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Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales
ASIA
AUSTRALIAJAPÓN
En 1998 Asia continuaba tambaleante por los efectos de la crisis financiera. Un rápido aumento de las bancarrotas y de las reducciones de personal condujo a un aumento masivo del desempleo y de la pobreza. Cientos de miles de personas perdieron sus puestos de trabajo en Tailandia. El desempleo se duplicó alcanzando el 8 por ciento en Filipinas, se triplicó llegando al 9 por ciento en Corea del Sur y alcanzó una cifra nunca vista del 16 por ciento en Indonesia. En Hong Kong se despidió a muchísimos trabajadores sin que se los indemnizara. En China también fueron despedidos millones de trabajadores de fábricas estatales. Hubo muchas manifestaciones de protesta por los despidos y confrontaciones con la policía. Los trabajadores tienen pocos medios para defenderse ya que la Federación General China de Sindicatos (ACFTU) es parte del aparato del partido gobernante y su función es poner en práctica su política. En ese país los sindicatos independientes siguen estando proscritos y durante el año fueron detenidos más militantes sindicales independientes. Muchos continuaron en la cárcel o en campos de trabajo donde estaban ya en años precedentes y con frecuencia recibieron un trato especialmente duro, incluyendo violencia física. En Birmania no se produjeron cambios. No se tolera ninguna actividad sindical y los sindicalistas detenidos continuaron en la cárcel. La FTUB continúa manteniendo sus estructuras clandestinas, sus militantes siguen siendo objeto de constante vigilancia y temiendo permanentemente ser arrestados y torturados. En Corea del Norte continúan estando prohibidos los sindicatos independientes. La mayor mejora del año que se examina se produjo en Indonesia, a raíz de la dimisión del presidente Suharto en el mes de mayo. Se ratificó el Convenio No. 87 de la OIT, se dio reconocimiento a sindicatos independientes y diversos militantes sindicales fueron liberados, Muchtar Pakpahan entre ellos. Sin embargo, las actitudes no cambian de un día para el otro. En ejército y la policía continúan interviniendo durante las huelgas y manifestaciones. Las tropas utilizaron balas de goma para dispersar una manifestación, mientras que en otro incidente la policía golpeó con palos de bambú a trabajadores textiles despedidos. En Corea del Sur los sindicatos tuvieron un año turbulento. Por una parte, se hicieron acuerdos para cambiar la legislación a fin de que los trabajadores del sector público y los docentes tengan algunos derechos sindicales pero, por otra, casi quinientos sindicalistas fueron detenidos o figuraban en la lista de buscados. En Turquía continuaron las violaciones de los derechos sindicales y todavía no se ha resuelto la cuestión de negociación colectiva para los trabajadores del sector público. Sigue habiendo todavía muchas limitaciones sobre quién puede pertenecer a sindicatos en esa región, especialmente en el sector público. En Tailandia ningún empleado estatal puede afiliarse a sindicatos. Se estimó que el gobierno había frustrado deliberadamente la aprobación de un proyecto de ley para reformar las empresas estatales, ley que hubiera restaurado los derechos sindicales. También en Bangladesh se prohibe a muchos trabajadores del sector público afiliarse a sindicatos. En Pakistán, el gobierno declaró servicio esencial al proyecto de energía hidráulica de Ghazi Barotha, restringiendo así en gran medida los derechos sindicales en el mismo. A finales del año puso al ejército a cargo de la empresa estatal de suministro de agua y energía (WAPDA) y suspendió la actividad sindical en ella. En las zonas francas están muy limitados los derechos de sindicación y de negociación colectiva. En Bangladesh, los sindicatos están proscritos por ley, en Filipinas no hay prácticamente ningún sindicato en las zonas francas, en Sri Lanka, la legislación laboral no se aplica en las zonas francas y en Pakistán, los trabajadores de esas zonas no tienen derecho de negociación colectiva ni de huelga. Al tener poco que temer de los gobiernos, los empleadores de las zonas francas se sienten con plena libertad para imponer condiciones abusivas. En las zonas exentas de impuestos de Fiji, donde un fabricante de ropa obligó a los trabajadores a hacer 36 horas de corrido, es prácticamente imposible la sindicación debido a la hostilidad de los empleadores. En Camboya un empleador implantó una regla que obliga a los trabajadores a desempeñar sus tareas toda la noche para cumplir plazos de entrega, y acuerda solamente dos domingos francos por mes. Uno de los mayores ataques que sufrieron los derechos sindicales se produjo en Australia, donde la víctima fue el sindicato marítimo. Continuaron los intentos de destruir el sindicato y de tomar mano de obra no sindicada en los muelles y el conflicto se intensificó. Patrick Stevedores despidió a la totalidad de sus 2.000 estibadores y guardias de seguridad acompañados de perros sacaron a los trabajadores por la fuerza. El ministro de Relaciones Laborales se mostró satisfecho por los despidos. Más tarde, los trabajadores fueron reincorporados, una vez que la corte federal dio curso a un mandamiento judicial originado por una queja del sindicato MUA, con el respaldo de la solidaridad sindical internacional. La ley de relaciones del lugar de trabajo de 1996 viola los derechos sindicales básicos, incluso socavando el derecho de negociación colectiva. Nueva Zelandia tampoco dio un buen ejemplo. El gobierno hizo caso omiso de las recomendaciones de la OIT de enmendar su brutal ley de contratos de empleo, ley que desmanteló el sistema precedente de convenios colectivos y los reemplazó con contratos individuales de empleo. CAPITAL: Canberra POBLACIÓN: 18.100.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-87-98-100-111 Graves ataques del gobierno a los derechos sindicales a través de su adopción de la ley sobre Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 y su apoyo a la liquidación de los sindicatos de los puertos australianos. La ley mina el papel de los sindicatos En 1996, el gobierno presentó la ley sobre Relaciones en el Lugar de Trabajo que minó dramáticamente las posibilidades de los sindicatos de proteger a sus miembros y mejorar sus salarios y condiciones. La OIT criticó la ley por ser demasiado larga y compleja y pidió al gobierno que hiciera síntesis sencillas y las pusiera a disponibilidad de los sindicatos y los empleadores.
Se fomentan los convenios individuales por encima de los colectivos La Ley hace hincapié en las relaciones directas entre el empleador y el trabajador/a en el lugar de trabajo. Y en particular, fomenta acuerdos individuales llamados Acuerdos en los Lugares de Trabajo Australianos (AWA) por encima de los convenios colectivos. El contenido de estos acuerdos es confidencial y es imposible verificar infracciones de salarios mínimos y condiciones de empleo. Los AWA tienen primacía sobre las concesiones salariales federales y estatales (sobre el salario mínimo estatutario) o acuerdos, y sobre los convenios colectivos certificados, a menos que el acuerdo esté ya en vigor cuando entre en vigor un AWA. Una vez que un AWA está en vigor, no puede ser desplazado por un acuerdo certificado, y es más fácil lograr que un AWA tenga vigencia legal que hacerlo con un convenio colectivo. Rio Tinto es una de las empresa que ha utilizado esta nueva legislación, que ellos ayudaron a elaborar, para tratar de liquidar los sindicatos, fomentando los AWA en varias de sus plantas.
Preferencia a la negociación a nivel de empresa La ley coloca los convenios colectivos sindicales y no sindicales en pie de igualdad y da preferencia a la negociación a nivel de lugar de trabajo o de empresa. Encomienda además a la Comisión de Relaciones Laborales que fomente los acuerdos a nivel de empresa por encima de los acuerdos con varios empleadores e indica que los acuerdos en varias empresas sólo pueden ser certificados si favorecen el "interés público". El pago de los días de huelga no puede ser tema de negociación. La mayoría de la mano de obra debe aprobar un convenio colectivo. La ley parece permitir a un empleador que abre una nueva empresa elegir con qué sindicato va negociar antes de emplear el personal. Aunque, en general, la ley protege a los trabajadores/as en contra de la discriminación antisindical, ciertos grupos pueden ser excluidos de la protección ante el despido injusto. Las enmiendas propuestas en 1997, por ejemplo, excluyen de tal protección a los nuevos trabajadores/as de las pequeñas empresas.
Se limita el alcance de las huelgas legales La ley limita las posibilidades de huelgas legales e incrementa las sanciones por infringir la ley. La aplicación de la ley niega efectivamente el derecho de huelga en la negociación de acuerdos colectivos con multiempleadores, a nivel industrial o nacional, prohíbe que las huelgas hagan presión sobre los empleadores para que paguen el subsidio gremial y las huelgas que implican un conflicto de demarcación gremial La ley también prohíbe efectivamente las huelgas de solidaridad y los boicoteos de apoyo así como las huelgas "que amenazan con provocar perjuicios importantes en la economía australiana o en una parte importante de ella". El registro de un sindicato puede cancelarse en los lugares en donde sus miembros llevan a cabo campañas laborales que interfieran con el comercio o con el suministro de cualquier servicio público.
Otra legislación Las enmiendas a la ley sobre las Prácticas Comerciales de 1974, por la Ley de Enmienda de la Legislación de Relaciones de Trabajo en 1997, mantuvieron las prohibiciones de una amplia variedad de boicoteos de solidaridad, que pueden castigarse con sanciones financieras sumamente altas. La ley contra los delitos, de 1914, puede ser utilizada parar prohibir las huelgas "que perjudiquen o amenacen el intercambio o el comercio con otros países o entre los Estados" y prohíbe los boicoteos que "tengan como consecuencia la obstrucción u obstaculice la ejecución de los servicios por parte del gobierno australiano o el transporte de mercancías o personas en el comercio internacional".
Legislación estatal A nivel estatal, la legislación promulgada en Queensland en 1997 era similar a la ley sobre las Relaciones en el Lugar de Trabajo federal que además fomentaba los Acuerdos de Lugares de Trabajo de Queensland. En New South Wales, la ley de Relaciones de Trabajo de 1996 excluye a ciertos grupos de trabajadores/as de las disposiciones de despido injusto y resulta ambigua en cuanto a la protección de los trabajadores ante actos de discriminación antisindical. Estipula un sistema de acuerdos de empresa, sin especificar que se pueden concluir convenios colectivos a cualquier otro nivel. Un acuerdo de empresa debe estar aprobado por un 65% de los trabajadores/as en la empresa. En South Australia, las enmiendas a la ley de Relaciones de Trabajo y Empleo de 1994 estipulan un sistema de acuerdos de empresa y no especifican si se pueden negociar convenios colectivos a otro nivel. Las disposiciones de la Ley Federal de 1996 sobre el boicoteo de solidaridad se aplica como ley estatal. En Western Australia, las nuevas disposiciones de la ley de Enmienda de la Legislación de Relaciones de Trabajo, de 1997, que enmiendan varias leyes, negaron a los trabajadores/as la protección contra la discriminación por actividades sindicales, aunque todavía no pueden ser despedidos solamente por pertenecer a un sindicato. La ley establece un sistema de contratos de empleo entre un empleador y un trabajador o un grupo de trabajadores, pero permite que los acuerdos individuales estén por encima de los convenios colectivos y del sistema de adjudicaciones. Cuando hay un acuerdo con un grupo de trabajadores, los sindicatos tienen un papel muy limitado y no pueden determinar lo que ha de inscribirse en el acuerdo. Las nuevas enmiendas contienen además otras violaciones a los derechos sindicales que incluyen la restricción del derecho de los trabajadores a formar y afiliarse al sindicato de su elección, la interferencia en los asuntos sindicales internos, la restricción del acceso de los representantes sindicales a los lugares de trabajo, restricciones significativas al derecho de huelga, incluyendo formas de terminar las huelgas, una prohibición a las huelgas de solidaridad y largas y complejas regulaciones para la votación del preaviso de huelga. La ley de 1996 es la principal legislación en el Territorio Norte y en Victoria. Al disponer su extensión a Victoria, especifica que cuando un convenio colectivo deja de estar en vigor es reemplazado por un acuerdo de empleo individual en los mismos términos.
Desmantelamiento sindical con apoyo del gobierno A partir de septiembre de 1997, el gobierno hizo varios intentos por introducir mano de obra no sindicalizada en el manejo de cargamentos en los puertos australianos para reemplazar al Sindicato Marítimo de Australia (MUA). Ya había gastado más de un millón de dólares en informes de consultoría que examinaban formas de liquidar el MUA que había hecho huelga para protestar contra la promulgación de la legislación que prohibía los boicoteos de solidaridad. La presión organizada por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) tuvo como resultado que se cancelara un contrato no sindical en el puerto de Cairns después de que una nueva empresa de estibadores intentó reemplazar a los miembros del MUA con estibadores no sindicados. El gobierno admitió que había apoyado el plan.
Se contrató ex-personal militar para liquidar al sindicato En diciembre, mientras que el MUA discutía con las autoridades sobre productividad y costos en los puertos australianos, se enteró del plan secreto respaldado por el gobierno, de reclutar y dar formación a personal militar en el equipo de manejo de cargamento. El programa había sido organizado por ex-personal militar de la unidad militar especialmente entrenada de Australia, la SAS. Los avisos en búsqueda de mercenarios aparecieron en el periódico para el personal militar The Army. El entrenamiento de los 60 reclutas, entre ellos 18 miembros del personal en servicio de las Fuerzas Australianas de Defensa, se realizó en el Puerto de Rashid, en Dubai, uno de los Emiratos Árabes Unidos donde están prohibidos los sindicatos. Los mercenarios recibieron pingües bonos después de cada fase de entrenamiento. El entrenamiento se continuaría en Australia. Tras las protestas nacionales e internacionales, en particular de la ITF, los Emiratos Árabes Unidos cancelaron los visados de los mercenarios así como su contrato con las autoridades del Puerto de Dubai.
1998 - importante ataque al sindicato marítimo En enero de 1998, quedó de manifiesto que estas operaciones eran preparativos para un importante ataque en contra de las condiciones sindicales en los puertos sindicados, con respaldo del gobierno, de la Federación Nacional de Agricultores (NFF), un organismo de productores agrícolas de derecha. La NFF había acordado con una de las dos principales compañías de estibadores alquilar con derecho a compra parte de una terminal en Melbourne en la que utilizaría sus propios trabajadores (no miembros del MUA). La NFF y el gobierno amenazaron desde el punto de vista jurídico al MUA y a la FIT, que continuaron organizando la presión sindical a nivel internacional. El 7 de abril, el conflicto tuvo una dramática escalada. Todos los trabajadores de los muelles, unos 2.000 empleados de la empresa Patrick Stevedores, filial de la Lang Corporation, fueron despedidos. Los guardas de seguridad entraron con perros en las instalaciones para sacar por la fuerza a los trabajadores. Varios resultaron lesionados. Se trajeron trabajadores no sindicados, que habían sido formados por la NFF durante las semanas anteriores, en Melbourne, para que operaran el equipo de manejo de cargamentos.
El ministro recibió con beneplácito los despidos Esta acción contó con todo el apoyo del gobierno. El ministro de las Relaciones en el Lugar de Trabajo se alegró de los despidos. El gobierno puso a disposición una enorme cantidad de dinero para pagar la indemnización de los trabajadores. El MUA introdujo una demanda y obtuvo una orden de los tribunales federales para declarar ilegales los despidos. La empresa Patrick declaró que el fallo no era aplicable.
Ataque jurídico en contra de la Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) El 10 de abril, tuvo lugar un ataque jurídico sin precedentes contra la ITF en el Reino Unido, cuestionando su derecho a llevar a cabo su función central de coordinar la solidaridad sindical internacional. Patrick Stevedores, con el respaldo del gobierno australiano, consiguió una orden judicial provisional de siete días en el Tribunal Supremo para evitar que la ITF realizará ninguna acción en contra de los intereses económicos de Patrick. El 17 de abril, el Tribunal Supremo retiró la orden provisional contra la ITF declarando que era "palpablemente injusta".
Fallo del tribunal en favor del sindicato Los fallos subsiguientes en Australia fueron en favor del MUA. El 21 de abril, el tribunal federal mantuvo la orden de que la empresa Patrick debía reintegrar a sus trabajadores. La empresa apeló dos veces al fallo, incluido ante el Tribunal Supremo, pero finalmente el 4 de mayo se ordenó su reintegración. Tres días más tarde, volvieron al trabajo.
Los ataques continúan Siguieron los ataques contra el sindicato. El 23 de mayo, la Comisión de Competencia y Consumo de Australia (ACCC), que vigila la competencia, anunció que estaba tratando de conseguir una orden en contra del MUA para evitar cualquier prohibición internacional en contra de los buques o cualquier boicot a nivel nacional. La empresa Patrick solicitó al tribunal federal cancelar el registro del sindicato. Los argumentos de la ACCC contra el MUA se basan en la Ley de Prácticas Comerciales. La presión sindical internacional siguió ejerciéndose. Los buques cargados por la mano de obra no sindicada de Patrick Stevedores fueron retrasados, desviados y boicoteados en todo el mundo.
Acuerdo Finalmente, a principios de septiembre se llegó a un acuerdo entre el MUA y Patrick Stevedores. La empresa pagó garantías financieras que la Comisión de Competencia y Consumo de Australia había exigido al sindicato. Los trabajadores que deseaban dejar el sector obtuvieron buenos programas de indemnización por retiro voluntario y se mantuvieron los acuerdos sindicales. Se retiraron las medidas judiciales contra la ITF interpuestas por la empresa Patrick en Londres, y estuvieron de acuerdo en pagar algunas de las costas legales de la ITF. CAPITAL: Bakú POBLACIÓN: 7.594.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-87-98-100-111-138 En el transcurso del año ha habido alguna mejoría gracias a la enmienda de la legislación que databa de la época de la URSS. No obstante, la privatización ha atraído a empresas multinacionales que tratan de obstruir la organización sindical. Restricciones legales en la actividad sindical La ley de Sindicatos de 1994 prohibe que los sindicatos participen en actividades políticas, se asocien con partidos políticos, realicen actividades conjuntas, o que les brinden ayuda o concedan donaciones y vice versa. Garantiza sí el derecho de los sindicatos a organizarse y a concluir convenios colectivos. El código penal prácticamente prohibe las huelgas en el transporte, así como en las instituciones y empresas estatales y públicas, dando lugar a penas de hasta tres años de cárcel.
Enmiendas En 1998, finalmente se aprobó la nueva legislación sobre la resolución de conflictos. Se enmendaron partes de una legislación de 1991, que databa de la época de la URSS, que prohibía las huelgas en los transportes por ferrocarril y municipales incluyendo el metro y la aviación civil, las comunicaciones y la producción de energía eléctrica.
1998 - Las multinacionales obstruyen la sindicación En 1998, continuó la privatización. Las empresas multinacionales invirtieron en varios sectores de la economía. Los sindicatos informaron que éstas obstruían la organización sindical y habían despedido a los dirigentes sindicales electos. Algunas empresas hicieron que sus trabajadores firmaran contratos en los que estaban de acuerdo en no afiliarse a un sindicato, o a no formar uno. Los procedimientos judiciales para resolver las demandas de despidos injustificados son lentos y las decisiones de los tribunales rara vez son en favor de los sindicatos. Las autoridades no hacen mucho esfuerzo por respetar la legislación. CAPITAL: Dacca POBLACIÓN: 120.100.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-87-98-100-111 La sindicación está prohibida para muchos trabajadores del sector público y es fuertemente desaconsejada en el sector privado, con frecuencia por medio de amenazas e intimidaciones. Hubo indicios de que el gobierno se preparaba a reprimir la actividad sindical en el sector bancario. Fuertes restricciones de los derechos sindicales Los trabajadores que no pueden pertenecer a un sindicato incluyen a los funcionarios públicos (con la excepción de los trabajadores del transporte ferroviario y los servicios de correos y telecomunicaciones), docentes y enfermeros/enfermeras, ejecutivos y técnicos, y trabajadores/as de las zonas francas. Si bien algunos de estos trabajadores han formado asociaciones o sindicatos no registrados, no pueden negociar convenios colectivos. Por lo general, los salarios y las condiciones de trabajo en el sector público son fijados por las comisiones salariales nombradas por el gobierno. El registro de los sindicatos es obligatorio, y los trabajadores pueden ser sancionados por no registrar un sindicato, o por organizar actividades sindicales sin registro. El treinta por ciento de los trabajadores de cualquier centro de trabajo debe estar afiliado a un sindicato antes de que éste pueda ser registrado, y dicho sindicato puede ser disuelto si su cifra de afiliados está por debajo de ese umbral. Sólo los sindicatos registrados de conformidad con las disposiciones de la ley, pueden ser considerados como interlocutores en una negociación.
Se desalienta la sindicación en el sector privado En el sector privado, la negociación colectiva es rara y se desalienta la sindicación. La legislación contiene disposiciones que impiden la negociación colectiva en las pequeñas empresas. En el sector del vestido en particular, los trabajadores que tratan de crear sindicatos han sido víctimas de amenazas e intimidaciones, y las autoridades se han aliado a los empresarios para impedir la creación y el registro de los sindicatos. Las mujeres representan el noventa por ciento de la mano de obra en las 2,600 fábricas implantadas en Dhaka, Narayanganj, y Chittagong, que exportan principalmente a Europa y Norteamérica.
Más restricciones El responsable de la Oficina de registro sindical tiene poderes muy vastos para interferir en cuestiones internas de los sindicatos. Puede entrar en los locales sindicales e inspeccionar documentos. Los sindicatos también han señalado que sus actividades se ven obstaculizadas por decisiones administrativas de las autoridades. Los sindicatos no están protegidos en contra de actos de injerencia por parte de los empleadores. La protección legal en contra de la discriminación antisindical es inadecuada. Los trabajadores bajo sospecha de desempeñar actividades sindicales son objeto de represalias y pueden ser desplazados de forma arbitraria. Los candidatos a cargos sindicales deben ser empleados actuales o antiguos de un centro de trabajo o de un grupo de centros de trabajo.
Restricciones de huelga Las tres cuartos de los miembros de un sindicato deben aprobar la acción de huelga. El gobierno puede prohibir una huelga que dure más de treinta días, y remitir el caso al Tribunal laboral para una decisión definitiva. Las huelgas se pueden prohibir en cualquier momento si se considera perjudicial al interés nacional o si implica a una empresa de servicios públicos. Los trabajadores pueden ser encarcelados por participar en una huelga ilegal.
Poderes especiales La ley sobre Poderes Especiales de 1974, puede ser utilizada por las autoridades para detener a sindicalistas sin cargos en su contra.
La revisión legislativa se ha aplazado En 1992 se creó una Comisión Nacional de Legislación Laboral tripartita para revisar la legislación laboral, y se elaboró un nuevo proyecto de código. El gobierno, sin embargo, sigue diciendo a la OIT que está reexaminando las recomendaciones de la Comisión.
Zonas francas de exportación El gobierno anunció a finales de 1997 que crearía otras tres zonas francas en los próximos dos años que se sumarán a las existentes en Chittagong y Dhaka. Se calcula que el número de personas que trabajan en las zonas aumentará de 60,000 a 106,000.
Prohibidas las actividades sindicales en el Banco Central En mayo de 1997, el Banco Mundial recomendó que Bangladesh reformara su sector bancario, entre otras cosas prohibiendo las prácticas "escandalosas" de los sindicatos. El 29 de julio de 1997, el gobierno creó una unidad de trabajo de cinco personas para elaborar un plan de acción para poner fin a la "intromisión de los sindicatos en la gestión del Banco Central y otros bancos del sector público y privado y para proponer soluciones". Esto se refería aparentemente a la interferencia en la administración de los bancos de parte de sindicatos afiliados a partidos políticos. La unidad de trabajo presentó un informe en febrero de 1998 en el que figuraba una serie de recomendaciones que incluían la prohibición de actividades sindicales en el Banco Central de Bangladesh y en los bancos comerciales durante por lo menos tres años. El 22 de enero de 1998, las actividades sindicales fueron prohibidas en el Banco central de Bangladesh después de que algunos trabajadores y dirigentes de un sindicato hubieran agredido a un Director General y a miembros del sindicato rival. Ocho dirigentes sindicales fueron suspendidos.
Victoria de un responsable de negociación Otro sindicato, que era el interlocutor del banco para cuestiones relativas a la negociación colectiva, llevó el caso al Tribunal Supremo que emitió una sentencia favorable al sindicato. A finales de junio esa organización pudo reanudar sus actividades en el Banco Central de Bangladesh y su oficina volvió a funcionar con normalidad.
Amenaza de represión En enero de 1999, se recibió información de que el gobierno se preparaba a prohibir los sindicatos en el Banco Central de Bangladesh, y a prohibir que los sindicatos tuvieran oficinas y que organizaran actividades en cualquier sucursal u oficina regional de los bancos comerciales. Sólo la organización encargada de la negociación colectiva podría tener una oficina en la sede central del banco. Los militantes del sindicato no podrían volver a utilizar los teléfonos, los transportes u otras instalaciones y equipo del banco. Cualquier infracción a la normativa propuesta, acarrearía una pena máxima de dos años de cárcel y una multa.
Trabajadores heridos por la policía en una acción de protesta En marzo de 1998, los trabajadores del textil y yute perturbaron el tráfico entre Ddhaka y Chittagong para pedir incrementos salariales y el pago de una prima antes del día de vacaciones religiosas. La policía armada de matracas dispersó a los trabajadores, causando muchos heridos. CAPITAL: Rangún POBLACIÓN: 45.922.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-87 Todos los derechos sindicales básicos son denegados. La dictadura militar de Birmania reprime a todos aquellos que toman parte en actividades sindicales independientes, incluyendo acciones de huelga, y corren el riesgo de ser arrestados, torturados y encarcelados. No existen los derechos sindicales En Birmania no existen los sindicatos legales, ni las leyes sindicales ni estructura jurídica alguna para la protección de los derechos sindicales. No existe un marco reglamentario que ampare la negociación colectiva o que proteja a los trabajadores que se enfrentan a casos de discriminación antisindical. Las autoridades no promueven la negociación colectiva y no tenemos indicios de que exista.
Sindicato en exilio La Federación sindical de Birmania, la FTUB, está obligada a funcionar fuera del país. La FTUB fue fundada en 1991 por antiguos dirigentes sindicales y afiliados al sindicato que fueron despedidos y perseguidos por el régimen militar debido a sus actividades sindicales. La FTUB coordina sus actividades con la prohibida Liga para la Democracia Nacional (NLD), que ganó las elecciones de 1990 pero que no pudo asumir el poder por causa del régimen militar. La dirigente del NLD Aung San Suu Kyi, ha manifestado su apoyo por la FTUB y por el sindicalismo independiente en Birmania.
Bajo vigilancia de los militares La FTUB mantiene estructuras clandestinas conectadas con centros de trabajo dentro del país, y sus militantes están bajo vigilancia constante por parte de la policía y de los servicios de inteligencia militares, y viven con el miedo permanente de ser arrestados y torturados. La FTUB también trabaja con grupos étnicos en las zonas fronterizas, algunos de los cuales tienen sus propias estructuras sindicales, en particular en los sectores de la salud y la educación.
Intimidación de los marinos El Sindicato de Marinos de Birmania, que forma parte de la FTUB, funciona en el exilio ayudando a los marinos birmanos. El régimen controla todos los aspectos del empleo de los marineros a través de la División de Control del Empleo de Marinos, y ha habido numerosos casos de abuso e intimidación de los marinos que se quejaban de una retribución insuficiente o de las malas condiciones de trabajo en los barcos extranjeros.
Arresto, encarcelamiento y tortura Dos miembros del Comité Ejecutivo de la FTUB arrestados en junio de 1997 por oficiales de los servicios de inteligencia, permanecieron en la cárcel. U Myo Aung Thant, miembro del All Burma Petro-Chemical Corporation Union, fue arrestado con su mujer y sus hijos. Tras un juicio secreto, fue condenado a cadena perpetua por "alta traición", y a más diez años de cárcel por otros cargos en agosto de 1997. Fue acusado de haber tratado de importar explosivos ilegalmente a Birmania. Fue encarcelado en celda aislada en la prisión de Insein. U Kyin Kyaw, dirigente del Sindicato de Marinos de Birmania, fue arrestado con su esposa. Ya había sido detenido por sus actividades sindicales en 1993 y había sido torturado durante la detención. Se sigue sin conocer su paradero, y no ha sido enjuiciado. CAPITAL: Pnom Penh POBLACIÓN: 10.273.000 Convenios de la OIT ratificados: 29 La connivencia entre el ministro del Trabajo y los empleadores dio lugar a la creación y registro de sindicatos controlados por la empresa, en particular en el sector del textil, los sindicatos independientes se enfrentaron a graves dificultades para obtener el registro. El código laboral El nuevo código laboral, que entró en vigor en marzo de 1997, confería a los trabajadores del sector privado el derecho de sindicación, de negociación colectiva y de huelga, aunque los procedimientos en caso de huelga son largos y complejos. Los funcionarios del sector público está cubiertos por la ley de la administración pública y no tienen derecho a formar sindicatos.
Registro sindical Para obtener un registro legal, los sindicatos deben presentar una solicitud, una lista de los dirigentes del sindicato y una copia de sus Estatutos a las autoridades. El registro es automático al cabo de 60 días. Otra sección de la ley establece que las personas responsables de la dirección y administración de los sindicatos, no deberán haber sido "condenados por ningún delito por ningún tribunal". El ministro de Trabajo se ha referido a esta cláusula para obligar a 10 miembros del Comité Ejecutivo que deseaban fundar un sindicato a obtener certificados de buena conducta de la policía, aprobados y sellados por el Ministerio de Justicia, como condición para el registro. Los certificados son difíciles de obtener, requieren tiempo y son costosos. Se debe presentar el documento nacional de identidad para obtener el certificado, aunque no existe un sistema nacional de documentos de identidad. Nos han informado que la única manera de obtener el documento de identidad, es dando un soborno importante a la policía.
Elecciones de los delegados sindicales De acuerdo a la ley, los delegados sindicales deben elegirse en todas las empresas que empleen por lo menos 8 trabajadores entre los candidatos presentados por sindicatos representativos. El Ministerio del Trabajo emitió una orden ulterior que establecía que a falta de sindicato, y en espera de la creación del mismo, se elegirá al delegado sindical entre los trabajadores.
Sindicatos patrocinados por el gobierno Funcionarios gubernamentales han alentado a los trabajadores a crear y registrar sindicatos patrocinados por el gobierno en fábricas donde ya existen sindicatos independientes. Hemos recibido informes de elecciones sindicales forzosas en varias fábricas donde los directores de las fábricas hacían todo para propulsar a sus propios candidatos. Hubo también colusión entre las autoridades y los empleadores para nombrar a delegados sindicales en las fábricas.
Insuficiente aplicación de la ley Las autoridades con frecuencia han ignorado las quejas presentadas por los trabajadores por casos de abusos. Los mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas del Código laboral son inadecuados y los pocos inspectores del trabajo que hay son casi siempre mantenidos fuera de las fábricas, a veces por guardaespaldas armados.
Casos de abusos en el sector de la confección Una ola de huelgas a finales de 1996 y principios de 1997 en la emergente industria del vestido de propiedad principalmente asiática, fueron brutalmente reprimidas y los líderes de los sindicatos recientemente creados, fueron en muchos casos despedidos. La mayoría de las fábricas están en la capital Phnom Penh, y fabrican para el mercado norteamericano. En 1998, el sector de la confección experimentó una baja de crecimiento debido a la crisis económica en Asia. Los trabajadores del sector son principalmente mujeres sin experiencia, que son obligadas a trabajar durante largas horas (incluyendo horas extraordinarias obligatorias) por salarios muy bajos, y son víctimas de abuso físico, insultos, golpes y son obligadas a desnudarse en público para que las registren. No tienen licencia por maternidad y las trabajadoras embarazadas son despedidas sin aviso previo ni indemnización, al igual que los trabajadores que están enfermos, o que se quejan o que organizan a otros trabajadores.
Denegación de registro El FIDU, sindicato independiente de empresa textil, en la fábrica textil de propiedad coreana, Sam Ham, fue fundado oficialmente en marzo de 1997. Las solicitudes de registro en marzo y junio de 1997 fueron rechazadas por las autoridades, alegando que no se habían cumplido algunas condiciones. Las autoridades nunca registraron al sindicato. El tesorero del sindicato fue despedido en octubre de 1997 y el resto de los dirigentes en febrero de 1998. En marzo habían registrado a otro sindicato. Ninguno de los trabajadores sabía nada de él. A otro sindicato independiente en la fábrica de Ming Cheong le fue también denegado el registro. El sindicato industrial independiente FTUWKC que está presente en varias fábricas textiles, solicitó su registro en enero de 1997. Las autoridades declararon que los responsables del sindicato no habían aunado a la solicitud los debidos certificados de policía aprobados y sellados por el ministro de Justicia. El sindicato fue finalmente registrado el 25 de diciembre de 1998 bajo la presión de los sindicatos internacionales.
Intervención de la dirección En 1997, se registró un sindicato en la fábrica PPS Garment. Los trabajadores relataron que guardias de seguridad y representantes de la dirección les distribuyeron formularios de afiliación y los obligaron a llenarlos. Más tarde, las mismas personas les entregaron sus carnés de afiliados. En la fábrica Cambodia Sports Wear Garment, no hubo elecciones sindicales; fue la dirección que decidió y anunció quienes serían los líderes. Se obligó a los trabajadores a llenar solicitudes de afiliación y a pagar su cuota sindical. Se constató la misma situación en Jyidis Garments.
Huelga de los trabajadores del textil en 1998 El 19 de enero de 1998, se inició una huelga en la fábrica textil Sin La Ho de propiedad taiwanesa por causa de los reglamentos internos que los trabajadores habían sido obligados a firmar en el momento de la contratación. Los reglamentos, que violaban la legislación laboral, establecían que si era necesario fabricar artículos para exportación, los trabajadores debían trabajar toda la noche, que se les descontaría una fracción de su salario por cada minuto de retraso, y que sólo podían descansar dos domingos por mes. El 26 de enero, la compañía elaboró nuevos reglamentos internos supuestamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo el 13 de enero. Los trabajadores organizaron una manifestación delante de la embajada de los Estados Unidos y de la representación de la UE pidiendo la suspensión de los privilegios comerciales.
Despliegue de la policía antidisturbios El 16 de febrero, miembros del sindicato de Sin La Ho se sumaron a 500 trabajadores del sector textil provenientes de diversas fábricas pertenecientes a los sindicatos de la FTUWKC, en una manifestación ante la embajada de los EE UU en la que instaron al gobierno de Washington a revocar los privilegios comerciales de Camboya. Las autoridades respondieron desplegando la policía antidisturbios.
Represalias en contra de los huelguistas de Sin La Ho El 31 de diciembre, el Tribunal municipal de Phnom Penh desestimó una denuncia presentada en marzo por seis trabajadoras de Sin La Ho, según la cual, la compañía las había obligado de forma ilegal a ejecutar trabajos manuales como castigo por haber tomado parte en la huelga. Una vez resuelto el conflicto, Sin La Ho se negó a reincorporar a los trabajadores que habían participado en la protesta. La empresa obligó a las mujeres a limpiar baños, a labrar la tierra y a romper rocas. Los trabajadores/as organizaron una acción de protesta y ocho de ellos, que habían sido elegidos durante la protesta como representantes sindicales provisionales, fueron despedidos. El Tribunal se negó en una primera fase a tramitar la denuncia en contra del director de la fábrica. En la carta en la que explicaba que el director de la fábrica no sería procesado, se pasó totalmente por alto la legislación laboral y se le dio primacía a los reglamentos de la empresa. Los reglamentos no habían sido aprobados por el Ministerio de Justicia.
Connivencia entre un empleador y un ministerio en las elecciones de representantes sindicales En febrero de 1998 se registró el Sindicato de trabajadores de Desarrollo Económico en la compañía British American Tobacco. Funcionarios del Ministerio de Trabajo se negaron a permitir que los trabajadores propusieran sus propios candidatos para los puestos de delegados sindicales. El 11 de marzo, los funcionarios del Ministerio de Trabajo se aliaron con los miembros de la dirección de la empresa en las elecciones de delegados sindicales en Quality Garment. La dirección empresarial dio instrucciones a algunos trabajadores, entre los cuales había supervisores, para que organizaran elecciones para nombrar a delegados sindicales. No se informó a los otros trabajadores con anticipación y no participaron. En la papeleta de voto, la empresa colocó diez nombres de los trabajadores a quienes había convocado para presentarse para los cinco puestos de delegados sindicales, y los funcionarios hicieron el cómputo de los votos. Los delegados electos no organizaron reuniones con los trabajadores y se negaron a acoger reivindicaciones. Dos trabajadores que se quejaron directamente a la dirección por el pago de las horas extraordinarias fueron despedidos. La empresa también entregó a los trabajadores solicitudes de afiliación en blanco, y les pidió que firmaran peticiones voluntarias de horas extraordinarias y despidió a quienes se negaron.
Los derechos de los trabajadores son ignorados Los trabajadores de la empresa United Faith declararon haber sido forzados a trabajar los domingos y los días festivos oficiales so pena de ser despedidos. En la fábrica Wing Hwa, los trabajadores señalaron que sus salarios estaban por debajo del salario mínimo, que había despidos frecuentes, y que a veces eran encerrados en la fábrica. Una trabajadora señaló que su salario había sido descontado por haber pasado más de cinco minutos en el baño.
El ministro hace promesas Al final del año, con el fin de eludir las cuotas de importaciones de los EE UU, el ministro de Comercio declaró que las condiciones de trabajo en las fábricas textiles cumplirían las normas internacionales. Añadió que las autoridades controlarían las condiciones de trabajo y retirarían las licencias y visas a todas aquellas empresas que infringieran la legislación laboral. CAPITAL: Pekín POBLACIÓN: 1.232.100.000 Convenios de la OIT ratificados: 100 Los sindicatos independientes son ilegales en China. Son reprimidos y se encarcela a sus dirigentes. El sindicato oficial, la Federación China de Sindicatos (ACFTU) pertenece al aparato del partido gobernante y existe para aplicar su política y servir sus intereses, en lugar de los intereses de los trabajadores/as. En 1998, varios activistas laborales fueron detenidos.
La legislación Sistema de sindicato único La ley sindical de 1992 de China evita el establecimiento de sindicatos independientes de las autoridades públicas y del partido gobernante que se dediquen a defender los intereses de sus afiliados. La ley estipula que el objetivo de los sindicatos es reglamentar el trabajo a fin de mejorar la productividad laboral y la eficiencia económica así como desempeñar un papel activo en la modernización socialista en el marco del Partido Comunista de China. En caso de producirse un conflicto laboral, los sindicatos han de actuar como intermediarios entre los trabajadores/as y la dirección. La ley estipula la existencia de un monopolio sindical encarnado en la Federación China de Sindicatos (ACFTU) que forma parte del aparato del partido gobernante y existe para aplicar sus políticas. La ley estipula que el establecimiento de sindicatos a cualquier nivel debe contar con la aprobación de la ACFTU y éstos deben estar bajo su dirección. Sólo se permite un sindicato único a todo nivel de organización.
Estatutos de la ACFTU Los estatutos de la ACFTU fueron revisados en 1993. Define los sindicatos como "el vínculo y puente entre el Partido Comunista de China y las masas trabajadoras y los representantes de los intereses de los afiliados y de los no afiliados sindicales". La ACFTU celebró su 13º Congreso en octubre de 1998. En un editorial, el Peoples' Daily, el órgano del partido comunista gobernante, recordó a los sindicatos que deben aceptar la dirección del partido aunque trabajen independientemente de conformidad con la ley y su constitución. Un alto dirigente de la rama política del Ejército de Liberación de China Popular (PLA) dirigió el Congreso. Declaró que el PLA, la policía armada y la clase trabajadora estaban "unidos inseparablemente como carne y hueso". Añadió que en los últimos años los sindicatos a todos los niveles habían unido y movilizado a los trabajadores/as para dedicarse a las reformas económicas y al mantenimiento de la estabilidad, aplicando una educación nacional de defensa, estimulando a la clase trabajadora a participar en las actividades de las milicias y la formación del servicio de reserva, así como organizando actividades para fomentar la cooperación y el apoyo al ejército y a la policía.
La ACFTU recibe instrucciones de formar sindicatos en el sector privado La ACFTU recibió instrucciones de formar sindicatos en las empresas o sociedades mixtas extranjeras. A finales de 1997, se informó que se habían establecido 153.000 en el sector privado, en las empresas rurales y en empresas y sociedades mixtas de propiedad extranjera. Recientemente, se aprobó un conjunto de Reglamentaciones de Aplicación en los que se decía a la ACFTU que acelerara la formación de estos sindicatos. Los sindicatos son esencialmente simbólicos, a veces representan poco más que la apertura de una oficina de la ACFTU en un distrito industrial. Se encuentran bajo el control del Partido Comunista o de los directores de la fábrica, que a menudo ocupan simultáneamente cargos sindicales. Tanto los trabajadores/as como la dirección son miembros de los sindicatos. Muchos de ellos se convierten en clubes culturales o sociales y a menudo los trabajadores/as ignoran su existencia. En casi todos los casos, los miembros del comité sindical local son nombrados por el Partido Comunista o por los altos dirigentes de la ACFTU. Las sesiones del comité pueden considerarse como formalidades para confirmar los planes del partido de la empresa. Los afiliados sindicales tienen derecho a diversas prestaciones sociales.
La legislación laboral de 1995 En 1995, entró en vigor el primer código laboral nacional unificado de China. El gobierno manifestó que el cometido de la legislación es evitar abusos a los derechos de los trabajadores/as en las empresas extranjeras y las sociedades mixtas. Tiene como objetivo normalizar los principios y requisitos del empleo en todos los tipos de empresa. No obstante, la dirección de las empresas a menudo ignora todavía el código, y su aplicación por parte de las autoridades es mínima. El código incluye cuatro nuevos principios:
En teoría, pueden concluirse contratos consultivos colectivos a través de la negociación entre la dirección de la empresa y los dirigentes sindicales de la empresa o, si no existe un sindicato, con los representantes elegidos por los trabajadores/as. Los contratos estipulan las disposiciones legales mínimas que figuran en la legislación con algunas mejoras menores respecto a las jornadas laborales, la licencia por enfermedad y vacaciones, la seguridad en el lugar de trabajo, los servicios sanitarios y las prestaciones sociales. En la práctica, los contratos de empleo que no están establecidos por la ley a menudo son redactados por los empleadores. En realidad se practica poco, o no existe, la negociación colectiva. El código limita la negociación colectiva libre al exigir que todo contrato consultivo colectivo ha de ser aprobado por las autoridades laborales locales en un plazo de 15 días.
Huelgas La ley sindical no menciona el derecho de huelga. Este derecho fue eliminado de la constitución china en 1982 con el argumento de que el sistema político "había erradicado el problema entre el proletariado y los propietarios de empresas". La legislación laboral de 1995 dispone la resolución de conflictos, incluida la mediación, el arbitraje y la apelación a un tribunal laboral, que no permite la posibilidad de una acción de huelga. Puede imponerse unilateralmente el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto. Las huelgas en las empresas suelen ser espontáneas y a menudo son reprimidas. Los sindicatos de la ACFTU no inician las huelgas -en realidad, a menudo son llamados por los empleadores y las autoridades locales para hacer que los huelguistas vuelvan al trabajo. El comité laboral para el arbitraje de los conflictos también da trato preferencial a los empleadores durante la mediación de los conflictos laborales, ya que a menudo hay una superposición de la dirección de la empresa, el partido local y los funcionarios gubernamentales. La mayoría de las huelgas se origina debido a la no aplicación de la ley laboral; salarios impagos y bajos; malas condiciones de trabajo; normas de salud y seguridad insuficientes; largas jornadas y horas extraordinarias obligatorias; una disciplina patronal irrazonable; insultos y un cada vez mayor abuso físico de los trabajadores/as por parte de la dirección. Los conflictos laborales se encuentran en constante aumento desde 1992, incrementándose a un ritmo aproximado del 50% anualmente -salvo en 1995, donde el número alcanzó el 73%. En 1997, las fuentes oficiales indicaron que había habido 71.000 huelgas, el doble de la cifra de 1995. En la provincia de Guangdong, la oficina de trabajo provincial aprobó en 1994 una política relativa a las huelgas que estipula que cuando se produzca una movilización de 30 o más participantes, sus oficinas locales le deben informar antes de que se cumpla un plazo de 4 horas y enviarle un informe detallado en un plazo de 8 horas. En "casos y amenazas graves para la estabilidad" los funcionarios del gobierno local deberán presentarse en el lugar de los hechos en un lapso de dos horas a fin de evitar que se produzca una escalada de la huelga. En caso necesario, las autoridades podrían recurrir a la fuerza o a las amenazas para poner fin a la huelga.
Oficina de Seguridad Pública A principios de 1997, un documento publicado por el comité central del PCCH señaló un incremento en las manifestaciones, disturbios y peticiones organizadas contra las autoridades locales. La Oficina de Seguridad Pública (OSP) publicó directivas destinadas a los sindicatos para preservar el orden social que afirmaba que durante los conflictos laborales el sindicato debía ayudar a los directivos de la empresa así como a las dirigentes del partido y del gobierno en la promoción de la seguridad pública. Afirmó que los sindicatos deben coordinarse con dicha Oficina. En algunas grandes plantas se crearon comités de trabajo integrados por responsables de las secciones locales de la ACFTU, las autoridades de las oficinas locales de trabajo y la Oficina de Seguridad Pública (OSP) para supervisar y evitar de antemano las medidas de fuerza de los trabajadores. En muchas empresas medianas y grandes existen locales de detención y los guardias de seguridad pueden detener y condenar a los trabajadores/as que protestan a penas de tres años en un campo de trabajo (laogai).
Reeducación a través del trabajo La ley sobre seguridad nacional, las disposiciones relativas a la reeducación a través del trabajo y las disposiciones sobre la reforma a través del trabajo permiten detener y encarcelar a los militantes que intentan llevar a cabo una acción laboral independiente. La reeducación a través del trabajo se utiliza como forma de detención administrativa porque evita ir a juicio y permite que la policía local imponga sentencias de hasta tres años en un campo de trabajos forzados. Las sentencias pueden prorrogarse, y a menudo lo son, hasta un año más por mala conducta u otras razones.
Acontecimientos en 1998 Despidos En 1998, el gobierno continuó con sus reformas y millones de trabajadores fueron despedidos de las fábricas estatales. Muchas de las fábricas quebraron, y en muchos casos quedaron debiendo a los trabajadores/as salarios atrasados, subsidios familiares, indemnizaciones o pensiones. En toda China cada vez son más frecuentes las protestas y manifestaciones a pequeña escala en la medida en que los trabajadores/as recientemente desempleados sienten que se quedan al margen de las reformas del mercado. Los funcionarios del gobierno central y municipal toleraron protestas aisladas por parte de los trabajadores despedidos, aunque regularmente se producen encuentros. Muchas de las manifestaciones se llevan a cabo en las oficinas del gobierno local o bloquean las principales autopistas. Por lo general, la policía trata de calmar las manifestaciones arbitrando entre los trabajadores/as y sus empleadores, y los manifestantes se dispersan pacíficamente, a menudo después de que los funcionarios del gobierno local están de acuerdo en examinar sus reivindicaciones.
Respuesta de la ACFTU a los despidos La ACFTU modificó su retórica en 1998 e hizo mayores reivindicaciones para representar los intereses de los trabajadores/as. En marzo, el presidente de la ACFTU dio instrucciones a la organización para proteger mejor los derechos e intereses de los trabajadores. Le dijo que diera prioridad a la reorganización del bienestar de los trabajadores/as despedidos para facilitar la reforma de las empresas estatales. El diario en inglés China Dialy pidió a la ACFTU que defendiera los derechos de los trabajadores/as ante las violaciones de la ley en un gran número de empresas. Afirmó que muchos trabajadores/as sufrían malos tratos, incluso por parte de empresas extranjeras. En abril, la ACFTU criticó los despidos abusivos de trabajadores, pero instó a los trabajadores/as a apoyar el proceso de reformas. Los discursos de la ACFTU para el Primero de Mayo parecieron indicar que estaban intentando modificar su función de alentar a los trabajadores/as a trabajar más duro y a incrementar la productividad para el Estado a la de salvaguardar los derechos e intereses de los trabajadores/as. "Debe ser la obligación moral ineludible de los sindicatos proteger a los trabajadores, que son los fundadores y miembros de los sindicatos". Antes, un editorial en el Workers' Daily había advertido: "El mayor peligro que amenaza actualmente el desarrollo e incluso la supervivencia de los sindicatos es que han perdido su estrecha relación con las masas trabajadoras".
Protestas El 16 de junio, más de 2.000 jubilados y trabajadores despedidos de la empresa metalúrgica China Nº 1 Metallurgical Construction Corp. hicieron una manifestación en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China central para protestar porque la compañía estatal no podía pagar los fondos de desempleo y jubilación. Esta era la cuarta vez en cinco días que los manifestantes abarrotaban las calles de la ciudad. En los últimos cinco días, se produjeron otras tres manifestaciones por reinvidicaciones similares en la fábrica Wuhan Boiler, los grandes almacenes Wuhan Qingshan y la fábrica de maquinaria textil de Wuhan. El 14 de octubre, unos 1.200 trabajadores/as de la fábrica protestaron ante las oficinas gubernamentales en Shiyan, en la provincia de Hubei en China central, después de que una compañía local quebró y se quedó con los ahorros que los trabajadores/as habían invertido en la empresa. La manifestación paralizó el tráfico y fueron llamados cientos de policías para acabar con la protesta. Fueron detenidos diez manifestantes. El 21 de octubre, unos 500 trabajadores, en su mayoría despedidos por falta de trabajo de la empresa estatal de hierro y acero Peijiang, en Jiangyou, en la provincia de Sichuan, tuvo un encuentro con más de 100 policías que intervinieron para disolver la protesta que exigía el pago de los salarios de tres meses. Los trabajadores/as habían ocupado una estación de la línea ferroviaria Baocheng durante cuatro horas interrumpiendo el tráfico de por lo menos 10 trenes. Fueron detenidos por lo menos 15 trabajadores durante la confrontación y resultaron heridos al menos otros 10, incluidos 4 gravemente. A los demás se les exigió que escribieran cartas de "autocrítica" antes de ser liberados. Unos 30 trabajadores despedidos por falta de trabajo por el Hotel Minzu, propiedad estatal, en Pekín hicieron una protesta de brazos caídos el 3 de noviembre frente a las escaleras del edificio cerca de la Plaza Tienanmen. Más de una docena de policías vestidos de civil se encontraban en las escaleras del hotel, el vestíbulo y la entrada de coches. En Pekín tuvieron lugar muchas protestas similares por parte de los trabajadores estatales que habían perdido sus empleos. Los trabajadores despedidos que se reunían en parques y zonas alrededor de la Ciudad Prohibida, en Pekín, fueron dispersados por la policía. El 9 de noviembre, 600 trabajadores de una fábrica estatal de cemento en Luoyang, China central, rodearon las oficinas gubernamentales durante cinco días, protestando por un plan para privatizar la planta. Los protestantes se dispersaron cuando el gobierno se comprometió a examinar sus preocupaciones. El 16 de noviembre, más de 200 trabajadores bloquearon el tráfico en la ciudad de China central, Changsha, declarando que no se les había pagado durante más de seis meses. Los trabajadores/as de Laite'er Co. llevaban pancartas. La manifestación se terminó cuando el gobierno de la ciudad dijo a los manifestantes que examinaría su petición de ayuda y respondería en el plazo de dos días. Una mujer policía afirmó que había sido enviada a la manifestación de protesta, junto con decenas de otros policías, con órdenes de ayudar a mantener la circulación del tráfico y observar la manifestación de protesta, pero no de intervenir.
Activistas laborales encarcelados en 1998 Medidas enérgicas contra los activistas A finales de 1997, después de que China había firmado la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (que todavía no ha sido ratificada debido a sus reservas sobre el artículo 8 relativo al derecho a organizar sindicatos y huelgas), y luego a principios de 1998, los disidentes y activistas laborales hicieron llamamientos públicos a los trabajadores/as para establecer sindicatos independientes a fin de defender sus derechos ante los despedidos por cese de actividades. El gobierno tomó medidas enérgicas en contra de ellos, manifestando claramente que no toleraría ningún intento de organizar sindicatos ni grupos de activistas para los desempleados.
Condenado a la "reeducación a través del trabajo" El 16 de enero de 1998, Li Qingxi fue detenido por la policía en la ciudad de Datong, provincia de Shanxi, después de hacer pública una declaración pidiendo sindicatos libres e independientes, denominada la "Declaración de la fundación de sindicatos libres". La declaración también acusaba a los dirigentes sindicales de corrupción. Tres días más tarde, funcionarios de la OSP negaron que hubiera sido detenido, aunque el mismo día se le había pedido a su hijo que entregara algunas pertenencias de su padre en el centro de detención Nº 4 de Datong. Fue condenado a un año de reeducación a través del trabajo, aunque se informa que está cumpliendo la condena en su casa. El 13 de enero, Zhao Changqing, un trabajador de Hanzhong, provincia de Shaanxi, que había reclamado su derecho legal a presentarse a las elecciones legislativas, fue puesto bajo arresto domiciliario. Asimismo, reclamó el derecho de organizar sindicatos independientes. La fábrica donde trabajaba bloqueó su candidatura diciendo que sólo podían ser nombrados los cuadros del Partido Comunista de un determinado rango. El 23 de enero, fue formalmente detenido y se le condujo a un destino desconocido. Fue condenado a principios de septiembre a una pena de cárcel no especificada. Los cargos en su contra y su lugar de detención fueron mantenidos secretos. En febrero, Yang Qinheng fue detenido en Shanghai. En abril, fue condenado a tres años de reeducación a través del trabajo por dar entrevistas a radiodifusoras extranjeras acerca del desempleo. El 6 de febrero, Tan Li fue detenido en Guangzhou por planear la celebración de una reunión de trabajadores/as y organizar un sindicato independiente, la Alianza Laboral China. El 19 de febrero, Tu Guangwen fue condenado a tres años de reeducación a través del trabajo por organizar una protesta callejera por los despidos masivos de los trabajadores en Jiangxi, en 1997.
Acusaciones falsas El militante veterano defensor de la democracia, Li Bifeng, entró en la clandestinidad en julio de 1997, después de haber informado a los medios de comunicación extranjeros sobre una protesta masiva de los trabajadores en Mianyang, provincia de Sichuan, que había sido reprimida por las tropas. Asimismo, llevó a cabo encuestas sobre los efectos de la privatización y la pobreza que estaba causando. Su esposa fue interrogada en varias ocasiones. Fue detenido el 8 de marzo de 1998. El 24 de agosto, el Tribunal Popular Mianyang, en la provincia de Sichuan, lo condenó a siete años de cárcel por fraude. No hay pruebas de las acusaciones ni tampoco testigos.
Se niega tratamiento médico Zhang Shanguang, un activista laboral de Hunan, fue detenido el 21 de julio en el condado de Xupu, provincia de Hunan. El 6 de agosto, fue golpeado por las milicias policiales debido a que se negaba a responder a las preguntas sobre su intento de crear una "Asociación para proteger los derechos de los trabajadores despedidos" y sobre sus relaciones en el extranjero. Fue formalmente detenido el 28 de agosto. En la cárcel, reapareció su tuberculosis, posiblemente debido a los malos tratos. Se le negó tratamiento médico. El 27 de diciembre, fue condenado a diez años de cárcel por poner en peligro la seguridad del Estado. Ya anteriormente, en 1989, había sido encarcelado por su participación en la Federación Autónoma de Trabajadores de Hunan. Cuando fue liberado no se le permitió tener un empleo.
Activistas laborales condenados antes de 1998 Escogidos para sufrir Durante el año, los activistas sindicales independientes permanecieron en la cárcel. A menudo fueron escogidos para infligirles un trato especialmente duro durante su detención, incluso violencia física directa. Zhou Guoqiang, un activista y abogado laboral, fue liberado del campo de trabajo de Shuanghe en la provincia de Heilongjiang, el 20 de enero de 1998. El 30 de abril, se le detuvo de nuevo brevemente. Había sido detenido en 1994 y condenado a tres años de "reeducación a través del trabajo" por su participación en la Liga para la Protección de los Derechos de la Clase Trabajadora (LPRWP). La Liga había solicitado el registro oficial y publicado una carta de fundación y un memorándum a las autoridades. En 1995, había sido condenado a un año más en la cárcel, supuestamente por tratar de escapar.
Golpes y torturas Liu Nianchun, activista de la Liga, fue liberado por motivos médicos el 20 de diciembre. Se fue a Estados Unidos con su familia. En 1995, fue condenado a tres años de reeducación a través del trabajo después de ser detenido ese año durante una serie de detenciones destinadas a evitar las conmemoraciones de la matanza de la Plaza Tienanmen. La sentencia no tomó en cuenta el año que ya había purgado. Fue detenido en la granja de trabajo Shuanghe, en el noreste de China y, posteriormente en la granja de trabajo Tuanhe, cerca de Pekín. Su salud se había deteriorado gravemente. En 1997, había tenido un tumor en el pómulo y se le había negado atención médica. Hizo una huelga de hambre en mayo de 1997 y posteriormente fue torturado con choques eléctricos, privado de agua y encerrado en una celda de castigo. Chu Hailian y Wu Huifen, la esposa y la madre de 80 años de Liu Nianchun, fueron detenidas durante varias horas por participar en una protesta silenciosa en la Plaza de Tienanmen en mayo, solicitando a las autoridades que proporcionaran los cuidados adecuados a Liu. El 9 de septiembre, Chu Hailan fue arrestada por tres policías vestidos de civil mientras esperaba fuera del hotel Hilton en Pekín a Mary Robinson, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Los policías tiraron de sus cabellos y la tiraron al suelo, golpeándola en el vientre. Estuvo detenida durante diez horas y al ser liberada tuvo que ir al hospital.
Activistas liberados Se piensa que han sido liberados los activistas laborales detenidos en mayo de 1994 por crear una organización independiente de trabajadores en la zona económica especial de Shenzen, y publicar un boletín, "Workers Forum", criticando las condiciones de trabajo en las fábricas.
Los 16 de Pekín Varios activistas sindicales y de derechos humanos conocidos como los "16 de Pekín" cumplían condenas de cárcel en 1998, después de haber sido arrestados en 1992 y condenados en 1994 por su participación en el Sindicato Libre de China (FLUC). Hu Shigen se encontraba en una institución de trabajos forzados después de haber sido condenado a veinte años por participar en la fundación del comité preparatorio del FLUC y escribir un panfleto "Sobre los sindicatos libres". Kang Yuchun, Liu Jingsheng y Wang Guoqi fueron condenados a 17, 15 y 11 años respectivamente por organizar el FLUC. Se supo que Liu Jingsheng estaba en la cárcel Nº 2 de Pekín y sufría de problemas de salud. Wang Guoqi estaba en la misma cárcel. Sus visitas familiares fueron suspendidas en mayo de 1997 porque no había memorizado la reglamentación de la cárcel.
Fundadores de la WAF En 1998, muchos activistas laborales se encontraban todavía en la cárcel o en campos de trabajos forzados debido a que habían participado en la creación de las Federaciones Autónomas de Trabajadores (WAF) durante el movimiento en favor de la democracia de 1989. Era el primer intento abierto desde 1949 de organizar sindicatos independientes, y fue violentamente reprimido. Han Dongfang, cofundador de las WAF, permaneció en Hong Kong con un visado de trabajo provisional para luego ser deportado a China en 1993. Cuando las autoridades chinas anunciaron que su pasaporte había quedado invalidado, retirándole en teoría su ciudadanía. Lo acusaron de "pronunciar discursos antigubernamentales y antichinos" en la conferencia de 1993 de la Organización Internacional del Trabajo. Wang Miaogen, de la WAF de Shanghai seguía encerrado en un hospital psiquiátrico de Shanghai, administrado por la Oficina de Seguridad Pública (OSP), después de haber sido internado por la fuerza en 1993. También había sido detenido en 1989 y había purgado una condena de tres años de cárcel. Yao Guisheng de la WAF de Changsa estaba cumpliendo una condena de 15 años de cárcel en la prisión de Hunan Longxi. Los activistas Chen Gang, Peng Shi y Liu Zhihua de Hunan estaban cumpliendo condenas en la prisión de Hunan Longxi. Fueron condenados a cadena perpetua supuestamente por incendiar la oficina de seguridad de su fábrica para protestar en contra de las golpizas a los estudiantes en 1989. Las sentencias de Chen Gang y Liu Zhihua fueron conmutadas tras apelación de pena de muerte a once años de cárcel. La condena de Peng Shi fue reducida a diez años de cárcel. En 1998, seguían encarcelados miembros de la WAF de Hunan. Wang Changhuai estaba cumpliendo una condena de 13 años de cárcel; Mao Yuejin una de 15 años, y Wang Zhaobo, Huang Fan, Huan Lixin, Pan Qiubao y Yuan Shuzhu estaban cumpliendo condenas de 7 a 15 años. Guo Yunqiao fue condenado a muerte en 1989, pero obtuvo un aplazamiento de dos años de la ejecución. Posteriormente se le condenó a un mínimo de 15 años de cárcel y estaba en la cárcel de la ciudad de Yuanjiang. Hu Min y Wan Yuewang de la WAF de Yueyang cumplían penas de cárcel de 15 años y de entre 7 y 15 años respectivamente en la prisión Nº 2 de Hengyang. Li Xiaodong y Li Wangyang de la WAF de Shaoyang cumplían condenas de 13 años de cárcel. El gobierno niega que Li Xiaodong haya sido detenido. Zhu Fangming de la WAF de Hengyang cumplía una condena de cadena perpetua.
Marinos Los marinos chinos contratados por el Estado para trabajar en el extranjero en buques propiedad de otros países, a menudo bajo pabellones de conveniencia, pueden ser condenados a la cárcel por quejarse de sus condiciones de trabajo, o ponerse en contacto con la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). El marino Miao Qihai fue encarcelado en 1993, mantenido bajo vigilancia y amenazado con una acción judicial por revelar secretos de Estado porque informó a la ITF sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los 150.000 marinos chinos.
Condiciones en las fábricas que producen para las multinacionales En marzo llegaron informes de que 21 fábricas que producen ropa para empresas tales como Adidas, Liz Claiborne, Esprit, Ralph Lauren, Kathie Lee, Nike, J.C. Penney, Ann Taylor, K-Mart, Wal-Mart, imponían trabajar forzosamente horas extraordinarias, turnos de 10 a 15 horas de seis a siete días a la semana con salarios muy bajos y que alojaban a los trabajadores/as en dormitorios. Asimismo siguieron llegando informes sobre las tremendas condiciones que persisten en la industria del juguete en China situadas en las zonas francas industriales en la provincia de Guangdong, incluido Shenzhen, Dongguan y Zhongshan. La mayor parte de las fábricas producen para transnacionales, incluyendo las muñecas Barbie para Mattel, Mickey Mouse para Disney, Teletubbies para Hasbro, juguetes para los Happy Meals de McDonald y juguetes para Chicco, Tyco, Tomy y V-tech. Las condiciones incluían jornadas laborales de 10 a 16 horas seis o siete días por semana durante la temporada alta. Horas extraordinarias forzosas que podían durar hasta la noche, y sólo cuatro horas para dormir por noche. En Zhongshan International, que produce para Tomy, y en Laxo, que produce para Disney, se produjeron huelgas. Zhongshan International despidió a los huelguistas y Laxo retuvo sus salarios y obligó a los huelguistas a escribir una carta de arrepentimiento. El 19 de febrero, una trabajadora, Gou Zaifeng, sufrió desórdenes mentales después de haber sido gravemente golpeada por los guardias de seguridad en la fábrica de juguetes de Hong Kong, City Toys Ltd., en Shenzen. La fábrica produce juguetes para los Happy Meals de McDonald mediante subcontratación. Estaba tratando de visitar a su hermana en el dormitorio para los trabajadores de City Toys. Los guardias de seguridad le negaron el acceso y luego la golpearon hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, tuvo que ser llevada a un hospital psiquiátrico. Otros trabajadores de City Toys declararon que los guardias de seguridad a menudo los golpean sin provocación o, por ejemplo, si se muestran reticentes a trabajar horas extraordinarias en la fábrica. CAPITAL: Pyongyang POBLACIÓN: 22.466.000 Convenios de la OIT ratificados: No hay derechos sindicales en Corea del norte. La Federación General de Sindicatos está controlada por el Estado. Control estatal La Federación General de Sindicatos, controlada por el Estado, fue creada con el fin de movilizar a los trabajadores para cumplir los objetivos de producción oficiales, y para suministrar servicios de salud, educación, cultura y bienestar. No existen los sindicatos independientes. La negociación colectiva y las huelgas están prohibidas. El Estado establece los salarios y asigna todos los puestos de trabajo. Las empresas mixtas y las compañías extranjeras deben contratar su personal a partir de listas elaboradas por el partido de los trabajadores en el poder seleccionados por su rectitud ideológica.
Zonas francas de industriales Se ha establecido una zona franca en el norte del país.
CAPITAL: Seúl POBLACIÓN: 45.314.000 Convenios de la OIT ratificados: 100-111-138 La central sindical nacional KCTU siguió sin obtener su registro en el transcurso de 1998. Se espera que sea registrada en julio de 1999, al igual que, según declaraciones del gobierno, se legalizará el sindicato de docentes, CHUNKYOJO. En 1998, fueron arrestados, detenidos o buscados para ser detenidos un total de 488 afiliados a la KCTU. Ley de ajuste de las relaciones laborales y sindicales La legislación aprobada en diciembre de 1996 reducía los ya limitados derechos sindicales y al mismo tiempo retiraba la protección al empleo. En marzo de 1997, fue enmendada por la Ley de ajuste de las relaciones laborales y sindicales (TULRAA) después del paro general organizado por las centrales sindicales nacionales KCTU y FKTU. A principios de 1996, Corea del Sur había sido admitida en la OCDE gracias a que se comprometió a armonizar su legislación laboral con las normas internacionales. Había contraído el mismo compromiso cuando fue aceptada como miembro de la OIT, en 1991.
Restricciones que se mantienen sin modificaciones
Se rechaza el registro de la KCTU Después de las modificaciones de marzo de 1997 a la legislación, la KCTU presentó un aviso de establecimiento al Ministerio de Trabajo. El Ministerio rechazó el aviso aduciendo que los responsables elegidos de la KCTU, incluido el Presidente Kwon Young-kil, eran inelegibles en virtud de la ley debido a que habían sido despedidos de sus empleos. En segundo lugar, el Ministerio afirmó que las organizaciones sindicales que eran parte constituyente de la KCTU, incluidas la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Metal de Corea, CHUNKYOJO y la Federación Sindical del Grupo Hyundai, no estaban legalmente registradas como organizaciones sindicales. No obstante, en septiembre de 1997, ocho federaciones de sindicatos afiliadas a la KCTU y que no estaban registradas antes obtuvieron su registro, salvo la federación CHUNKYOJO.
Activistas de la KCTU en la cárcel A principios de 1998, 29 responsables y activistas de la KCTU estaban encarcelados debido a sus actividades sindicales. Dos de ellos habían recibido condenas de cárcel y 27 todavía no habían sido enjuiciados. El Ministerio de Justicia estaba investigando a otros 152 miembros de la KCTU.
Acontecimientos en 1998 Crisis económica En 1998, Corea del Sur empezó a enfrentar una creciente y grave crisis económica y financiera. A finales de 1997 se firmó un cuantioso préstamo con el FMI. Entre las condiciones impuestas por el FMI estaba la introducción de medidas de "flexibilidad" del mercado laboral. La crisis afectó gravemente a los trabajadores/as y se calculaba que las dificultades económicas serían aún mayores en el curso del año.
Comisión Tripartita sobre las reformas económicas y laborales El nuevo Presidente, elegido a finales de 1997, estableció una Comisión Tripartita el 15 de enero de 1998 para ocuparse de las reformas económicas y laborales, incluida la libertad de sindicación. Tanto la KCTU como la FKTU integraban la Comisión. El 6 de febrero, la Comisión concluyó un acuerdo. El acuerdo facilitaba los cierres, pero también daba un gran paso para resolver las violaciones que desde hace mucho tiempo eran objeto los derechos sindicales. El acuerdo fue rechazado tres días más tarde por el congreso nacional de la KCTU que pidió continuar las negociaciones sobre el tema de los cierres. El gobierno se negó. La KCTU amenazó con un paro general. Los fiscales del Estado afirmaron que la huelga sería ilegal y los dirigentes sindicales serían severamente castigados. La huelga fue anulada. Un trabajador de los astilleros falleció al autoinmolarse prendiéndose fuego para protestar en los astilleros de Daewoo Heavy Industries.
La legislación aprobada permite cierres generalizados El 15 de febrero la Asamblea Nacional aprobó inmediatamente un proyecto de ley que permitía los despidos masivos de los trabajadores/as en caso de reestructuración de la empresa. Hacia finales de abril un cálculo oficial situaba el desempleo declarado y oculto en un 20%.
Acuerdos sobre los trabajadores/as despedidos que pertenecen a un sindicato La Comisión estuvo de acuerdo en que los desempleados y trabajadores/as despedidos podrían afiliarse o seguir siendo miembros de las estructuras sindicales industriales o regionales, pero no en los sindicatos a nivel de la empresa. Aunque se suponía que la Asamblea Nacional aprobaría en febrero, esta medida todavía estaba pendiente.
Funcionarios El 24 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó una ley acordada en la Comisión que permitía a los funcionarios formar asociaciones a partir del 1 de enero de 1999, salvo a los fiscales públicos, los docentes, los bomberos y la policía. Esta propuesta significaría que podrían establecer comités en el lugar de trabajo con derechos consultivos sobre las condiciones de trabajo, pero sin derecho a negociar colectivamente ni hacer huelga. El gobierno indicó a la misión de la OIT que visitó Corea, en febrero, que tiene la intención de conceder a los funcionarios el derecho a formar sindicatos en una etapa posterior.
Docentes La Comisión también acordó que los sindicatos de docentes serían legalizados a partir de julio de 1999. El órgano tripartita redactó una ley, pero no fue presentada en la Asamblea Nacional en el curso de 1998. Esto significaría que también la KCTU sería legalizada en ese momento.
Sindicalistas liberados El nuevo Presidente entró en funciones en febrero. En marzo, liberó a sindicalistas que estaban en la cárcel debido a sus actividades sindicales, aunque no se retiraron los cargos en su contra.
Arrestos como respuesta a las protestas contra los cierres El 16 de abril, los trabajadores/as en huelga de la compañía Kia Motors Corp. de Corea del Sur y sus simpatizadores chocaron con la policía antidisturbios durante una reunión de huelga en Kia Motors que, unos días antes, conjuntamente con su empresa hermana, Asia Motors Corp., se declararon en cesación de pagos. El sindicato lo consideró como el primer paso hacia un procedimiento de adquisición y cierre. El 17 de abril, el Fiscal General declaró que la huelga era ilegal y amenazó con enviar a la policía para poner fin a la huelga. El 20 de mayo, se reanudó la producción. El 1 de mayo, se celebraron reuniones para protestar contra los cierres y hubo choques con la policía que disparó gases lacrimógenos contra la multitud. Se arrestaron seis trabajadores. Tres fueron liberados más tarde y los otros tres, Park Kyung-woo, Kim Hoo-young y Park Kil-young, fueron encarcelados. Posteriormente se arrestaron a otros siete y fueron mantenidos detenidos basándose en su identificación a través de fotografías. La policía mantuvo bajo vigilancia los domicilios y lugares de trabajo de otros 20 sindicalistas que habían participado en la reunión del 1º de mayo tratando de arrestarlos.
Se niega de nuevo el registro a la KCTU La KCTU presentó otra solicitud de registro en mayo. Le fue denegado.
Paro general como protesta a los cierres masivos La KCTU pidió entablar conversaciones con el gobierno. Miles de trabajadores/as habían perdido su empleo sin recibir indemnización y con muy pocas o ninguna prestación social como respaldo. La KCTU declaró que si el gobierno no respondía, convocaría un preaviso de huelga el 27 de mayo, seguido por una acción el 10 de junio. El 23 de mayo, se celebró una reunión antes del paro general de la KCTU los días 27 y 28 de mayo. Los fiscales del Estado, en una declaración pública inusual, exhortaron a los empleadores a cerrar si la huelga duraba demasiado y adoptar una política de "sin trabajo no hay salario" en contra de los huelguistas. La huelga siguió adelante alrededor de cinco principales demandas -revocar la legislación sobre los despidos masivos y la persecución de los empleadores que practiquen despidos masivos ilegales, medidas para garantizar la seguridad del empleo, disposiciones para obtener un subsidio de desempleo, un programa de reforma de grandes corporaciones estatales y una revisión global de las condiciones del FMI.
Dirigentes sindicales citados a comparecer La huelga fue declarada ilegal. El 29 de mayo, el Fiscal General envió 143 citatorios para interrogar a los dirigentes sindicales, que permanecieron pendientes pero no fueron ejecutados. Los dirigentes de la KCTU acamparon en la catedral de Myongdong en el centro de Seúl - un refugio tradicional para los disidentes y activistas. Declararon que adelantarían la huelga del 10 de junio si se producían confrontaciones. El 5 de junio, el gobierno declaró que pondría punto final a toda acción legal en contra de los dirigentes de la KCTU, pero la KCTU afirmó que la policía continuó entregando los citatorios entre los sindicalistas. Entre los dirigentes sindicales citados por la policía se encontraban Lee Kap-yong, presidente de la KCTU, Yoo Deuk-sang, primer vicepresidente, Dan Byung-ho, uno de los vicepresidentes y presidente de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Corea y Koh Young-joo, secretario general de la KCTU. Se entregaron citatorios a 12 dirigentes de los comités regionales de la KCTU, así como a 81 miembros de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Corea.
Segunda Comisión Tripartita En junio, se estableció una segunda Comisión Tripartita. La KCTU se negó a participar en ella, pero canceló la huelga del 10 de junio.
Huelgas de protesta Los trabajadores/as de Hyundai organizaron una huelga los días 6 y 7 de julio. El 9 de julio, los trabajadores/as del hospital universitario hicieron huelga para protestar por los recortes salariales y la reestructuración. Fueron enviados al hospital más de 800 policías antidisturbios en caso de que hubiera violencia. En julio, tanto la KCTU como la FKTU convocaron una huelga general para protestar por la decisión de cerrar cinco bancos y privatizar varias empresas estatales amenazando con un mayor número de pérdidas de empleos. La KCTU y la FKTU celebraron una reunión conjunta el 12 de julio. A partir del 14 de julio, la KCTU organizó una huelga de tres días, dirigida por los trabajadores/as metalúrgicos, de telecomunicaciones así como los trabajadores/as de los cinco bancos. El gobierno declaró la huelga ilegal.
Ordenes de arresto para los dirigentes sindicales Justo antes de la medianoche del 14 de julio, el gobierno emitió una orden de arresto contra Dan Byung-ho. Más de 200 policías antidisturbios rodearon las oficinas de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Corea. La policía allanó los hogares de los dirigentes sindicales en la región de Masan-Changwon, una ciudad metalúrgica. El 19 de julio, el secretario general de KCTU, Ko Young-joo y otros cuatro sindicalistas fueron arrestados. El 20 de julio, se emitieron órdenes de arresto para cerca de 100 dirigentes a nivel central, de la federación y local de la KCTU, incluidos Yoo Deuk-sang, primer vicepresidente de la KCTU, Dan Byung-ho, Kim Ho-seun, presidente de la Federación de Sindicatos del Sector Público de Corea y Kim Kwang-shik, presidente del Sindicato de Trabajadores de Hyundai Motors.
Se entablan negociaciones con el gobierno El 22 de julio se iniciaron las negociaciones entre la KCTU y el gobierno, y la KCTU pospuso su huelga general prevista para el 23 de julio. Se llegó a un acuerdo sobre ocho puntos y se continuaron las negociaciones sobre Hyundai y la reestructuración de la banca y del sector público.
Cierres en Hyundai El 17 de julio, Hyundai Motors anunció 1.600 despidos. El 20 de julio Daewoo también anunció despidos. En Hyundai, el presidente del sindicato estaba incluido en la lista al igual que la mayoría de los representantes sindicales a tiempo completo así como los delegados. El 20 de julio, los trabajadores/as hicieron una sentada a pesar de que la dirección había anunciado un cierre provisional. El 28 de julio, los fiscales declararon que enviarían tropas a Hyundai, en Ulsan, si los trabajadores en huelga para protestar por los cierres se negaban a volver al trabajo. El 14 de agosto, Hyundai declaró que estaba suspendiendo la producción indefinidamente. El gobierno consideró la huelga ilegal y emitió 64 órdenes de arresto para dirigentes sindicales. El 19 de agosto, 15.000 policías antidisturbios rodearon la fábrica porque no se llegó a un acuerdo. El gobierno envió mediadores y se llegó a un compromiso el 21 de agosto.
Asalto de la policía antidisturbios a las plantas de Mando Machinery En Mando Machinery Corp., los trabajadores hicieron huelga el 17 de agosto para protestar por los cierres. El 3 de septiembre, temprano por la mañana, miles de policías antidisturbios armados con gases lacrimógenos y cañones de agua asaltaron seis plantas pertenecientes a Mando Machinery. Muchos trabajadores que estaban en huelga resultaron lesionados durante los choques con la policía y varios cientos de trabajadores/as fueron arrestados. Era la primera vez que se hacía uso de la violencia en contra de trabajadores/as en huelga bajo el mandato del nuevo presidente. Fueron detenidos alrededor de 500 trabajadores/as, aunque posteriormente fueron liberados, salvo 24 dirigentes sindicales.
Arrestos El 25 de agosto, la KCTU afirmó que 60 sindicalistas, incluido el secretario general de la KCTU, habían sido arrestados y quedaron detenidos. 29 habían sido arrestados sin ser detenidos y 127 eran buscados para ser arrestados en relación con la reunión del Primero de Mayo, las huelgas generales de mayo y julio y las huelgas en las empresas. Dan Byung-ho fue arrestado en octubre. Siguieron arrestándose sindicalistas de las compañías Mando Machinery e Hyundai, aunque el conflicto había quedado resuelto. La KCTU declaró que muchos habían sido arrestados después de dejar el santuario de la catedral de Myongdong. El 8 de noviembre, la KCTU celebró una reunión en contra de las políticas del FMI y pidió se celebraran audiencias públicas para averiguar quiénes eran los responsables de arruinar la economía del país. Un mes más tarde, el 25 de noviembre, la KCTU declaró que 201 sindicalistas habían sido arrestados y estaban detenidos desde mayo. Entre ellos, Koh Young-joo, el secretario general de KCTU fue condenado a un año y medio de cárcel el 24 de octubre después de su juicio. Otros fueron liberados después de sus juicios u obtuvieron sentencias condicionales, tales como Kim Ho-seun, Presidente del Sindicato de Telecomunicaciones de Corea, que fue condenado a un año y medio de cárcel, con una sentencia condicional de tres años. Otros 268 fueron arrestados sin quedar detenidos, 19 todavía eran buscados, lo que hace un total de 458 dirigentes y miembros de la KCTU en total 55 permanecieron en prisión. CAPITAL: Suva POBLACIÓN: 797.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-98 Se hicieron avances respecto a la reforma de los decretos antisindicales de 1991. No obstante, los empleadores siguieron mostrándose hostiles hacia los sindicatos, especialmente en el sector de las zonas francas industriales. Decretos laborales Los decretos laborales promulgados después de los golpes militares de 1987 dividían a los trabajadores/as por motivos raciales y culturales, haciendo la sindicación casi imposible y regulando la actividad sindical hasta en el más mínimo detalle. Se acordaron tres modificaciones clave a estos decretos al cabo de una constante presión sindical a nivel nacional e internacional. La nueva constitución de Fiji, que entró en vigor en 1998, también exigía que la legislación de 1991 fuera enmendada para cumplir con las disposiciones constitucionales sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Los cambios clave Los sindicatos ahora pueden llevar a cabo votaciones de huelgas secretas sin la supervisión del gobierno. No obstante, hacia finales de 1998, el ministro de Trabajo no había enmendado las reglamentaciones, lo que significaba que los sindicatos todavía tenían que informar al Ministerio acerca de las votaciones si no querían violar la ley. El Secretario Permanente de Trabajo ahora puede aceptar los conflictos con un sindicato no reconocido. No obstante, el FTUC afirmó que esta disposición todavía no se aplica. Las huelgas en favor del reconocimiento sindical han sido prohibidas, permitiendo a los empleadores despedir a los afiliados sindicales o intimidarlos para que abandonen un sindicato antes de que éste sea reconocido -una táctica común en la industria textil y en las zonas francas industriales. En tercer lugar, cuando sean varios sindicatos los que afilien al mismo grupo o categoría de trabajadores/as, sólo tendrá derechos a la negociación colectiva el sindicato más representativo. Los empleadores podrán reconocer voluntariamente a otros sindicatos en las negociaciones.
Las limitaciones aún vigentes No se enmendó la prohibición que pesa sobre las asociaciones sindicales, a las que pertenecen muchos de los trabajadores/as de Fiji, no pueden hacer huelga y ciertos grupos de trabajadores, entre ellos el personal de supervisión, no puede afiliarse a sindicatos. Los procedimientos para el cobro de las cuotas sindicales y la elección de los representantes sindicales siguen siendo minuciosos y excesivos. La legislación laboral de Fiji no protege a los sindicalistas contra actos de interferencia por parte de los empleadores. El FTUC informó que durante más de un año, el Ministerio de Trabajo no había convocado a las reuniones de los Consejos salariales, que fijan los salarios mínimos en el sector no sindicado..
La huelga del banco ANZ declarada ilegal La reestructuración y reducción afectó especialmente a la industria bancaria. Los trabajadores en el Australia New Zealand Bank (ANZ) hicieron huelga el 20 de marzo para protestar contra los despidos colectivos, la reducción de las categorías de los cargos y la conversión de empleos de tiempo completo a tiempo parcial. El ministro de Trabajo declaró la huelga ilegal y la remitió al director de Juicios Públicos. Poco después se llegó a un acuerdo.
Se retira la retención en nómina de las cuotas sindicales Los empleadores se muestran cada vez más hostiles. Amenazaron a muchos afiliados del FTUC con retirar sus acuerdos sobre la retención en nómina de las cuotas sindicales a menos que estuvieran de acuerdo con determinadas demandas. En 1997, la Fiji Sugar Corporation retiró la retención en nómina de las cuotas sindicales después de una huelga en la industria. Posteriormente fue reincorporada cuando el FTUC envió delegados ante el Primer Ministro. La mayor parte de las compañías hoteleras retiraron la retención en nómina de las cuotas sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y la Restauración en un intento por inmovilizar al sindicato. Al cabo de largas negociaciones volvió a establecerse. El tema fue discutido en el Foro Tripartita, pero los empleadores se negaron a acordar la reintroducción de una retención obligatoria en nómina de las cuotas sindicales, cancelada por los decretos de 1991.
El gobierno socava la negociación colectiva El 1 de abril, el gobierno introdujo una Ordenanza contra la inflación (salarial) limitando los aumentos salariales al 3% para 1998-99. La Ordenanza sobre salarios no tomaba en cuenta las disposiciones en los convenios colectivos, incluyendo un acuerdo de tres años para el servicio público. El FTUC afirmó que negociaría las directivas de los salarios si el gobierno concluía un acuerdo sobre los despidos colectivos y el cobro de las cuotas sindicales en nómina. En caso contrario, declaró que llevaría a cabo una protesta nacional el 23 de abril. El gobierno estuvo de acuerdo en revocar la Ordenanza sobre salarios. En las conversaciones mantenidas posteriormente en el Foro Tripartita se llegó a un acuerdo sobre los despidos colectivos y el cobro de las cuotas sindicales en nómina, pero luego fue rechazado por el Gabinete. El FTUC siguió adelante con la protesta. Se planeó una segunda protesta para el 2 de junio que se anuló al observarse algunos progresos en la reunión con el primer ministro. El proyecto de acuerdo elaborado en la reunión fue rechazado por los afiliados del FTUC.
Dificultades para sindicar las zonas francas No se observaron mejorías en el sector de las zonas francas industriales donde es casi imposible organizar los trabajadores/as debido a la hostilidad de los empleadores. Las condiciones de empleo son malas y las trabajadoras son acosadas sexualmente, se les desnuda y registra y se les obliga a marcar la hora de entrada y salida del baño. Los trabajadores/as en las zonas carecen de licencia de maternidad y tienen muy pocas vacaciones anuales. En 1998, el FTUC informó que un fabricante de ropa había obligado a los trabajadores/as a trabajar 36 horas continuas. CAPITAL: Manila POBLACIÓN: 69.282.000 Convenios de la OIT ratificados: 105-87-98-100-111-138 Las zonas francas industriales, las zonas industriales especiales y los centros industriales regionales aplican políticas "sin sindicato, sin huelgas". Zonas francas - "sin sindicato, sin huelgas" Existen muy pocos sindicatos en las zonas francas industriales y en el creciente número de zonas especiales y centros industriales regionales, que emplean unas 175.000 personas. La legislación laboral se aplica, pero en la práctica las políticas "sin sindicato, sin huelgas" están generalizadas y son aplicadas por los inversores extranjeros, los funcionarios locales del gobierno y los administradores de las zonas. Los trabajadores/as en las zonas, y en otras partes, son empleados cada vez con mayor frecuencia con contratos a corto plazo. Esta práctica se incrementó en 1998, con el pretexto de la crisis económica, permitiendo a los empleadores subcontratar a su personal, al mismo tiempo que evaden sus obligaciones hacia éste. Asimismo, significa que estos trabajadores/as no tienen derechos sindicales. El intento de liquidar los sindicatos en las zonas se generaliza a través de la intimidación de la mano de obra y las amenazas de despido y cierre de fábricas. A menudo, las empresas prefieren abandonar las zonas antes que permitir los sindicatos. Los dirigentes y organizadores sindicales son despedidos y discriminados e incluidos en listas negras por las demás empresas. A menudo, los trabajadores/as no pueden reunirse entre ellos salvo durante las horas de trabajo. La inspección de parte de las autoridades es mínima. El Departamento de Trabajo se ha mostrado poco dispuesto o incapaz de aplicar la ley en las zonas.
Sindicatos registrados en la zona Cavite En la zona franca industrial de Cavite, cerca de Manila, a pesar de su política "sin sindicatos, sin huelgas" se certificaron, en 1997, nueve sindicatos y se firmaron por lo menos dos convenios colectivos. La zona emplea unos 35.000 trabajadores, de los cuales un 75% son mujeres jóvenes, principalmente en fábricas coreanas, japonesas, taiwanesas y alemanas. Los trabajadores/as deben firmar un documento que estipula que el empleador los puede despedir si contraen matrimonio. Es común el despido masivo de los trabajadores afiliados a sindicatos, las horas extraordinarias obligatorias y las malas condiciones de trabajo.
Más zonas sin sindicatos En la zona franca de Mactan, donde trabajan alrededor de 21.000 personas, no hay sindicatos. Los trabajadores/as son supervisados y no pueden reunirse en grupos. Los organizadores sindicales no tienen acceso a las zonas. No hay sindicatos en la zona de la ciudad de Baguio. La zona franca de Subic Bay se declaró "libre de sindicatos". Se estableció un "centro laboral" específicamente para manejar conflictos laborales y ayudar a los trabajadores a hacer respetar sus derechos. Los trabajadores/as declararon que el centro existía para fomentar los sindicatos de empresa. Los guardias impedían la entrada de los inspectores del Departamento de Trabajo que venían a hacer inspecciones independientes de la fábrica.
1998 - gran avance en Victoria Wave En noviembre, la central sindical nacional TUCP afirmó que una zona franca privada, la Victoria Wave Ecozone, en Metro Manila ya no era una zona libre de sindicatos, después de que el sindicato del transporte PTGWO ganó una elección de certificación largamente aplazada en las Christo Wood Industries. La campaña de sindicación se había iniciado en agosto de 1997. Los dirigentes sindicales, incluido el presidente y los miembros sindicales fueron despedidos inmediatamente después de que el Departamento de Trabajo ordenó que las elecciones deberían tener lugar. Es bastante común entre los empleadores resistir a las demandas sindicales de celebrar elecciones de certificación para establecerse ellos mismos cómo agentes de negociación colectiva, despidiendo a los trabajadores y liquidando así los sindicatos, una vez que las elecciones de certificación quedan pendientes.
Despido de pilotos en huelga El 18 de junio, la compañía aérea Philippine Airlines (PAL) despidió a 660 miembros del sindicato de pilotos, ALPAP, que habían hecho huelga el 4 de junio debido a que la compañía amenazó con retirar a todos los pilotos mayores de 45 años. El personal de tierra y de cabina del sindicato PALEU amenazó con hacer huelga después de que la compañía despidió a 1.400 trabajadores de cabina y a 3.400 de tierra el 16 de junio, culpando de la situación financiera de la línea aérea la huelga de los pilotos. La compañía aérea, que fue privatizada en 1993, es notoriamente antisindical. A principios del año, el Tribunal Supremo falló que la empresa había actuado ilegalmente al despedir a la ejecutiva de PALEA en 1994.
Se retira plan de reducción El 25 de junio, el ALPAP recibió una orden de retornar al trabajo fechada el 7 de junio. Cuando volvieron al trabajo el día siguiente, la compañía se negó a permitirles que retomaran su trabajo. El 10 de julio, el Departamento de Trabajo emitió una orden para detener la huelga del personal de tierra. Hicieron huelga el 22 de julio, desobedeciendo la orden. El 26 de julio, se llegó a un acuerdo entre PALEA y la compañía eléctrica después de que la PAL retiró su plan de reducciones impuestas por un programa negociado.
Compañía aérea suspendida En agosto, la compañía aérea fue suspendida por la IATA, el órgano regulatorio de las compañías aéreas internacionales, por no pagar las facturas pendientes. Sufrió pérdidas récord debido a la crisis financiera asiática y a la mala gestión.
Se llegó a un acuerdo La empresa ofreció a PALEA un plan que abarcaba un plan de opción de acciones para los empleados a cambio de suspender el convenio colectivo durante diez años, en septiembre. Afirmó que la alternativa era cerrar. Cuando el sindicato rechazó la propuesta, la línea aérea anunció que cerraría el 23 de septiembre a medianoche. El Presidente del país intervino y mejoró la oferta. PALEA hizo votar a sus miembros respecto a la propuesta y fue rechazada. Después del cierre de la empresa aérea, se alcanzó un acuerdo con PAL que reanudó sus actividades.
Huelga prohibida En septiembre, el Departamento del Trabajo prohibió una huelga del PTT Sindicato de Trabajadores Progresistas-NAFLU y pidió a la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC) que arbitrara el conflicto. El sindicato había dado el preaviso de la huelga en agosto principalmente debido al despido de 249 trabajadores en el marco de un programa de reducción de personal. El 28 de septiembre, el sindicato siguió adelante con sus acciones de protesta a nivel nacional. A principios de octubre, un miembro de la Cámara baja de Filipinas introdujo un anteproyecto de ley que pedía una prohibición temporal de las huelgas en industrias vitales durante los tiempos de crisis. Su objetivo declarado era ayudar al país a recuperarse de la crisis económica regional preservando los empleos y garantizando el suministro de los servicios básicos. El Presidente del país concedió todo su apoyo al anteproyecto de ley.
Ataque a trabajadores en huelga Los trabajadores en huelga están sujetos a intimidación por parte de la dirección y a ataques por parte de los guardias de seguridad, especialmente en los piquetes. Miembros del sindicato NUWHRAIN en el sector de la hotelería y la restauración hicieron huelga en noviembre de 1997 en el Hotel Manila Diamond, de propiedad japonesa. A principios del año, habían pedido el reconocimiento como agentes de negociación y para negociaciar un convenio colectivo. La dirección empezó a hostigar al sindicato. Cuando el sindicato hizo huelga, la dirección contrató guardias de seguridad para ayudar a los rompehuelgas a cruzar los piquetes. El 10 de diciembre, 150 guardias de seguridad atacaron a los sindicalistas, seis de los cuales tuvieron que ir al hospital. La policía se dedicó a asistir y a mirar, deteniendo a los trabajadores en huelga una vez terminado el ataque. En abril de 1998, el Departamento del Trabajo asumió su jurisdicción en el conflicto y ordenó que los huelguistas fueran reintegrados en las mismas condiciones de antes. No obstante, el gerente del hotel se las arregló para modificar el acuerdo antes de que entrara en vigor en una "reintegración en nómina", que exige que se pague a los trabajadores, pero sin cargas sociales y no exige que sean reintegrados a su trabajo. Posteriormente, durante el año, la empresa trató de ofrecer a los trabajadores un paquete financiero para inducirlos a renunciar, pero se negaron y siguieron luchando por la reintegración.
Limitaciones en la legislación Un sindicato sólo puede ser registrado si representa por lo menos un 20% de los trabajadores/as en una unidad de negociación. La ley requiere un número excesivamente alto de sindicatos antes de poder formar una federación o central nacional. Los dirigentes sindicales deben estar empleados en las empresas cuyos trabajadores representan. Los extranjeros no pueden formar sindicatos ni sindicarse a menos que exista un acuerdo recíproco con su país de origen. El secretario de Trabajo puede imponer el arbitraje obligatorio y ordenar a los huelguistas que vuelvan al trabajo si piensa que las huelgas afectan los intereses nacionales. Los dirigentes sindicales pueden ser despedidos y encarcelados por un máximo de tres años por participar en huelgas ilegales. Los trabajadores del sector público tienen derechos limitados de negociación colectiva y no pueden hacer huelga. HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CHINA) CAPITAL: Hong Kong POBLACIÓN: 6.191.000 Convenios de la OIT ratificados: La legislación de Hong Kong no protege adecuadamente los derechos sindicales. En 1998, el gobierno ignoró las recomendaciones de la OIT de enmendarla. No se protegen adecuadamente las actividades de sindicación Los sindicalistas corren el riesgo de ser víctimas de represalias y despidos por organizar sindicatos y llevar a cabo actividades sindicales. Los sindicatos a menudo mantienen secretas las listas de sus afiliados para evitar toda intimidación. Si bien la ley los protege contra la discriminación antisindical, el peso de la prueba corresponde a los trabajadores/as. No hay ninguna disposición de la ley respecto a la reintegración, sólo menciona que los empleadores serán multados y los trabajadores/as recibirán una indemnización.
No hay derecho a la negociación colectiva No existen los derechos a la negociación colectiva ni al reconocimiento sindical, ni existe, por lo tanto, un marco institucional. Las autoridades no fomentan ni estimulan la negociación colectiva y, por lo general, los empleadores se niegan a reconocer los sindicatos. Esto significa que los sindicatos sólo pueden actuar, en cierta medida, como grupos de presión y organizadores o asesores de los trabajadores/as. Los convenios colectivos cubren menos del 1% de los trabajadores/as y no son legalmente vinculantes. No existe la negociación colectiva en el sector público, aunque la administración anterior consultaba a los funcionarios respecto a sus salarios y condiciones.
Los trabajadores/as en huelga corren el riesgo de ser despedidos Si bien el derecho de huelga está protegido por la legislación básica, la Constitución de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), no hay protección jurídica para ejercer este derecho. En el marco de la práctica legal ordinaria, los empleadores pueden despedir a los trabajadores/as en huelga por rompimiento del contrato de trabajo y no tienen que pagar ninguna indemnización. Asimismo, los empleadores pueden reclamar a los trabajadores/as daños y perjuicios y amenazar con medidas disciplinarias, disminución del salario y descenso de las categorías para disuadir las huelgas. En los piquetes de huelga, es posible obligar a los sindicalistas a dispersarse en virtud de la ordenanza del Orden Público. El Jefe del Ejecutivo de Hong Kong tiene autoridad para suspender o despedir a los funcionarios "con causa suficiente". Esta autoridad fue utilizada para intimidar a los trabajadores/as del servicio postal a fin de que no hicieran huelga en 1990.
El traspaso de 1997 Se aprobó una legislación que favorece los derechos En el período de la devolución de Hong Kong a China, Lee Cheuk-yan, secretario general de la central sindical nacional HKCTU y miembro electo del Consejo Legislativo, presentó medidas destinadas a proporcionar un marco legal satisfactorio para los sindicatos, a fin de que Hong Kong cumpliera con lo dispuesto en los Convenios de la OIT. En abril de 1997, se presentaron al Consejo Legislativo tres ordenanzas en un anteproyecto de ley de los miembros privados, que fueron aprobadas en su última sesión bajo el gobierno británico, en junio de 1997. El mundo empresarial protestó enérgicamente cuando se adoptó la legislación declarando que amenazaba la competitividad de Hong Kong. El Jefe del Ejecutivo, Tung Chee-hwa, prometió rectificar las "consecuencias sociales y económicas indeseables" de la legislación.
Se suspendió la nueva legislación Uno de los primeros actos del gobierno al asumir el control de Hong Kong, el 1 de julio de 1997, fue suspender las tres ordenanzas para "ser revisadas" hasta finales de octubre, a pesar de que el gobierno chino había declarado oficialmente a la OIT que aplicaría las normas de la OIT vigentes en Hong Kong antes de su traspaso a China.y a pesar de la legislación básica, que contiene garantías de que mantendrían las disposiciones de los Convenios de la OIT que se aplicaban en Hong Kong antes de su traspaso.
La legislación recuperó su status quo El Consejo Legislativo Provisional (CLP), que reemplazó al Consejo Legislativo, rechazó las disposiciones más importantes de la nueva legislación aprobada el 29 de octubre de 1997. En general, la legislación laboral volvió a ser la misma que en años anteriores al traspaso. Se rechazaron los siguientes elementos de la nueva legislación:
Se restablecieron las antiguas prohibiciones suprimidas por la nueva legislación:
Se mantuvieron algunas mejoras a la revisión del CLP, en especial;
Restricciones más estrictas Las ordenanzas de Sociedades y del Orden Público también se enmendaron a partir del traspaso de 1997 para restringir la libertad de sindicación y reunión introduciendo el concepto de la seguridad nacional en ambas leyes. Si la policía considera que una manifestación representaría una amenaza para la seguridad nacional está autorizada a negar el permiso para celebrarla. La ordenanza de Sociedades se enmendó para reintroducir el registro de los partidos políticos y prohibir los vínculos entre las organizaciones políticas y grupos políticos extranjeros.
Cierres y cortes salariales La crisis de la economía asiática empezó a afectar a Hong Kong en el curso del año. Los trabajadores/as y los sindicatos se vieron confrontados a un número cada vez mayor de cierres. Estallaron conflictos debido a la negativa de la dirección de las compañías a pagar indemnizaciones a los trabajadores/as despedidos, especialmente el fabricante de ropa Triumph International, así como los recortes salariales, especialmente en HK Telecom. Asimismo, llegaron informes de que se obligaba a los trabajadores/as a tomar licencia sin goce de sueldo. Esta situación llevó a la central sindical HKCTU a pedir de nuevo la introducción de la negociación colectiva. No obstante, en el marco de la legislación fundamental, es mucho más difícil presentar un anteproyecto de ley de un miembro privado puesto que si tiene un "impacto sobre la política gubernamental" se requiere la aprobación del Jefe del Ejecutivo.
Intervención de la policía En mayo de 1998, se desplegó una fuerza de más de 100 policías para dispersar a los trabajadores/as en huelga que tomaban parte en piquetes en las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Hong Kong debido a que la dirección se negó a negociar con el sindicato. El 17 de junio, un miembro de la HKCTU, Wong Ying-yu, fue absuelto del cargo de "provocar alteración del orden por ruido" en virtud de la ordenanza del Orden Público durante su participación en un piquete de huelga en el Hotel Regal en marzo. La policía lo acusó de utilizar un megáfono mientras tomaba parte en el piquete de huelga fuera del hotel con los trabajadores/es despedidos.
Un organizador sindical recibe advertencias Yip Kwok-yin, organizador de la HKCTU, recibió dos cartas de advertencia de la policía por celebrar reuniones ilegales -un delito en virtud de la ordenanza del Orden Público. Había organizado dos reuniones y piquetes con cerca de 100 trabajadores/as en la China Overseas Holding Company, una empresa de construcción china, para exigir que se pagara el salario de los trabajadores.
Antigua responsable sindical gana un caso de indemnización En julio, Courtney Chong, una antigua trabajadora de Cathay Pacific Airlines y Vicepresidenta del Sindicato de Acompañantes de Vuelo, despedida a raíz de una huelga de 1993, finalmente recibió una indemnización de la Cathay Pacific. La compañía la había acusado injustamente de robo y la despidió la víspera de las elecciones sindicales. Su despido significaba que no podía presentarse a las elecciones. La compañía le ofreció una indemnización justo dos semanas antes de que se iniciara el juicio, el 6 de julio de 1998, cinco años después de que la Sra. Chong había presentado una demanda judicial por difamación. El gobierno, con el pretexto de falta de pruebas, no tomó medidas judiciales contra la compañía por causa de discriminación antisindical.
Despido a causa de las actividades sindicales En septiembre, el presidente del Sindicato General de Trabajadores del International Terminal Group de Hong Kong fue despedido injustamente por la empresa debido a sus actividades sindicales.
Recomendaciones de la OIT En noviembre, la OIT hizo varias recomendaciones al gobierno de la RAEHK. Entre éstas se incluía la revisión y fortalecimiento de la legislación sobre la protección contra la discriminación antisindical, incluidas las disposiciones para la reintegración de los trabajadores/as despedidos a causa de las actividades sindicales. La OIT lamentó la revocación de la ley sobre la negociación colectiva por parte de la administración entrante y pidió que se promoviera la negociación colectiva designando a los sindicatos más representativos. Pidió la revocación de la legislación que reserva los cargos sindicales a las personas que trabajan efectivamente en el sector correspondiente, limita el uso de los fondos sindicales y prohíbe a los sindicatos participar en actividades políticas.
El gobierno ignora las recomendaciones A pesar de la resolución de la OIT, en numerosas ocasiones el gobierno hizo declaraciones públicas señalando que no violaba esas normas de la OIT y, por tanto, no consideraba necesario introducir ninguna enmienda legislativa ni tomar otro tipo de medidas. Sólo se comprometió a examinar si era necesario introducir una ley que dé a los trabajadores/as el derecho de ser reintegrados a su puesto de trabajo si se les despide a causa de actividades sindicales.
Se rechazó el intento de restablecer la legislación sobre la negociación colectiva En enero de 1999, el gobierno rechazó una moción de Lee Cheuk-yan, secretario general de la HKCTU y miembro electo del CLP, para presentar un anteproyecto de ley privado ante el CLP para restablecer en la RAEHK las leyes que protegen los derechos a la negociación colectiva. CAPITAL: Nueva Delhi POBLACIÓN: 944.600.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-100-111 Permanecen vigentes las restricciones a los derechos sindicales de los funcionarios públicos. Cinco trabajadores del textil fueron asesinados por la policía mientras participaban en una manifestación pacífica. Manifestantes asesinados La policía del estado de Haryana disparó contra un grupo de trabajadores del textil que participaba en una manifestación pacífica enfrente de la fábrica Pushupati Textile, en Dharuhera, distrito de Rewari, en febrero. Cinco personas resultaron muertas.
Huelga nacional contra las privatizaciones y las pérdidas de empleo El 11 de diciembre se celebró una huelga nacional masiva para protestar contra las políticas económicas del gobierno, incluyendo la venta de las empresas estatales y la apertura del sector de los seguros al capital extranjero. Los efectivos sindicales en antiguas plantas de manufacturas e industriales siguen confrontados a despidos masivos. En muchos casos se subcontrata la producción a plantas no sindicadas o del sector informal.
Derechos sindicales pisoteados en el sector agrícola Los trabajadores/as agrícolas y los jornaleros ven negados sus derechos a organizarse y a negociar colectivamente.
Restricciones a los derechos de los empleados/as de los servicios públicos La ley establece una amplia distinción entre los empleados de los servicios públicos y el resto de los trabajadores. Los empleados públicos se ven confrontados con numerosas restricciones del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Una ley de 1993 restringe la libertad sindical de los empleados de los servicios públicos. Contiene reglamentos extremadamente detallados que rigen las normas y actividades de las asociaciones de empleados públicos. El reconocimiento existente se le puede retirar a estas asociaciones si no cumplen los criterios detallados en la ley. No hay informes de que esto haya sucedido. La ley limita la libre elección de representantes de asociaciones, somete sus constituciones a una aprobación previa del gobierno, y prohibe publicar cualquier revista o periódico sin la aprobación del gobierno. La ley no menciona el reconocimiento de federaciones para la negociación colectiva.
Se dificulta la organización en las zonas francas. Existen siete zonas francas en la India. En teoría, los trabajadores y las trabajadoras en las zonas francas tienen derecho a sindicarse y a negociar colectivamente. No obstante, en la práctica, los sindicatos son pocos. Los organizadores sindicales no pueden entrar en las zonas francas, que están rodeadas por cercos de seguridad. Cada empresa tiene sus autobuses en los que traen y llevan directamente a los trabajadores hasta la puerta de la fábrica. Muchos de los trabajadores en las zonas francas son mujeres que, en general, son demasiado jóvenes y temerosas para formar sindicatos. Las condiciones de trabajo son malas y las horas extraordinarias son obligatorias. Los trabajadores/as temen represalias por parte de la dirección y a menudo los que protestan son despedidos. Es común que los trabajadores/as estén empleados con contratos temporales por subcontratistas ficticios, y no directamente por la empresa en cuestión.
Fallos del tribunal declaran ilegales las huelgas El Tribunal Superior del estado sureño de Kerala declaró el 28 de julio de 1997 que todas las huelgas generales (bandhs) eran ilegales y que quien organizara protestas sería responsable de las pérdidas causadas por los cierres. Más tarde, el Tribunal Supremo de India respaldó el fallo llamando la atención sobre la diferencia entre el cierre total de todas las actividades (bandh) y una huelga general (hartal). Si bien es probable que ese fallo haya sido pronunciado en relación a las huelgas políticas, los sindicatos declararon que representa de todas formas una amenaza a sus actividades. Otras decisiones judiciales durante el año 1997 declararon ilegales ciertas huelgas y obligaron a los huelguistas a pagar los gastos derivados del sufrimiento de los consumidores y del público durante las huelgas.
Revisión de las leyes laborales A comienzos de 1999 el gobierno indicó que establecería una comisión que tendría 24 meses para revisar las leyes laborales "a fin de hacerlas más pertinentes y apropiadas en el contexto cambiante de la globalización y de la apertura de la economía india". CAPITAL: Yakarta POBLACIÓN: 200.500.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-87-98-100 Después de la dimisión del presidente Suharto el 21 de mayo de 1998, se observó una marcada mejoría en Indonesia en el ámbito de los derechos sindicales. El SBSI fue reconocido y Muchtar Pakpahan fue liberado de la cárcel. Persistieron problemas graves, especialmente la participación del ejército en los asuntos y los conflictos laborales.
La era de Suharto Control del gobierno sobre la central nacional A principios de 1998, la FSPSI era la única central sindical nacional legal en el país. Había sido establecida en 1973, a raíz de una reestructuración ordenada por el gobierno y era controlada y dirigida por éste. El gobierno considera las relaciones laborales como un asunto de seguridad y justifica el control que mantiene sobre la FSPSI por la necesidad de mantener la ley y el orden. El sistema de relaciones laborales está supeditado al Pancasila, la ideología nacional fomentada por el gobierno que reivindica la consolidación del consenso, la unidad nacional y la justicia social. En realidad, se utiliza para limitar la disidencia, reforzar la cohesión social y política y limitar el desarrollo de la oposición.
Influencia del ejército en la FSPSI Oficiales militares retirados ocupan cargos de dirigencia en la FSPSI y en las estructuras regionales y de distrito de sus sindicatos afiliados. Esta influencia se justifica por la ideología oficial de "doble funcionamiento" que concede a las fuerzas armadas (ABRI) un papel en el desarrollo social y económico del país, además de la defensa. Asimismo, las autoridades declararon que los trabajadores carecen de la educación, la experiencia de mando y la competencia necesarias para dirigir sus propios sindicatos.
Acontecimientos en el Congreso de 1995 de la FSPSI Hubo indicios de que el Congreso de 1995 de la FSPSI fue el primero que se celebró sin la abierta interferencia del gobierno ni de los militares. La FSPSI aprobó nuevos estatutos que estipulaban que un candidato debía haber desempeñado tareas en el movimiento sindical durante cinco años para poder ser electo a un cargo sindical, suministrando así la base para la reducción y eventual eliminación de los efectivos militares en la FSPSI, aunque no destituyó a los militares que ya desempeñaban cargos. La FSPSI también se reestructuró como federación con sindicatos sectoriales, aunque mantuvo sus estructuras regionales y de distrito. Anteriormente, estaba organizada como una estructura unitaria. En 1997, la FSPSI empezó a recaudar directamente las cotizaciones sindicales, de conformidad con los cambios estatutarios de 1995. Antes, el Departamento de Mano de Obra recaudaba las cotizaciones y las asignaba a la FSPSI. El nuevo sistema no ha reforzado hasta el momento la situación financiera de la FSPSI, esencialmente porque muchos empleadores no le transfieren las cotizaciones. Las organizaciones sindicales ajenas a la FSPSI son objeto de represión. Sus actividades son obstaculizadas por agentes de seguridad y el Departamento de Mano de Obra y son hostigadas y sus responsables suelen ser arrestados y encarcelados.
Se niega el registro al SBSI El Sindicato Indonesio de la Prosperidad, SBSI, se constituyó en 1992. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Mano de Obra se habían negado en repetidas oportunidades a concederle su personería jurídica, a pesar incluso de que el sindicato ya había satisfecho los criterios necesarios. La OIT también ha recomendado enérgicamente que se le registre.
Intimidación El SBSI ha sufrido constante intimidación y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Se ha informado que a partir de 1992 se han despedido e inscrito en listas negras, y en algunos casos han sido encarcelados por ser miembros del SBSI, a más de 7.500 trabajadores/as. Existe la constante amenaza de una irrupción militar en las reuniones de la SBSI y la policía y los militares a menudo se presentan en sus oficinas. Muchos dirigentes de sección han sido intimidados por las fuerzas de seguridad hasta hacerlos renunciar. A partir de mediados de 1995, el SBSI declaró que estaban en condiciones de llevar a cabo sus actividades con menos hostigamiento, pero aclararon que ello dependía de la actitud del comandante militar local. En 1997, la situación parecía haber empeorado.
Se niega la libertad de sindicación en el sector público Los funcionarios y los trabajadores/as en las empresas estatales no pueden afiliarse a sindicatos, deben pertenecer al Cuerpo Indonesio de Funcionarios, KORPRI, creado por el gobierno en 1971. No se le considera un sindicato, no es independiente del gobierno ni tampoco puede llevar a cabo tareas sindicales, más bien hace las veces de maquinaria electoral para el partido en el poder, GOLKAR, distribuyendo urnas en los lugares de trabajo y supervisando a los trabajadores/as para asegurarse de que voten por GOLKAR. El Consejo Central de Desarrollo del KORPRI está presidido por el ministro del Interior. Los docentes pueden pertenecer solamente al PGRI, controlado por el gobierno y que obtuvo la categoría de sindicato en 1990. No desempeña una función sindical, sino actividades en el ámbito social y tiene un importante papel en la administración del sistema educativo.
Sindicato Independiente de Periodistas El Ministerio de Información prohibió a los medios de comunicación que emplearan miembros del sindicato independiente de periodistas, AJI, cuyos miembros a menudo eran hostigados, golpeados y sufrían represalias .
Restricciones a la negociación colectiva La negociación colectiva se vio severamente limitada. Los requisitos para obtener el reconocimiento como agente negociador establecidos en el Reglamento nº 3 de 1993 del Ministerio de la Mano de Obra sobre los sindicatos registrados, hacen que la FSPSI mantenga su monopolio: los sindicatos deben contar con el 50% de los trabajadores/as de la empresa, por lo menos con 100 unidades a nivel de planta, con 25 organizaciones a nivel de distrito y 5 organizaciones a nivel provincial o, alternativamente, por lo menos 10.000 miembros en toda Indonesia. Además, la FSPSI debe dar su aprobación. El Reglamento también estipula que una federación debe integrar, para registrarse, por lo menos 10 sindicatos.
Se permiten los sindicatos de empresa independientes Un decreto promulgado en enero de 1994, confirmado por el director general de Mano de Obra en abril de 1995, estipulaba que se podían establecer sindicatos independientes a nivel de empresa y que no tenían que afiliarse a la FSPSI. Estos sindicatos podrían negociar convenios colectivos en empresas que cuenten por lo menos con 25 trabajadores/as y donde al menos la mitad de la mano de obra esté de acuerdo con el establecimiento del sindicato. Si un sindicato de empresa independiente quiere afiliarse a una federación, sólo puede afiliarse a un sindicato sectorial miembro de la FSPSI y es preciso que tome esta decisión en un plazo de dos años. Los responsables del Departamento de Mano de Obra o los agentes de seguridad a menudo aconsejan a los sindicatos en el lugar de trabajo que se afilien a la FSPSI. El decreto contradecía los requisitos legales para ser reconocido como agente negociador. La Directiva nº 348, promulgada en 1995, establecía que ya no se necesitaba el permiso del empleador para formar un sindicato de empresa. Según las cifras oficiales, hacia finales de 1997, se habían constituido alrededor de 1.200 sindicatos en el lugar de trabajo no afiliados a la FSPSI (SPTP).
Sindicatos controlados por las empresas Se recibieron numerosos informes sobre el establecimiento de nuevos sindicatos controlados por las empresas, formados por empleadores con la complicidad del Ministerio de Mano de Obra y sus representantes provinciales, sobornados por los empleadores. Si los trabajadores/as tratan de formar sindicatos de empresa independientes, generalmente son amenazados con el despido.
Funcionarios gubernamentales participan en la negociación colectiva A menudo, funcionarios del Departamento de Mano de Obra o representantes de las fuerzas de seguridad participan en las "negociaciones colectivas" entre trabajadores/as y empleadores. Los empleadores suelen hacer caso omiso de los convenios firmados y, en la mayoría de los casos, los convenios sólo repiten las disposiciones relativas al salario mínimo.
Discriminación antisindical La legislación no protege adecuadamente a los trabajadores/as contra las medidas de discriminación antisindical. Los empleadores pueden invocar la "falta de armonía en las relaciones de trabajo" para justificar el despido de los trabajadores/as que se afilian a los sindicatos. Aunque, en 1992, la ley prohibió la injerencia de los empleadores en los asuntos sindicales, no hubo casos en los que se aplicara la ley. Por lo general, sólo pueden establecerse secciones locales de la FSPSI con el acuerdo de los empleadores afectados. Asimismo, es preciso que den su consentimiento para que los responsables sectoriales puedan desempeñar un cargo. Muchos empleadores desempeñan ellos mismos cargos de dirección en la FSPSI tanto a nivel regional como nacional.
Limitaciones al derecho de huelga Los complejos procedimientos de mediación y arbitraje obligatorio hacen que las huelgas legales sean prácticamente imposibles. Se pueden realizar huelgas en empresas privadas, donde no son consideradas vitales para el interés nacional. Casi siempre se trata de breves huelgas salvajes a las que pone fin la policía o la intervención militar a petición de la empresa. La FSPSI y sus federaciones sectoriales nunca hacen huelga ni se solidarizan con ellas. A menudo, las secciones sindicales en el lugar de trabajo de la FSPSI toman partido por la dirección cuando se produce un conflicto. Existen numerosos ejemplos de sindicatos de empresa de la FSPSI que hacen huelga por el pago del salario mínimo y que no cuentan con el respaldo de los sindicatos locales de la FSPSI. La mayoría de las huelgas se deben a que los empleadores pagan salarios inferiores al mínimo. En muchos casos, cuando pagan el salario mínimo, recortan otras prestaciones. Asimismo, surgen conflictos en torno al reconocimiento de los sindicatos de la FSPSI en las empresas. Los funcionarios gubernamentales y los agentes de seguridad mantienen a los trabajadores/as bajo vigilancia durante las huelgas, participan en las negociaciones, arrestan, detienen e interrogan a los activistas sindicales.
Intervención del ejército El ejército continuó interviniendo en las huelgas. La intervención militar en los conflictos laborales se hizo sentir todavía más en el curso de 1997. La mayoría de los empleadores mantienen estrechas relaciones con la policía o las unidades del ejército. En enero de 1994, el gobierno revocó una de las diversas regulaciones que permiten la intervención militar en los conflictos industriales, sin embargo, en virtud del decreto de 1986, el ejército puede intervenir "especialmente en casos relacionados con huelgas, contratos de trabajo, despidos y cuando se trata de cambios en la categoría o la propiedad de una empresa". Un decreto de 1990 estipula que la agencia de seguridad interna, Bakorstanas, puede intervenir en las huelgas para preservar la estabilidad política y social.
La nueva legislación ignora las recomendaciones de la OIT En septiembre de 1997 se aprobó la nueva legislación laboral y entró en vigor el 1 de octubre de 1998.
Activistas encarcelados Muchtar Pakpahan A principios de 1998, Muchtar Pakpahan, presidente general del SBSI seguía en prisión. Fue detenido a finales de julio de 1996 acusado de manipular los disturbios del 27 de julio de 1996, que tuvieron lugar debido a que la policía atacó a la oposición política. En marzo de 1997, fue trasladado de la cárcel al hospital debido a la deterioración de su estado de salud. Pakpahan fue acusado en base a dos secciones de la ley antisubversiva, susceptibles de una sentencia de entre ocho años de cárcel y la pena de muerte, y en base al código penal por difundir el odio contra el gobierno, lo que implica una sentencia de siete años de cárcel. El gobierno parecía determinado a asegurar que recibiera una larga sentencia y a hacer desaparecer al SBSI en lo que se consideró como parte de un intento por sofocar la oposición antes de las elecciones de 1997 y 1998. En octubre de 1996, el Tribunal Supremo, que parecía incapaz de preparar una acusación sólida en contra de Pakpahan, volvió a imponerle su sentencia de cuatro años de cárcel en relación con las huelgas de Medan en 1994. Pakpahan no había estado en Medan en ese momento. El dictamen del Tribunal Supremo no tenía precedentes, viciado desde el punto de vista del procedimiento, se consiguió gracias a la manipulación política. En septiembre de 1995, el tribunal había anulado la sentencia. (El vicepresidente del tribunal que había anulado la sentencia fue despedido posteriormente). En diciembre de 1996, se abrió el juicio de Pakpahan. Quedo claramente de manifiesto que el juicio era una pantomima. El juez violó la ética judicial, no fue imparcial y trató de intimidar a la defensa prohibiéndole que interrogara a los testigos. Quedó claro que Pakpahan estaba siendo juzgado por dirigir el SBSI y por sus opiniones políticas. En marzo de 1997, Pakpahan estaba demasiado enfermo como para continuar y se pospuso el juicio. En agosto de 1997, introdujo un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo pidiendo la revisión de su condena por los disturbios de Medan en 1994. El Tribunal lo desestimó. A finales del mes, se reanudó el juicio, pero Pakpahan estaba demasiado enfermo y tuvo que ser pospuesto de nuevo. Se reanudó posteriormente, pero el 10 de octubre Pakpahan se desplomó en la sala. Hacia finales de 1997, el Estado no había demostrado las acusaciones en su contra. Se decidió seguir con el juicio cuando la salud de Pakpahan lo permitiera.
Dita Sari Dita Sari, dirigenta de la PPBI, una organización estudiantil que coopera con los trabajadores/as para ayudarles a organizar huelgas y manifestaciones, también estaba en la cárcel a principios de 1998. El 22 de abril, fue condenada a seis años de cárcel por subversión. La sentencia fue reducida a cinco años en apelación. Fue detenida el 8 de julio de 1996, después de una manifestación masiva organizada por el PPBI en Surabaya, en Java Oriental, para pedir un aumento del salario mínimo, la baja de precios y observadores del extranjero durante las elecciones de 1997-98. Se culpó del descontento a un nuevo partido político, el PRD, que a juicio de las autoridades es marxista. Sus dirigentes fueron acusados de subversión. El PPBI está ligado al PRD.
Coen Husein Pontoh Coen Husein Pontoh, dirigente de la organización de trabajadores/as agrícolas vinculada al PRD, también estaba en prisión a principios de 1998, cumpliendo una condena de tres años y medio. También se le acusó de subversión por planear y organizar la misma huelga, y fue condenado por no cumplir, manipular y socavar las directivas políticas del Estado. Ambos, él y Dita Sari declararon que presentarían un recurso por sus condenas y que sus juicios habían sido arreglados de antemano. En la cárcel, fueron mantenidos aislados y no se les permitió tener libros ni estudiar. El 29 de septiembre de 1997, el PRD, sus organizaciones asociadas, incluida la PPBI, y otras organizaciones, fueron prohibidas.
Enero-mayo de 1998 Crisis económica En 1998, la intensificación de la crisis financiera y económica de Indonesia incrementó el descontento social y político. El programa del FMI no consiguió estabilizar la economía. Se produjeron muchas manifestaciones en el curso de los primeros meses del año en contra del gobierno, pidiendo una reforma política y la baja de los precios. A principios de 1998, seis responsables sindicales en la Yota Megah Company, al norte de Yakarta, fueron amenazados con el despido. La empresa emplea esencialmente trabajadoras y produce ropa de deporte para Adidas y Kappa que se exporta a los EE.UU., Francia, Italia y Canadá. Los responsables sindicales habían asistido a una reunión en el Departamento de Mano de Obra local para conciliar un conflicto laboral. El 23 de enero, en presencia de representantes del Departamento de Mano de Obra, el director de personal de la empresa redactó cartas de suspensión para los seis responsables con efecto a partir del día siguiente. Los funcionarios del Departamento de Mano de Obra no tuvieron ninguna reacción. Se impidió entrar a la fábrica a los responsables sindicales. Se cree que la empresa está planeando reemplazarlos.
Medidas enérgicas contra los activistas Inmediatamente antes de las elecciones presidenciales del 11 de marzo, se tomaron enérgicas medidas contra el SBSI y otros activistas, cuando el presidente Suharto fue reelegido por la Asamblea Consultiva Popular (MPR). Las oficinas del SBSI en Jakarta fueron allanadas por unos 30 oficiales de policía que obligaron a cerrar la oficina hasta después de las elecciones.
Detenciones El 9 de marzo, Yudi Rahmat, presidente de la ejecutiva del SBSI, y Yudi Hermanto, presidente del SBSI en Padang, fueron detenidos en la zona de Tanjung Priok al norte de Jakarta como sospechosos por haber celebrado una reunión ilegal y distribuir panfletos del SBSI. El panfleto convocaba a una marcha pacífica hasta la Asamblea Consultiva Popular para pedir que se pusiera fin a los cierres patronales; la reducción de los precios de nueve productos básicos y acabar con la connivencia, el nepotismo, los monopolios y los oligopolios; la liberación de Muchtar Pakpahan y el registro del SBSI como sindicato. Se tienen informes de que se les aplicaron shocks eléctricos durante su detención. Posteriormente fueron liberados mientras esperan juicio. El 9 de marzo, Sukirman, miembro del SBSI, fue arrestado por tratar de constituir una sección a nivel de la planta del SBSI en Lampung Utara, al sur de Sumatra. Sanusi, miembro del SBSI en Tanjung Priok-Jakarta, fue detenido el 10 de marzo en relación con la manifestación programada. El 9 de marzo, la activista del SBSI, Farah Diba, y otros tres más fueron detenidos mientras participaban en una manifestación en frente de los almacenes Sarinah en Jakarta central para protestar contra los cierres y leer una lista de demandas en el ámbito de la reforma política. Fueron liberados bajo fianza y fueron juzgados el 5 de mayo acusados de violar el decreto presidencial Nº 5/1963 que no había sido invocado durante décadas y que prohíbe toda actividad política, salvo la realizada por los órganos gubernamentales. Se les aplicó la pena máxima de cinco años de prisión. Finalmente, el 12 de junio, Farah Diba fue absuelta por un tribunal. El 10 de marzo, tres activistas del SBSI, Suseno, dirigente de la sección local del SBSI en Serang; Sumantri, secretario de sección y Mahmud Hadi, adjunto a la dirigencia de la sección, fueron arrestados en la ciudad de Serang, al oeste de Java. También se confiscaron documentos del SBSI.
Huelgas A principios de mayo, tuvieron lugar huelgas masivas debido a la supresión de los subsidios sobre el combustible, la electricidad y el transporte de acuerdo con las condiciones del FMI. Millones de trabajadores/as perdieron sus empleos. El valor de la rupia indonesa siguió cayendo. Los precios de los productos esenciales subieron por los cielos. Miles de trabajadores/as migrantes volvieron de los países vecinos después de haber sido despedidos. Las pequeñas y medianas empresas y fábricas, sumamente afectadas por la crisis, recortaron las horas de trabajo, redujeron la producción y su mano de obra o les obligaron a trabajar en turnos para reducir los costos.
Disturbios A mediados de mayo, se produjeron disturbios en Jakarta provocados por la grave carencia de alimentos y la elevada inflación. Resultaron muertas aproximadamente 1.200 personas durante las protestas por la incapacidad del Presidente Suharto para resolver la crisis económica.. El 21 de mayo renuncia el Presidente Suharto.
La era postsuharto Pakpahan liberado El 21 de mayo se nombró el nuevo presidente, B.J. Habibie. El mismo día, anunció que Muchtar Pakpahan sería liberado de la cárcel y amnistiado. Asimismo, se liberó a varios responsables y miembros del SBSI de la cárcel de Cipinang en Jakarta, aunque otros activistas laborales tales como Dira Sari y Coen Pontoh permanecieron encarcelados. Pakpahan fue liberado el 26 de mayo.
Se puso fin al monopolio de la FSPSI Se nombró un nuevo ministro de Mano de Obra que el 26 de mayo, declaró que ahora los trabajadores/as tenían la libertad de constituir sus propios sindicatos siempre y cuando se cumpliera con la ley y con la doctrina de Pancasila. Prometió que el gobierno nunca más recurriría a los militares para interferir en los conflictos laborales. El 27 de mayo, emitió la regulación ministerial Nº 5 de 1998 sobre el registro de los sindicatos que anulaba la regulación ministerial Nº 3 de 1993 que imponía el monopolio de la FSPSI. El presidente expresó su conformidad con el decreto el 3 de junio.
Reconocimiento sindical El nuevo decreto dispone el registro y reconocimiento sindical así como la formación y desarrollo de sindicatos independientes. Los nuevos sindicatos a nivel de la planta o sector tienen que registrarse ante las autoridades. Los sindicatos a nivel de planta y sector ya existentes tienen que volverse a registrar en un plazo de 90 días. Los sindicatos a nivel de planta que no convocaron a elecciones para elegir su dirigencia, tienen que hacerlo. Las federaciones y confederaciones sólo tienen que notificar su establecimiento al Ministerio de Mano de Obra. El decreto permite el registro de más de un sindicato en un solo lugar de trabajo o establecimiento. En virtud de la nueva legislación, los sindicatos de planta y sector de la FSPSI están obligados a registrarse de nuevo y la central nacional tiene que informar al Ministerio de Mano de Obra de su existencia. La mayor parte de los cargos directivos de la FSPSI a nivel local, provincial y nacional todavía son ocupados por miembros de GOLKAR, antiguos militares y funcionarios, y en algunos casos por empleadores y empresarios. El gobierno afirmó que ahora reconocería al SBSI y que ahora éste ya puede registrar legalmente a sus sindicatos afiliados. A raíz de la nueva legislación, han surgido varias confederaciones sindicales nuevas. No obstante, el gobierno declara que todavía no está dispuesto a permitir que el Cuerpo de Funcionarios de Indonesia, KORPRI, se convierta en un sindicato propiamente dicho -aunque ya no sea obligatorio afiliarse a éste.
Se ratificó el Convenio Nº 87 de la OIT El 2 de junio, el gobierno declaró que ratificaría el Convenio Nº 87 de la OIT sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación. Para este efecto, el Presidente firmó un decreto el 5 de junio. En la delegación de Indonesia a la Conferencia anual de la OIT en Ginebra, se incluyeron delegados del SBSI
Violencia A principios de junio, hubo violentos enfrentamientos en Surabaya entre la policía y los trabajadores/as en huelga que pedían un aumento salarial.
Volvió a abrirse el caso de Marsinah El 19 de junio, informes de la policía de Java Oriental declaraban que un capitán del ejército había admitido que Marsinah, una sindicalista que había sido violada y asesinada en 1993 por organizar una huelga, había sido torturada y asesinada por los militares de Sidoarjo. El Ministerio de Mano de Obra declaró que el caso volvería a abrirse.
El ejército interviene en las huelgas El 21 de junio, unos 10.000 trabajadores/as de la fábrica de calzado Kasogi International en Surabaya hicieron huelga. El ejército duplicó su presencia en la fábrica. El 30 de junio, las tropas dispararon balas de caucho contra una violenta protesta laboral en la acería PT Ganung Garuda, en Bekasi, al este de Jakarta, donde los trabajadores/as exigían aumentos salariales, mejores condiciones y el derecho de formar un sindicato. Hubo 104 detenidos y 26 personas resultaron lesionadas por las balas de caucho. A finales de junio, miles de trabajadores/as en las cuatro plantas PT Maspion, que fabrican productos eléctricos, participaron en una manifestación pacífica para apoyar los aumentos salariales. Muchos resultaron gravemente heridos por los soldados que utilizaron varas de ratán y la culata de los fusiles para impedirles que se unieran a la manifestación. Un trabajador, Lasimo, falleció en el hospital.
Advertencia a Pakpahan A principios de julio, el gobierno amenazó con promulgar una ley para limitar las manifestaciones, en la que incluiría el requisito de obtener una autorización previa en ciertos casos. El ministro de Justicia advirtió a Muchtar Pakpahan que podía ser detenido de nuevo si participaba en actividades que violaran la ley. También se informó que estaban circulando panfletos en los que se ligaba a Pakpahan con el Partido Comunista.
Ataques a trabajadores/as en huelga Los días 15 y 16 de julio, 600 trabajadoras de PT Mayora Indah hicieron huelga. Fueron atacadas por matones a sueldo y amenazadas con violencias y el despido si continuaban la huelga. En Bandung, los trabajadores/as del Hotel Horizon hicieron huelga del 17 al 23 de julio para pedir el derecho a la negociación colectiva. Los soldados intervinieron para romper la huelga.
Intervención del ejército El 23 de julio, el SBSI declaró que planeaba celebrar una reunión de 10.000 trabajadores al día siguiente y hacer una marcha hasta el Parlamento para pedirle al presidente Habibie que dimitiera. También pedirían una reunión de reconciliación nacional para discutir sobre el proceso de reformas y una reunión de la Asamblea Consultiva Popular. Un portavoz de los militares afirmó en Jakarta que tomarían medidas enérgicas contra la marcha de protesta. Al día siguiente, tropas armadas rodearon la oficina del SBSI en Jakarta. El SBSI anuló su marcha de protesta argumentando que quería evitar confrontaciones con el ejército. Se desplegaron unos 25.000 soldados y negaron el paso de varios autobuses que transportaban a los trabajadores/as evitando que penetraran en la zona. El SBSI siguió adelante con un pequeño grupo de 200 personas. Los soldados armados bloquearon las calles conforme los trabajadores/as se aproximaban al Parlamento. El Comandante Militar de Jakarta amenazó con "inmovilizar" a los manifestantes si continuaban. Durante el mes de julio, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, General Wiranto pronunció un discurso en el que volvía a formular la doble función de los militares: compartir el poder y la responsabilidad y "servir de guía". El 23 de julio, el propietario de PT Tropical Wood Indotama, en Deli Serdang, que exporta muebles a los Países Bajos, Bélgica, Alemania, EE.UU., Corea, República Checa y China, así como oficiales militares, intimidaron a miembros del sindicato SBSI recién formado. Estuvieron detenidos durante cinco horas y varios de ellos fueron obligados a firmar cartas en las que estaban de acuerdo en jubilarse.
Coen Pontoh liberado El 24 de julio, Coen Pontoh fue liberado de la cárcel.
Huelgas y pérdida de empleo El 27 de julio, los trabajadores/as de PT.HJ & Ever Cortex, en Balaraja, Tangerang, hicieron huelga para protestar por el despido de seis trabajadores durante una huelga anterior, después de que algunos de ellos habían sido golpeados por el director de la fábrica. Los militares intervinieron para poner fin a la huelga. Siguieron produciéndose huelgas y protestas, esencialmente en el cinturón industrial alrededor de Jakarta para protestar por la pérdida de empleo y exigir aumentos salariales que siguieran el ritmo galopante de los precios de los alimentos y la elevada inflación. Se calculó que varios millones de trabajadores habrán perdido su empleo para finales del año.
Derecho de sindicación en las empresas estatales En agosto, los sindicatos obtuvieron el derecho a organizar a los trabajadores/as en las empresas estatales, pero no en la administración pública. El gobierno anunció un 15% de aumento del salario mínimo a partir de agosto.
Huelguistas despedidos El 3 de agosto, unos 1.700 trabajadores/as de la fábrica textil con sede en Hong-Kong, PT Tyfountex, en Solo, organizados en el marco del Comité de Trabajadores para la Reforma (el KRKB) hicieron huelga para que se pagara a los trabajadores/as que están de baja por enfermedad las prestaciones legales, así como pedir un aumento salarial de acuerdo con el reciente aumento del salario mínimo. La dirección dejó a los huelguistas afuera, los despidió y contrató trabajadores/as de reemplazo. El Tribunal Laboral ordenó la reintegración de los huelguistas, pero la compañía ignoró el fallo judicial.
La policía golpea a los huelguistas El 25 de agosto, la policía golpeó a los trabajadores/as textiles que protestaban por el cierre con varas de ratán para evitar que organizaran una marcha hacia las oficinas de la OIT. Cuatro de ellos tuvieron que ir al hospital. Durante el mes de agosto, los militares intervinieron en las huelgas que tuvieron lugar en PT Deli Food y PT Mayora Indah, en Jatiuwung, Tangerang, en el Restaurante Coca Suki, en Surabaya, en PT Freeport Indonesia, en Timika, Irian Jaya y en PT Sinar Baru, en Majalaya, Bandung.
Se pide al ejército que se mantenga al margen de los conflictos laborales En septiembre, el ministro de Mano de Obra anunció que había escrito al ministro coordinador de Política y Seguridad y al ministro de Defensa, en junio, pidiendo que se ordenara a los efectivos militares mantenerse al margen de los conflictos laborales. Declaró que estaban de acuerdo y que las fuerzas armadas, ABRI, emitirían reglamentaciones prohibiendo a sus miembros que intervinieran. Asimismo, declaró que los efectivos militares ya no participarían en las negociaciones colectivas ni en las resoluciones negociadas de los conflictos. No obstante, no se hicieron modificaciones a la legislación que permite al ejército intervenir en los conflictos laborales.
Enmienda a la legislación laboral de 1997 El 8 de septiembre, el ministro de Mano de Obra anunció que se pospondría un año la entrada en vigor de la legislación laboral prevista para el 1 de octubre de 1998. La legislación no cumplía con las disposiciones del Convenio Nº 87 de la OIT, ratificado por Indonesia, y el gobierno declaró que se enmendaría después de hacer las consultas pertinentes. Asimismo, afirmó que se habían elaborado dos anteproyectos de ley sobre los sindicatos y la resolución de los conflictos laborales.
Se permiten los sindicatos del servicio público Un representante del Ministerio de Mano de Obra declaró a una misión de la CIOSL que visitó el país a principios de octubre, que los funcionarios ahora podrían constituir sindicatos de conformidad con la recomendación de la misión de contacto directo de la OIT en agosto de 1998. KORPRI celebraría un congreso en febrero de 1999. El representante afirmó que ya no se permitiría que el ABRI interviniera en los conflictos industriales, salvo cuando se alterara gravemente el orden público.
División de la FSPSI Aumentaron las protestas y el malestar mientras la situación económica seguía siendo inestable. La inflación anual ascendía a más del 80%. La FSPSI se dividió en septiembre.
Se obstaculiza el registro sindical A principios de octubre, el SBSI afirmó que estaba teniendo problemas para registrar a los sindicatos a nivel de planta. En algunos casos, los intentos para registrar un sindicato habían provocado el despido de todos sus miembros. Las autoridades, al rechazar las solicitudes, afirmaban que los sindicatos tenían que obtener una carta de aprobación por parte de las empresas, debían tener estatutos y reglamentos separados y que sus estatutos tenían que jurar la constitución de Indonesia de 1945 y la ideología Pancasila.
Balas de caucho contra trabajadores/as en huelga El 23 de octubre, en Medan, la policía dispersó una huelga con balas de caucho y garrotes, lesionando a por lo menos nueve trabajadores/as. Los trabajadores/as de la fábrica Latexindo, que produce guantes de caucho, estaban pidiendo un aumento salarial y la reintegración de los compañeros despedidos con ocasión de las protestas anteriores. Otros trabajadores/as de la compañía de plásticos, BPLP, se reunieron frente al parlamento de Medan para pedir aumentos salariales así como una investigación sobre la pretendida paliza que la policía propinó a algunos de sus compañeros. El 29 de octubre, unos 100 trabajadores/as manifestaron ante la oficina del procurador general en favor de la liberación de Dita Sari, para poner fin al papel desempeñado por los militares en la política y por un descenso de los precios de los productos básicos. Afirmaron que el ejército siempre favorecía a los empleadores en los conflictos laborales.
Dita Sari En noviembre, llegaron informes de que el gobierno había comunicado a Dita Sari que podía ser liberada de la cárcel si estaba de acuerdo en no viajar al extranjero hasta el año 2002 y en no participar en política. Ella se negó.
Trabajadores/as en protesta lesionados Los trabajadores/as de la fábrica de calzado PT Emperor Footwear declararon que habían resultado lesionados cuando realizaban una acción de protesta pacífica en la fábrica, en Bantar Gebang, Bekasi por los despidos. Matones a sueldo dispersaron la reunión de los trabajadores.
Se recomienda la liberación de activistas laborales En diciembre, el ministro de Mano de Obra afirmó que había recomendado la liberación de Dita Sari y la de otros siete activistas laborales detenidos. Entre los activistas laborales que se sabe están en prisión se encuentran Samsunar, Romli Izaque y Misbakhul Zakaria. CAPITAL: Tokio POBLACIÓN: 125.400.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-87-98-100 Sigue habiendo violaciones de los derechos sindicales fundamentales en los sectores público y privado de Japón. Restricciones de los derechos en los sectores público y privado Los derechos de negociación colectiva de los empleados/as públicos en el gobierno nacional y en las administraciones locales, incluidos los docentes, están sustancialmente limitados. El gobierno determina los niveles de salarios en el sector. Están prohibidas las huelgas en el sector público. La Corte Suprema de Japón declaró que la prohibición del derecho de huelga es constitucional. Los empleados públicos que instigan a hacer huelga pueden verse confrontados con el despido e ir a la cárcel. La central sindical nacional, RENGO, afirma que varios empleados/as del gobierno, entre ellos los docentes, han entablado pleitos judiciales por despido injusto. Los trabajadores/as en las empresas estatales no pueden hacer huelga ni pueden negociar temas relativos a la administración o al funcionamiento de las empresas. Los bomberos siguen sin derechos sindicales fundamentales A los bomberos no les está permitido sindicarse libremente ni negociar colectivamente sus términos y condiciones de trabajo, a pesar de que en 1995 se cambió la ley para permitirles establecer sus comités de personal en todas las estaciones de bomberos para participar en la fijación de sus condiciones de trabajo. CAPITAL: Alma Ata POBLACIÓN: 16.820.000 Convenios de la OIT ratificados: Las violaciones de los derechos sindicales continuaron tanto en la legislación como en la práctica. Como corolario a las protestas por el retraso en el pago de los salarios, los trabajadores/as fueron golpeados por la policía, se liquidaron dos sindicatos, hubo arrestos y falleció un trabajador en huelga de hambre. Dirigente sindical perseguido En 1997, la Agencia Nacional de Seguridad inició una investigación criminal en contra de Leonid Solomin, presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de Kazajstán (KSPK) supuestamente por violar la legislación en materia de tipos de cambio por pagar al personal del sindicato en dólares y violar la disposición de la Constitución de 1995 que impide que los sindicatos reciban fondos del extranjero, incluido de las organizaciones sindicales internacionales. La mayoría cree que los cargos se deben a que Solomin había dirigido manifestaciones de protesta en 1996 para protestar por la crisis económica. Después de perseguir a Solomin durante varios meses, se retiraron los cargos por falta de pruebas.
Sindicato amenazado de cierre A finales de 1997, el Fiscal General de Kazajstán amenazó, en virtud de la disposición de la Constitución de 1995, con el cierre provisional de la KSPK por extralimitar las funciones que figuran en su carta fundadora y solicitar ilegalmente ayuda a los países extranjeros.
El gobierno se niega a firmar un acuerdo A principios de 1998, el gobierno se negó a firmar el Acuerdo General de 1998. Posteriormente, en el transcurso del año abolió derechos adquiridos desde hace mucho tiempo, incluida la financiación de las pensiones y aumentado el límite de edad para la jubilación.
Protestas por el atraso del pago de los salarios El impago de los salarios siguió siendo uno de los principales problemas y, a principios del año, tuvieron lugar muchas protestas, especialmente en Kentau y Zhanatas, en el sur de Kazajstán. En Zhanatas, los trabajadores de la empresa minera de fósforo ZAO Fosforit y la fábrica de fertilizantes AO Karatau iniciaron una huelga de hambre ilimitada para protestar por el atraso de dos años en el pago de los salarios. Muchos trabajadores que tuvieron que ir al hospital fueron inmediatamente reemplazados por la empresa. Se llevó a cabo una protesta continua fuera de los edificios de la alcaldía. El 4 de febrero, el Fiscal General dio una conferencia de prensa en la que afirmó que el Estado tomaría medidas enérgicas con las protestas que no fueran sancionadas por las autoridades y contra toda difamación del presidente Nazarbayev. La mayor parte de las protestas por el impago de los salarios no recibió permiso de las autoridades y por tanto fueron interrumpidas por la policía. Hacia el 6 de febrero, 70 trabajadores en huelga de hambre tuvieron que ser llevados al hospital. Habían salido en una marcha hacia la nueva capital, Astana. Un joven trabajador murió. Uno de los dirigentes de la protesta, K. Shaldarbekov, desapareció después de ser llamado para un interrogatorio por parte de los agentes de seguridad. El 16 de febrero, durante otra protesta, la policía golpeó a los trabajadores/as de la planta de fósforo así como a una mujer y sus hijos que habían bloqueado un cruce de ferrocarril en Zhanatas. Fueron dispersados por la policía antidisturbios y los agentes de seguridad. Diez mineros fueron detenidos.
Cargos criminales En febrero, dos trabajadores en Uralsk, en el norte de Kazajstán, fueron condenados a dos años y medio de cárcel con la sentencia en suspenso y un tercero fue condenado a un año por las pintadas antigubernamentales que habían aparecido en la ciudad. Uno de ellos, Ionur Kurmanov, había participado en huelgas en la ciudad durante el año anterior. Hizo huelga de hambre durante dos meses para protestar porque no había participado en las pintadas. Los tres acusados pasaron tres meses en la cárcel esperando juicio y recibieron malos tratos. Se cree que tiene que fijarse la fecha del juicio puesto que no hay pruebas en su contra. Hacia principios de marzo, se imputaron seis cargos criminales a uno de los vicepresidente de la KSPK, Gennady Nikitin, uno de los cuales se relacionaba con la posesión de opio que le colocaron para inculparlo. Asimismo, llegaron informes de que su hija había sido secuestrada. Los agentes de seguridad local afirmaron a la KSPK que habían recibido órdenes de cerrar la confederación en un plazo de seis meses y presentaron un fax para confirmarlo.
Trabajadores en protesta detenidos El 8 de junio, una marcha de trabajadores/as, apoyada por la KSPK local, salió de Kentau rumbo a la antigua capital, Almaty, exigiendo el pago de salarios atrasados por períodos de seis meses a tres años. Al dejar Kentau, la marcha fue detenida por un cordón de policías y 200 fueron arrestados. Se celebró una audiencia de emergencia en el tribunal y cinco de ellos fueron condenados a 15 días de cárcel, ocho a 10 días y una persona a 7 días.
Liquidación de los sindicatos El 15 de junio, se abrió expediente judicial en contra de dos sindicatos de la planta metalúrgica en Kentau, la Asociación de Sindicatos Independientes de Kentau y el Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros en la planta Achpolymetal, por participar en protestas por el impago de los salarios. El 25 de junio, el tribunal de arbitraje concluyó que habían violado sistemáticamente la legislación contra las manifestaciones y marchas no autorizadas y estableció una comisión para liquidar a los sindicatos. La comisión empezó su tarea sin esperar el resultado de la apelación de los sindicatos. Los sindicatos afirmaron que la legislación había sido violada debido a que la liquidación normalmente se reserva a las empresas comerciales, no a las organizaciones sociales. Los dos sindicatos fueron acusados con otros cargos por errores de menor importancia en la documentación presentada a la hora de volver a registrar los sindicatos y violar la disposición constitucional sobre la financiación extranjera, respecto a las visitas a otros países efectuadas por los dirigentes de los sindicatos independientes. Se cree que éste podría ser el inicio de medidas de mayor magnitud que podrían tomarse a nivel nacional en contra de los sindicatos independientes. La KSPK fue llamada a comparecer ante el tribunal en Astana, el 8 de octubre, en relación con la declaración de diciembre de 1997 del Fiscal General en la que había amenazado con cerrar la KSPK por violar la prohibición sobre la financiación extranjera. Los investigadores penales presentaron 73 cintas grabadas secretamente de las conversaciones telefónicas de Leonid Solomin, con una duración de 152 horas, para ser utilizadas como pruebas en el tribunal. Finalmente, el caso fue cerrado debido a la falta de pruebas.
Limitaciones legales y administrativas La legislación no protege los derechos de negociación colectiva ni protege a los trabajadores/as en contra de la discriminación antisindical. Las autoridades locales imponen numerosos obstáculos administrativos para el registro del sindicato y los sindicatos deben pagar una cuantiosa cotización para ser registrados. En junio, el gobierno aprobó una nueva ley sobre la seguridad nacional que define como una amenaza a la seguridad nacional "las reuniones, reuniones públicas, marchas, manifestaciones, piquetes ilegales y huelgas no autorizadas" que alteran la estabilidad social y política.
Hostigamiento y represalias Los sindicatos independientes informaron sobre un constante hostigamiento por parte de las autoridades centrales y locales. Todas las acciones de protesta, huelgas o piquetes son reprimidos y los organizadores de las protestas perseguidos. Los dirigentes y los miembros de los sindicatos independientes fueron intimidados, incluso con llamadas a sus casas amenazándolos con el despido a menos que abandonaran el sindicato. Las solicitudes de abandonar el sindicato oficial y transferirse a uno independiente pueden provocar el despido. El órgano de inteligencia, la KNB y las autoridades fiscales mantienen en estrecha vigilancia las oficinas centrales de la KSPK en Astana y Almaty. Llegaron informes de presiones y represalias para no formar sindicatos del sindicato independiente de trabajadores mineros, NPG, en la mina de Kentenskaya en Karanganda, el Sindicato Betonshchik en la Transzhelezobeton Joint Stock Company, en Astana, donde el presidente Y. Pervushin y otros miembros del sindicato fueron despedidos en septiembre, el sindicato Zheleznodorzhnik en Kostanaisk y E.N. Baltabaev en ShNOS en Shymkent. Entre los dirigentes sindicales víctimas de represalias se encontraban Izatulla Mukhitov, Ibadula Baimukhambetov, G. Koshkarbaev, M. Turisbekova, S. Djavanov y G.S. Nikitin, cuyo apartamento también fue registrado, del sindicato independiente Kentau. Fueron interrogados por los funcionarios del servicio de inteligencia KNB y fueron víctimas de amenazas, chantajes y calumnias. Se recibieron constantemente amenazas de despido en contra de V.P. Filipchenko, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Energía, en la planta de energía eléctrica Pavlodarsk TET. La dirección se negó a concluir un convenio colectivo con el sindicato. Al cabo de una protesta del 12 de noviembre por parte del sindicato del personal de vuelo de la aviación civil, en Kostanai, para apoyar a la Asociación de Sindicatos de Personal de Vuelo de Kazajstán, el dirigente sindical Aleksei Viktorovich Tishin y su familia fueron perseguidos. Se le retuvo en la comisaría y al día siguiente se le declaró culpable por orden administrativa.
Se firma un Acuerdo General Finalmente, a principios de 1999, se firmó un Acuerdo General y el gobierno también declaró que pronto se restablecerían los privilegios que se habían retirado a determinados trabajadores/as. La KSPK participó en el Acuerdo General. Asimismo estuvo representada en la Comisión Tripartita sobre el diálogo social y en otros grupos de trabajo nacionales.
Nueva legislación laboral El gobierno también declaró que se había elaborado una "Ley sobre el empleo en la República de Kazajstán" a principios de 1999, para reemplazar el código laboral que databa de la época soviética. CAPITAL: Kuala Lumpur POBLACIÓN: 20.581.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-98-100-138 La legislación laboral de Malasia establece múltiples restricciones de los derechos sindicales básicos. El director general de sindicatos y el ministro de Recursos Humanos tienen extensos poderes para reglamentar las cuestiones sindicales. Los derechos de sindicación y de negociación están restringidos en la legislación La ley Sindical de 1959 y la ley de Relaciones Laborales de 1967, y enmiendas ulteriores, restringen los derechos de sindicación y de negociación colectiva. La ley Sindical regula en detalle prácticamente todos los aspectos de la actividad sindical. En virtud de la ley Sindical, un sindicato sólo puede representar a los trabajadores/as "en un determinado oficio, ocupación, o industria, o en oficios, ocupaciones o industrias similares, o en una misma empresa o centro de trabajo". El Director General de Sindicatos invocó estas disposiciones para hacer que los sindicatos de industria retiraran de sus rangos a varios miles de efectivos, negándoles el reconocimiento y el derecho a la negociación colectiva. La empresa multinacional General Electric, la japonesa Hitachi y Mitsumi Electronics lograron que el Director General de Sindicatos descalificara a sus empleados cancelando su afiliación. al Sindicato de trabajadores de la industria eléctrica del MTUC. Los empleados de un fabricante de muebles de Malasia Artright se vieron negada la afiliación al Sindicato de empleados de la industria metalúrgica porque la empresa usa metal y madera en sus productos. Los trabajadores/as cuya afiliación ha sido cancelada en las circunstancias descriptas arriba no pueden afiliarse a ningún otro sindicato y deben establecer sindicatos de empresa, lo que es a menudo muy arriesgado y lleva demasiado tiempo. Este aspecto de la ley sigue siendo un serio escollo para las actividades de organización de los sindicatos.
Un funcionario gubernamental puede "dirigir y controlar" los sindicatos La ley confiere al director general de Sindicatos, un funcionario de gobierno, el derecho de "supervisar, dirigir y controlar los sindicatos". Todos los sindicatos están obligados a registrarse en un plazo de un mes (con la posibilidad de que se prorrogue dicho plazo previa autorización del director general), a partir de la fecha de creación del sindicato. Los sindicatos que no hayan cumplido con el requisito de registro en el plazo previsto pueden ser considerados ilegales. El director general puede negarse a registrar un sindicato si considera que existe otro similar.
Industria electrónica En virtud de esta legislación, desde comienzos de los años setenta, el gobierno ha rehusado a 160,000 trabajadores, en su mayoría mujeres, que trabajan en empresas multinacionales de la electrónica, el derecho a crear un sindicato nacional de trabajadores de la industria de la electrónica. Sólo pueden afiliarse a sindicatos de empresa. Los trabajadores/as que establecen sindicatos en una empresa del sector se enfrentan generalmente a la hostilidad de la dirección que puede llegar hasta la amenaza de despido.
Sindicatos de empresa En general, el gobierno y los empleadores alientan la creación de sindicatos de empresa. Las enmiendas a la ley Sindical de 1989 permitían la creación de sindicatos en la empresa independientemente de si ya existía un sindicato registrado o no.
Dificultades que enfrentan los sindicatos Los sindicatos señalan que siguen experimentando dificultades para realizar su labor de organización. Muchos empleadores, incluyendo algunas empresas multinacionales, hacen todo lo posible por negar el reconocimiento a los sindicatos y eludir la negociación colectiva. A menudo desafían directivas del gobierno que establecen el reconocimiento de los sindicatos, y se niegan a acatar los pronunciamientos del tribunal laboral de reintegrar a trabajadores/as despedidos injustamente.
Sector público En el sector público, los sindicatos pueden formarse por ministerio, departamento, o ocupación u oficio. Estos sindicatos pueden afiliarse a federaciones. Los empleados de organismos estatutarios sólo pueden afiliarse a sindicatos de empresa, aunque éstos a su vez pueden afiliarse a la federación de servicios públicos y a la central sindical nacional.
Otras limitaciones
Restricciones jurídicas al derecho de huelga
Limitaciones relativas a la negociación colectiva La ley sobre Relaciones Laborales excluye de la negociación colectiva temas como la contratación y los despidos, el traslado y los ascensos, el despido y la reincorporación. En el sector público, existe un sistema de consejos que limita el papel de los sindicatos del sector público a "dar su opinión" sobre los principios que rigen los salarios y otros términos y condiciones de trabajo. Es prácticamente imposible hacer huelga en el sector. Dicha ley también limita la negociación colectiva en las empresas "pioneras". Hace algunos años, el gobierno declaró que había aprobado formalmente la supresión de las disposiciones relativas a la condición de "pionero" de la ley de Relaciones Laborales, y que estaba tomando medidas para invalidar las disposiciones. Hasta ahora, no se ha hecho nada al respecto.
Otras leyes Otras normativas, como la ley de Seguridad Interna de 1961, que permite la detención de personas sin juicio previo, la ley de Secretos Oficiales, la ley de la Prensa Escrita y Publicaciones, y la ley de Sedición pueden ser invocadas para restringir el ejercicio de los derechos sindicales. El Código penal exige obtener autorización de la policía para reuniones públicas de más de cinco personas.
Intentos de desacreditar al MTUC Según informes de la prensa, en mayo el gobierno hizo público un video que supuestamente demuestra que el secretario general del MTUC ha estado "propagando mentiras sobre el país en el extranjero". El ministro de Recursos Humanos mostró en el video una reunión que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1996 según trascendidos, durante la reunión el secretario general del MTUC dijo que algunas empresas intentaban establecer sindicatos de empresa y colocar altos ejecutivos en cargos directivos. La polémica y los ataques públicos continuaron hasta que el MTUC presentó evidencia documentada para substanciar su situación. CAPITAL: Wellington POBLACIÓN: 3.602.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-100-111 El gobierno de Nueva Zelandia ha ignorado completamente las recomendaciones de la OIT de enmendar la ley de Contratos de Empleo de 1991 que desmanteló el sistema existente de convenios colectivos y concesiones salariales, reemplazándolo con contratos de empleo individuales. Ley de contratos de empleo En 1994, la OIT concluyó que la ley era incompatible con la libertad de sindicación y con la promoción y estímulo de la negociación colectiva y recomendó que se volviera a redactar después de celebrar discusiones tripartitas. Asimismo, recomendó que se legalizaran las huelgas que reivindicaban convenios colectivos con múltiples empleadores, prohibidas por la ley. La OIT reiteró sus recomendaciones al gobierno de Nueva Zelandia en 1996. La ley de contratos de empleo fue uno de los principales instrumentos de las políticas de desregulación del mercado laboral del gobierno, reemplazó el proceso de negociación colectiva con contratos de empleo individuales y dispuso que las relaciones de empleo deberían establecerse a través de contratos -aplicables por ley- entre los trabajadores/as y sus empleadores, a menos que se tomara otra decisión. Si los trabajadores desean estar cubiertos por un contrato negociado colectivamente, deben indicarlo explícitamente y pueden elegir ser representados por un agente negociador que puede ser o no un sindicato. El empleador debe reconocer este agente negociador, pero no tiene necesariamente la obligación de negociar. La ley de Contratos de Empleo redujo a la mitad el número de trabajadores/as cubiertos por los convenios colectivos y mermaron los salarios reales. Las repercusiones fueron peores en las pequeñas empresas.
Se presiona a los trabajadores/as a firmar contratos individuales El Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) afirmó que se había hecho presión sobre los trabajadores/as para que firmaran contratos individuales elaborados unilateralmente por los empleadores, incluso donde los trabajadores/as afectados habían autorizado a un sindicato a negociar en su nombre.
Se limita el derecho de huelga La ley también limita el derecho de huelga, sobre todo a través de la prohibición de huelgas para concluir convenios colectivos con varias empresas. Estos elementos dieron un respaldo legal a la imposición patronal de negociar solamente a nivel de la empresa. CAPITAL: Islamabad POBLACIÓN: 140.000.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-87-98-111 Los derechos sindicales básicos están severamente recortados. En octubre de 1998 la situación se deterioró más aún cuando el gobierno declaró que el proyecto hidroeléctrico de GHAZI BAROTHA era un servicio esencial. A fin de año hizo venir al ejército para que dirigiese la empresa estatal de abastecimiento de agua y energía, WAPDA y se suspendieron los sindicatos. Limitaciones al derecho de sindicación Una amplia gama de trabajadores/as tiene prohibido sindicarse: ciertos empleados/as públicos, los docentes, los trabajadores/as de hospitales, trabajadores/as agrícolas, ferroviarios, los trabajadores/as en numerosas reparticiones relacionadas con la defensa, personal de supervisión y directivo; trabajadores forestales y trabajadores/as en las zonas francas industriales. En ciertas circunstancias, los trabajadores/as que tienen prohibido afiliarse a sindicatos pueden formar asociaciones. Pero o no gozan de derechos de negociación colectiva o estos derechos son mínimos, y no pueden hacer huelga o afiliarse a federaciones. Los empleadores han promocionado artificialmente a los trabajadores/as en sectores tales como la industria del acero, los ferrocarriles y el sector bancario y financiero a fin de que sean considerados personal directivo y no puedan afiliarse a los sindicatos. En julio, las autoridades del estado de Punjab anunciaron que habían decidido limitar las actividades de sindicatos y asociaciones, especialmente de la Asociación de empleados de Pakistán (APCA), porque consideraban que obstruían la política pública. Las autoridades dijeron que estaban por decidir si promulgaban una nueva legislación o si articularían dichas actividades en las reglas y regulaciones existentes.
Derechos sindicales restringidos en el sector bancario Las enmiendas a la ordenanza Bancaria de 1997 prohibía todas las actividades sindicales durante el horario de banco y estipulaba que un trabajador sólo puede ser miembro o dirigente sindical en un banco si trabaja allí. Quien infrinja la ley es pasible de una multa o hasta tres años de prisión, o ambas sanciones. El sindicato de trabajadores/as bancarios, afiliado a la central nacional APFTU, desafió la prohibición en el Superior Tribunal diciendo que era inconstitucional. Los trabajadores/as en los bancos y financieras no pueden negociar colectivamente.
Ley sobre servicios esenciales La ley de Mantenimiento de Servicios Esenciales (ESMA) de 1952 prohibe las huelgas y niega o restringe la negociación colectiva. El Gobierno puede declarar cualquier servicio o empresa servicio público y colocarlo bajo las restricciones de la ESMA, lo que significa también que los trabajadores/as no pueden dejar sus empleos y los trabajadores despedidos no pueden recurrir a los tribunales. Los servicios gubernamentales y empresas estatales bajo las restricciones ESMA en 1998 incluían la Empresa de desarrollo de agua y de energía (WAPDA) la empresa de suministro de electricidad de Karachi, la compañía aérea internacional de Pakistán y la Administración del puerto de Karachi. La ley ESMA fue promulgada a fin de asegurar la defensa y seguridad de Pakistán y el mantenimiento de suministros y servicios esenciales a la comunidad. Una acción de huelga en una industria o servicio incluido en ESMA es pasible de una sanción de hasta un año de cárcel.
Previsión de huelga En 1997, la Corte Suprema abrogó una ley de 1978 que prohibía que los empleados de la televisión y la aviación civil de Pakistán se sindicaran y negociaran colectivamente, decretando que la prohibición era inconstitucional. No obstante, la Corte Suprema indicó que estos trabajadores/as no podían hacer huelga.
Negociación colectiva y huelgas prohibidas en las zonas francas Los trabajadores/as en las zonas francas no pueden negociar colectivamente o hacer huelga y no están protegidos en contra de actos de interferencia de empleadores o de discriminación antisindical. Las zonas industriales especiales están excluidas de la legislación laboral bajo el "Programa de inversores extranjeros". La ley de Finanzas de 1992 excluye de la legislación laboral a las industrias que exportan más del 70% de sus productos. Las leyes laborales se aplican en los 72 polígonos industriales aunque ofrecen escasa o ninguna protección. El polígono industrial Gadoon Amazi es conocido por sus políticas antisindicales. Los guardias de seguridad de la fábrica están equipados con rifles de asalto. Prácticamente todo esfuerzo de organización sindical ha sido cercenado con el apoyo activo de las autoridades locales, la policía y el Departamento de Trabajo. Los sindicalistas despedidos son incluidos en listas negras. Las condiciones de trabajo y de salud y las condiciones de seguridad son sumamente malas.
Falta de protección legal La ley no protege suficientemente a los trabajadores/as despedidos por actividades sindicales o sindicación. Un pronunciamiento de la Corte Suprema en 1994 restringió el derecho al recurso judicial en casos de despidos no relacionados con conflictos laborales. Esto significaba que no había posibilidad alguna de reincorporación. Los sindicatos dicen que los tribunales laborales son deficientes y a menudo corruptos; que las leyes laborales no son efectivamente implementadas y que ciertos políticos, autoridades locales y la comunidad empresarial colaboran para reprimir los derechos de los trabajadores. Se recurre a la intimidación y a la violencia para impedir que los trabajadores/as se sindiquen. Los empleadores evaden las leyes laborales al registrar varias pequeñas empresas en lugar de una grande, aún cuando los trabajadores/as están empleados en el mismo lugar. Asimismo, recurren a trabajadores/as con contratos temporarios sucesivos. Una enmienda a la ley de servicios civiles en 1997 prohibió a cientos de miles de trabajadores/as en los servicios públicos, empresas estatales, incluso en bancos nacionalizados, que presentaran sus litigios a los tribunales laborales, a los tribunales de apelación laboral o a la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, en particular cuando se relacionaban con el trato discriminatorio de sindicalistas. En su lugar, eran obligados a recurrir a un Tribunal del Estado.
Engorrosos procedimientos de huelga Los sindicatos tienen que cumplir con procedimientos largos y engorrosos antes de poder convocar una huelga. En consecuencia, la mayoría de las huelgas son espontáneas e ilegales y a menudo son dispersadas por la policía y utilizadas por los empleadores como un justificativo de los despidos. El Gobierno puede poner fin a cualquier huelga que haya cumplido 30 días.
Obstrucción del registro sindical El proceso de registro sindical y de apelación puede llevar muchos años si un empleador se opone a la formación de un sindicato. Durante ese tiempo, los organizadores sindicales son hostigados e intimidados y los empleadores pueden implicar a los sindicatos en litigios prolongados y onerosos. La obra de Daewoo de la autopista que une Lahore con Islamabad fue finalizado en 1997. Durante los seis años que duró la obra el sindicato Awami de Daewoo, afiliado a la APFOL, bregó por el derecho de sindicar a los trabajadores pero la cuestión del registro sindical se estancó en los tribunales debido a maniobras legales de parte de las autoridades y de la empresa.
Proyecto hidroeléctrico Ghazi Barotha Tras numerosos despidos y litigios, se registró en 1996, un sindicato afiliado a la central sindical APFOL de la obra de una enorme usina hidroeléctrica sobre el río Indus el Proyecto hidroeléctrico de Ghazi Barotha. La multinacional italiana Impreglio es el socio principal en el consorcio de empresas que dirige la obra.
Sindicalistas despedidos Por su parte, la dirección registró un sindicato patrocinado por la empresa. En las elecciones para elegir el agente negociador, el sindicato de APFOL sacó el 90% de los votos y presentó sus reclamos de negociación a la dirección. La empresa empezó a despedir a los trabajadores/as y a hostigar a los activistas sindicales y a quienes ostentaban cargos sindicales y, en connivencia con las autoridades, intentó que se incluyese la obra bajo las restricciones ESMA. El sindicato logró la reincorporación de los trabajadores/as despedidos pero la dirección nuevamente se negó a negociar y amenazó con despedir a los trabajadores/as. El sindicato obtuvo una orden judicial para evitar esta situación pero posteriormente 600 trabajadores fueron despedidos.
Eventos en 1998 En 1998, el sindicato Awami Ghazi Barotha presentó su pliego de reivindicaciones a la dirección, ya que en 1997 se les había dado a entender que en 1998 se ofrecerían mejores términos y condiciones. La dirección empezó a emplear trabajadores con contrato a fin de que no pudieran ejercer sus derechos sindicales. En septiembre, la dirección indicó que estaba considerando el cierre de la obra y que no habría ni aumentos de salarios ni otros beneficios. Los trabajadores/as hicieron una huelga de brazos caídos. El 14 de octubre la empresa despidió en consulta con el gobierno, a 45 trabajadores con antigüedad. El sindicato obtuvo un mandamiento judicial en contra de estos despidos de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales y la dirección redujo de 10 a 8 las horas de trabajo.
Provocación de la dirección La dirección recurrió a actos provocadores para perturbar el ambiente como por ejemplo el abuso verbal de los trabajadores. La empresa llamó a la policía y decretó un cierre patronal que afectó a 5000 trabajadores/as. Los trabajadores/as fueron echados del dispensario de la empresa. Unos 800 trabajadores en un centro de residencia en Hatian fueron mantenidos prisioneros. La cantina de los trabajadores fue ocupada por la policía y los trabajadores no podían entrar a comer o beber. Se suprimió el transporte de la empresa a fin de que los trabajadores no pudieran llegar a la obra ocupada por la policía.
Arrestos El 21 de octubre, la policía allanó los hogares del presidente, secretario general y otros funcionarios electos del sindicato y hostigó, amenazó y golpeó a miembros de la familia, además de robarlos. El presidente del sindicato Tahir Jamil, el vicepresidente Waris Khan, el vicepresidente Sultan Mehmood, el secretario adjunto Afser Khan y Mohamed Saeed secretario de publicidad fueron arrestados y llevados a la cárcel a unos 500 kilómetros del lugar. El padre del presidente del sindicato también fue arrestado y torturado y su hermano fue arrestado y enviado a la cárcel. El secretario general Aslam Adil y otros funcionarios pasaron a la clandestinidad. Las oficinas de las sucursales del Awami Labour Union y la oficina principal del sindicato en Ghazi fueron clausuradas. Cincuenta activistas sindicales fueron despedidos. A fines de octubre, 900 trabajadores fueron despedidos. La empresa propuso una vuelta al trabajo el 31 de octubre pero los trabajadores/as se negaron hasta que no se liberara a los líderes arrestados, se retiraran las acusaciones falsas en su contra y fueran reincorporados todos los trabajadores/as. El sindicato organizó una huelga de hambre.
El tribunal ordena la reincorporación El 6 de noviembre, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales ordenó a la empresa reincorporar a todos los trabajadores despedidos y ordenó a la policía que abandonara la obra y abriera nuevamente las oficinas sindicales. La Comisión decidió cancelar la huelga y llamó al secretario general del sindicato Aslam Adil en la clandestinidad, para una audiencia el 16 de noviembre y afirmó que ni él ni los otros líderes sindicales debían ser arrestados o perseguidos por la policía. Los funcionarios sindicales continuaron en la cárcel. El 22 de octubre el gobierno declaró que la obra era un servicio esencial en virtud de ESMA 1952 que prohibía la negociación colectiva y las huelgas. Esto se aplicaba durante un período de seis meses y era renovable.
Privatización y desregulación El gobierno siguió implementando políticas de privatización y de desregulación de conformidad con los políticas del FMI y el Banco Mundial. Esto afectó a los servicios públicos nacionales, WAPDA, los ferrocarriles, el Puerto de Karachi, suministro de gas y las telecomunicaciones.
Supresión de los derechos sindicales en la empresa de agua El 22 de diciembre de 1998 una ordenanza presidencial suprimió los derechos sindicales de 130.000 trabajadores/as en WAPDA y suspendió durante dos años el sindicato de trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Pakistán en WAPDA afiliado a la central nacional APFTU, como agente de negociación colectiva a fin de disciplinar el "personal indisciplinado". La ordenanza estipulaba que las fuerzas armadas debían hacerse cargo de la dirección de WAPDA. Se reclutó entre 30.000 y 35.000 oficiales jóvenes del ejército y alrededor de 250 oficiales, se nombró presidente de WAPDA a un alto oficial del ejercito. Permitía asimismo la jubilación de los empleados sin razón alguna. El sindicato había estado haciendo una campaña en contra de la privatización de parte de WAPDA e hizo una huelga el 3 de noviembre.
Allanamientos policiales violentos de oficinas sindicales En abril, la Central Sindical Nacional APFTU indicó que el 16 de abril su oficina de Lahore había sido demolida por la policía. La policía golpeó a los trabajadores/as que se resistieron. El secretario general, el secretario general adjunto y otras cinco personas fueron arrestadas. El sindicato dijo que había estado protestando contra la privatización.
El panorama para 1999 A principios de 1990 los sindicatos de Pakistán pensaban que el gobierno estaba tratando de despedir a decenas de miles de trabajadores/as como parte de la privatización de empresas estatales y ponerlas a las órdenes del ejercito. Se informó que un proyecto de ley de política laboral y de mano de obra anunciado a principios de 1999 otorgaba bastos poderes a los empleadores para despedir a los trabajadores/as. CAPITAL: Port-Moresby POBLACIÓN: 4.400.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-98 En 1998, el gobierno retiró el presupuesto a las instituciones encargadas de regular las relaciones laborales, pero ante las protestas sindicales, dio marcha atrás. Intento de suprimir las instituciones de relaciones laborales El 16 de noviembre, el gobierno dio a conocer su presupuesto para 1999
en el que no concedía una asignación financiera para las instituciones de relaciones
industriales El 19 de noviembre, la central sindical nacional PNGTUC hizo un paro nacional y resolvió hacer huelga a menos que el gobierno modificara el presupuesto. El gobierno se retractó y asignó la financiación a las instituciones.
Restricciones en la negociación El gobierno puede anular las concesiones por arbitraje e invalidar los convenios salariales si están en contra de la política gubernamental o de los intereses nacionales. El gobierno indicó a la OIT que estas dos leyes iban a ser revocadas. Actualmente, la legislación laboral del país está siendo revisada en su conjunto. El PNGTUC afirmó que el gobierno intentó enmendar la Ley de Empleo para permitir a los empleadores introducir unilateralmente el sistema de salario a destajo en toda la industria en el contexto del draconiano proceso de ajuste estructural que experimenta actualmente el país.
Ley de seguridad interna En virtud de la ley de Seguridad Interna de 1993, el gobierno puede encarcelar a la gente y prohibir las organizaciones que considera contravienen el interés público. La policía tiene poderes ilimitados para arrestar a los ciudadanos sin imputarles cargos y mantenerlos detenidos sin juicio además de allanar sus propiedades sin permiso. Asimismo, la ley revirtió el peso de la prueba, por lo que una persona acusada tiene que probar su inocencia. La central sindical PNG ha descrito la ley como una amenaza directa a la democracia y a los derechos sindicales. CAPITAL: Singapur POBLACIÓN: 3.384.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-98 La ley sigue limitando el alcance de la negociación colectiva Inscripción de convenios Los convenios colectivos deben ser aprobados por el Tribunal de Arbitraje Laboral para poder entrar en vigor. La ley establece que el Tribunal puede negarse a inscribir un convenio que se considere como contrario al interés público, aunque no hay informes en el sentido de que esto haya sucedido. La Ley también limita el alcance de la negociación colectiva.
Convenios en las empresas de creación reciente Los convenios colectivos en las empresas de creación reciente no pueden ofrecer condiciones más favorables que las mínimas legales establecidas en la ley del Empleo. En 1997, el gobierno declaró que revisaría esa disposición. Durante varios años, la central sindical nacional NTUC ha insistido en que esta ley es obsoleta y ha solicitado al gobierno que la abrogue, ya que siempre se han concedido exenciones y los convenios colectivos en las nuevas empresas muy a menudo superan los mínimos legales. CAPITAL: Honiara POBLACIÓN: 391.000 Convenios de la OIT ratificados: 29 Sigue sin resolverse un conflicto laboral iniciado en el año 1997 en la industria maderera porque una empresa, Earth Movers (Solomón), se negó a renegociar un convenio colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Islas Solomón (Solomon Island National Union of Workers, SINUW). Se niega negociación Miembros del SINUW hicieron huelga a finales del mes de septiembre de 1997 cuando la empresa Earth Movers (SOLOMON) se negó a renegociar su convenio colectivo.
Todos los huelguistas despedidos La empresa obtuvo del Tribunal Superior una intimación contra 412 huelguistas, y luego los despidió a todos. También obtuvo una orden judicial en la que se prohibía que los huelguistas tuvieran acceso a sus lugares de trabajo, hicieran piquetes en los locales de la empresa o a sus alrededores, bloquearan vehículos o empleados de la empresa contratados para sustituir a los huelguistas, o interfirieran de cualquier manera con las operaciones de la empresa. El 15 de octubre de 1997, un organizador sindical fue arrestado y encarcelado por haber supuestamente violado la orden judicial. Fue liberado de la cárcel al día siguiente, pero permaneció bajo custodia policial. La empresa intentó desalojar de sus hogares a trabajadores/as de siete campos madereros e inició procedimientos legales en contra del sindicato.
Procedimientos de conciliación Tras la presión sindical internacional, el gobierno convocó al sindicato y a la empresa a un procedimiento de conciliación ante el Panel de Conflictos Laborales. A principios de diciembre de 1997, después de las audiencias iniciales de conciliación, la empresa obtuvo una decisión del Tribunal Superior que volvió a referir el tema al Tribunal Superior. Luego la empresa comenzó a aplicar prácticas dilatorias para postergar la decisión hasta después de Navidad, esperando que los trabajadores acabaran cediendo a la presión y regresaran al trabajo para tener dinero para sus familias durante el período navideño.
Fallo a favor de los sindicatos El 20 de marzo de 1998, el Panel de Conflictos Laborales se expresó a favor del sindicato con un fallo que declaraba que el empleador debía negociar con el sindicato sobre temas de reconocimiento y de convenios colectivos, y que los trabajadores despedidos debían ser reintegrados con efecto retroactivo a partir de la fecha de despido, y que todos los miembros del sindicato debían recibir un aumento de salarios, primas e incentivos del 10% con efecto a partir del primero de enero. Este fallo fue formulado por el Tribunal Superior el 22 de junio de 1998. A pesar de ello, la empresa no tomó ninguna medida destinada a entablar genuinas negociaciones con el sindicato y no reintegró a los trabajadores. El 17 de agosto de 1997, el Tribunal Superior volvió a pronunciarse a favor del SINUW con una orden de aplicación relativa al anterior fallo del Panel de Conflictos Laborales. Esa orden declara que la empresa habrá de pagar todos los montos a los cuales tienen derecho los miembros del sindicato, abonándolos a un fondo de custodia hasta que se haya resuelto el litigio definitivamente, y que los trabajadores despedidos deberán ser reintegrados en la plantilla.
Litigio prolongado porque la empresa interpone apelación Por vez primera en la historia de las relaciones laborales del país, la empresa interpuso apelación contra ambas decisiones ante el Tribunal de Apelación. La audiencia se celebró los días 19 y 20 de octubre. El tribunal remitió nuevamente el asunto al Panel de Conflictos Laborales CAPITAL: Colombo POBLACIÓN: 18.100.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-87-98-100-111 Se decretaron medidas de emergencia para poner fin a una huelga en el sector de correos en 1998. Los sindicatos se oponen a un proyecto de ley insatisfactorio La Carta Nacional de los Trabajadores, adoptada en 1995, y que garantiza la protección de los derechos de sindicación y negociación colectiva, sigue sin aplicarse. A pesar de la creación de un comité presidencial para redactar un nuevo proyecto de ley sobre las relaciones laborales, que debía incorporar las disposiciones de la Carta, los sindicatos consideraron que el borrador del proyecto era inaceptable. En 1998, se creó un comité especial tripartito para volver a examinar el borrador. Algunos empleadores se oponían a la implementación de la Carta, en especial de la cláusula relativa al reconocimiento sindical.
Protección inadecuada en la legislación La legislación laboral no obliga a los empleadores a reconocer los sindicatos para fines de negociación colectiva. Las leyes que protegen a los trabajadores en casos de discriminación antisindical y de actos de interferencia por los empleadores son deficientes e insatisfactoriamente aplicadas. Las leyes de emergencia permiten al Presidente declarar que cualquier servicio es esencial y por lo tanto, prohibir o poner fin a las huelgas. Los funcionarios públicos no tienen derecho de huelga, lo que no impide que algunos la hagan.
El derecho de sindicación es reprimido en las zonas francas La legislación laboral no se aplica en las zonas francas que emplean unos 96 000 trabajadores, en su mayoría mujeres. Toda persona que trate de afiliarse o crear un sindicato, es despedida y expulsada de las zonas, y la policía impide que los trabajadores se reúnan en las zonas o en sus alrededores. Las zonas francas están bajo vigilancia constante y los organizadores sindicales no tienen acceso a ellas. Los empleadores contratan guardias de seguridad para controlar a los trabajadores y hay informes de que hay fuerzas de seguridad paramilitares privadas que también operan en dichas zonas. Los salarios y las condiciones de trabajo en las zonas son fijados por la Junta de Inversiones del gobierno. Esa Junta también preside reuniones obligatorias de comités paritarios de trabajadores y empleadores, sus funcionarios intervienen en los conflictos laborales a petición de los empleadores, y con frecuencia colaboran con la policía en casos de huelgas.
Huelga en las plantaciones de té Unos 400 000 trabajadores sindicados de las plantaciones de té hicieron huelga el 6 de febrero de 1998 para pedir un aumento salarial. Hubo incidentes de violencia aislados cuando se utilizó gas lacrimógeno durante una manifestación en Hatton, al este de la capital, Colombo. La huelga concluyó el 13 de febrero tras la intervención del gobierno y la firma de un nuevo convenio colectivo que abarca a todos los trabajadores del sector.
Reglamentos de emergencia para poner fin a la huelga El 24 de abril, el gobierno declaró que los servicios de correos y telecomunicaciones eran esenciales en virtud de los reglamentos de emergencia de 1994 con el fin de poner término a una huelga de celo organizada por el sindicato de trabajadores postales, el UPTO. La huelga se había iniciado en marzo sobre la base de una plataforma de 17 reivindicaciones del sindicato. Los reglamentos entraron en vigor el 25 de abril con el despliegue de unidades de la policía y del ejército en las oficinas de correos. Los trabajadores fueron amenazados con ser reincorporados a su trabajo con escolta militar, o arrestados si no obedecían las órdenes.
Arrestos e intimidación El secretario general del UPTO, N.P. Hettiarachchi, el vice secretario general, Jayaratne Banda, y otras diez personas fueron arrestadas y mantenidas en detención en cuarteles de la policía de Colombo. Se organizó una interrupción de trabajo espontánea en los servicios de correo centrales para pedir su liberación. Fueron liberados bajo fianza después de haber sido interrogados por la policía. Dos días después tuvieron que comparecer ante los tribunales, y el juez los absolvió. El 30 de abril el Secretario general del sindicato fue arrestado de nuevo. Fue liberado bajo fianza y se fijó la fecha del 24 de julio para el juicio. Unos 270 trabajadores que habían manifestado fuera de sus lugares de trabajo recibieron la notificación de que sus puestos estaban vacantes. Otros trabajadores fueron desplazados. Después de un mitin el 1° de mayo en apoyo de los trabajadores de correo y telecomunicaciones, que también interrumpieron sus labores durante dos horas, llegaron informes según los cuales el ministro de los Correos había contratado a 300 personas que portaban diversas armas, y se dirigían a los servicios de correo centrales en Colombo con el fin de intimidar a los trabajadores.
Acuerdo Se llegó a un acuerdo en mayo. La Orden de servicios esenciales se retiró el 13 de mayo. La policía y el ejército se retiraron de las oficinas de correos, los desplazamientos penalizantes fueron anulados, y se acordó que los huelguistas no serían sancionados y que se abandonarían los cargos en su contra.
CAPITAL: Bangkok POBLACIÓN: 58.700.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-100 Fueron vanos los intentos de modificar la ley SELRA para restablecer los derechos sindicales de los funcionarios públicos. Los sindicatos estiman que el gobierno ha imposibilitado intencionalmente la adopción de ese proyecto de ley. Se intensificaron los ataques antisindicales. Los empleados/as del estado tienen prohibido ser miembros de un sindicato La ley sobre Relaciones Laborales de los Empleados Públicos (SELRA) de 1991 impide que los empleados/as gubernamentales formen sindicatos, negándoles el derecho de sindicación a más de 330.000 trabajadores y trabajadoras y disminuyendo a la mitad los efectivos sindicales. En virtud de esta ley, promulgada por el Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz, militar, los sindicatos en el sector estatal fueron reemplazados por Asociaciones de Empleados en Empresas Estatales que no pueden negociar colectivamente o hacer huelga. Tienen un papel limitado, de asesoramiento. Los bienes de los sindicatos fueron transferidos a las asociaciones. Las asociaciones no pueden constituir federaciones nacionales o afiliarse a las centrales sindicales existentes del sector privado. No obstante, han creado una entidad de enlace, el Comité de Relaciones Laborales de los Empleados Estatales (SERC), que tampoco puede desempeñar funciones sindicales. Se requiere un número mínimo alto de trabajadores/as para formar una asociación. Sólo puede existir una asociación por sector. En los últimos años han fracasado todos los intentos de enmendar la ley de 1991.
Anteproyecto de ley saboteado Un anteproyecto de reforma de la ley SELRA que había sido enmendado por el senado, cámara alta del parlamento electa y que permanece fuertemente influenciada por el gobierno militar, fue rechazado en enero de 1998 por la cámara baja. El 8 de octubre, la cámara baja aprobó una versión anterior del proyecto de ley, que hubiera restablecido parcialmente los derechos sindicales en el sector de las empresas estatales. Sin embargo, se le añadió una disposición antes de su presentación para aprobación, lo cual abrió la puerta a que el Senado lo remitiera al Tribunal Constitucional por tecnicismos jurídicos. Este tribunal lo examinó el 13 de octubre. El 12 de noviembre, el tribunal falló que el anteproyecto de ley violaba el procedimiento de adopción de las leyes en el parlamento, y que por lo tanto su aprobación por el parlamento no era constitucional. El partido en el gobierno había añadido una disposición al cuerpo del texto durante su presentación del 8 de octubre, en contra de los deseos y consejos de la oposición. El Senado consideró que esto equivalía a una ley SELRA totalmente nueva, que no había tenido la oportunidad de examinar. Logró conseguir el número de firmas suficiente para remitir la ley SELRA al Tribunal Constitucional, que falló a favor del Senado. Nada de lo estipulado en el anteproyecto de ley fue declarado anitconstitucional. Sólo lo es el hecho de haber añadido una disposición adicional en el cuerpo del texto del anteproyecto y no en su preámbulo. La decisión acerca del lugar donde se iba a incorporar esa disposición la había tomado el gobierno únicamente. El SERC dijo que el gobierno había intentado sabotear el anteproyecto de ley. Varios observadores estiman que el gobierno había tramado el tecnicismo jurídico para impedir que el proyecto se convirtiera en ley en un período en que se estaba acelerando el proceso de privatización de las industrias estatales.
Ultimo intento de reforma pendiente El gobierno declaró que iba a volver a intentar adoptar una legislación de reforma. A finales de noviembre de 1998, volvió a introducir una legislación que pasó exitosamente por la cámara baja en segunda y tercer lectura en enero de 1999, y cuya presentación para una primera lectura estaba prevista el 29 de enero. Había temores de que el Senado hiciera enmiendas de largo alcance al anteproyecto de ley.
Prohibidos los sindicatos de funcionarios La ley de Relaciones Laborales de 1975 prohibe que los funcionarios formen o se afilien a sindicatos.
Organizadores sindicales sin protección En el sector privado, si bien la ley protege a los trabajadores/as en contra de actos de discriminación antisindical, no protege a los trabajadores/as que organizan nuevos sindicatos que aún no han sido oficialmente registrados. En la práctica, los sindicalistas de empresas privadas sufren discriminaciones y pueden ser despedidos. Los pleitos para que consigan regresar a su puesto de trabajo pueden durar entre uno y tres años. Los empleadores pueden emplear a nuevos trabajadores para reemplazar a los huelguistas.
Otras restricciones La ley de 1995 estipula que todos los dirigentes sindicales deben ser trabajadores/as a tiempo completo en la fábrica en la cual han sido elegidos/as, lo que significa que el sindicato no puede emplear funcionarios sindicales electos a tiempo completo. El decreto N° 54, también emitido por el gobierno militar en 1991, obliga a los sindicatos del sector a registrar a sus asesores ante el estado y estipula que un sindicato puede tener dos asesores que deben contar con un permiso gubernamental renovable cada dos años. El gobierno puede negarse a otorgar ese permiso y toda persona que desempeña funciones de asesoramiento sin autorización puede verse confrontada con un año de cárcel.
El decreto también establece estrictos requisitos de votación antes de una huelga. La ley laboral da una amplia definición de los «servicios esenciales» en los cuales están prohibidas las huelgas. El Ministerio de Trabajo puede emitir una orden para evitar una huelga u ordenar a los huelguistas que vuelvan al trabajo si una ley «afecta la seguridad nacional o causa graves repercusiones negativas a la población en general». Se siguió informando que el Ministerio del Trabajo y de Bienestar Social no está dispuesto -o no puede- aplicar la ley laboral.
1998 – Despidos y protestas Tailandia siguió sufriendo los efectos de la crisis económica regional y cientos de miles de trabajadores fueron despedidos en 1998. En julio el gobierno estimó en dos millones el número de trabajadores/as que habían perdido su empleo desde el inicio de la crisis en julio de 1997. Un informe publicado en septiembre por el Banco para el Desarrollo de Asia dijo que en las empresas el recorte de salarios iba más rápido que el despido de los trabajadores/as. Una violenta protesta de trabajadores tuvo lugar en enero en la Thai Summit Auto Parts Industry Co., tras el anuncio de la gerencia de que se iban a reducir las primas. Muchos trabajadores/as fueron detenidos y heridos cuando la policía decidió recurrir a la fuerza para disolver la protesta. En abril, el SERC amenazó con celebrar protestas y suspensiones del trabajo para protestar contra los proyectos del gobierno de acelerar la privatización de las industrias del estado – un elemento central de las medidas de reforma económica.
Dirigentes de una huelga detenidos El 12 de abril, nueve trabajadores de Century Textiles Co. Ltd, en Samut Prakan cerca de Bangkok resultaron heridos cuando unos 100 policías intervinieron para acabar con una protesta pacífica en la fábrica. Los trabajadores/as llevaban dos meses en huelga pidiendo salarios más elevados y una prima anual. Cuatro de los dirigentes de la huelga fueron detenidos.
Organizadores sindicales despedidos En diciembre, 16 organizadores sindicales fueron despedidos en la empresa Asia Fiber tras la primera reunión anual del sindicato. Con la ayuda del Congreso del Trabajo de Tailandia, una de las centrales sindicales nacionales, el sindicato presentó una queja ante el Comité Tripartita de Relaciones Laborales creado en base a la ley de 1975 para resolver los litigios laborales. El objetivo de la queja era que los sindicalistas recuperasen su empleo. El LRC solicitó al empleador que reintregrase a todos los organizadores sindicales, pero el empleador se negó a ello y apeló ante el Tribunal laboral central. Se espera que el fallo se pronuncie en 1999. La dirección de la empresa había mandado un informador a que asistiera a la Asamblea general del sindicato. A pesar de que el sindicato había solicitado del Ministerio de Trabajo su certificado de registro, no había comunicado todavía los nombres de los miembros de su comité. El empleador sacó provecho de ese atraso para despedirlos a todos. Al no estar registrado el sindicato, no tenían ninguna protección jurídica.
La ley ampara a la discriminación sindical En 1998 los empleadores utilizaron crecientemente la ley de protección laboral para aniquilar los sindicatos recién formados. La ley permite que el empleador dé jornada de descanso a ciertos trabajadores pagándoles la mitad del salario, sin motivo alguno, o que limite el número de jornadas laborales. Los sindicalistas recibieron licencias sin fecha límite, hasta que las circunstancias económicas los obligaran a buscar otro empleo. En octubre, en la empresa Tedaram fabricante sub-contratista para Nestlé Tailandia, y por primera vez en la red de producción Nestlé en Tailandia, se organizó un sindicato. Trece trabajadores formaron el comité de organización y fueron miembros del comité ejecutivo. Poco después, Nestlé mandó una carta a Tedaram informándole que los pedidos iban a reducirse entre octubre y diciembre y que 22 trabajadores nombrados en la carta debían salir en licencia indefinida con la mitad del salario. La lista incluía a todos los miembros del comité ejecutivo. Finalmente todos se fueron de Tedaram a causa de las crecientes dificultades financieras, para buscar otro empleo. El sindicato se desplomó.
Se prevén mayores restricciones de los derechos sindicales Al inicio de 1999 el gobierno publicó un proyecto de enmienda a la ley de relaciones laborales de 1975 que restringe más aún los derechos sindicales fundamentales. No brinda una protección suficiente a los trabajadores/as contra la discriminación antisindical, prohíbe la sindicación de los empleados del sector público y de los trabajadores del estado, prohibe la huelga en la mayor parte del sector privado, exige una votación mayoritaria de los empleados para que haya huelga y requiere que los candidatos a cargos en un sindicato sean nacionales del país. CAPITAL: Taipei POBLACIÓN: 21.479.000 Convenios de la OIT ratificados: El proyecto de ley que autorizaba a los funcionarios y a los docentes a formar sindicatos no había sido aprobado aún. Siguen vigentes pues las restricciones legislativas sobre los derechos sindicales. Sólo hay una federación nacional permitida La ley no autoriza la implantación de más de un sindicato en una zona geográfica determinada y sólo se admite la existencia de una federación sindical nacional. Las autoridades se negaron a registrar a una segunda federación en 1994, y rechazaron una apelación en contra de la decisión.
Los funcionarios públicos y los docentes no pueden sindicarse Los funcionarios públicos, los docentes y los trabajadores de la industria de la defensa, no están autorizados a formar sindicatos o a afiliarse a ellos, a pesar de la existencia de un fallo judicial de 1995 que estableció que el derecho de sindicación estaba amparado por la Constitución. El gobierno publicó un proyecto de ley en 1996 para enmendar la ley sindical que permite a los trabajadores de la función pública y los docentes formar sindicatos, y autoriza el establecimiento de sindicatos interempresariales, pero no se ha confirmado su aprobación.
Limitaciones que impone la ley La legislación laboral exige que los reglamentos y los estatutos de los sindicatos sean sometidos a las autoridades para su revisión. Los sindicatos pueden ser disueltos por las autoridades si no cumplen con los requisitos de certificación o si sus actividades "alteran el orden público". Hay muchas restricciones del derecho de huelga que dificultan la convocación de huelgas legales y debilitan la negociación colectiva. Las autoridades pueden imponer una conciliación o un arbitraje; durante ese período los trabajadores no pueden hacer huelga. La ley de reunión de Taiwan prohibe las manifestaciones que no han sido aprobadas por las autoridades. Los trabajadores/as pueden ser llevados ante los tribunales y encarcelados si organizan acciones de protesta relacionadas con un conflicto laboral sin permiso.
Protección inadecuada La discriminación contra la discriminación antisindical es inadecuada ya que no existen disposiciones en la ley para sancionar a los infractores. CAPITAL: Ankara POBLACIÓN: 61.800.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-87-98-100-111-138 Continúan las violaciones de los derechos sindicales básicos tanto en la legislación como en la práctica. Aunque los funcionarios tienen ahora el derecho de sindicarse, no pueden negociar colectivamente ni hacer huelga. Los funcionarios La constitución turca fue enmendada en 1995 para conceder a los funcionarios el derecho de sindicarse y negociar colectivamente de conformidad con el establecimiento de una legislación de aplicación. En junio de 1997, la legislación fue enmendada a fin de que sintonizara en parte con la constitución dando a los trabajadores designados como funcionarios el derecho a formar un sindicato y a afiliarse. Entre éstos se incluyen a muchos trabajadores manuales, trabajadores municipales, docentes, enfermeras, policías y el personal militar y el personal subcontratado. La nueva legislación no les otorga los derechos de negociar colectivamente ni de hacer huelga. Antes de la legalización de los sindicatos de funcionarios, más de medio millón de trabajadores en el sector había estado afiliado a sindicatos que surgieron a partir de 1990.
La ley de 1998 sobre los sindicatos de funcionarios A principios de 1998, el gobierno presentó al parlamento un anteproyecto de ley sobre los sindicatos de funcionarios. El proyecto no les concede el derecho de negociación colectiva ni de huelga, y contiene muchas prohibiciones y restricciones. Sólo dispone la negociación colectiva sin ningún efecto obligatorio, por tanto sólo da a los sindicatos el derecho a entablar conversaciones con los empleadores en nombre de sus miembros. Todo acuerdo conseguido debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Prohíbe el derecho a sindicarse a los funcionarios empleados en el ejército y a los guardias carcelarios.
Violencia A principios de marzo, cuando el parlamento empezó a debatir el anteproyecto de ley, la confederación de funcionarios, KESK, organizó una manifestación nacional en la plaza Kizilay, en Ankara, para protestar en contra del anteproyecto de ley. El primer día de las manifestaciones, la policía declaró que la reunión era ilegal y atacó violentamente la manifestación con mangueras de agua, gases lacrimógenos y porras. Treinta trabajadores tuvieron que ir al hospital. Al día siguiente, muchos miembros del sindicato del transporte, BTS, fueron detenidos. Debido a la oposición tan amplia al anteproyecto de ley tanto en Turquía como a nivel internacional, éste fue retirado.
Restricciones de los derechos sindicales Se mantuvieron numerosas restricciones respecto a los derechos sindicales básicos. La protección en contra de la discriminación antisindical es insuficiente. Los empleadores pueden ser multados por discriminación antisindical, pero las multas son demasiado bajas para actuar como disuasivos y el peso de la prueba le corresponde al trabajador, quien debe probar la discriminación. Los dirigentes sindicales no están adecuadamente protegidos contra las transferencias o despidos. La legislación no exige que se reintegre a los sindicalistas despedidos, excepto para los delegados sindicales, y la falta de seguridad en el empleo socava también la protección legal. Los sindicatos de Turquía calculan que han sido despedidos alrededor de 40.000 sindicalistas por actividades sindicales entre 1992 y 1998 en unos 2.000 lugares de trabajo. La central nacional DISK afirmó que en un 34% de las empresas han tenido lugar despidos debido al ejercicio de actividades sindicales.
Restricciones en la negociación colectiva Un sindicato debe representar a más de la mitad de los trabajadores/as en un lugar de trabajo y a un 10% de todos los trabajadores en el sector para ser reconocido como agente negociador. Se han recibido informes según los cuales las autoridades han manipulado las cifras de efectivos para impedir que los sindicatos adquieran derechos de negociación o para negarles sus derechos pretendiendo que había irregularidades en las cifras. Como consecuencia, en muchos sectores los trabajadores no están cubiertos por un convenio colectivo debido a los conflictos sobre la representación sindical. Entre las restricciones a la negociación colectiva se incluye la prohibición de negociar a nivel industrial, la prohibición de que las confederaciones entablen negociaciones colectivas, un límite de sólo un convenio a cualquier nivel y un límite de 60 días para negociar.
Limitaciones del derecho de huelga Antes de una huelga, la legislación exige largos y engorrosos procedimientos. Las huelgas están prohibidas en una amplia variedad de sectores, incluyendo la banca, los notarios públicos, el transporte y la exploración, producción, refinamiento y distribución del agua, gas, electricidad, carbón, lignito, gas natural y petróleo. Las huelgas de solidaridad, los paros generales y las huelgas de celo están todas prohibidas. La constitución de Turquía permite que el gobierno interrumpa las huelgas por un período de hasta 60 días por razones de seguridad nacional o salud pública y seguridad. Los sindicatos pueden pedir al Consejo de Estado que levante esta suspensión. Si la petición es rechazada, puede imponerse el arbitraje obligatorio al cumplirse el período. La OIT ha criticado al gobierno por aplicar la ley de una manera demasiado general. La ley sobre Zonas Francas Industriales prohíbe las huelgas en las diez zonas de Turquía durante un período de 10 años a partir del establecimiento de una zona, e impone el arbitraje obligatorio.
Más restricciones La ley de Sindicatos sigue siendo excesivamente prescriptiva y regula minuciosamente los reglamentos internos y los estatutos de los sindicatos. Uno de los principales obstáculos para la sindicación es la exigencia de que los trabajadores deben notificar mediante notario público (lo que implica el pago de honorarios) tanto su registro como su retiro de un sindicato, haciendo sumamente difícil cambiar de sindicato. Los candidatos a un cargo sindical deben haber trabajado durante diez años en la industria representada por el sindicato. Los sindicatos deben obtener el permiso oficial para celebrar reuniones y deben permitir a la policía asistir a sus convenciones y grabar las actas. Hace unos años, el Estado llevó ante los tribunales a la central sindical nacional Turk-Is alegando que se habían celebrado dos manifestaciones ilegales en la capital, Ankara y pedía sentencias de cárcel para los dirigentes sindicales.
Se revocaron las restricciones sobre actividades políticas Casi todas las restricciones y prohibiciones relativas a la actividad política de los sindicatos fueron revocadas en junio de 1997, de conformidad con las enmiendas constitucionales de 1995.
1998 - Debilitamiento de los sindicatos Los sindicatos afirmaron que en 1998 hubo más pérdidas de empleo masivas debido a la desaceleración económica provocada por la agitación económica mundial. En los últimos años, los sindicatos de Turquía se han visto debilitados por el empleo precario, incluyendo la subcontratación y la inseguridad del empleo. Las empresas subdividen sus operaciones o suspenden temporalmente sus actividades para deshacerse de los sindicatos. Muchos empleadores no pagan las contribuciones de la seguridad social para sus trabajadores. Aumenta el empleo en el sector informal. A principios de febrero, 20 funcionarios, incluido Emrullah Cin, un miembro del Comité Ejecutivo de la confederación de funcionarios, KESK, y responsable de los sindicatos SES y Egitim-Sen en Diyarbakir, Adiyaman, Siirt y Agri, en el sudeste del país, fueron transferidos a diversas ciudades. Las autoridades cerraron las oficinas del SES y del Egitim-Sen en Urfa, en noviembre de 1997. La KESK afirmó que las autoridades estaban tratando de parar todas las actividades sindicales que tuvieran lugar en esas ciudades.
Despidos masivos También en febrero, el sindicato Lastik-Is del petróleo, la química y el caucho, trató de organizar a los trabajadores/as en la empresa química REHAU, en Bilecik. De los 194 trabajadores fueron despedidos 117. El sindicato llevó el caso ante los tribunales. El sindicato Medya-Sen afirmó que fueron despedidos 46 trabajadores en el diario Turkish Daily News, otra vez en febrero, debido a que se habían afiliado al sindicato. El empleador intimidó a los trabajadores, hizo presión sobre ellos y cerró provisionalmente el lugar de trabajo.
Presión sobre los trabajadores para que abandonen el sindicato En marzo, en un intento por liquidar al sindicato Birlesik Metal-Is, el fabricante de botellas de vidrio, Sise Cam San A.S., ofreció grandes cantidades de dinero a los trabajadores para que renunciaran al sindicato. En octubre, el sindicato Birlesik Metal-Is, en la fábrica de cables Turk Siemens Cable Production Factory, en Bursa/Mudanya, afirmó que los trabajadores que se habían afiliado recientemente al sindicato fueron presionados por el empleador para que se afiliaran a otro sindicato. Un trabajador que se negó fue detenido y otros 28 fueron despedidos, incluidos 10 dirigentes sindicales. Durante el mismo mes, el constructor de automóviles, Renault, en su planta de Bursa despidió a 20 trabajadores debido a que se habían afiliado al sindicato Birlesik-Is. Otros trabajadores fueron amenazados con el despido a menos que se afiliaran al sindicato alternativo.
Más sindicalistas despedidos En noviembre, Gida-Is, en la compañía de alimentos Frigo-Pak en Inegol/Bursa, afirmó que 133 afiliados sindicales habían sido despedidos y llevaron el caso ante los tribunales. En la Fundación TEK, Sosyal-Is afirmó que después de la adquisición por un nuevo empleador, se puso fin a la negociación y se instó a los trabajadores a renunciar al sindicato. Fueron despedidos 430 trabajadores, 300 de los cuales eran afiliados sindicales y seis delegados sindicales. En diciembre, el sindicato Teksil en la compañía Zumrut Orme, en Corlu-Cerkezkoy, afirmó que tres trabajadores fueron detenidos en agosto debido a sus actividades sindicales; 220 fueron despedidos y la fábrica permaneció cerrada durante varios días.
Allanamiento policial El 15 de diciembre, la policía allanó las oficinas centrales del sindicato del transporte por carretera TUMTIS, afiliado a Turk-Is, en Estambul. El secretario general, Yurdal Senol, fue detenido junto con otros responsables, incluido el secretario de Finanzas, Ramazam Atab. No se dio ninguna explicación. La policía estuvo buscando al presidente del sindicato y a otros responsables sindicales. La policía allanó las oficinas del sindicato en Izmir y puso un cordón de policía.
Arrestos después de una huelga de hambre En diciembre, un tribunal ordenó el cierre de tres secciones locales sindicales en Sanliurfa, en el sudeste de Turquía. Las oficinas fueron selladas. Asimismo, 48 afiliados sindicales fueron detenidos por hacer huelga de hambre en las oficinas sindicales. Los sindicatos publicaron una declaración pidiendo un cese al fuego en el conflicto kurdo. CAPITAL: Tashkent POBLACIÓN: 23.209.000 Convenios de la OIT ratificados: 29-105-98-100-111 El país y sus instituciones siguen gobernados por un régimen presidencial fuerte y paternalista. La FTUU sigue siendo la única central sindical. Rol de las autoridades Los representantes del gobierno nacional y local, o los empleadores, forman parte de los comités ejecutivos sindicales a todos los niveles y ejercen substanciales poderes de decisión. Existe un estrecha cooperación entre los sindicatos y los departamentos de gobierno en la selección de los candidatos para los cargos sindicales directivos. La FTUU negocia un acuerdo general a nivel nacional con las autoridades y los empleadores que sirve de modelo para los acuerdos de rama con ministros y autoridades locales.
Prohibición de huelgas No hay huelgas porque "existen mecanismos para identificar y solucionar los problemas a través del proceso de resolución de conflictos". CAPITAL: Hanoi POBLACIÓN: 75.200.000 Convenios de la OIT ratificados: 100-111 La Confederación General del Trabajo de Vietnam (VGCL) es la única central sindical nacional legal y sigue bajo el dominio del partido gobernante. El gobierno controla la central nacional Las relaciones entre la Confederación General del Trabajo de Vietnam (VGCL) y el partido en el poder se refleja en la legislación y en los estatutos de la VGCL. Todos los sindicatos deben pertenecer a la VGCL. No existen sindicatos independientes. El código laboral de 1995 de Vietnam ordena a los sindicatos regionales de la VGCL que establezcan sindicatos en todas las empresas nuevas y en todas las empresas que no tengan sindicato en el plazo de seis meses. El sindicato local de la VGCL debe aprobar todo sindicato formado por los propios trabajadores. En 1998, las autoridades en Hanoi fijaron objetivos para la creación de sindicatos en todas las empresas del sector privado, en cooperación con el sindicato municipal del VGCL.
El código laboral de 1995 El código dispone el reconocimiento sindical y la negociación colectiva y prohíbe la discriminación antisindical. Si bien se han firmado algunos convenios colectivos, son limitados en su alcance y contenido.
Limitación del derecho a huelga Da a los trabajadores/as derechos restringidos de huelga. Antes, las huelgas estaban prohibidas, aunque el crecimiento del sector privado en lo últimos años ha permitido la tolerancia de huelgas pacíficas en fábricas extranjeras. Se pueden hacer huelgas, pero sólo después de pasar por varias fases de largos procedimientos. La VGCL no inicia huelgas, pero a menudo sí interviene para tratar de ponerles fin. La mayor parte de las huelgas, por no decir todas, son ilegales. La no aplicación del Código da lugar a muchas huelgas salvajes, en particular en el sector textil y del calzado. Asimismo, surgen conflictos a causa del pago retrasado o el cese de pagos de salarios, reclamos salariales, rescisión de contratos, malas condiciones de trabajo, largas jornadas o el abuso y la humillación de los trabajadores/as por parte de los supervisores extranjeros. En 1998, hubo un aumento en el número de cierres debido a la crisis económica de la región, lo que dio lugar a huelgas para reclamar pagos de compensación. En 1997, el gobierno culpó a las empresas extranjeras por la creciente agitación laboral y afirmó que las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo demostraban que la mayor parte de los conflictos laborales tenía lugar en las pequeñas empresas propiedad, o parcialmente propiedad, de empresas procedentes de Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Las estadísticas oficiales sobre huelgas afirmaron en 1998 que las cifras de los últimos tres años demostraban que la mitad del total de las huelgas había tenido lugar en empresas coreanas. Más del 90% de éstas fueron culpa de los empleadores. En las empresas que el gobierno define como de servicios públicos y empresas esenciales para la economía nacional o para la seguridad de la defensa están prohibidas las huelgas. En 1996, se prohibieron las huelgas en 54 sectores profesionales y comerciales "claves". Los sectores en los que no puede haber huelgas incluyen el agua, la producción eléctrica, correo y telecomunicaciones, el transporte público, el transporte aéreo y marítimo, el bancario, obras públicas, la industria del gas y el petróleo y la seguridad y defensa nacional. El Primer Ministro puede suspender o poner fin a una huelga si considera que es una amenaza para la economía o para la seguridad pública.
Zonas francas industriales El Código se aplica en las seis zonas francas industriales que emplean a más de 160.000 trabajadores/as.
Los estibadores golpeados hasta la inconsciencia Se recibieron informes durante el año de que los estibadores vietnamitas que trabajan en buques de pesca propiedad coreana en el mar de Omán han recibido malos tratos y han sido golpeados. Varios trabajadores del buque Handoo 201 afirmaron que fueron golpeados hasta quedar inconscientes.
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