiso de maternidad estatutario.

Se obstruye la sindicación

Los empleadores obstruyen la sindicación, especialmente en las organizaciones comerciales recientemente creadas. Cuando contratan a los trabajadores/as, les dicen que no pueden afiliarse a sindicatos. Algunas empresas estatales también prohibieron los sindicatos. Se tienen informes de activistas sindicales que han sido transferidos a puestos con menor salario o a los que se da licencia.

Sindicalistas despedidos

Se tiene informes de que en algunas plantas privatizadas los trabajadores/as, incluyendo los miembros del comité sindical, han sido despedidos debido a sus actividades sindicales. No obstante, la FNPR declaró que las acciones en justicia por lo general conducían a la restauración de los sindicatos y a la reintegración de los trabajadores ilegalmente despedidos.

Se desvían las cuotas sindicales retenidas en nómina

Los directores de las empresas a menudo se niegan a transferir las cuotas sindicales retenidas en nómina a los sindicatos y ellos mismos utilizan los fondos para resolver sus propios problemas financieros.

Intimidación

A pesar del impago de salarios, otra vez llegan informes de trabajadores/as intimidados para no organizar huelgas prometiéndoles salarios y pagos de bonificaciones. Los huelguistas a menudo son amenazados con el despido, el despido colectivo, con negarles la vivienda y otras sanciones.

Dirigente sindical asesinado

El 27 de enero de 1999, Gennady Borisov, dirigente del Sindicato de Personal Técnico y de Tierra de las Líneas Aéreas Vnukovo fue asesinado en el umbral de su apartamento. El 15 de enero, junto con otros activistas laborales, había iniciado un piquete en las oficinas centrales de la compañía aérea para protestar por los cuatro meses de salarios atrasados. Asimismo, estaba supervisando prácticas que se sospecha son ilegales respecto a las acciones de la empresa.

Huelga para protestar por el cese de pagos salariales

A principios de 1998, muchos trabajadores/as todavía no habían recibido su salario. Los trabajadores/as del transporte público pertenecientes tanto a la central sindical oficial controlada por el Estado, SSS, como a los sindicatos independientes hicieron un paro general en la capital, Belgrado, a partir del 12 de enero para protestar por el impago de los salarios.

El 15 de enero, se ordenó a los trabajadores/as que volvieran a su trabajo para mantener el 70% de los servicios mínimos que dispone la ley. Un funcionario municipal declaró que todo trabajador que se negara a cumplir con sus obligaciones sería despedido. El gobierno declaró que la huelga era ilegal. Al cabo de seis días, los sindicatos declararon que asegurarían un 70% del servicio y se reanudaron las conversaciones. Un día más tarde, las autoridades de Belgrado declararon que privatizarían el transporte público.

Hacia finales de enero, otros trabajadores/as públicos hicieron huelga para protestar por el retraso del pago de los salarios. El pago de las prestaciones de la seguridad social y las pensiones también fueron demorados.

Sindicato independiente víctima de represalias

El sindicato independiente, Nezavisnot, continuó siendo víctima de represalias por parte de la policía, las autoridades y los empleadores. Sus dirigentes y activistas de vieron confrontados con la suspensión de sus empleos y la prohibición de entrar a las fábricas. A su vez, fueron transferidos a trabajar a otros lugares o en trabajos con salarios inferiores; fueron obligados a tomar "licencia forzosa" y estuvieron sujetos a procedimientos disciplinarios sin fundamento e ilegales o despedidos. En las fábricas donde se habían organizado sindicatos independientes se organizaron sindicatos paralelos.

Privilegios para el sindicato oficial

El SSS goza de privilegios legales y puede monopolizar la negociación colectiva debido a que sólo pueden negociar los sindicatos de un determinado lugar de trabajo que tienen una mayoría de afiliados.

Los directores de las empresas retienen automáticamente en nómina las cotizaciones sindicales para la SSS, incluso si provienen de miembros de los sindicatos independientes. Las solicitudes de pago de cuotas a un sindicato independiente permitía a los directores ver la lista de los miembros.

Prescripciones legales a los derechos sindicales

La ley de Relaciones Laborales de 1996 dio a los directores de empresa poderes ilimitados sobre los contratos de empleo, la contratación y nombramientos para determinados puestos de trabajo y para poner término al empleo. Priva a los trabajadores/as del derecho de apelación en contra de las decisiones de la dirección en la empresa. El único recurso sería el tribunal o el arbitraje.

La ley federal de Huelga impuso disposiciones restrictivas de huelga en "empresas de interés social general". Más del 60% de las empresas entran en esta categoría.

La ley permite a los empleadores definir el servicio mínimo que ha de mantenerse durante una huelga. Ello significa que las huelgas están prácticamente prohibidas en la mitad del sector económico. En el sector del transporte, la ley dispone un servicio mínimo del 70%.

Los huelguistas no pueden reunirse fuera de los lugares de trabajo y, aunque la ley estipula que los empleadores no pueden contratar nuevos trabajadores/as para reemplazar a los que se encuentran en huelga, define que en algunas circunstancias pueden contratarse nuevos trabajadores/as. Entre estas circunstancias se incluyen la necesidad de asegurar un servicio mínimo o cumplir con obligaciones internacionales.

En virtud del código penal, el "abuso de derecho de huelga" puede condenarse con penas de hasta un año de cárcel o una multa por una huelga ilegal.

Sindicalistas atacados por el director

El anteproyecto de ley se ajusta a las normas de la OIT

Legislación

En marzo, se aprobó una ley para resolver los conflictos colectivos de trabajo. El gobierno declaró que se estaban elaborando nuevas leyes sobre los sindicatos y los convenios colectivos con los agentes sociales, así como un decreto para establecer servicios de mediación y conciliación nacional.

El código penal restringe el derecho de huelga en el sector público y el sector del transporte, permitiendo penas de hasta tres años de cárcel.

Salarios impagos

El grave problema del cese de pagos de los salarios continuó en 1998. Los mineros y los docentes organizaron muchas acciones de protesta. En julio, el gobierno decidió unilateralmente retirar a los sindicatos la administración del fondo de seguro social, pero ante las protestas de los sindicatos posteriormente revocó la decisión.

Discriminación

El Sindicato Independiente de Mineros (NPG) declaró que la mina N.P. Barakov, en Krasnodon, discriminaba a los dirigentes y afiliados sindicales. Contrató trabajadores que afirmaban no se afiliarían al sindicato NPG; durante los cierres despidió en primer lugar a los afiliados al NPG, los dirigentes sindicales fueron despedidos ilegalmente, los miembros del NPG no recibieron sus salarios durante varios meses y la dirección ordenó cerrar la oficina del NPG. Se informó que posteriormente se firmó un convenio colectivo entre la dirección de la mina y el NPG.

Intimidación